Publicado en: 18 marzo, 2019 Memoria Histórica Córdoba: Condenas a nueve represores y ocho absoluciones del Comando Radioeléctrico Un tribunal oral de la central provincia argentina de Córdoba condenó este martes a nueve represores y absolvió a otras ocho
en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Los jueces condenaron a cinco de los imputados -Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Antonio Astrada, Ricardo Perrín y Fernando Rocha-, exintegrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, a la pena de prisión perpetua.
Asimismo, el tribunal condenó a 9 años de prisión a Miguel Ángel Gómez e impuso una pena de 4 años de cárcel para Roque Osvaldo Cámara y José Antonio Cuello.
En tanto, los jueces condenaron a Miguel Bustamante a dos años de prisión en suspenso (no efectiva).
Por otra parte, fueron absueltos los otros ocho acusados en este juicio: Roberto Isaia, Ramón Salazar, Víctor Nuñez, Hugo Oscar Pérez, Aurelio Gallego, Delfin Barrionuevo, Gilberto Montiveros y Raúl del Prado.
El juicio que concluyó este martes ha sido el séptimo proceso llevado a cabo en Córdoba por el mismo tribunal en relación con delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
En este caso, los imputados fueron juzgados por secuestros, torturas y homicidios agravados con ensañamiento.
Estos delitos fueron cometidos entre marzo y julio de 1976 en el centro clandestino de detención conocido como D2 contra de 16 personas.
Diez de las víctimas -trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes sociales- sobrevivieron, tres fueron asesinadas y otras tres permanecen desaparecidas.
Entre los imputados en la causa estaba el ex-efe del Tercer Cuerpo del Ejército argentino Luciano Benjamín Menéndez, fallecido el 27 de febrero del año pasado y que tenía varias condenas en su contra en otros juicios por crímenes durante la dictadura.
Durante el régimen de facto, Menéndez tenía bajo su órbita al Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba
Justicia Legítima Córdoba expresa su preocupación ante los hechos que han tomado estado público a partir de la inspección a la Cárcel de San Martín (U.P. N° 2) por parte del Dr. Abel Córdoba, Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional, dependiente de la Procuración General de la Nación. Frente a un suceso que, por los elementos encontrados y los testimonios recogidos (que hoy tomaran estado público), genera la seria sospecha de que en dicho establecimiento penitenciario estén siendo violados derechos humanos elementales, resulta llamativo que la única reacción institucional en la Provincia haya sido denunciar al Dr. Córdoba por su actuación. No parece casual que esta denuncia se realice contra un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación que está a cargo de una de las nuevas Procuradurías especiales creadas por la Dra. Gils Carbó, precisamente para investigar los delitos más graves, como, en este caso, los relacionados con la violencia institucional. Recientemente, por la misma razón, fueron denunciados el Dr. Carlos Gonella, a cargo de otra de estas Procuradurías, y la propia Dra. Gils Carbó. Sin de ninguna manera abrir juicio sobre investigaciones judiciales en curso, Justicia Legítima Córdoba observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, en la espera de que los graves hechos detectados por el Dr. Abel Córdoba sean investigados seriamente, y no cubiertos con una estrategia que pretenda dirigir la mirada de la sociedad hacia el denunciante.
A 36 años del golpe militar Aprobaron en Córdoba un subsidio de 3 mil pesos para ex presos políticos 25/03/2012
Con votos disidentes, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que otorga este beneficio a unas 500 personas. El legislador Carlos Alessandri dijo a Cadena 3 que el gobernador De la Sota la promulgará "de inmediato".
Alessandri dijo que se abrirá un registro de beneficiarios de este subsidio (Informe de Gonzalo Carrasquera)
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Legislatura de Córdoba realizó una sesión especial al recordarse los 36 años del golpe de Estado de 1976 y convirtió en Ley el proyecto mediante el cual se crea el subsidio honorífico: "Reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura".
La iniciativa tiene por objetivo efectivizar el pago de una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable, a todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Además, la normativa reconoce el subsidio a aquellas personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes).
La sesión especial que se realizó en Córdoba fue presidida por la vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno y estuvieron presentes el ministro de Transporte y Servicios Públicos, Dante Heredia y representantes de organismos, agrupaciones y asociaciones de Derechos Humanos.
El presidente provisorio de la Legislatura, Carlos Alessandri (Unión Por Córdoba) habló con Cadena 3: "Hemos aprobado una ley de reparación para todos los que sufrieron las cárceles de la dictadura y en ese sentido produce una gran satisfacción que la Asociación de ex Presos Políticos de Córdoba, uno de los organismo de Derechos Humanos, tenga esta herramienta de quienes hoy no alcanzan el universo de ex preso político".
"Esto es la consolidación de los Derechos Humanos como política de Estado en Córdoba", indicó Alessandri.
El legislador explicó que el beneficio alcanza a unas 500 personas en forma vitalicia.
"Se va a contemplar la situación de todos los compañeros que por distintas causas no han podido reinsertarse en la sociedad
o que tienen problemas económicos graves o que pasan por un problema de enfermedad producto de su detención en las cárceles de la dictadura", señaló Alessandri.
"A todo los que no tengan una retribución que no supere a la asignación del subsidio para que pueda tener un emolumento que pueda hacerles vivir dignamente lo que les queda de vida", indicó el legislador.
La votación no fue unánime sino que hubo votos disidentes. "Hubo disidencia producto del oportunismo politico que la oposición expresa".
"Es más fácil se oportunista que ponerse a trabajar en un tema que para la provincia de Córdoba es política de Estado como son los Derechos Humanos", dijo Alessandri.
"El organismo de aplicación es el Ministerio de Justicia y en trabajo con la Asociación de Ex Presos Políticos. Se abrirá el registro donde cada uno expresará los motivos de su detención y corroborará con los certificados pertinentes y comenzará el trámite para accder a este subsidio", dijo Alessandri.
Por su parte el legislador Sergio Busso, señaló a quiénes alcanzará el beneficio: "Para quienes estuvieron menos tiempo detenidos, la ley habilita una excepción que se puede tramitar ante el Ministerio de Justicia", aclaró Busso.
Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas filial Córdoba y la Asociación de Ex Presos Políticos, manifestaron en las afueras del recinto su rechazo a la propuesta al considerarla un subsidio a la pobreza. Informe de Gonzalo Carrasquera y Juan Pablo Viola . Fuente:Cadena3
Multitudinaria marcha para pedir justicia
Bajo la consigna “Sin memoria no hay futuro” el sábado se realizó la marcha en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No asistió el gobernador José Manuel de la Sota. En La Perla León Gieco actuó ante 15 mil personas. 2012-03-26
Organizaciones sociales y políticas de Córdoba, que forman parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, realizaron una marcha en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 36 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y bajo la consigna "Sin memoria no hay futuro".
La marcha fue convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, la Asociación de Ex Presos Políticos, Familiares de detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otras organizaciones sociales y políticas de Córdoba. En la ex cárcel del Buen Pastor se leyó un documento (http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=2&idnota=8014)
Anteriormente a la marcha, desde HIJOS comunicaron que la convocatoria fue una invitación a "formar parte de la histórica marcha por Memoria, Verdad y Justicia" y al mismo tiempo efectuar el reclamo por una "mayor celeridad en los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia y la profundización de las políticas públicas de Memoria".
En este multitudinario evento marcharon, en primera fila, familiares de desaparecidos, quienes solicitaron juicio y castigo para los represores. A continuación, se hicieron presentes miembros de diversos gremios, como así también de partidos políticos y organizaciones territoriales.
Cabe señalar que gran parte de quienes participaron de la marcha también estuvieron en el evento que se realizó en La Perla, donde funcionó el mayor Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) de Córdoba, bajo las órdenes del represor Luciano Benjamín Menéndez, durante la última dictadura cívico militar.
En el lugar cantó por casi dos horas León Gieco. La convocatoria en este caso fue de alrededor de 15.000 personas y tuvo a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como organizadora.
Estuvieron presentes en esta instancia la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, y el ministro de Salud, Carlos Simon, quien saludó a integrantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, el gobernador José Manuel de la Sota no asistió al evento. Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
Prisión perpetua a ex integrantes del Comando Radioeléctrico
El Tribunal federal N° 2 condenó a José Olivieri, Pedro Nolasco Bustos y Jorge Worona por los asesinatos de los militantes de la JUP, Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976. 2012-03-26 Por Katy García
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba condenó a prisión perpetua a los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ocurrido el 2 de junio de 1976.
La condena recayó sobre los ex policías Pedro Nolasco Bustos (58 años), José Olivieri (67) y Jorge Worona (65), al encontralos cupables del asesinato de los jóvenes militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976.
En el fallo, el tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano, José María Pérez Villalobo y Fabían Asis condenó a los ex policías al considerarlos “coautores por dominio funcional del hecho, penalmente responsables” de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “homicidio calificado por alevosía”.
En la última audiencia del cuarto juicio por Crímenes de Lesa Humanidad, que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal N°2 y tras la negativa de los acusados a hacer uso de la última palabra, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 12.30.
Reanudada la sesión el presidente del tribunal Carlos Lascano leyó el veredicto y posteriormente ordenó el inmediato traslado de Nolasco Bustos y Worona a una cárcel del servicio penitenciario, mientras que mantuvo la prisión domiciliaria de Olivieri por razones de salud.
Asimismo, remitió copias a la fiscalía de turno para que investigue la participación de Gustavo Dietrich y Ernesto Barreiro en un supuesto delito surgido de la declaración de la sobreviviente Graciela Geuna.
Conocido el fallo la reacción de los imputados fue de indiferencia. Nolasco Bustos tenía entre sus manos la revista Evita Montonera en cuyas páginas encontró argumentos para justificar los hechos basado en la teoría de los dos demonios.
En la calle, en tanto, militantes de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles se apropiaron del espacio público, instalaron una radio abierta y estallaron de alegría cuando escucharon la voz del Juez que dictaminaba la condena. Lágrimas, abrazos y cánticos hicieron vibrar los cimientos del lugar y por un par de horas la zona se transformó. 36 años más tarde la justicia llegaba.
Testimonios José María Pérez Villalobo, miembro del Tribunal
“Se ha cumplimentado otro juicio más de crímenes de lesa humanidad en Córdoba y se está esclareciendo de esta forma todo un pasado negro que nos tocó vivir a los argentinos que esperamos culminar para encarar una nueva etapa y un futuro mejor para todos. Quedó demostrado que se trató de un plan sistemático, un genocidio. Estamos en la etapa de juzgar, como manda la ley, y como manda la prueba para condenar. La prueba ya estaba y la que aportaron dio lugar a que se condenaran a estas personas”.
Carlos Gonella, fiscal de la causa
“Estoy conforme porque el tribunal en su resolución ha acogido el pedido de condena en similares términos a lo solicitado por la fiscalía y la querella. Me parece que se ha demostrado suficientemente la culpabilidad de los acusados con todas las pruebas que hubo y por esta razón si bien no conocemos aún los fundamentos el fallo ha sido conforme a derecho".
"Toda sentencia más allá del resultado es un paso importante porque realza la institucionalidad de un periodo democrático en el marco del cual se están juzgando gravísimas violaciones a los derechos humanos así que desde ese punto de vista me parece positivo para la sociedad. Y particularmente en este caso queda demostrado que el terrorismo de estado en su complejidad también se dedicó a perseguir a los estudiantes universitarios con una militancia pública y es importante para el debate y la reflexión”.
Claudio Orosz, abogado querellante
“Estoy muy contento. Era lo que esperábamos y nunca deja de sorprendernos y de producir satisfacciones. Y saber que este camino es largo y nos queda mucho aún como las causas de La Perla, La Ribera, el D2 y del 24 de marzo. Hay que seguir adelante, nos queda mucho por hacer todavía.”
Guillermo Tito Villanueva, querellante, hermano de Ana María Villanueva
“Llegó la victoria. Valió la pena empezar la búsqueda, acercarme a los familiares, a las viejas, a los hijos, y volcarlo como algo colectivo. Me refiero a los organismos de derechos humanos, a los estudiantes y algunos sindicatos. Lo mío toma cuerpo cuando me uno a estos compañeros".
"Esta sentencia hay que tomarla como un triunfo de la sociedad. Basta de genocidio. Nunca más y nunca menos. Este no fue un acto aislado. Fueron asesinadas tres personas en el marco de un plan genocida que la sociedad no quiere nunca más. Y en lo personal un recuerdo a mis padres que murieron con los genocidas impunes. Comienza una nueva etapa y vamos a seguir luchando.”
Rosa Benítez, prima política de Jorge Diez
“Vine desde Buenos Aires para estar presente en la sentencia. Jorge era primo de mi esposo que falleció. Los cuatro militábamos en la JP y coincidíamos ideológicamente. Estoy viviendo con mucha emoción este momento, esperé justicia y una condena a prisión perpetua en cárcel común. Y así fue. Este juicio junto a todos los demás que se están haciendo en todo el país son un ejemplo para el mundo. Jorge era tranquilo, reflexivo, generoso.Pasamos las últimas vacaciones juntos, las dos parejas, en Pinamar. La imagen que tengo de él es la de un buen tipo que dio todo.”
Emiliano Salguero, integrante de HIJOS
“Ha sido bastante positivo porque se los condenó a cadena perpetua. Seguramente, alguno se nos escapó en este juicio porque lamentablemente es muy difícil reconstruir toda la historia de lo que pasó y juntar prueba porque la ocultaron o la quemaron y sobre todo porque la impunidad genera un manto de olvido".
"Ha sido una victoria de la justicia sobre la impunidad que obviamente tiene que acelerar sus tiempos porque no son los mismos que los de las víctimas. Nos parece importante que se haya condenado a los policías del comando radioeléctrico porque el terrorismo de estado tuvo entre sus mentores principales a Luciano Benjamín Menéndez, pero hubo otros sectores como este que participaron en la tortura y la desaparición”.
"Es muy importante el trabajo realizado por la comisión de derechos humanos del Centro de Estudiantes de la ECI que difundieron, y apoyaron a la familia. Creo que han sentido que e Anita era una más de ellos, que se sentaba con ellos y luchaba con ellos”.
Carmen Oliva, hermana de Carlos “Chaco” Oliva
“Estamos muy conformes, muy contentos porque nunca pensamos llegar a una sentencia de este tipo. Y esto se debe al trabajo de muchas personas y lo tomamos como un reconocimiento para todos los que quedaron en el camino”.
Luis Baronetto, querellante en la causa UP1, ex preso político, ex director de derechos humanos de la Municipalidad de Córdoba
“A mí me parece que este es un juicio bastante particular, importante. Particular, porque a diferencia de otros han sido juzgados, casi exclusivamente, los autores materiales. No hubo autores mediatos porque quedó apartado Menéndez. Esa es una particularidad.
"También me parece que a pesar de todos los intentos de alguno de los acusados que pretendió atribuirle otras connotaciones, las pruebas fuertemente marcadas en los alegatos de la querella y de la fiscalía han sido tan contundentes, que han mostrado que la ejecución de la represión inundó toda los estamentos de la Policía de Córdoba. Contaminada con el terrorismo de estado, mantiene una cultura del atropello, del asesinato, de las violaciones a los derechos humanos que perdura hoy".
"Porque esa impunidad con que se manejaban, como se dijo en el juicio que no era el único hecho, y que uno de los acusados tuvo otros asesinatos en su función de policía ha reafirmado una conducta que ha continuado en el periodo democrático. Si no hay una voluntad política de cambiar la cultura de la represión y la impunidad a través de una policía de prevención, no de represión, vamos a seguir teniendo en las víctimas a los jóvenes y a los pobres vía el Código de Faltas para impedir que se organicen y reclamen por sus derechos”.
Masacre azul
“Este juicio demuestra que toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía órdenes de Luciano Benjamín Menéndez”, consideró el fiscal Carlos Gonella. Una de las pruebas principales se registra en una felicitación por el asesinato de tres integrantes de la JUP en 1976, incluida en el legajo de los acusados, con carácter oficial. 2012-03-27 Por Guilermo Posada (*)
Fue un típico operativo ventilador. Los secuestraron y masacraron a escasas horas para arrojarlos en cercanías al Chateau Carreras”, describe Carlos Gonella, fiscal federal que llevó a delante la acusación contra Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y Carlos Olivieri, ex policías juzgados por asesinar a tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista en 1976.
El juicio se realizó en el Tribunal Oral Nº 2 y se vio alterado por sucesivas amenazas a familiares de las víctimas. Es que el llamado “juicio del Comando Radioeléctrico” movió el amperímetro de los sectores reaccionarios que vieron cuestionada la imagen de la policía cordobesa. Efectivamente, el fiscal concluye que durante el proceso quedó “absolutamente probada la subordinación” de la fuerza de seguridad “a las directivas de Luciano Benjamín Menéndez en el aparato represivo”.
Los jueces tuvieron en sus manos material probatorio que incluye una felicitación en los legajos de los procesados de parte del jefe de la policía por fusilar a Ana María Villanueva, Carlos Delfino Oliva y Jorge Manuel Díez. Así de impune se constituyó la represión cordobesa, “un aparato de Estado terrorista, que actuaba con previsión de impunidad, con testigos amenazados, otros muertos, y órdenes de quemar pruebas, todos mecanismos para implantar el miedo”, avanza Gonella.
–¿Qué sumó este cuarto juicio al cúmulo de sentencias sobre el terrorismo de Estado en Córdoba?
–Además de brindar justicia a las familias de las víctimas, el dato relevante es que está comprobada por primera vez la participación de personal del Comando Radioeléctrico, en una operación típica de lo que fue un operativo “ventilador”. Es decir, personas que fueron secuestradas y las mataron, arrojándolas en la vía pública, con la excusa de un intento de fuga y posterior enfrentamiento.
–En los juicios anteriores la participación de integrantes del Comando era aislada.
–En el juicio de la UP1, donde se acumuló la causa Urquiza, ya teníamos identificado a un ex comando radioeléctrico como Fernando Rocha, adentro del D2, torturando a Urquiza y a su compañeros. De manera tal que allí tuvimos una muestra de que es lo que hacía esta gente que pertenecía a la repartición. Aquí se demostró el rol operativo que les cabía a brigadas del Comando Radioeléctrico, en el sentido de que ellos patrullaban, hacían controles en la calle, con información de inteligencia que recababan del departamento de informaciones, detectaban a los blancos, o enemigos como los llamaban. Este fue un caso paradigmático: secuestro en la vía pública y ejecución a escasas horas en un lugar acostumbrado para este tipo de operaciones como fue la zona del Chateau Carreras. Recordemos que en esa zona se mató a Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo y hubo otro hecho con cuatro víctimas de julio de 1976.
Una esquina, el territorio. El comando policial secuestró a los tres jóvenes militantes en la esquina de las avenidas Octavio Pinto y Caraffa, en barrio Bajo Palermo, a escasas cuadras del domicilio histórico de Menéndez.
Ángel Villanueva, hermano de Ana María, una de las víctimas, inició su propia investigación para recabar elementos que le permitieran llevar a juicio a los asesinos de su hermana. La joven, junto a sus dos compañeros, había quedado en juntarse para trasladar un mimeógrafo con que imprimían volantes de la JUP. El caso fue el de tantos de su generación comprometidos más allá de los riesgos.
–En la lógica represiva, el papel de la policía estaba relacionado con su cobertura territorial, donde el Comando Radioeléctrico tiene un papel clave en ese despliegue. ¿Este juicio reelabora el papel de los sectores internos de la policía bajo el control del Ejército?
–Por ser una fuerza que trabaja sobre el territorio, el papel policial es central. En esta causa, testigos como Graciela Geuna, Ricardo Escalep, como el diputado Félix Ernesto Martínez, dieron a conocer que el Comando Radioeléctrico era temido por los estudiantes, porque a través de los controles callejeros se detenía mucha gente que llevaban automáticamente al D2. El testimonio del comisario retirado Salgado en este juicio, acusado en la causa UP1, también estableció que había una nutrida concurrencia del personal del Comando al D2. En resumen, secuestraba gente en la vía pública y la llevaba al D2 para que los torturen. Esta participación es orgánica, con un patrón de actividades represivas. Las víctimas de esta causa fueron reconocidas en la calle porque ya habían estado en el D2. El Comando Radioeléctrico dependía de la unidad Regional Nº 1, de capital, por encima estaba la jefatura de policía. Desde 1976 hasta 1982 todos los jefes de policía fueron militares. Los tres acusados cuentan con una felicitación en su legajo por participar en el operativo, junto a otros tres que ya fallecieron. Fue un pedido del comisario a cargo del Comando al jefe de policía, en virtud a “los méritos puestos de manifiesto” en la masacre. El jefe de policía los felicitó y los premió con cinco días de licencia.
–¿Cómo era la relación entre la policía y el Ejército en la práctica?
–Está demostrado el papel de la Policía de Córdoba en la represión ilegal, durante el terrorismo de Estado. Y tenemos abultada prueba que acredita que hay seudonormas que establecían que las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias a nivel nacional dependían del Ejército en la denominada lucha contra la subversión. Estuvo dispuesto por el decreto del PEN 2272/75 y la directiva del Ejército Argentino 404/75, de Jorge R. Videla.
–¿Era la forma de darle un encuadramiento normativo a la represión?
–Hicieron una especie de reglamentación de la directiva 175, que es la del Consejo de Defensa de María Estela Martínez de Perón, donde le atribuyen al Ejército la responsabilidad primaria en la lucha contra “la subversión”. Recordemos que esto empezó en 1975, en Tucumán, y después se extendió a todo el país. A través de esta directiva se le da al Ejército la responsabilidad y la fuerza, elaborando los detalles de cada rol y ahí es donde se dispone que la policía quede bajo su control operacional. Así, dentro del orden jerárquico dentro de la carrera de mandos, la policía recibía órdenes de los titulares de los cuerpos de Ejército. En Córdoba era Luciano Benjamín Menéndez, toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía sus órdenes. Está acreditado por las reuniones de la Comunidad Informativa, que era una instancia donde se reunían regularmente todos los jefes de inteligencia de las distintas áreas de fuerzas de seguridad de Córdoba, incluidas las de gobierno, para evaluar las políticas para la represión en la provincia.
–Esa relación era previa al golpe de estado de 1976.
–Sí, es importante establecer que la relación de la policía y el Ejército antes del golpe de Estado se produce a través del Comando Libertadores de América, donde las relaciones eran diferentes. Antes del 24 de marzo se manejaban en una cierta posición de igualdad, e incluso podría arriesgarse que la policía tenía un poco más de poder que el Ejército. Pero al derrocar al gobierno democrático, los militares pasaron a tener preeminencia. Ellos eran mucho más avezados en técnicas de guerra contrarrevolucionaria. Los testimonios de Geuna indican que en La Perla se lamentaron por la rápida muerte de las tres víctimas porque acusaban a la policía de matar sin obtener información previamente.
El secuestro
Carmen Oliva, hermana de Carlos Oliva, testimonió en la sala de audiencias del TOF 2 que el 2 de junio de 1976, al mediodía, recibió la visita de Héctor Hunziker, quien militaba junto con las víctimas. Según explicó Oliva, Hunziker, muy “shockeado”, le contó que cuando que se encontraba con Jorge Diez, este vio pasar a un agente del D2 al que reconoció por haber estado detenido antes por averiguación de antecedentes.
Hunziker se dirigió a una parada de colectivo y los demás subieron rápidamente al Fiat 128 azul, propiedad de Diez. Desde ahí pudo observar que “dos patrulleros los interceptan. Intentan huir, pero a Jorge y Ana los agarran de los pelos y meten al auto”. Oliva dijo que su hermano se había agarrado a un poste y no lo podían sacar. “Se siente un tiro, ahí se desploma, lo arrastran al auto y se van”, contó la testigo.
La memoria como prueba
Uno de los puntos más fuertes de la estrategia de la defensa de los imputados fue cuestionar la validez de los testimonios, a más de 30 años de ocurridos los hechos. Esto planteos llevaron a Gonella a fundamentar en su alegato sobre el papel de la memoria como herramienta probatoria en procesos de lesa humanidad. “Desde la perspectiva de las ciencias sociales –dice el fiscal–, Yosef Yarushalmi acuñó el término anamnesis (o razón anamnética) como imperativo ético de la memoria para recordar procesos industriales de extermino. Esto se aplica en situaciones como el nazismo o la represión argentina. Sucede que el concepto de memoria es complejo, donde interactúa lo individual con lo colectivo, que no es sólo la suma de memorias individuales. Es producto de tensiones de los sujetos consigo mismos y con el resto que los rodea acerca de eventos traumáticos vividos en el pasado. Hay un fuerte contenido simbólico en ese concepto. Por eso vemos cómo esas tensiones se transforman en un imperativo ético para las sociedades, al momento de buscar justicia sobre estos procesos criminales.
Gonella analizó el uso que los distintos gobiernos hicieron de la memoria, desde la vuelta de la democracia. “Alfonsín introdujo los juicios y el informe de la Conadep, junto con las leyes de impunidad, utilizando en definitiva la teoría de los dos demonios (que equilibra la el terrorismo de Estado con el accionar violento de la guerrilla, N. de R.); Menem instrumentó la política de no memoria, incluso reuniendo a las cúpulas militares y de Montoneros en una misa en la catedral de Luján, con el objetivo de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Esto se coronó con los indultos”, reconstruye.
Y agrega: “A partir de aquí aparecen elementos que trastocan el análisis de los delitos de lesa humanidad, como la irrupción de HIJOS con los escraches, las confesiones de Scilingo ante el juez Baltasar Garzón, la gesta de las Madres y Abuelas de Plaza de mayo”.
Gonella entiende que en el 2003 se inicia otro proceso donde las demandas de justicia se plasmaron en una política de Estado. “Esto no quedó reservado al ámbito del Poder Ejecutivo sino que se trasladó a los otros dos poderes, porque la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió continuar causas detenidas y que se abrieran otras.
A su vez, el Congreso dictó leyes para agilizar los juicios. El Ejecutivo instrumentó programas de memoria, verdad y justicia, creándose equipos de protección de testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El Ministerio Público Fiscal creó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad, un equipo de trabajo ha sistematizado la información disponible y propone soluciones prácticas acerca de cómo llevar adelante estos juicios. Esto fue refrendado por una acordada de la Cámara de Casación Penal, recomendando a los jueces que apliquen metodologías que den respuesta razonable a las demandas de justicia”.
Excusas
El acusado Pedro Nolasco Bustos basó parte de su defensa en argumentar que era víctima de una persecución por haberse casado con una funcionaria judicial. Se trata de la secretaria del Juzgado Federal Nº 1, Liliana Navarro. Según Bustos, Navarro aspira a ocupar mejores cargos en la Justicia Federal cordobesa y el juicio era una excusa para frustrar la carrera de la madre de su hijo, que también trabaja en tribunales.
Navarro viene siendo impugnada públicamente para concursar cargos por su relación con el genocida, entre otros por Luis Miguel Baronetto, ex preso político y dirigente de DD.HH. Si Bustos quería ayudar a Navarro, mejor se hubiese callado. (*) Revista 23 - Secretario de Prensa del Cispren. Fotografía de Leonardo Luna - Comercio y Justicia.
Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
Patotas probocadoras fascistas en la Marcha del 24 de marzo del 2012 en Cordoba
En la historia argentina y en más de 36 años solo dos grupos se pararon delante de las Madres de PLAZA de MAYO, con palos, los milicos y estos…la fascista PCR de Cordoba que apoyo a Menéndez diciendo que era un militar nacionalista y a Lopez Rega en el ‘73. El PTS (que se dice de izquierda) que fue a Palermo a apoyar la Sociedad Rural golpista en el 2008, la nueva izquierda del MTR y FPDS cordobes que reproduce el discurso de Mario Pereyra (CADENA 3 ) y la teoría de los “dos demonios” actualizada en los derechos humanos “de ayer y de hoy” como si fueran distintos. El estafador de Pedro Lencina (ex PC ) de UniDHOS que vende terrenos a los pobres sobre el viejo basural de Villa Libertador diciendo que se pueden recuperar 40 metros de basura patógena con “técnicas ancestrales”. A esto se sumaron sorprendentemente la Diputada provincial Liliana Olivero y Eduardo Salas del FIP y David Lanouscou de los residuos del traidor de Mario Firmenich (autoexiliado en Barcelona ) que pidió perdón por la lucha y aceptó los indultos de Menem. Patoteros, sectarios, vanguardistas, oportunistas, gorilas, traidores, antipopulares, provocadores, mentirosos, fascistas y golpista también. Su pequeña columna no tuvo ninguna existencia y por suerte miles y miles de personas comprometidas con la Memoria, la Verdad y la Justicia, contra los crímenes de siempre pudieron advertir la jugarreta (usando banderas falsas cual obra de teatro) de estos autoritarios que pretendieron romper la marcha del 24 y no dejarnos marchar.
Su único argumento “los organismos son oficialistas”. Antes éramos subversivos, terroristas, negros, peronistas, descamisados, cabecitas negras, anarquistas, zurdos, comunistas, negros de mierda, bolivianos. Siempre tienen un epíteto para descalificarnos.
Ni un paso atrás. El pueblo se abre camino. La verdadera izquierda también los repudio, el pueblo les cantaba “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es De la Sota y la Rural” . Un solo dato dice todo: en esa guardia pretoriana venida a menos no había una sola foto de desaparecidos: DONDE HABRAN ESTADO EN LA DICTADURA?
Juan Carlos Gonzales
Ex preso político
Cordoba
28/3/2012
patoteros fascistas ATACAN a MADRES y ABUELAS en CORDOBA 24/3/2012
A EX POLICIAS POR EL FUSILAMIENTO DE MILITANTES Perpetuas en Córdoba
Tres ex policías del Comando Radioeléctrico de Córdoba fueron condenados por asesinar a tres militantes de la JUP en 1976. Los fusilaron en un descampado. Por Adriana Meyer
Organismos de derechos humanos festejaron la sentencia en Córdoba.Imagen: Télam
Tres ex policías del Comando Radioeléctrico de Córdoba fueron condenados ayer a prisión perpetua por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Según el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal No 2 (TOF2) de esa provincia, Pedro Nolasco Bustos (58), José Olivieri (67) y Jorge Woroná (65) fueron culpables del asesinato de los jóvenes Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976. “Por primera vez son condenados policías del Comando Radioeléctrico, cuyo rol era de patrullaje y control territorial, a diferencia del D2, que hacía inteligencia, pero quedó demostrado que participaron ellos también de la represión pura y dura: a pocas horas de apresarlos los masacraron en un descampado”, dijo a Página/12 el fiscal del juicio, Carlos Gonella.
Diez, Oliva y Villanueva, junto a Héctor Hunziker, que está desaparecido, se habían juntado a las 10 de la mañana en Octavio Pinto y Caraffa, del barrio de Villa Cabrera. Diez observó la presencia de un miembro del Departamento de Informaciones de la policía provincial (D2) que pasaba caminando, por lo que decidieron separarse ante la posibilidad de estar siendo vigilados. Hunziker se fue a pie hacia una parada de colectivos, mientras que Villanueva, Oliva y Diez subieron a un Fiat 128 azul, que fue interceptado por dos móviles del Comando Radioeléctrico a los pocos metros. De inmediato, Villanueva fue sacada de los cabellos e introducida junto a Diez en uno de los patrulleros, en tanto que Oliva, que se había aferrado a un poste del alumbrado público, recibió un disparo en la espalda y fue trasladado herido en otro vehículo policial. Luego, uno de los efectivos subió al 128 y junto a los dos móviles del Comando Radioeléctrico se trasladaron a una zona descampada del Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba, donde fueron fusilados, aduciendo que habían intentado eludir con disparos un supuesto control policial.
En el fallo, el tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano, José María Pérez Villalobo y Fabián Asís condenó a los ex policías al considerarlos “coautores por dominio funcional del hecho, penalmente responsables” de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “homicidio calificado por alevosía”, y les impuso la pena de “prisión perpetua e inhabilitación perpetua absoluta”. En cuando a Nolasco Bustos y Woroná, el tribunal dispuso el “inmediato alojamiento en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario de Córdoba”, en tanto que Olivieri cumplirá la condena en prisión domiciliaria, beneficio que le fue concedido con anterioridad por razones de salud.
El fiscal Gonella destacó que fue clave la prueba documental: los registros de la comunidad informativa de inteligencia, que describen reuniones semanales entre los responsables de inteligencia de las fuerzas de seguridad en el Tercer Cuerpo de Ejército, algunas presididas por el propio (general Luciano Benjamín) Menéndez, que por alguna razón no fueron incinerados y aparecieron en un allanamiento a la delegación de la Policía Federal en 2001. “Decían cosas como que en el ’77 iban a egresar los primeros de Comunicación Social, que eran peligrosos elementos que podían infiltrarse en la sociedad, y que debían cerrar esa carrera”, describió el fiscal. “Y así lo hicieron, no es casual que una de las víctimas, Ana Villanueva, estudiaba derecho y ciencias de la información”, agregó. Fuente:Pagina12
Condenaron a tres ex policías por delitos de lesa humanidad La Justicia dictó cadena perpetua a ex agentes del Comando Radioeléctrico de Córdoba por el asesinato de tres militantes de la JUP, ocurrido en 1976. Uno de ellos tendrá prisión domiciliaria.
Repudio. Militantes de derechos humanos y agrupaciones kirchneristas celebraron la sentencia y repudiaron a los ex policías cuando salían del tribunal (Pedro Castillo/La Voz).
La Justicia Federal de la ciudad de Córdoba condenó ayer a prisión perpetua a tres ex policías por privación ilegítima de la libertad y homicidio de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ocurrido en 1976.
Los condenados son los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de Córdoba, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, presidido por Carlos Julio Lascano e integrado por José Fabián Asis y José Pérez Villalobo.
Este fue el cuatro juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Córdoba y el primero en el que Luciano Benjamín Menéndez no estuvo entre los acusados. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército estaba procesado pero fue apartado de la causa porque la Justicia dictaminó, en base a pericias médicas, que no estaba en condiciones de salud para enfrentar este ni otros juicios.
Los tres acusados recibieron la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Olivieri, el Tribunal resolvió mantener el régimen de prisión domiciliaria que se le concedió por razones de salud. Los otros dos, cumplirán sus condenas en cárceles comunes.
El tribunal dispuso, además, que se investigue a Luis Gustavo Diedrichs y a Ernesto Guillermo Barreiro (actualmente presos por otras causas) por un supuesto hecho delictivo.
Los fundamentos de la sentencia se leerán el martes de la semana próxima.
Los jóvenes asesinados son Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Carlos Delfín Villanueva, quienes la mañana del 2 de junio de 1976 se encontraban reunidos en la esquina de Octavio Pinto y Caraffa, en el barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba. Al reconocer a un agente policial, los jóvenes intentaron huir en un auto pero fueron interceptados y trasladados a un descampado, en la zona del Chateau Carreras. Allí, los fusilaron.
Del operativo criminal habían participado otros tres policías que ya fallecieron, por lo que quedaron sobreseídos.
Villanueva fue la única familia querellante, patrocinada por el abogado Claudio Orosz. El fiscal fue Carlos Gonella.
El último día del juicio comenzó pasadas las 9. El Tribunal le concedió la última palabra a los acusados pero éstos se abstuvieron de hablar, por lo que se dispuso un cuatro intermedio hasta las 12.30.
Pasadas las 13, los magistrados volvieron a la sala y ante los acusados y los familiares de las víctimas, Lascano leyó la sentencia que duró menos de tres minutos. Desde afuera se escucharon los gritos de alegría de los militantes de derechos humanos y kirchneristas. El juicio había terminado.
“Esto es un triunfo de la sociedad que ya no quiere más vivir aquello (la dictadura militar)”, sostuvo emocionado Ángel “Tito” Villanueva, hermano de Ana. “Este no es un caso aislado. Estas tres víctimas fueron asesinadas en el marco de un plan genocida”.
Rosa Benítez, prima de Diez, dijo entre lágrimas: “Se hizo Justicia por nuestros hermanos y compañeros”. La misma sensación vivieron los familiares de Oliva: “Nos llevamos esta victoria al Chaco”, sostuvo Carlos, sobrino del militante asesinado.
En el banquillo
Condenados. Antes de la sentencia, Pedro Nolasco Bustos sostuvo una edición de la revista “Evita Montonera”. A su lado, Jorge Worona, vestido con un equipo deportivo, esperó casi todo el tiempo callado. A su lado, más inquieto, José Olivieri masticaba chicle y se tomaba la cara con las manos. FuentedeOrigen:LaVozdelInterior
Fuente:Agndh
Una multitud evocó el golpe en La Perla
Unas 15 mil personas asistieron al acto en el ex centro clandestino de detención. León Gieco emocionó con un recital de más de dos horas.
Escenario. León Gieco dio un recital de más de dos horas ante la multitud que se congregó en La Perla, convertida en Espacio de la Memoria (Martín Santander / La Voz).
Al despuntar la siesta de ayer, ya había unas 15 mil personas ocupando el predio de La Perla, que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención y que desde hace unos años se ha convertido en Espacio de la Memoria. Los primeros instantes contribuyeron a agitar la emoción: “Bienvenidos a este lugar que ha sido ganado por la vida”, afirmó el anunciador Víctor Pintos al abrir el acto en evocación del 36° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Luego, cuando subió al escenario, León Gieco arrancó cantando Como la cigarra , de María Elena Walsh (tantas veces me mataron, tantas veces me morí….); y continuó con La memoria (sueño de la vida y de la historia...). Era el inicio de una recordación multitudinaria, en un sitio emblemático.
Se apuntó, además, que la organización del acto corrió por cuenta de la Universidad Nacional y de la Provincia Córdoba. Estuvo la rectora Carolina Scotto, pero faltó el gobernador José Manuel de la Sota. El mandatario ha tenido gestos de acercamiento a los organismos de derechos humanos con respaldos de tipo económico; pero hay sectores de ese ámbito que no tienen afinidad ideológica con él y por ello desde el viernes se descontaba que De la Sota dejaría su lugar vacío en el palco. En cambio, asistió el ministro de Salud, Carlos Simon, quien saludó a integrantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
La única oradora, previo a la actuación de Gieco, fue Lucía Bonafe, representante de la agrupación Hijos en la Comisión de la Memoria. La joven leyó un documento consensuado por los organismos de derechos humanos, en el cual se puso énfasis en recordar que en seis años se han recuperado tres sitios de memoria para la sociedad cordobesa: el ex Departamento de Informaciones de la Policía (D-2), La Perla y La Ribera, todas ex cuevas donde operó el terrorismo de Estado.
Homenaje a Kirchner. También resalta el pronunciamiento que hace cinco años el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó recuperar La Perla, que había sido un destacamento del Ejército, “haciendo realidad una exigencia de la sociedad cordobesa”.
En aquella oportunidad, recordó la joven que leyó el documento, estuvieron presentes en el acto, que se hizo en el mismo ex centro de detención, Kirchner y Gieco, quien inauguraba el tema con el que ayer emocionó otra vez. “Todo está guardado en la memoria...”, cantaba ante el respeto de la multitud.
Muchas familias visitaron ayer por primera vez La Perla, según quedó reflejado en la reacción de una mujer de mediana edad que estaba parada frente a lo que fue la sala de torturas: “Por Dios, lo que debe haber sido esto”, se sorprendía.
El documento señala, asimismo, que siguen sin conocerse archivos de la dictadura y los lugares donde enterraron a las víctimas asesinadas. Además, agrega, “se desconoce la identidad de cientos de niños y niñas, hoy jóvenes, que fueron apropiados” por los represores.
“Si hay una cosa importante en mi vida es estar acá”, agradeció Gieco y se despachó con un concierto de dos horas. FuentedeOrigen:LaVoz
Fuente:Agndh
Una marcha imponente en Córdoba bajo la consigna "sin memoria no hay futuro"
Una multitud de más de siete cuadras de largo marchó ayer en la ciudad de Córdoba desde Colón y La Cañada hasta el paseo del Buen Pastor.
Juntos. Organismos de derechos humanos y sociales y partidos políticos rechazaron el golpe de 1976 (Pedro Castillo / La Voz).
Una multitud de más de siete cuadras de largo marchó ayer en la ciudad de Córdoba desde Colón y La Cañada hasta el paseo del Buen Pastor. La movilización estuvo encabezada por organismos de derechos humanos locales, que llevaban una bandera con la consigna: “Sin memoria no hay futuro. La lucha está en nuestras manos”.
Detrás de los familiares de personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura militar, se encolumnó un centenar de organizaciones sociales, políticas y territoriales, entre ellas gremios, centros de estudiantes secundarios y agrupaciones de jóvenes, en su mayoría de izquierda y kirchneristas.
La convocatoria –cuya dimensión la Policía no estimó– fue, según los organizadores, de más de 20 mil personas.
Entre quienes marchaban estaban los familiares Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, los tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) por cuyo crimen, ocurrido en 1976, son juzgados ex miembros de la Policía de Córdoba.
La sentencia se conocerá mañana. “Siento alegría de estar acá”, dijo a este diario la prima de Diez, que llevaba un cartel con la foto de su primo. “Soy de Buenos Aires, es la primera vez que estoy en Córdoba y estoy muy emocionada”.
La marcha, que había partido a las 18.30, llegó cerca de las 21 a la intersección de Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo, donde se realizó un acto. “Los familiares de las víctimas no vamos a tolerar más dilaciones sin sentido por parte de la Justicia”, afirmó una integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, quien reclamó a la Justicia Federal de Córdoba que comience lo antes posible con el juicio por los crímenes cometidos en el ex centro de detención La Perla.
Además, se refirieron a casi todos los temas que ocupan la agenda política actual a nivel local y nacional. Se manifestaron a favor de la estatización de YPF y en contra de las privatizaciones de empresas públicas cordobesas. Repudiaron la denominada “ley antiterrorista” nacional y el Código de Faltas provincial. Reivindicaron las luchas contra la minería y la legalización del aborto. FuentedeOrigen:LaVozdel Interior
Fuente:Agndh
"Sería de interés juzgar las responsabilidades de todos"
El presidente del TOF de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, integró el tribunal local que firmó la primera condena a cárcel común a un ex comisario
SUBROGANTE. Díaz Gavier completó el TOF tucumano en el último juicio. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA |
"Jaime, cuando seas juez hacé las cosas de tal manera que todas las noches puedas dormir tranquilo". Las palabras que su padre le pronunció antes de morir fueron un legado para la vida profesional de Jaime Díaz Gavier (61). El letrado es juez de cámara del Tribunal Oral Federal de Córdoba desde hace 18 años, cuerpo que preside en la actualidad. Díaz Gavier estuvo en la provincia para completar el Tribunal Oral local que el viernes condenó a un ex comisario a 13 años de prisión en una cárcel común. Es la segunda vez que el abogado subroga a un vocal tucumano, la anterior había sido a fin de 2011 para la causa Aguirre-Weiss.
Además de las dos causas que se sustanciaron en Tucumán, Díaz Gavier participó de tres procesos en Córdoba. Allí tuvo la oportunidad de condenar por primera vez a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla.
- Condenó a Videla y a Menéndez, ¿qué significó esa oportunidad como profesional del derecho?
- En Córdoba, en 2008, hicimos el primer juicio en el país a un comandante de Cuerpo, nada menos que al del Tercer Cuerpo. Fue el primer juicio después del de las Juntas, en 1984. En 2010, condenamos a Videla. Creo que la significación de los juicios es altísima en tanto vienen a restablecer un orden jurídico que se alteró de manera brutal en la Argentina a partir del 24 de marzo del 1976. Además, había dejado heridas abiertas en el cuerpo social argentino que no tienen otra manera de cerrarse que a través de la Justicia, con todas las garantías de defensa para los imputados y los cuidados y atención para las víctimas.
- ¿Cómo vive el haber estudiado en esa época y ahora lograr una reparación como juez?
- Tenía 26 años en 1976, pertenezco a una generación de argentinos que asumió todo un compromiso político de participación. Algunos en una militancia más comprometida, como en organizaciones armadas, que no fue mi caso. Pero pertenecí a esa generación, comprometida con la necesidad de conseguir una sociedad más equitativa y justa. La vida después de muchos años de ejercicio profesional (en períodos democráticos), me llevó a ser designado juez de Cámara. Me permitió intervenir en estas causas tratando de, con equilibrio y equidistancia de las tensiones y pasiones que se ponen en juego, impartir justicia.
- Desde los organismos advierten que sería beneficioso unificar causas y que no lleguen tan fragmentadas a juicio.
- Muchas veces en la dificultad y el apremio de llevar adelante las causas se fragmentaron quizás en demasía los hechos que eran objeto de investigación y las consecuentes acusaciones. Tiene algunas consecuencias nocivas como el llamado permanente a algunos testigos que vuelven a declarar con una serie de consecuencias psicológicas. Lo ideal es que estén incluidos en un contexto mayor. Lo importante es que los procesos se vayan llevando adelante.
- En lo personal, ¿cómo vivió el testimonio de Emma Aguirre (secuestrada y torturada en 1977)?
- Siempre es tremendamente conmovedor escuchar el relato de personas que han vivido situaciones tan dramáticas. En muchos casos, gratuitas porque no se trataba de dirigentes políticos ni gremiales. Es conmocionante comprobar que el ser humano puede llegar hasta estos extremos de crueldad y maldad. Y cuánto dolor y destrucción psicológica y física, a veces terminando con la muerte, producen en las víctimas. Pero como juez tengo la obligación y el deber no dejarme condicionar en mi espíritu y en mi decisión en cuanto a la atribución de responsabilidades a los victimarios si no hay pruebas suficientes. Si hay alguna posibilidad de que los hechos hayan sido de otra manera, debo dictar la absolución. En Córdoba tuvimos algunas, cuestionadas y resonantes.
- ¿Cómo se prepara para una sentencia de este tipo?
- Es parte de un oficio. Hace 18 años que soy juez de cámara. En junio tenemos fijada ya la audiencia para la causa más grande de Córdoba y una de las mayores del país, que es "La Perla".
- ¿Cree que después de juzgar a los autores directos se comenzará a juzgar a otros sectores?
- Indudablemente, todo este trágico período de la historia argentina que se inicia de manera formal en el 76' no hubiera sido posible sin la complicidad, indiferencia o el "mirar para otro lado" de otros estamentos de la sociedad. De la Justicia, de la Iglesia, de sectores empresariales. De alguna manera se beneficiaban o participaban de estos mecanismos ilegítimos de eliminación física de los opositores. Si se llevan adelante causas, dependerá de la promoción de acciones que deben llevar los fiscales. Sería de absoluto interés juzgar las responsabilidades de todos los sectores que contribuyeron y apañaron un gobierno que fue ilegítimo. FuentedeOrigen:LaGaceta
Fuente:Agndh
36º ANIVERSARIO del GOLPE TERRORISTA NEOLIBERAL-CLERICAL.
UNA IMPONENTE MOVILIZACION de 45.000 JOVENES ARGENTINOS arranco a las 19 hs. de Colon y la Cañada arribando al palco de los DDHH en Yrigoyen y San Lorenzo...
La "Mesa provincial de trabajo por los DDHH", una vez mas demostro que convoca a la mayor cantidad de dirigentes, activistas y militantes jovenes que defienden los DDHH , la Memoria ,la Verdad, la Justicia y la Reparacion integral contra los genocidas fascistas del " Plan Condor "que hicieron desaparecer a mas de 30.001 argentinos...
Los jovenes de la Mesa provincial , reunen anualmente mas gente que Talleres,Belgrano y la mona gimenez juntos...Mas que Mario Pereyra y mas que De la Sota, Mestre ,Luis Juez y el Obispo Ñañez en semana santa..
La fuerza contundente del Movimiento cordobes de los DDHH, esta sustentada en la gran perseverancia, memoria , solidaridad ,compañerismo ,unidad y amor a la vida que demuestran sus militantes a lo largo de estos 36 ultimos años...Desde el fatìdico 24 de marzo de 1976 cuando el Plan Condor arrasò a la Argentina toda , MEDIANTE una GRAN EMBOSCADA CRIMINAL de LESA HUMANIDAD...CONTRA EL PUEBLO ARGENTINO dirigida por el presidente RICHARD NIXON, GERARD FORD y HENRRY KISSINGER, EL PENTAGONO y LA CIA....
No podemos olvidar la complicidad en este inmenso plan criminal de lesa humanidad de las Multinacionales que destruyeron nuestra economía asociadas a los oligarcas capitalistas de la SRA,la Fundaciòn Meditarranea, la Bolsa de Comercio y las empresas periodisticas Clarin,La Nacion, Perfil,La Prensa,La Razon,La Voz del Interior,Rio Negro, La Capital de Rosario, El Tribunos de Salta , Esquiu y otras mas...
La fuerza de la lucha , basada en la NO VIOLENCIA ACTIVA y en la UNIDAD SIN SECTARISMOS,... la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD , ha logrado la condena de mas de 250 genocidas y el procesamiento de 750 mas.
Ha logrado recuperar a mas de 100 niños robados del total de 500 buscados...
Ha logrado que el querido ex presidente NESTOR CARLOS KIRCHNER, bajara los cuadros de los genocidas del colegion militar de la nación.
Ha logrado que anulara las leyes de impunidad del presidente del "doble discurso" y la teoria de los "dos demonios " Raul Ricardo Alfonsin(UCR)...
Ha logrado que anulara los indultos del neoliberal corrupto ...Carlos Menem.(PJ)..
Ha logrado que corrigiera el rumbo desastroso que llevaba la economia nacional conducida por el representante de la Fundaciòn Mediterranea Domingo Felipe Cavallo...
HA LOGRADO DESENDEUDAR a ARGENTINA, DESVINCULANDOLA de los ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES MAFIOSOS COMO EL BANCO MUNDIAL y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL...
Ha logrado que abriera la ESMA, LA PERLA , LA RIBERA y otros campos de extermino para transformarlos en Espacio de La Memoria...
La lucha que llevamos desde hace 36 años consecutivos EN LA RESISTENCIA PACIFICA ACTIVA..ha logrado que la querida compañera peronista revolucionaria CRISTINA FERNANDEZ de KIRCHNER, profundizara el Modelo Nacional popular y democràtico.
Ha logrado que nuestra presidenta nacionalizara Aerolineas Argentina, diera la asignacion universal por hijo,estatizara las AFJP, redujera la pobreza y la miseria al minimo...ayudara a millones de jubilados marginados por el neoliberalismo, estatizara y socializara la TV mediante la television satelital gratuita, repartiera millones de computadoras a niños y jovenes estudiantes, terminara la autopista Còrdoba-Rosario, la usina Pilar de EPEC, ATUCHA II, TECNOPOLIS,etc....
Sancionara la ley mas revolucionaria de America, que devuelve los DDHH, a 1.550.000 peones de campo argentinos..
Sancionara la ley de Medios audiovisuales contra los monopolios mediaticos...
Consolidara la solidaridad americana en la UNASUR..
AYUDARA a CUBA y a los PUEBLOS del A.L.B.A...
Reformara la carta orgànica neoliberal del BCRA, transformandolo en un instrumento al servicio del pueblo.
Aumentara el presupuesto universitario y otorgara el 82 % movil a los jubilados universitarios estatales.
DEVOLVIERA sus ahorros a los argentinos estafados por Cavallo,De la Rua y Duhalde en el Corralito financiero.
La lucha que llevamos desde hace 36 años continuara para lograr la NACIONALIZACION del PETROLEO,el GAS, las FUENTES ENERGETICAS, los TELEFONOS, la MINERIA,los PUERTOS, los FERROCARRILES, la TIERRA.
PARA LOGRAR RESOLVER los PROBLEMAS del MEDIOAMBIENTE, LA DEFENSA de los RECUSOS NATURALES y del AGUA.
PARA RECUPERAR LAS MALVINAS y las ISLAS del ATLANTICO SUR...
PARA LOGRAR QUE EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO REPARE EL INMENSO DAÑO QUE LE HIZO A TODO EL PUEBLO ARGENTINO CON EL PLAN CONDOR...como tuvo que hacer con el pueblo japones por las bombas atòmicas de 1945 y por los desatres ocasionados al pueblo vietnamita en la guerra de agresion que termino en 1975...
SEGUIREMOS DEFENDIENDO TODOS LOS DDHH en ARGENTINA y EN EL MUNDO...
SEGUIREMOS PROFUNDIZANDO LA LUCHA CONTRA EL IMPERIO NEOLIBERAL GENOCIDA YANKI...
SEGUIREMOS PROFNDIZANDO LA DEMOCRACIA POPULAR REVOLUCIONARIA ARGENTINA...
SEGUIREMOS BUSCANDO A LOS 30.001 ARGENTINOS DESAPARECIDOS...HASTA ENCONTRARLOS PARA DARLE HUMANA SEPULTURA..
¡¡¡TODOS UNIDOS VENCEREMOS AL IMPERIALISMO NEOLIBERAL GENOCIDA ¡¡¡
Envío:CecilioM.Salguero
Alegó la defensa y el lunes 26 se dará a conocer la sentencia
Los defensores de los ex policías imputados solicitaron la absolución por prescripción de la causa y cosa juzgada. Afirmaron que fue un hecho aislado y no un crimen de lesa humanidad. Réplicas de la fiscalía y la querella. 2012-03-15 Por Katy García
Con los alegatos de la defensa de los imputados se clausuró la etapa del debate en el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a los ex integrantes del Comando Radioeléctrico, acusados de masacrar a tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). El 26 de marzo, a las 9, los imputados tendrán el derecho a hacer uso del derecho a la última palabra y luego se dará a conocer el fallo.
En la décima audiencia del juicio por el secuestro y fusilamiento de los integrantes de la JUP Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, alegaron Benjamín Sonzini Astudillo y Álvaro Gáname en representación de Pedro Nolasco Bustos y Jorge Vicente Worona, y Elías Razek por José Filiberto Olivieri.
Los letrados coincidieron en solicitar la absolución por prescripción de la causa y cosa juzgada. Además, argumentaron que se trata de un hecho común, aislado, y no de un crimen de lesa humanidad; que hubo un enfrentamiento y que no hay pruebas objetivas para condenarlos. No obstante, pidieron que se aplique el principio in dubio pro reo -beneficio de la duda- habida cuenta del tiempo transcurrido.
Estas cuestiones centrales fueron objeto de réplica por parte del fiscal Carlos Gonella y del abogado querellante Claudio Orosz .
Sonzini Astudillo: “Militaban en Montoneros, andaban armados”
El defensor de Bustos y Worona criticó al ministerio público fiscal y a la querella porque “han considerado culpables a nuestros defendidos”. “El fiscal tendría que ser imparcial y debería haber obrado de una forma distinta a la que obró. Habló de fiesta de recusaciones. Yo digo que hubo un sambódromo y un maracaná pero de irregularidades”, chicaneó.
Se quejó porque no prosperaron las recusaciones y objetó a Guillermo Villanueva como querellante porque “la ley es clara, dice heredero forzoso en línea directa, no hermanos”, afirmó.
Puso en duda los testimonios de los declarantes y remarcó que “acá no hay un solo testigo que diga exactamente lo mismo, o por lo menos cosas parecidas. Montaron un “ratón”, un “conejo” y ahora lo van a traer al Rey León, y en la última audiencia trajeron un perrito”, satirizó.
En esa línea subrayó que “no hay testigos directos, oculares, presenciales, sino dichos, de dichos, de dichos. Además todos estos dichos se confrontan, no tienen nada que ver unos con otros. La prueba es la que reina, la diva del proceso penal”, estimó.
Luego analizó en forma detallada las declaraciones de los testigos para concluir que mintieron en relación a cómo sucedieron los hechos, al estado de los cadáveres y a la identidad política de las víctimas.
En este sentido, afirmó que “militaban en Montoneros, andaban armados. La querella ha tratado de todas formas de hacernos creer que no portaban armas. Tenían antecedentes de armas, y no del 76 al 83, sino del año 74, en pleno gobierno constitucional. Los tres eran conocidos”, manifestó.
Desde esa perspectiva aseveró que se trató de un enfrentamiento. “Fueron jóvenes idealistas en inferioridad de armas o de potencia de los rodados y les tocó perder”, dedujo.
“Nosotros estamos convencidos de que hubo una persecución, pero también que no existió Huzinker. Lo inventaron junto con el Ratón. Se escapó ahí, y no se pudo escapar en la cancha de Boca entre 70 mil personas. Nunca apareció en la instrucción”, afirmó.
Álvaro Gáname: “Esta causa huele mal”
A su turno el codefensor de Bustos y Worona dijo que nunca vio “semejante cantidad de irregularidades en los actos preliminares”.
En el inicio del planteo jurídico afirmó que pasaron “siete años de mirar para otro lado. El clero o el poder político, vaya y pase, uno puede encontrar los peros que se le ocurra, pero no el Poder Judicial que es el encargado de garantizar la justicia, eso es grave y ahí no hay pero que valga. Esta causa huele mal”, opinó.
Tras cartón afirmó que no se investigó debidamente, lo cual le sugiere a su entender que “detrás de esta causa hay otros intereses, creo que va para el lado de lo que dice Bustos”, expresó.
En relación a la prescripción de la acción penal y la cosa juzgada manifestó su disidencia en el tratamiento que le dieron la fiscalía y la querella. “Hay que tomar los recaudos del derecho a defensa y los aspectos objetivos y subjetivos, más aún en los delitos de lesa humanidad, que derogan aspectos esenciales, con lo cual hay que ser absolutamente cuidadosos”, afirmó.
Interpretó que el Tratado de Roma “excluye hechos aislados y aleatorios, exige generalización, método y planificación, sistematizados en base a un plan regular”. Y agregó que “en los hechos no hay ataque a la población civil. Se habla de multiplicidad de actos y acá hay uno solo. No hay interrogatorio ni secuestro previo”, argumentó.
“Está consolidado que fue un hecho fortuito y casual en la vía pública, no había conocimiento de la identidad. Diez era público, era el hijo del dueño del Hotel Crillón, eran personas públicas y los podrían haber ido a buscar”, dedujo.
Cuestionó los testimonios de los testigos y dijo que “Hunziker y el Ratón son claves para decir que esto es un crimen de lesa humanidad porque probarían que los acusados conocían la identidad de sus víctimas”.
Y desafío: “no sé cómo van a sostener ustedes la presencia de Hunziker en el lugar”. “Es el elemento central de la causa y cuando apliquen la sana crítica racional van a tener que explicar cómo hizo para escaparse del lugar de los hechos. Esto es clave. Esto es parte del desprestigio de la Justicia, es lo mismo que aquella Justicia”, enfatizó, relacionando a la Justicia de la democracia con la que fue ostensiblemente cómplice del genocido.
Elías Rasuk: “No hay testigos presenciales”
El abogado que asiste a José Vicente Olivieri negó la participación de su defendido en el hecho y coincidió con sus colegas al considerar que “se trata de un delito común y no de lesa humanidad”.
Destacó que su cliente ingresó a la fuerza un año antes del hecho, que carece de antecedentes penales y que no tuvo ningún ascenso en toda la carrera.
Se opuso a que sea medido con “la misma vara que a Menéndez”, y rechazó la aplicación de la Teoría del dominio del hecho porque “no se sabe qué participación tuvo cada uno. De los seis (imputados) quedan 3. ¿Por qué descreer que el 128 no abrió fuego? Y si hubiera sido…estaba en juego la vida, era una persecución”, sostuvo
“En esa época de violencia, qué posibilidades tenia de denunciar o renunciar al trabajo. Lo mataban y desaparecían, no tenia alternativa”, discurrió, dejando claro que hasta los propios defensores de los acusados aceptan ya la magnitud del genocidio llevado a cabo por la dictadura.
En relación a la testimonial afirmó que “el común denominador, gira alrededor de testigos indirectos, imprecisos y contradictorios” y que Héctor Hunziker (a) el alemancito o conejo, es un testigo ‘fantasma’ porque nunca declaró. Puso en duda que haya estado presente ese día y luego se haya dirigido hasta barrio Iponá a contárselo a Carmen Oliva. “No hay testigos presenciales”, subrayó.
“Parece que hay un fuerte viento de la Patagonia que arrasa con todo, hasta con los principios de derecho penal”, deslizó. Finalmente solicitó que su cliente sea absuelto.
Réplica
Al finalizar los alegatos Claudio Orosz explicó que de acuerdo al Tratado de Roma, además de la generalidad, debe tenerse en cuanta la sistematicidad y en ese sentido citó las condenas en los juicios por las muertes de Paco Urondo y Rodolfo Walsh.
En tanto, el fiscal Gonella amplió el tratamiento de la prescripción de la acción penal y la cosa juzgada y rebatió a Gáname sobre la condena a Monez Ruiz. Fuente:PrensaRed
Envío:CecilioM. Salguero
Ingresa en su fase final el juicio oral por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba En la última audiencia de esta semana, las defensas solicitaron la absolución de los tres imputados. El tribunal reanudará el debate el 26 de marzo próximo, y ofrecerá a los acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de la sentencia
Se realizó ayer la segunda jornada de alegatos en el juicio que se sigue a los ex policías del comando radioeléctrico Pedro Nolasco Bustos, Jorge Worona y José Olivieri.
En primer lugar se escuchó el alegato de los Dres. Benjamín Sonzini Astudillo y Alvaro Gáname , codefensores de los imputados Nolasco Bustos y Worona.
Luego de realizar un análisis del contexto histórico de los hechos, el Dr. Sonzini Astudillo aseguró que las víctimas estaban armadas, que hay antecedentes de causas penales en ese sentido y que el hecho se trató de “un enfrentamiento armado entre jóvenes idealistas con inferioridad de armas y superioridad de rodado en el que les tocó perder” agregando que estos jóvenes vivían en una utopía, ponían bombas y enfrentaban el poder de turno. Por último aseguró que “en estas causas de lesa humanidad se ha perdido el rumbo, se habla de política y del gobierno de Néstor Kirchner y que el cree que la justicia debe ser independiente.
A su turno el letrado Álvaro Gáname consideró que el hecho investigado no se trató de “un operativo ventilador” ya que las víctimas no habían estado detenidas en un campo clandestino de detención, no habían sido torturadas ni sometidas y que no tenían un deterioro físico .
También señaló que este hecho no puede inscribirse en lo que se conoce como plan sistemático ya que se trató de un solo hecho y los imputados no han sido citados en ninguna causa ni en otros hechos. Por lo que no pertenecían a los miembros de ese plan sistemático.
Aclaró que el principio de culpabilidad implica probar que el imputado participó en el hecho y no que lo hizo solo por ser policía.
Gáname aseguró que los imputados no tenían un conocimiento previo de las víctimas y que no se las persiguió ese da por el hecho de ser militantes de la JUP.
Dijo que se trató de un hecho casual, espontáneo y fortuito ocurrido en la vía pública que nada tiene que ver con el plan sistemático llevado adelante por las fuerzas armadas.
Luego de estas consideraciones y de un análisis y entrecruzamiento de prueba testimonial y documental, las defensa solicitó para Pedro Nolasco Bustos y Jorge Worona la absolución por prescripción de la acción penal.
Luego de un cuarto intermedio alegó el defensor de José Olivieri, Elias Razuk, quien solicitó para su defendido la absolución por prescripción de la acción penal, en virtud de que se trato de un hecho común, un procedimiento mas y no un delito de lesa humanidad.
El Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 26 de marzo a las 9:00, para conceder la última palabra a los acusados. Córdoba, 15 de marzo de 2012- Fuente:CIJ.Gov.ar
Jueves, 15 de marzo de 2012 Se reanudaron los alegatos en el juicio oral en la provincia de Córdoba por crímenes de lesa humanidad
Este miércoles arrancaron las exposiciones de las defensas. Son juzgados los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Worona y José Filiberto Olivieri. El Ministerio Público Fiscal solicitó que los tres acusados sean condenados a reclusión perpetua
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba reanudó este miércoles las audiencias de alegatos en el juicio oral que se realiza en esa provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
El debate, donde se juzga a los tres ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Worona y José Filiberto Olivieri, se retomó con el inicio de las exposiciones de las defensas.
Cabe recordar que la querella solicitó la pena de prisión perpetua para los tres acusados. En tanto, el Ministerio Público Fiscal requirió reclusión perpetua para Nolasco Bustos, Worona y Olivieri. Fuente:CIJ.Gov.ar
14/03/2012
15:06 Sentencia el lunes 26 de marzo
El tribunal establece un cuarto intermedio de 12 días para la lectura de la Sentencia.
14:44 Dr. Orozs hace uso del derecho a Réplica
Basándose en la normativa internacional, define el término de Delitos de Lesa Humanidad, en respuesta a los alegatos de los defensores que intentan argumentar que los hechos del 2 de junio de 1976 fueron normales y no se encuadran en el marco del plan de exterminio por tratarse de un procedimiento policial común y de público conocimiento.
Dijo que no es necesario el traslado a un centro clandestino para considerarlo dentro del plan represivo ya que los fusilamientos también eran modus operandi de la dictadura.
Además, respondió a Razuk con el ejemplo del ex gendarme Carlos Beltrán, recientemente fallecido, quien dijo "Yo no fusilo", y así fue.
13:20 Alegato de Elías Razuk
Defensor del imputado Olivieri
Funda su alegato argumentando que la prueba testimonial tiene "un denominador común": se trata de testigos "indirectos, imprecisos y contradictorios". Argumenta la inocencia de su defendido porque ningun testigo lo reconoció en una audiencia.
Pide la absolución de su defendido Olivieri y manifiesta: "él tomó la actitud procesal de la negación de los hechos, pero suponiendo que hubiera estado allí: ¿podía decir que renunciaba por no compartir los principios? Lo mataban, lo desaparecían, tenía que seguir trabajando."
12:15 Alegato del Dr. Álvaro Gáname
En coincidencia con su colega co-defensor, alega que la causa estuvo poblada de irregularidades y que todo el tiempo fue guiada por intereses ajenos a la justicia en sí misma. Para esta defensa, los hechos no se encuadran en los delitos de Lesa Humanidad ya que no comparte lo sostenido por la abogada querellante Dra. López, es decir, que esté probado que los imputados hayan formado parte de plan de exterminio.
11:50: "Les tocó morir"
Así dice el alegato de Sonzini Astudillo refiriendose al hecho. "En el expediente figura el enfrentamiento, esa es la verdad más cristalina". Y agrega que a esa edad "pasan las mayores locuras por la mente" y que por pensar en terminar con el hambre en el mundo "ellos vivían en una utopía".
11:28 Alegato del Dr. Benjamín Sonzini Astudillo
Defensor de Pedro Nolasco Bustos y Jorge Vicente Worona.
Comienza su alegato denunciando la falta de imparcialidad del Ministerio Público, y las supuestas irregularidades que percibió a lo largo de todo el proceso.
Dice que se sintieron "en el cadalso" y que estuvieron a punto de renunciar. Que sus defendidos los excusaron de asistir a esta audiencia "para no someterse a este escarnio". Pero les pareció una actitud cobarde y por esto están alegando.
Dice que durante las audiencias se sintieron cercenados en sus derechos.
11:24 Alegatos de la defensa
Con el horario excepcional de las 11:00, y con una demora de 30 minutos, se aguarda el comienzo de la décima audiencia donde la defensa técnica procederá a la lectura de sus alegatos después de que lo hicieran las partes querellantes y fiscalía. Fuente:DiariodelJuicio
Solicitan perpetua para los ex policías del Comando Radioeléctrico
La fiscalía y la querella pidieron la máxima pena y cárcel común para los tres imputados en los secuestros y fusilamientos de los militantes de la JUP, Ana Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976. Alegaron María López, Claudio Orosz y Carlos Gonella. 2012-03-12 Por Katy García
En la novena audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2 Claudio Orosz y Carlos Gonella solicitaron prisión perpetua en cárcel comun para los imputados.
Cerrada la etapa testimonial comenzaron los alegatos. María López y Claudio Orosz lo hicieron en representación de la víctima Ana María Villanueva. Luego se escuchó la argumentación del fiscal Carlos Gonella quien lo hace en nombre de las otras víctimas y de la sociedad.
Querella y fiscalía orientaron sus argumentos a demostrar que los militantes universitarios fueron privados de la libertad y luego fusilados en la zona descampada del Chateaux Carreras. En ese sentido recordaron como funcionaba el terrorismo de estado, la estructura de mandos, las reuniones dela comunidad informativa donde se trataban y definían las acciones que luego ejecutaban los grupos operativos.
La policía y el comando radioeléctrico eran parte integrante de esa estructura clandestina que funcionaba bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. De manera que los agentes actuaron porque tenían además facultades para disparar y después informar.
Rechazaron de plano las teorías conspirativas lanzadas desde la defensa pretendiendo instalar la idea de que la causa está armada. El análisis de la prueba les permite afirmar que no hubo un enfrentamiento como dicen los imputados y que se trató de la aplicación del llamado “operativo ventilador”.
La querella solicitó que sean condenados como “coautores de privación ilegítima de la libertad de Ana María Villanueva y homicidio agravado, remarcando la condición de funcionarios públicos. Pedimos un tratamiento penitenciario efectivo, en cárcel común y que se los condene a prisión perpetua”.
En tanto que el fiscal también solicitó “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para los imputados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.
María López: “La conducción era centralizada y la acción descentralizada”
La abogada María López explicó que las fuerzas militares y de seguridad para llevar adelante el plan de exterminio contra el enemigo político actuaban de manera coordinada.
En este punto dijo que del organigrama y los memorandos surge que "se encuentra probado que la cuarta Brigada Aerotransportada así como el Estado Mayor Militar del Área 311 se encargaban de impartir todas las directivas a seguir en la llamada guerra antisubversiva” y agregó que se trabajaba en forma organizada, coordinando tareas y especificando las actividades a seguir por la policía de la provincia”.
En ese sentido destacó que “la conducción era centralizada y la acción descentralizada” y que las pruebas de la causa “demuestran que Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva fueron detenidos y fichados por el D2, entre 1974 y 1975, al igual que la presencia de Héctor Conejo Hunziker durante la cita, y la de un miembro de inteligencia que hacía de enlace”.
La abogada habló de las competencias del D2 y del resto de la policía que se encontraba subordinada a funcional y operativamente a los altos mandos del ejército. Destacó que la Dirección General de Inteligencia (DGI) desde antes del golpe secuestraba, torturaba, y ejecutaba a personas extrajudicialmente.
Asimismo dijo que se realizaban reuniones conjuntas en la llamada comunidad informativa formada por las autoridades máximas de cada fuerza de donde surge que las víctimas y otros tantos eran considerados como “blancos” de las organizaciones enemigas.
Mencionó la existencia de normativas claras que autorizaban a operar en el ámbito de cada jurisdicción y ejercer el control sobre penitenciarías y policías.
Subrayó que el comando radioeléctrico como parte de la policía estaba dentro del diseño elaborado por las máximas autoridades de las fuerzas armadas y que “el ejército delegó en las policías provinciales gran parte de la ejecución instruyendo en forma específica a los miembros de esta fuerza de seguridad en relación a los métodos abiertamente ilegales para la consecución de esta empresa”.
En este sentido destacó que una directiva interna decía que la policía “ante un hecho de urgencia podía actuar sin comunicación previa pero dando aviso luego para evitar consecuencias”. Luego describió el hecho y precisó que se trató de un “operativo ventilador” con el objetivo de aniquilar a las víctimas, privadas de la libertad e indefensas.
Claudio Orosz y María López, los defensores de la querella. Claudio Orosz: “Fue una masacre”
Claudio Orosz tras valorar la prueba existente aseguró que “quedó palmariamente claro que Ana María era estudiante y participaba de actividades públicas en la JUP, en la Tendencia Revolucionaria”, afirmó.
Luego detalló los testimonios efectuados por los testigos, los llamados “necesarios” y los que no tienen relaciones parentales. Alude aquí a las declaraciones realizadas cuando se inició la democracia “para evitar teorías conspirativas” esgrimidas por la defensa.
Las dos veces que Pedro Nolasco Bustos hizo uso de la palabra para ejercer su defensa dijo que la causa “estaba armada” y que Héctor Hunziker, la persona que vio lo ocurrido esa mañana, era un “fantasma”.
Otra de las cuestiones que la defensa pone de relieve son los antecedentes de detenciones previas de Jorge Diez, por “tenencia de arma de guerra”. Dejó en claro que fue liberado por “falta de mérito” y que los que vivieron en aquellos tiempos “saben que si era así no salía en libertad”.
Acreditó que “todos los elementos probatorios llevan unívoca, excluyente y exclusivamente a una única conclusión: que el 2 de junio de 1976, aproximadamente a las 10, Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez, y Carlos Delfín Oliva, junto a Héctor Hunziker estaban en las cercanías de Caraffa y Octavio Pinto en una cita y fue levantada alertados por la presencia de Ratón según le comentó Hunziker a Carmen Oliva”.
En esa época se consideraba “sospechoso” que dos o tres personas estuvieran juntas en la via pública y mucho más si al advertir la presencia policial se separen que fue lo que ocurrió.
Quedó demostrado por diferentes testimonios que el “Ratón” –el personal enlace entre la policía y el ejército al que Jorge Díez vio ese día- existió, y además fue descripto por Graciela Geuna y también por Charlie Moore.
También se despejaron dudas sobre lo metodología empleada y las relaciones entre las fuerzas. El comando radioeléctrico detenía y los pasaba directamente al D2 donde les tomaban fotografías. En este caso les fueron mostradas a Geuna en La Perla. Lo mismo que la cartera de Ana que Dietrich y Barreiro le exhibieron en ese centro clandestino de detención.
Orosz hizo referencia a las reuniones de la comunidad informativa donde se establecían “los blancos” a perseguir con el objetivo de lograr “la caída del militante, mejor vivo” definición que según el abogado alude a la “eliminación del opositor político a través de la muerte”.
En uno de esos encuentros se supo después que Menéndez dijo que había que cerrar la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) porque había muchos “marxistas”.
Acreditó también que en ese año la “casería” lanzada contra la militancia de la UES y de la JUP “determinó la fuga de militantes y de los que quedaban, unos 120, entre mayo y julio unos 60 a 70 fueron asesinados y desaparecidos”.
Y que en ese marco como lo dijeron los testigos era difícil militar por eso los que seguían intentaban hacer algo frente a esos hechos terribles. Entonces ese día se dirigían a Villa Rivera Indarte a buscar un mimeógrafo que les permita denunciar lo que pasaba,
Se encontraron “en las cercanías de la estación YPF y al ver a un personal de inteligencia levantaron la cita y se dirigieron al automóvil siendo atrapados por dos patrulleros y Hunziker lo vio”.
Aportó documentación de la verdad histórica iniciada por Pérez Esquivel y María Elba Martínez, y de las causas Brandalisis y Videla para demostrar que las autopsias no se hacían. .
Del libro de guardia del comando radioeléctrico surge que estaban asignados al patrullaje de las seccionales 9 y 14 los patrulleros - 113 y 130 – y demostró que podían comunicarse por radio, y que si hubiera sido una huída era fácilmente controlable.
Minuciosamente señaló las contradicciones observadas en los memorandos existentes y en las publicaciones en la prensa referidas a la hora en que se realizó el procedimiento, a las armas encontradas -entre 2 y 3- a las identidades, y a la presencia de “panfletos del ERP”.
Asimismo destacó las incoherencias reveladas en las declaraciones acerca de las armas. Y pidió que le expliquen como después de este largo periplo se parapetaron y atacaron a los varios móviles si tenían a lo sumo 18 balas. Sin duda -afirmó- que las armas fueron plantadas, lo que se conoce como dejar un “perrito”.
En ese sentido trajo a colación un hecho gravísimo que tuvo como protagonista a Nolasco Bustos. Dijo que “remató” a un joven de 16 años con un FAL, le pusieron un “perrito” y cuando estaba a punto de pasar como un “enfrentamiento” apareció una mujer que declaró la verdad. Pero, fue absuelto por “dudas”.
Desmontó las versiones de la defensa en relación al recorrido efectuado y a las posibilidades de que el Fiat supere en velocidad al Torino. “Estamos en presencia de una verdadera masacre”, expresó al destacar que se dispararon 170 balazos persiguiendo a subversivos que luego se parapetaron y los recibieron a los tiros. Siguiendo la explicación de la defensa que mantiene la postura de que hubo un enfrentamiento en ese caos los jóvenes contarían con apenas 18 balas.
Entonces mal podrían haber elegido ese camino descampado. Y recordó que en esa zona también fusilados Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo. "
Por eso es importante reconocer el estado de los cuerpos”, manifestó y enumeró los dichos de los testigos que observaron marcas de violencia y balazos.
“En el caso de Ana María, tenía un disparo en la cara y cuando reconocen el cadáver tenía rastros de pólvora. Estamos hablando de una ejecución”, afirmó.
La prueba documental y las declaraciones de los sobrevivientes sobre como operaba el comando radioeléctrico y el D2 le permitieron al abogado afirmar que “fueron secuestrados, privados de la libertad, golpeados y reducidos, y llevados al despoblado de la zona del Chateau Carreras donde los mataron y armaron un escenario de enfrentamiento”, describió.
Y específicamente sobre los imputados refirió que: “Ellos son los autores materiales del hecho. Cumpliendo las órdenes que desde la cabeza de la cadena de mandos, que era la jefatura del Área 311comandada por Menéndez, y retransmitida por las instancias intermedias, esto es, al jefe de policía, de la unidad regional, y del comando radioeléctrico, predispusieron este patrullaje como parte de un plan sistemático de eliminación del adversario político como ocurrió y les proveyeron los medios necesarios para hacerlo”, argumentó.
Carlos Gonella: “El grado de certeza es paradigmático”
El fiscal Carlos Gonella eligió como núcleo central teórico en su relato el concepto de memoria, sus acepciones y como incidieron a lo largo del tiempo para vencer la impunidad.
Sucintamente repasó lo sucedido el 2 de junio de 1976. “Estos hechos se encuentran acreditados, la prueba es concluyente y el grado de certeza es paradigmático”, valoró.
En relación al contexto mencionó que está bastamente documentado en varias sentencias de que existió un plan sistemático, que había campos de concentración como La Perla o la Ribera, y centros clandestinos de detención como el D2.
Mencionó la delegación de funciones para la lucha antisubversiva en las fuerzas armadas por parte del gobierno constitucional y las directivas que en definitiva constituyeron “una licencia para matar, como dijo Videla”.
Enfatizó que los sectores trabajadores, profesionales medios, jóvenes, sacerdotes, y estudiantes como en este caso “eran vistos como una amenaza por que empezaban a disputar espacios de poder”, entonces había que perseguirlos y “con la complicidad de la sociedad civil llevaron adelante este plan sistemático”, señaló.
“Esta probado que en Córdoba se desató una feroz persecución a los militantes que apoyaban al gobierno peronista”, afirmó.
Por caso citó en su exposición que en memorandos de la policía federal constaba que la comunidad informativa alertaba que en los colegios secundarios “se han detectado activistas de la Juventud Guevarista” y proponía el cierre de la ECI “porque los primeros egresados, casi todos marxistas”, serían un peligro para la sociedad. Ana María Villanueva estudiaba esta carrera.
Relacionó este dato con la causa Gontero donde las víctimas también eran hostigadas por ser estudiantes universitarios.
Luego analizó que la policía estaba sometida a una estructura donde Menéndez se situaba en la cúspide y desde ahí bajaban las órdenes hasta las unidades ejecutoras como la D2, la Unidad Regional 1 y el Comando Radioeléctrico. Y destacó que durante la dictadura y hasta 1984 “todos los jefes de policía fueron de extracción militar”, siendo Roselli –el que da nombre a la causa- uno de ellos.
Dijo que está probado que existieron listas, que los presos eran fotografiados y que hubo complicidades civiles durante la dictadura. En relación a la valoración de la prueba le advirtió especialmente a la defensa que “estos hechos no pueden juzgarse desde la lógica de un juicio penal común porque se trata de causas complejas”, consideró.
Y añadíó que "los testigos cuentan lo que saben y este no es un caso común pero debe leerse en la lógica del Terrorismo de estado. Luego hizo referencia al pasado reciente y los cambios operados. “El país padecía de un pasado traumático que podría rastrearse incluso desde los fusilamientos de José León Suárez.
Hablo de las diferentes significaciones de la memoria. Y se detuvo en el concepto de memoria social “como un proceso de elaboración activo de reconstrucción simbólica y de sentido del pasado”.
Y agregó que “es un imperativo ético recuperar aquellas identidades de exterminio industrializado; una máquina de matar que pasó durante el terrorismo de estado”.
En esa línea recordó diferentes hechos a los que llamó políticas de memoria que constituyeron respuestas sociales en épocas distintas y citó como ejemplos la formación de la Conadep y su interpretación que mantenía la teoría de los dos demonios, la misa de reconciliación nacional impulsada por Menem y que terminó en indulto, la irrupción de HIJOS reclamando justicia, la confesión de Scilingo hasta la llegada del gobierno de Néstor Kirchner que “definió políticas de memoria a las Madres y Abuelas, más la decisión de la Corte Suprema de justicia, entre otras.
Después analizó los aspectos fácticos y explicó la culpabilidad de los imputados desde la teoría del dominio del hecho de Claus Roxín en consonancia con los argumentos y conceptos de la querella. Refutó uno a uno los argumentos de Bustos y en relación a la complicidad de la justicia federal con la dictadura expresó que estaba de acuerdo pero que eso no lo eximía de sus responsabilidades.
“La Policía conocía el dato del mimeógrafo y eso selló el destino fatal de las víctimas”, razonó. Rechazó los argumentos de la defensa y dijo que “esto fue un montaje”, afirmó. Fuente:PrensaRed
Envío:Cecilio M. Salguero
