DERECHOS HUMANOS
El vicegobernador de Tucumán recorrió la fosa común más grande de Argentina en un acto conmemorativo por los 40 años de democracia ininterrumpida.
El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, visitó este lunes el Pozo de Vargas, la fosa común más grande de la Argentina en un acto conmemorativo por los 40 años de democracia ininterrumpida. "Memoria, Verdad y Justicia no es un eslogan", sentenció el titular del Poder Legislativo.
“Memoria, Verdad y Justicia no es un eslogan, es algo que nosotros tenemos que vivir, sentir y transmitir, esa es la conciencia que tenemos que generar”, manifestó Acevedo, en el marco del acto conmemorativo organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y la Municipalidad de Tafí Viejo.
“Tenemos que hacer acciones concretas para que esto sea realmente nunca más” exclamó el vicegobernador, que estuvo acompañado por la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo; la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal; y los legisladores Javier Noguera y Gabriel Yedlin.
La intendenta Rodríguez manifestó: "Venimos a seguir defendiendo estos derechos, a seguir defendiendo la Memoria, Verdad y Justicia de todos los que ya no están pero marcaron la historia de nuestro País".
A su turno, Racedo subrayó. "Las sociedades sólo pueden construirse con Memoria, Verdad y Justicia. Nuestra historia tiene motivos para estar siempre presente, porque no sólo nos ayuda a interpretar el pasado, sino que nos ponen pro a lo que debe ser el rumbo del futuro".
Sobre el Pozo de Vargas
El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.
Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.
A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.
De los 149 restos óseos que se encontraron, 117 ya fueron identificados: en octubre, se confirmó que allí estaban los restos de Juan José Toti García, detenido y desaparecido.
El periodista David Correa describió así al Pozo de Vargas: "Fue un macabro laboratorio en donde el general de brigada Acdel Vilas, primero, y luego el general Antonio Bussi, aplicaron las más horrorosas modalidades de secuestro, torturas, desaparición de detenidos y violación sistemática de los derechos humanos. Por estos hechos, Bussi fue a juicio y luego fue condenado a prisión perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad".
Según explicó el periodista, la extracción de restos del pozo finalizó y el 19 de septiembre fueron enviadas al Equipo Argentino de Antropología Forense las últimas cajas con pequeños fragmentos de huesos para que sean analizados y se crucen los datos con las muestras de ADN. Fue a partir de este procedimiento que se produjo la identificación de los restos de García.
(Fotos:Prensa Legislatura de Tucumán)
3 de noviembre
2023
Tucumán: identificaron en Pozo de Vargas nuevos
restos de un desaparecido en dictadura, el 117
Por David Correa
Nuevos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, la fosa ubicada en Tafí Viejo, Tucumán, en donde se arrojaron restos de detenidos desaparecidos antes y durante la última dictadura cívico militar. Es la identificación 117 y se trata del tucumano Juan José García, conocido como “Toti”, cuyos restos fueron extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La notificación a su familia, según se confirmó a Ámbito, se realizó hace una semana, mientras se desarrolla en esta provincia la megacausa “Jefatura III”, el decimoquinto proceso por delitos de lesa humanidad, en el que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías, que están acusados por delitos cometidos contra 237 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas.
La noticia despierta esperanzas entre los familiares de quienes aún buscan a sus seres queridos, víctimas de secuestros durante el Operativo Independencia y la dictadura, hasta 1983. Hace unas semanas, Ámbito presenció el último envío de pequeños fragmentos de huesos desde el Pozo de Vargas hacia el EAAF, cuyo Laboratorio de Genética Forense está en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), para que sus integrantes trabajen en su identificación. Julia Castillo, que busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976, reflexionó entonces: “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”.
García era albañil y tenía 22 años cuando fue secuestrado el 17 de febrero de 1976 junto a su pareja Nilda Lucrecia Zelarrayán, que tenía la misma edad y estaba embarazada de seis meses. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. De acuerdo a testimonios en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, ella habría estado en varios centros clandestinos de detención hasta el parto, por lo que su presunto hijo varón es buscado por Abuelas de Plaza de Mayo. Los restos de Nilda fueron identificados en 2012, fue uno de los primeros, y también habían sido extraídos desde el Pozo de Vargas.
“El Pozo de Vargas es hasta hoy la fosa común con mayor número de identificaciones de la Argentina”. Con estas palabras, un integrante del EAAF describió lo que fue una tumba colectiva que se intentó ocultar. De 40 metros de profundidad, se trata de un antiguo pozo, a metros de las vías del tren, que se utilizó para proveer de agua a las locomotoras a vapor de antaño. Se encuentra en el límite sur del municipio de Tafí Viejo, en la esquina de avenida Francisco de Aguirre y Camino del Perú, pegado a San Miguel de Tucumán, zona que en los años 70 era pura ruralidad y hoy está rodeada de numerosos barrios. La investigación de la Justicia Federal comenzó en 2002, en base a una denuncia que tomó testimonios orales de vecinos que se animaron a hablar en los que señalaron que vehículos militares ingresaban por la noche al predio -en los años 70- y eso, en algunas ocasiones, coincidía con cortes de energía eléctrica en el barrio.
Según un informe EAAF, fechado el 15 de diciembre del año pasado y al que tuvo acceso Ámbito, elevado al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, son 149 los restos óseos hallados en el interior -hasta el momento-, 28 perfiles genéticos son de mujeres y 121 de hombres. En 2022, EAAF lanzó una nueva campaña para identificar a los más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que tiene en resguardo. Basta con entregar una gota de sangre.
En marzo de 2015, el lugar fue señalizado como Sitio de la Memoria y su macabra existencia es imposible de disociar del Operativo Independencia que se puso en marcha un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue un horroroso laboratorio en el que el general de brigada Acdel Vilas, primero, y luego el general Antonio Bussi, aplicaron las más brutales modalidades de secuestros, torturas, desaparición de detenidos y violación sistemática de los derechos humanos. Por estos hechos, Bussi -ya fallecido- fue a juicio y condenado a prisión perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad. En el pozo también fueron identificados los restos de Luis Falú, hermano del prestigioso músico tucumano Juan Falú, y de Dardo Molina, exvicegobernador tucumano, secuestrado el día del golpe de Estado, entre otros.
Fuente:Ambito
8 DE MAYO DE 2023
La referente de Derechos Humanos y querellante en las causas de Lesa Humanidad de Tucumán, Marta Rondoletto, conversó con Alejandra Santucho y Rosario Rolando al aire de El Juego en que Andamos sobre el hallazgo e investigación del Pozo de Vargas, de donde fueron recuperados cinco de sus familiares desaparecidos.
Rondoletto es referente de Derechos Humanos y es parte de la fundación "Memorias e Identidades" de Tucumán. Además, es familiar querellante en las causas de Lesa Humanidad de dicha provincia.
En este contexto, habló del hallazgo y la investigación del Pozo de Vargas. Cinco integrantes desaparecidos de su familia fueron recuperados de su interior.
"Ni bien llegada la democracia, había muchas versiones de diferentes 'pozos'", dijo en referencia a los lugares de enterramientos clandestinos, "y empezamos a investigar los familiares de las víctimas de la zona".
"A finales del año 2001 recibimos información más detallada, fuimos a la zona y hablamos con los vecinos, que reconocen que efectivamente ahí había habido un pozo donde ellos vieron que se arrojaban personas", explicó.
Además, detalló que "el EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] nos propuso que como en Tucumán existe la carrera de Arqueología, Geología y otras", "formemos grupos de personas para trabajar".
"Los vecinos contaron que hacia finales del 75", en el marco del Operativo Independencia, "empezaron a pasar camiones del Ejército, ambulancias" y "terminaban dentro de esa finca donde estaba el Pozo, que era conocido porque estaba ahí hacía muchos años".
Según explicó, los relatos de los vecinos ayudaron a saber cómo habían ocurrido los hechos:
"Consistía en que traían personas y se tiraban al Pozo. Pasadas unas horas, pasaban otros camiones, pero esta vez cargados con cal. Se arrojaba la cal al interior del pozo y dos o tres días después, todo de nuevo... Algunos dicen que arrojaron personas vivas".
"Todo 76 y parte del 77 estuvo esa rutina", continuó, "a mediados del 77 deciden tapar eso, porque los rumores eran imposibles de ignorar". "Ahí comienza la otra rutina: camiones y camiones de restos de construcciones que se arrojaban al pozo", agregó.
"Lo primero que se hizo fue poner un gran tubo, hasta que se llegó a donde no pudo avanzar más. Esa medición daba casi 40 metros de profundidad y en ese proceso se sacaron restos óseos, lo que nos daba la certeza que era el pozo que tanto buscamos", expresó sobre la investigación.
"La excavación duró desde el año 2002 hasta finales del 2022", comentó, "los resultados fue que se pudo establecer la identidad de alrededor de 130 formatos [restos de personas]", y aclaró que aún faltan personas por identificar ante la falta de muestras de sangre de sus familiares.
"Se culminó con el proceso de extracción, pero no de investigación", completó.
El Pozo de Vargas es una estructura ubicada en Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, que data de fines de 1800. Su construcción le pertenece a los ingleses y fue diseñado como un pozo de agua para uso ferroviario y de sus máquinas a vapor.
A partir del llamado Operativo Independencia, a fines de 1975 y hasta mediados de 1977, el Pozo de Vargas fue utilizado por el Ejército Tucumano para el enterramiento clandestino de cuerpos de personas desaparecidas.
El general Acdel Vilas primero y Antonio Bussi posteriormente fueron quienes llevaron adelante, por medio del Operativo Independencia decretado por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, el plan sistemático de exterminio en Tucumán, que después del golpe del 24 de marzo de 1976, se extendió a todo el país.
Con la excusa de combatir la Guerrilla, que habitaba en la selva tucumana en condiciones de extrema precariedad, y en número era minúscula, el Ejército avanzó contra la población secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando a obreros, estudiantes, docentes, militantes sociales y políticos.
Vilas, trasladado a Bahía Blanca en diciembre de 1975, replicaría en esta ciudad el método de exterminio practicado en la selva tucumana y en los Centros Clandestinos bajo su mando.
En ambos lugares, los principales Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio bajo su órbita fueron llamados "La Escuelita" de Faimalla y de Bahía Blanca.
En la entrevista realizada a Marta Rondoletto, ella da cuenta en firma detallada, cómo era el proceso de ocultamiento de los cuerpos de los compañeros/as desaparecidos y los métodos escabrosos que emplearon los genocidas para perpetuar la impunidad a posteriori.
A pesar de eso, la impunidad no fue eterna, y si bien se tardó más de lo esperable y deseable, en marzo de 2023 el juzgado que entiende en la causa, a cargo del juez Fernando Poviña, dictaminó que se ha concluido con la extracción de material del pozo, no así con la investigación, ya que la misma continúa.
Marta recuperó de las entrañas del Pozo a su papá, Pedro Rondoletto; su mamá, María Cenador; sus hermanos, Jorge y Silvia; y su cuñada, Azucena Bermejo, quien estaba embarazada al momento de su desaparición.
Toda una familia, arrasada por el genocidio y recuperada por la persistencia de Marta y de tantos otros y otras que siguen buscando Verdad y Justicia.
Luego de dos décadas de investigación, se concluyó que luego de una excavación de 40 metros de profundidad, se pudieron restituir los restos óseos de 149 personas víctimas de la dictadura genocida.
De ellas, 116 fueron identificadas y 33 aún resta identificar. "La mayoría de ellos vecinos taficeños, trabajadores ferroviarios y militantes peronistas" expresó el Intendente Noguera el 24 de marzo del 2022.
Lo recuperado en esta fosa clandestina no son restos, no son huesos, no son material óseo… Son personas, son historias, porque la mayoría de estas identidades recuperadas, han tenido una vida colmada de actividad, político, social, como trabajadores y obreros azucareros, ferroviarios, como estudiantes, como militantes comprometidos, además de haber sido hijos, hermanos, padres, cuyas familias, los buscaron todos estos años.
Familiares, organismos de Derechos Humanos y las fundaciones que han trabajado denodadamente por la Verdad histórica allí ocurrida, solicitan a los familiares que aún no han dado su muestra de sangre, concurran a hacerlo para poder identificar a las personas desaparecidas que restan.
En el año 2019 fue pedida la expropiación por el Estado Nacional y quedó bajo el control del Archivo Nacional de la Memoria.
En septiembre del 2003, las excavaciones en el pozo estaban recién comenzadas, aunque ya se sabía desde hacía mucho tiempo que allí había cuerpos de compañeros/as desaparecidos.
Apenas cuatro meses después que asumió su gobierno, Néstor Kirchner recorrió la provincia de Tucumán.
En un tren de pasajeros antiguo, se dirigió hacia Tafí Viejo y en el camino la gente se agolpaba al costado de la vía para saludarlo.
Al pasar por un paraje descampado, organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos le mostraron las banderas que indicaban que estaba pasando frente al Pozo de Vargas.
Néstor hizo detener el tren y saltó hacia el lugar para acercarse al borde del Pozo. Allí, ante un silencio absoluto y mucha emoción de parte de todos los presentes, Néstor apoyó un ramo de claveles rojos en el ascensor, luego de dudar si lo tiraba al pozo o no.
"Ese día sentía que vivía en un país que podía ser distinto. Y porque yo siempre creí que podía ser distinto. Y ese día, fue un país distinto", escribió una arqueóloga que presenció la escena.
Ante los presentes Néstor dijo: "Que este espacio se convierta en un lugar de conciencia nacional, de memoria y justicia". Luego continuó su marcha en tren hacia los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.
Más tarde ese mismo Presidente impulsaría la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, se reabrirían los Juicios a los genocidas y terminaría la impunidad para el Terrorismo de Estado.
En el año 2015, fue señalizado por la Red Nacional de Sitios de Memoria en cumplimiento de la Ley de Sitios dictada en el año 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El Pozo de Vargas dejó en evidencia, una vez más, la crueldad extrema que perpetró el Terrorismo de Estado en Argentina, y descubrió una Verdad que nunca podrá ser acallada.
"El Pozo de Vargas es el límite implacable que encuentran los actuales discursos de negacionismo y banalización del terrorismo de estado, así como las reiteradas ofensas al movimiento de derechos humanos que logró traer a la superficie la peor verdad, la que estaba más escondida", publicó en su Twitter el fiscal Pablo Camuña de Tucumán.
Fuente:ElAgoraDigital
La verdad sigue ganando batallas en la Argentina. En la Semana de la Memoria, a 47 años del golpe de Estado, el juez federal tucumano Fernando Poviña declaró la clausura de la excavación arqueológica en el Pozo de Vargas, el lugar elegido por Antonio Domingo Bussi para intentar borrar los rastros de sus crímenes durante la última dictadura. Luego de 20 años de pacientes peritajes, hoy es posible afirmar con rigor científico que en ese pozo construido para proveer de agua a locomotoras de ferrocarril, a más de 25 metros de profundidad, el mayor genocida del norte argentino enterró a 149 personas, víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales 116 fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Gracias al compromiso profesional, técnico y, en especial, humano, es que se logró superar las adversidades, contra todo pronóstico, construyendo con la firmeza que da la búsqueda de la verdad un nuevo capítulo del ¡Nunca Más!”, concluye su escrito Poviña.
“El Pozo de Vargas es el límite implacable que encuentran los actuales discursos de negacionismo y banalización del terrorismo de Estado, así como las reiteradas ofensas al movimiento de derechos humanos que logró traer a la superficie la peor verdad, la que estaba más escondida”, destacó el fiscal federal Pablo Camuña.
La causa se inició formalmente en 2002 con una denuncia sobre un pozo de agua tapado que entre 1976 y 1977 se había usado como fosa común, al que después de la medianoche, en medio de apagones en todo el barrio de Villa Muñecas, se arrojaban los cadáveres de quienes el Ejército decidía desaparecer de la tierra.
Con la colaboración de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se creó entonces el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT), integrado por docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y del Instituto Miguel Lillo, que pronto confirmó la existencia del pozo pero se topó con una saturación de agua que obligaría a perforar otros cinco para poder continuar la investigación.
En 2004 se encontraron los primeros restos óseos y en los años siguientes surgieron más dificultades técnicas. Por orden judicial se construyó un cercado olímpico, se proveyó de custodia y seguridad, y se colocaron tableros eléctricos para garantizar el funcionamiento de las bombas de agua y del montacargas en el interior del pozo.
Durante la feria de enero de 2010 se reanudaron las pericias a cargo de varios especialistas que aún hoy integran el Colectivo de Antropología, Memoria e Identidad (CAMIT). La excavación arqueológica dio primero con escombros, maderas, arcillas, metales y ladrillos. Más abajo comenzaron a aparecer restos humanos, aunque el agua complicaba el trabajo.
Los peritajes de ADN sobre el material óseo se encomendaron al EAAF, que en su primer diagnóstico advirtió un “porcentaje de éxito” del 75 por ciento en la obtención de perfiles genéticos, muy por encima del 50% (en el mejor de los casos) de las muestras de otros enterramientos.
En diciembre de 2011, el EAAF le comunicó al flamante juez Poviña la primera identificación: el ex senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse, desaparecido el día del golpe de Estado. El genocida Bussi, fallecido un mes antes, había insinuado durante su miserable defensa que a Vargas Aignasse lo habían matado sus compañeros.
Las tareas periciales se reanudaron en marzo de 2014, luego de solucionar fallas técnicas en el sistema de bombeo, acondicionar el montacargas y prolongar su recorrido. A mayor profundidad también se necesitó de un sistema de ventilación para sitios confinados, dado que la concentración de gases impedía trabajar, y se incorporaron equipos de rescate para los peritos y sus ayudantes. Poviña detalla en su resolución nombres de peritos y de las numerosas instituciones que participaron del proceso a lo largo de dos décadas.
Una vez por mes, desde 2014 hasta mediados de 2017, se enviaron las muestras óseas extraídas al laboratorio del EAAF en la ciudad de Buenos Aires, que al día de hoy permite asegurar que el pozo fue el depósito de los restos de 149 personas (28 mujeres y 121 hombres), de los cuales se logró identificar a 116 víctimas de desaparición forzada.
Poviña las enumera una por una, con su nombre completo, DNI, lugar y fecha de desaparición, y número de legajo CONADEP. Antes destaca que la identificación fue posible por “la sinergia del Estado, sumada a la pericia de peritos y ayudantes”, más “el aporte constante de querellas y familiares de víctimas, del Ministerio Público Fiscal, los vecinos de la finca, los equipos de CAMIT y EAAF, el trabajo interdisciplinario de organismos públicos” y las intendencias de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.
En 2018, tras dar con un anillo de mampostería y, más abajo (hasta los 34 metros), con un cilindro metálico, se intentó mediante la técnica de “hincado por percusión” profundizar la excavación, pero ante un escape de gas metano se suspendió la medida. Para continuar la tarea se instaló una nueva bomba de agua, se prolongó la escalera de emergencia, se hicieron reparaciones y adecuaciones, y en septiembre del año pasado se reanudaron las excavaciones.
En la mañana del 28 de diciembre de 2022 el juez se hizo presente en el Pozo de Vargas, donde los peritos le informaron que habían excavado hasta el último anillo de la estructura y que todos los restos óseos habían sido extraídos.
El informe técnico del geólogo Juan Carlos Valoy destaca “el esfuerzo mayúsculo de los peritos excavadores en condiciones extremas”, calcula que se extrajeron entre 15 y 18 toneladas de materiales (rocas, limos arenosos, etcétera) y recuerda que el pozo original se construyó “para proveer de agua a las locomotoras de vapor del Ferrocarril”, agua que se extraía de un acuífero ubicado entre los 34 y los 37 metros. Otro informe, de CAMIT, desmenuza las distintas capas de materiales depositados para ocultar el destino de los cuerpos, que estaban en su mayoría en un estrato de entre 26 y 32 metros de profundidad.
En base a ambos informes, Poviña declara “concluida la excavación arqueológica desarrolladas en el interior del Pozo de Vargas” y encomienda al equipo CAMIT el resguardo de todas las evidencias relacionadas con los delitos de humanidad extraídas de su interior. Ordena también mantener la custodia y preservar y conservar toda la estructura construida para las excavaciones.
“En consecuencia, al haber cumplido con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, hoy de raigambre constitucional, puedo decir con una profunda emoción que las tareas periciales de excavación arqueológica desarrolladas en el interior del Pozo finalizaron; mientras mantengo la esperanza que los últimos hallazgos producidos en el año 2022 se traduzcan en más verdad, que más personas desaparecidas encuentren su nombre y apellido, su familia, su historia. Y que, finalmente, el duelo de las víctimas sobrevivientes sea una realidad acompañada con el debido respeto al cuerpo, al que tiene derecho todo ser humano”, concluye Poviña.
Fuente:Pagina12
Rosa Rina Alarcón Robin tenía 27 años cuando fue secuestrada por los militares el 25 de octubre de 1976. Era madre y trabajaba en una óptica en la localidad de Concepción de Tucumán. Fue vista con vida por última vez en el Arsenal Miguel de azcuénaga. El 6 de marzo luego de 47 años sus restos fueron identificados en Pozo de Vargas y restituidos a su familia en Catamarca.
El día en que Rina fue secuestrada iba en el auto junto al dueño de la óptica en donde trabajaba, quien la estaba llevando a su domicilio. Cuando llegaron al puente sobre el río Gastona, varios vehículos interceptaron el automóvil y dos sujetos la bajaron y la cargaron. Desde ahí fue llevada al Arsenal Miguel de azcuénaga donde fue vista e identificada por dos detenidos de apellidos Augier y Barrionuevo. En ese lugar según recuerdan los testigos fue obligada a repartir comida entre los detenidos y permaneció hasta marzo de 1977 cuando se la llevaron para asesinarla.
47 años después, y tras los trabajos que realizan en pozo de Varga los profesionales del Colectivo Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), los restos de Rina fueron identificados y finalmente entregados a su familia para que lo sepulten.
Organismos de derechos humanos de catamarca comunicaron la novedad y acompañaron el acto de restitución y responso en la capilla San Cayetano de la localidad de Concepción. Anteriormente la hija y nieta de Rina primas y familiares acompañaron el traslado de sus restos al cementerio de Puerta Grande, ubicado en el municipio catamarqueño de Los Altos.
"Roba volvió con su familia", señalaron desde la Casa de la Memoria en Catamarca, quienes conocen el dolor de la incertidumbre y la lucha de las familias y aún esperan que sus familiares secuestrados durante la dictadura vuelvan.
El pozo de Vargas, está ubicado a 10 km del centro de Tucumán, es una construcción subterránea de fines del siglo XIX que fue utilizada durante la última dictadura cívico militar eclesiástica como sitio de inhumación clandestina. Gracias a los trabajos del CAMIT se ha logrado identificar a más de 115 personas provenientes de distintas provincias entre ellas Tucumán, Jujuy, Salta, Mendoza y Catamarca.Fue descubierto en 2001 a partir de testimonios de detenidos quienes aseguraron que en la finca azucarera de Antonio Vargas existía un pozo para ocultar los cuerpos de víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Fuente:LaRioja12
