Nuevo procesamiento y embargo a tres represores de la CNU

Así lo determinó el titular del Juzgado Federal N°3 Ernesto Kreplak contra los represores Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio Agustín Jesús por los crímenes cometidos contra 11 víctimas- 9 de ellas asesinadas- y sus familias en la ciudad de La Plata. También fueron embargados por un monto que ronda entre 1 y 2 millones de pesos.

Jueves 5 de agosto

Carlos “El Indio” Pomares, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín “Tony” Jesús, miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización parapolicial de la derecha peronista que asesinó a decenas de militantes obreros y estudiantes en las ciudades de La Plata y Mar del Plata entre 1974 y 1976, fueron procesados por los homicidios calificados por haberse cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, en perjuicio de José Ruda, Ricardo Rave, Alcides Méndez Paz, Daniel Rayson, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Horacio Urrera, Carlos Sathicq y Leonardo Miceli.

También les imputó el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas simulando autoridad pública u orden de autoridad pública respecto de Ruda, Rave, Méndez Paz, Rayson, Urrera, Miceli y Sathicq. Otra imputación fue por la violación del domicilio de las familias Ruda-Pizarro, Rave-Rivas, Méndez Paz, Fallioca, Rayson-Midon, Martini-Zanata, Urrera-Escuderi, Sathicq y Miceli-Bossio, y los robos agravados por el uso de armas perpetrados contra los familiares de Rave, Méndez Paz, Rayson, Martíne, Urrera, Satichq y Miceli; y por los daños ocasionados a la propiedad de la familia de Graciela Martini.

Asimismo, el magistrado embargó los bienes de Jesús, Pomares y Castillo hasta cubrir las sumas de 1 millón, 1,5 millones y 2 millones de pesos respectivamente “para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso”, y su inhibición general de bienes, al tiempo que dispuso la prisión preventiva, a través de prisión domiciliaria monitoreada respecto de Pomares y Jesús, decisión apelada por la fiscalía.

Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017.

Los fundamentos

En el procesamiento, Kreplak señaló que “Pomares, Castillo y Jesús mantuvieron, junto con otros miembros de CNU no identificados hasta el momento, un señorío global sobre los acontecimientos investigados, a raíz de la cooperación recíproca prestada para desarrollar cabalmente el plan criminal propuesto. Los tres coincidieron en la preparación de los operativos y realizaron aportes sustanciales en su ejecución, adoptando diversos roles para dar cumplimiento al proyecto común tendiente a eliminar a las víctimas en razón de su militancias política o gremial".

El magistrado consideró que los hechos cometidos “deben ser considerados a la luz del Derecho Internacional Público como crímenes de lesa humanidad”. Kreplak indicó que fueron delitos “cometidos en el contexto del plan sistemático de represión ilegal desplegado durante la última dictadura cívico militar, una de cuyas principales aristas consistió en el ocultamiento y destrucción de pruebas, y en la comisión de hechos ilícitos amparados en la clandestinidad”.

Las víctimas de la CNU

Jorge Ruda tenía 24 años cuando fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975, trabajaba en el Registro de las personas. Su cuerpo apareció en Arana. Ricardo Rave, “Patulo”, era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrado el 24 de diciembre de 1975 y asesinado en el camino a Arana. Alcides Mendez Paz estudiaba Ingeniería en la UTN a la vez que trabajaba en el Astilleros Río Santiago.

Daniel Rayson Midon era delegado en Propulsora Siderúrgica y también estudiaba Ingeniería. Ambos fueron secuestrados el 19 de febrero de 1976. Sus cuerpos fueron encontrados a la vera de la ruta provincial 215 en Brandsen.
Néstor Dinotto y Graciela Martini, junto a Daniel Pastorino y Úrsula Barón fueron secuestrados el 4 de abril de 1976. Luego de ser brutalmente torturados a la pareja Pastorino- Barón los liberaron. Dinotto y Martini fueron asesinados.

Leonardo Miceli y Carlos Sathiq eran trabajadores de una empresa de limpieza en Propulsora. Horacio Urrera, de 23 años, estudiaba Abogacía y trabajaba en el Registro de la Propiedad y era delegado gremial. En el mismo lugar trabajaban integrantes de la banda parapolicial como el Pipi Pomares. Entre el 19 y 20 de abril de 1976 los tres hombres fueron acribillados a balazos y sus cuerpos fueron arrojados en el arroyo Santo Domingo en Sarandí, partido de Avellaneda.

Bandas como la CNU o la Triple A actuaron con el aval del Estado, con el golpe de Estado se diluyeron en las distintas fuerzas represivas. Muchos de ellos se reubicaron con la llegada de la democracia como es el caso de “Pipi” Pomares, que brindó sus “servicios” tanto al cafierismo de los 80, como al menemismo y duhaldismo de los 90 y al kirchnerismo de los 2000. Por eso es clave y continuamos pidiendo la apertura de todos los archivos de las fuerzas y los servicios de inteligencia.

Fuente:LaIzquierdaDiario

LA PLATA: Los crímenes de la CNU: procesaron a tres represores que actuaron en La Plata.

 

Por secuestros y asesinatos cometidos entre 1975 y 1976

Los crímenes de la CNU: procesaron a tres represores que actuaron en La Plata

Carlos “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín Jesús fueron procesados por el juez Ernesto Kreplak.

El ex jefe de la banda, Carlos “El Indio” Castillo.

A 45 años de los hechos, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a tres ex miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de La Plata como coautores de secuestros y asesinatos cometidos entre fines de 1975 y abril de 1976. Se trata del ex jefe de esa banda, Carlos “El Indio” Castillo, su segundo Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín Jesús, recordado como “Tony Jesús”. Castillo, preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo, es el único que cumple una condena. Pomares fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 pero la Cámara Federal de Casación Penal declaró nulo ese fallo, con duros cuestionamientos a los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli, y ordenó dictar una nueva sentencia. Tanto Pomares como Jesús tienen arresto domiciliario.

La CNU cometió más de 60 asesinatos entre 1974 y 1976, amparada en la impunidad que le garantizaban la policía bonaerense, las fuerzas armadas y la ocupación de puestos claves en el poder provincial. El juez recordó que sus ataques se centraron en militantes políticos, gremiales o estudiantiles, y que su marca registrada fue la violencia y el ensañamiento, la actuación en patota, el robo de las casas, los fusilamiento con armas de diferentes calibres, la exposición de los cadáveres en descampados de fácil acceso público y la actuación en zonas liberadas.

Las parejas que formaban Néstor Dinotto y Graciela Martini, Daniel Pastorino y Úrsula Barón militaban en la izquierda peronista en el barrio obrero Dumor, de Villa Elisa. Fueron secuestrados en la madrugada del 4 de abril de 1976. Antes la patota se instaló en la casa de Graciela, donde durante horas interrogaron y golpearon a su madre y a su hermano de diez años. Pastorino y Barón fueron sometidos a simulacros de fusilamiento y finalmente liberados. Dinotto y Martini fueron acribillados, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados. Por sus casos fue condenado Castillo, absuelto Pomares, y ahora el juez Kreplak procesó a “Tony” Jesús.

Carlos Sathicq, Leonado Miceli y Horacio Urrera fueron asesinados en la madrugada del 20 de abril. Sathicq había sido delegado en Propulsora Siderúrgica, donde trabajaba en limpieza junto con Miceli, que estudiaba en la Universidad Tecnológica. Urrera estudiaba derecho y trabajaba en el Registro de la Propiedad, donde era delegado de la Asociación de Empleados de Renta e Inmobiliaria (AERI). Allí también estaba Pomares, que hizo ingresar a Castillo, y ya en 1974 Urrera había pedido el traslado porque lo amenazaban de muerte. En los operativos participaron entre 10 y 12 personas de civil, a cara descubierta, que se movían en tres autos. Los cadáveres aparecieron flotando en el arroyo Santo Domingo, en Sarandí, con las manos atadas, la boca amordazada y múltiples impactos de bala. Ingresaron como NN a la morgue de Avellaneda, donde los reconocieron sus familiares. Por sus casos fueron procesados Castillo y Pomares.

Jorge Rosendo Ruda tenía 24 años, militaba con sus hermanos Carlos y Hugo en la Juventud Peronista, y habían fundado una unidad básica en Los Hornos, donde eran habituales los choques con la CNU. Además trabajaba en el Registro de las Personas. En 1974 sufrieron allanamientos y les dejaron un mensaje frente a la casa que compartían con su madre: “Monto hijo de puta, sos boleta. CNU”. Jorge fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975 en su casa de calle 47 por una patota de cinco o seis personas, algunas de civil y otras con uniforme. Lo llevaron a la zona rural de Arana, donde lo ataron, lo acribillaron con más de 50 balazos e hicieron detonar explosivos sobre su cadáver.

Ricardo Arturo Rave, de 18 años, cursaba en un colegio técnico y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Cinco de los nueve hermanos eran militantes: tres en la Juventud Peronista (Gustavo Rave, asesinado en Rosario, y Carlos Marcelo Rave, desaparecido en Villa Adelina) y otro era delegado en Propulsora Siderúrgica. En agosto de 1975 una patota secuestró e interrogó a un hermano menor de apenas once años. Después les pusieron una bomba en la casa. Ricardo fue secuestrado en su casa de calle 8 el 24 de diciembre de 1975 por un grupo de 15 personas, algunos con uniformes del Ejército. Uno señaló a “Patulo”, como lo apodaban, y dijo “éste es uno de los que anda jodiendo con el boleto”, contó su madre. Una vecina vio por la mirilla cuando lo sacaban forcejeando y lo subían a uno de los autos. Su cadáver apareció en el puente del Camino Arana, rodeado de cápsulas de calibre 9, 45 y de escopetas Itaka.

Alcides Méndez Paz y Daniel Rayson Midon fueron secuestrados en la madrugada del 19 de febrero de 1976. Sus cuerpos aparecieron a la vera de una ruta cerca de Coronel Brandsen. Méndez Paz estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajaba en Astillero Río Santiago, militarizado hacia fines de 1975 tras un atentado en la fragata Santísima Trinidad. Luego de ese hecho, policías de la Comisaría 9ª lo buscaron en su casa. Alcides se presentó y quedó detenido a disposición del Ejecutivo. Estuvo en la cárcel de La Plata hasta que en febrero de 1976 lo liberaron. Desde entonces dormía en casa de unos tíos, donde lo secuestraron. Rayson Midon era pampeano, hijo de un suboficial del Ejército, y estudiaba ingeniería en la Universidad Católica. Fue delegado de los trabajadores del Automóvil Club Argentino y luego en la Propulsora Siderúrgica. Los relatos de los testigos coinciden con lo que contó ante CONADEP en 1984 el suboficial Orestes Vaello, quien relató que “se operaba arriando el botín de guerra que luego se repartía” y que la orden de exterminio provenía del Batallón de Inteligencia 601. Méndez Paz “fue obligado a arrodillarse y se lo fusiló por la espalda”, recordó. Por sus casos, más los de Ruda y Rave, fue procesado Castillo.

Fuente:Pagina12

Querellas del juicio a la CNU platense recurrieron la absolución de “Pipi” Pomares.

Querellas del juicio a la CNU platense recurrieron la absolución de “Pipi” Pomares 
Familiares y abogados repudiaron el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 y calificaron de “escandalosa” e “incomprensible” la decisión de la Fiscalía de no acompañarlos en su recurso. “El Estado abandonó a las víctimas”, afirmaron.
Por Gabriela Calotti
Abr 11, 2018

“Queremos presentar públicamente el recurso de casación que ya interpusimos contra la sentencia de Pomares que lo absuelve de los cargos, y hacerle saber a la Justicia federal, a la Fiscalía y a los jueces de Casación que seguimos firmes pidiendo justicia, que fue lo que el Tribunal Oral Nº 1 no hizo […] dictando una sentencia traída de los pelos”, afirmó a la prensa Marta Vedio, una de las abogadas querellantes que el martes participó en la radio abierta, y conferencia celebrada en la puerta de los Tribunales Federales de La Plata.

Familiares de numerosas víctimas de la patota armada de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que sembró el terror en esta ciudad años antes del golpe cívico-militar de 1976, abogadas querellantes y Madres de Plaza de Mayo defendieron el recurso, repudiaron el fallo del tribunal y criticaron duramente la decisión del Ministerio Público y concretamente de los fiscales Hernán Shapiro, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, de no sumarse al recurso en Casación.

“Le vamos a manifestar a la Fiscalía nuestra gran preocupación”, sostuvo Vedio, mientras que Susana Zaldúa, familiar de una de las decenas de víctimas de la CNU que quedaron fuera del juicio oral y público celebrado en 2017, más de cuarenta años después de los hechos, consideró que la actitud de la Fiscalía es “incomprensible”.

“Le vamos a pedir a Shapiro y compañía que nos expliquen qué paso. Pidieron perpetua para Castillo y Pomares y sin embargo, cuando el tribunal deja en libertad a Pomares, no hacen nada”, se preguntó con perplejidad como el resto de los familiares.

Mario Urrera, hermano de Horacio, secuestrado y asesinado por la banda de la CNU de Castillo y Pomares, confesó su estupor al enterarse de que los fiscales no acompañarán el recurso en Casación. “Ayer los odié mucho más que a los abogados defensores. Si hay una institución que debía actuar conforme a derecho era la Fiscalía”, lamentó.

Otra de las abogadas querellantes, Luz Santos Morón, del colectivo Justicia ya, calificó de “escandalosa” la decisión de la Fiscalía y repudió la actitud del tribunal de ampararse en el “beneficio de la duda para mantener la impunidad”.

Al cabo de un juicio que se dilató varios meses, el Tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega dictó cadena perpetua para Castillo, considerado jefe operativo de la patota de la CNU platense, pero aún teniendo pruebas contundentes y numerosos testimonios que lo ubicaban en los lugares de secuestro y tortura, Pomares, uno de sus integrantes más activos, fue absuelto y puesto en libertad.

Las querellas rechazaron la decisión de dos de los jueces (Castelli y Esmoris) de no admitir los reconocimientos fotográficos de Pomares como prueba suficiente para “formar convicción” acerca de su autoría en los delitos que se le imputaron.

En el recurso “volvimos a analizar” reforzadamente cada punto “para mostrarle a los jueces que están todos los elementos para formar convicción. La convicción que no forman es porque internamente no la tienen“ y sostuvo Vedio, para quien “la decisión es absolver a Pomares”.

“Así como Castillo es un lumpen soltado de la mano de todo el mundo, Pomares es un tipo que tiene muy fuertes lazos con la política actual y tiene lazos de protección […] Hay una protección política contra la cual seguimos luchando”.

La pertenencia de Castillo y Pomares a la CNU era vox pópuli en los setenta entre la militancia platense. Un centenar de militantes de izquierda y del peronismo revolucionario, universitarios y profesionales y delegados gremiales fueron víctimas del accionar brutal de la CNU, que también integraban otras veinte personas, la mayoría de las cuales nunca fueron investigadas.

La Fiscalía y las querellas habían requerido al tribunal la condena a prisión perpetua para Pomares por delitos de lesa humanidad y por el delito de genocidio por los homicidios de Néstor Dinotto y Graciela Martini, y por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino.

Querellas y familiares pidieron el martes una vez más que se unifiquen los casos de víctimas de la CNU que quedaron fuera del juicio, como el caso de Mario Gershanik, médico de la entonces Clínica del Turf, acribillado en su casa. “Queremos saber por qué Pomares quedó en libertad. Queremos saber cuándo serán juzgados los otros miembros de la banda”, se preguntó Alicia Gershanik, su hermana, antes de advertir que los familiares están dispuestos a apelar no sólo ante la Justicia argentina, sino “a nivel internacional”.

El periodista y escritor Daniel Cecchini, autor junto a Alberto Elizalde Leal del libro titulado La CNU, un minucioso trabajo de investigación iniciado en 2010, se declaró “convencido de la culpabilidad de Pomares y  Castillo y de las diez o doce personas que ni siquiera fueron convocadas por la Justicia”. Consideró que el Tribunal descartó el reconocimiento fotográfico de Pomares “para darle la absolución”, y fue tajante al asegurar que el caso de Urrera “no fue elevado a juicio porque de esa forma Pomares no zafaba”. Respecto de la decisión de la Fiscalía, Cecchini fue enfático al afirmar que “el Estado abandonó a las víctimas”.

Entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran Carlos Pierini, Rolando Chaves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de sesenta víctimas.

“No podemos aceptar convivir con genocidas. Nuestros compañeros y los familiares se merecen justicia. La sociedad también”, sostuvo Alicia Gershanik. “La ciudad de La Plata no se merece genocidas caminando” por sus calles, concluyó. 

Fuente:Contexto

LA PLATA - CNU: PERPETUA PARA LOS REPRESORES GARCÍA y DELATURI.

Perpetua para el represor de García y Delaturi 
30/11/2017 

(Eduardo Castex) – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata condenó ayer a prisión perpetua al represor Carlos “El Indio” Castillo y absolvió a su chofer José “Pipi” Pomares en el juicio por el secuestro y homicidio de cuatro personas que fueron cometidos entre febrero y abril de 1976. 

Pomares fue absuelto porque el tribunal le otorgó el principio del “beneficio de la duda”, porque eliminó como prueba las fotografías y se ordenó la inmediata libertad. El fallo provocó indignación entre los familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos, e incluso tuvieron que frenar la lectura de la sentencia y desalojar la sala del edificio en calles 8 y 50 de la ciudad de las diagonales. Y en contraposición, cuando finalizó la lectura de la sentencia, los hijos de los imputados se retiraron de la sala con gestos provocativos e insultos hacia los familiares de los fallecidos y testigos.
El represor “El Indio” Castillo era uno de los jefes de la organización paramilitar Concertación Nacional Universitaria (CNU) y está acusado de los asesinatos del castense Sergio Julio García y el piquense Salvador Delaturi.

“Este fue un juicio parcial y se apelará la absolución de “Pipi” Pomares. Pero, además ampliaremos la causa a otros miembros de la patota, porque la CNU provocó decenas de muertos entre los años 1974 y 1975 en La Plata y Mar del Plata. Presentaremos nuevas pruebas para que se juzguen otros casos en donde existen testigos y pruebas para sustanciar los juicios”, relató ayer el arquitecto castense y ex funcionario santarroseño, Miguel Angel García, a esta corresponsalía. 

El ex militante de la JUP, Miguel García, junto a su hija Candela y su sobrina castense -actualmente radicada en La Plata- Elizabeth “Liza” García estuvieron ayer en los tribunales platenses durante la lectura de la sentencia. Y transmitió su molestia porque considera “increíble” que la causa judicial “estén involucradas solamente dos personas, cuando en realidad eran entre 10 y 15 personas que andaban matando a los compañeros”, aseguró el entrevistado. 

“Cuando mataron a Salvador Delaturi nos enteramos que fueron varios, porque “Boxer” Lozano se quebró y declaró como lo habían matado y quienes participaron. Ese es un claro ejemplo. En el caso de mi hermano Sergio, el testigo que estaba con Sergio solamente individualizó al Indio Castillo”, recordó. 

Y evaluó: “Lo más positivo fue que el Juzgado consideró Terrorismo de Estado a hecho ocurridos con anterioridad al golpe de Estado, y eso significa que son crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles”.

“Fue un momento muy fuerte. Cuando leyeron la absolución de Pomares se armó un lío tremendo y tuvieron que desalojar la sala. Los familiares (de las víctimas) empezaron a llorar a los gritos, fue un momento muy feo”, relató “Liza” García.

Los casos juzgados. 
“El Indio” Castillo llegó al debate acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año. 

En los dos casos, además, se sumó la imputación de robo y violación de los domicilios. También, se lo acusó por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976. A Pomares, se le imputaba la participación en este último caso, publicó el sitio Hoy de La Plata. “Pomares es un tipo probadamente de la CNU”, aseguró el castense Miguel García.

Según el expediente de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Martín Nogueira, cuando fue secuestrado en la madrugada del 12 de febrero de 1976, Domínguez era el secretario general del gremio del Turf en La Plata. El cuerpo apareció horas después con alrededor de cuarenta disparos a la vera de la ruta, camino a la localidad de Magdalena, al sur de la capital bonaerense. Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva del gremio, se salvó porque logró forzar la traba del baúl, se arrojó al asfalto y pidió ayuda a vecinos.

Entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, quienes fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata. Según los testigos, las víctimas debieron detenerse por las ráfagas de disparos sobre su vehículo.

La hipótesis de la Fiscalía indica que la CNU actuó en La Plata como un grupo que persiguió a disidentes políticos con la anuencia del Estado, antes y después del golpe, y que luego se salió del control de las fuerzas estatales, razón por la cual fueron detenidos y posteriormente sometidos a proceso por hechos menores, que no tenían que ver con su rol. El tribunal estuvo integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris.

El castense asesinado
Sergio García fue secuestrado en La Plata y asesinado el 18 de enero de 1976. El cuerpo apareció en un descampado en Berisso, con más de 40 disparos. El militante de la JUP era hijo del ex senador nacional Justino “Pampero” García, y fue el único castense víctima del terrorismo de Estado de la década del 70.

Un testigo presencial del secuestro del joven castense reconoció directamente al represor Carlos “Indio” Castillo como uno de los que participaron del “procedimiento” del grupo paramilitar denominado como la CNU.

Sergio García estudiaba Ciencias Veterinarias. Mientras que Miguel Angel cursaba Arquitectura, y tuvo que abandonar La Plata porque también “estaba marcado” por los represores. “Mi viejo reconoció (el cuerpo de Sergio) y lo velaron aquí a cajón cerrado. Mi vieja no lo vio y de mis hermanos creo que sólo Carlos. No vine porque me estaban esperando. 

Me encontraba en Misiones y me metí en la selva para evitar que me asesinen. Fue tremendo para mí no poder venir al velorio de Sergio. Todo eso generó una persecución en la familia, pasaba un helicóptero y ya pensaban que nos venían a buscar”, recordó -tiempo atrás- Miguel García.

Perpetua para Acosta y Astiz
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó ayer a prisión perpetua a los represores Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo en la causa denominada ESMA III, en la cual se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los “vuelos de la muerte” desde los que muchos desaparecidos fueron arrojados al Río de la Plata.

También fue condenado a prisión perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, la nieta recuperada que en la actualidad de desempeña como diputada nacional.

Por otra parte, el tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, victimas y hechos juzgados) de la historia de la justicia argentina.

La audiencia de lectura de veredicto se desarrolló ayer a la tarde en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde se movilizaron referentes y militantes de distintos movimientos de derechos humanos.

En este juicio se conoce también como “ESMA unificada”; se inició en noviembre de 2012, se acusó a 68 personas -de las cuales 14 murieron a lo largo del proceso- y se analizaron delitos contra la humanidad cometidos en contra de 789 personas.

Familiares.
Militantes de los organismos de los derechos humanos y familiares de las víctimas se congregaron desde la mañana en el acceso de la sede los tribunales federales de Comodoro PY, y muchos de ellos siguieron después las lecturas de las sentencia a través de una pantalla gigante montada en la calle.

A partir de las 14, los abogados defensores, los representantes de las querellas, familiares e integrantes de las organismos de derechos humanos se ubicaron en la parte baja de la sala de audiencias.

En tanto que un grupo de personas cercanas a los imputados ocuparon posiciones en la parte superior del auditorio, y entre ellos se encontraba Cecilia Pando, conocida activista contra los procesos de lesa humanidad.

Al promediar la tarde, los acusados ingresaron al recinto y ocuparon posiciones en medio de la sala, mientras eran vivados por el grupo que capitaneaba Pando.
Detrás de un blindex se ubicaban figuras emblemáticas del movimiento que denunciaron los crímenes de la dictadura en los años del terrorismo de Estado, como Estela de Carlotto, titular de Madres de Plaza de Mayo, o Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Los familiares comenzaron a repudiar con cánticos a los represores, justo cuando desde el piso superior se entonaban las estrofas del himno argentino y se proferían algunas recriminaciones a los trabajadores de prensa que cubrían la culminación de este proceso oral y público, que se extendió por más de cinco años.

Incidentes.
Mientras los fotógrafos y camarógrafos tomaban planos de los acusados, los integrantes del TOF 5, los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, pidieron que no se tomaran planos cortos, lo que provocó algunas reacciones entre los querellantes.

Ante la reacción del público, el juez Obligado, presidente del Tribunal, exigió silencio bajo advertencia de desalojar la sala, y el sector que simpatizaba con las víctimas comenzó a entonar la histórica consigna de las agrupaciones que impulsaron los juicios de lesa humanidad: “Cómo a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

Tras un bullicio de unos minutos, los integrantes de los organismos, los sobrevivientes y familiares aceptaron bajar sus pancartas con las fotos de sus seres queridos que hallaron en las mazmorras de la ESMA sus destinos finales.

Sentencias.

Cerca de las 17, el Tribunal comenzó la lectura de las sentencias, y el marino Jorge “Tigre” Acosta fue el primero en recibir una condena, en función del orden alfabético en el que se enumeraron las penas.

El represor recibió la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, torturas seguidos de muerte y apropiación de menores, delitos todos agravados por su condición de ex funcionario público, una figura que se le aplicó a varios de los sentenciados.

Las condenas de Acosta, Astiz y Cavallo fueron celebradas por buena parte de la concurrencia, pero más de Mario Danile Arru, por su condición de piloto que participó en los vuelos de la muerte, la siniestra metodología empleada para arrojar prisioneros vivos al mar. (Télam) 

Fuente:LaArena

LA PLATA - CNU: ABSOLVIERON A POMARES y HAY INDIGNACIÓN CON LOS JUECES.

CNU de La Plata: absolvieron a “Pipi” Pomares y hay indignación con los jueces 
Con gritos y llanto fue recibida la sentencia contra esos dos integrantes de la CNU dictada por la justicia federal de La Plata. El Indio Castillo recibió perpetua. Víctimas, testigos y abogados anticiparon que apelarán en el caso de Pomares y expresaron su estupor y preocupación.
 Por Gabriela Calotti
Nov 29, 2017

A los aplausos que acompañaron la lectura de la sentencia a prisión perpetua que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata dictó de forma unánime contra Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio” por delitos de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad entre febrero y abril de 1976, le siguieron gritos desgarradores de bronca e impotencia cuando el presidente del TOC, el juez Germán Castelli, anunció la “absolución por unanimidad” e “inmediata libertad” de Juan José Pomares, alias “Pipi”.

Ambos eran reconocidos integrantes de la CNU en La Plata, una organización paraestatal de ultraderecha católica y peronista que sembró el terror años antes del golpe, dejando un centenar de víctimas entre los militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda.

Cuarenta años después de las atrocidades cometidas por la patota de la CNU, Castillo y Pomares fueron juzgados por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, secretario general del gremio del Turf local; Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios en la Propulsora Siderúrgica; Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes del peronismo revolucionario. También son acusados del secuestro de Roberto Fiandor, quien también integraba la comisión junto a Domínguez, y de Daniel Pastorino y Ursula Barón, militantes del peronismo de izquierda que sobrevivieron al secuestro de la CNU.

Castillo fue condenado “por unanimidad” del Tribunal a prisión perpetua y absuelto en el caso de Fiandor. En el caso de Pomares, el tribunal decidió “absolverlo por unanimidad por el beneficio de la duda”, leyó Castelli, antes del golpe de gracia a las víctimas y familiares: “El tribunal dispone la inmediata libertad de Pomares”, agregó, desatando la indignación en la sala y el fervor odioso de sus allegados.

“PREOCUPA Y TIENE QUE VER CON EL CLIMA POLÍTICO QUE ESTAMOS VIVIENDO”

“Asesinos”, “hijos de puta” y “jueces fascistas” fueron algunos de los epítetos que cerraron de forma abrupta la audiencia en los tribunales de la calle 8 entre 50 y 51, donde una decena de policías se interpuso entre los familiares de los imputados y las víctimas de la CNU.

“Cualquier reflexión en este momento está impregnada por la indignación, pero es importante destacar que la verdad se termina imponiendo. Que el tribunal reconoció que acá hubo privaciones ilegales de la libertad, homicidios”, explicó a Contexto Marta Vedio, querellante por la Liga de Derechos Humanos y la Unión de Derechos Humanos de La Plata.

La abogada que había pedido prisión perpetua para los dos imputados, teniendo en cuenta las numerosas pruebas y testimonios que se presentaron durante el juicio, lamentó que los jueces se hayan “refugiado en el beneficio de la duda para dictar una absolución que es injusta”. No obstante anticipó que recurrirán en Casación.

Adelaida Barón, Silvia Domínguez y Alicia Gershanik, como muchos otros en la sala no pudieron contener el llanto. “Voy a tener fuerza para recuperarme y que no se vuelva a cometer una injusticia como se acaba de cometer ahora”, dijo a Contexto la hermana de Mario Gershanik, que era médico en la clínica del Turf, cuyo caso no entró en el juicio pero declaró como testigo, poniendo una vez más en evidencia el modus operandi de la CNU: irrupción violenta en las casas en zonas liberadas por la policía, ensañamiento con sus víctimas, múltiples disparos y exposición de los cuerpos a la luz del día.

“ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA VERDAD SE TERMINA IMPONIENDO”

“Tuvimos una perpetua. Tiene que haber más, pero nunca, nunca imaginé que criminales de este calibre podían lograr la libertad”, agregó con la voz entrecortada. “Destruyeron la vida de una parte importante de la sociedad. Esto es inconcebible”, afirmó. “Pero esto no puede quedar así”, sostuvo.

Aníbal Hnatiuk, abogado querellante consideró que el fallo pronunciado hoy es “preocupante y tiene que ver con el clima político que estamos viviendo”.

“Es preocupante que esta gente esté libre porque la CNU es un grupo que tuvo integrantes que tuvieron la capacidad de insertarse en el sistema político en democracia y eso le dio mucho temor a las víctimas sobrevivientes y a los familiares. Los tenían que ver en el centro de La Plata, paseándose, aún a sabiendas de que eran partícipes del genocidio que se cometió en la Argentina”, agregó a este medio el letrado, quien confió en que esto se resuelva en instancias superiores.

El accionar de la CNU

Decenas de casos de secuestros y asesinatos a mansalva perpetrados por la misma banda armada dirigida operativamente por Castillo, según numerosos testimonios de víctimas y familiares, quedaron afuera de este proceso judicial que comenzó en mayo pasado. No obstante, durante sus alegatos, las querellas y la Fiscalía reclamaron la unificación de las causas pendientes en instrucción.

“NUNCA, NUNCA IMAGINÉ QUE CRIMINALES DE ESTE CALIBRE PODÍAN LOGRAR LA LIBERTAD”

Entre las numerosas víctimas de la CNU platense entre 1974 y 1976, y cuyos casos no entraron en este juicio, figuran los de Carlos Pierini, Rolando Cháves, Luis Macor, Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achem, Rodolfo Carlos “el rusito” Ivanovich, Enrique Rusconi, Mario Gershanik, Luisa Marta Córica, Arturo “Patulo” Rave, Horacio Urrera, Carlos Saticq, Carlos Escafide, Alcides Mendez Paz, Adriana Zaldúa, Lidia Agostini, Nélida Villarino y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, entre más de sesenta víctimas.

También indignado, Daniel Cecchini, autor junto a Alberto Elizalde Leal del libro titulado La CNU, y testigo en este juicio, consideró tras el fallo que a la luz de este fallo “la justicia se maneja en el contexto de este gobierno. Un gobierno reaccionario, que banca a los represores. Y bueno, va a ser muy difícil hacer justicia”.

“La responsabilidad es de Macri, Peña Braun, Michetti, Patricia Bullrich… son responsables de estos fallos”, sostuvo. “Vamos a apelar pero en este contexto y con este gobierno es muy difícil que los jueces, que son muy cagones, que le tienen mucho miedo al poder, saquen un fallo a favor de los sectores populares”, completó.

“LA RESPONSABILIDAD ES DE MACRI, PEÑA BRAUN, MICHETTI, PATRICIA BULLRICH… SON RESPONSABLES DE ESTOS FALLOS”

 En sus últimas palabras antes del fallo Pomares se declaró “absolutamente inocente” y repitió dos veces: “No soy el que algunos quieren que sea”, pese a que su militancia en la CNU era “vox pópuli” en La Plata y en la Unidad 9, donde junto a Castillo cumplió tareas de inteligencia en medio de los presos políticos tras el golpe cívico-militar. Castillo amenazó con “más sangre y más dolor” si no “se restaura el Estado de derecho”.

La Fiscalía y las querellas habían pedido perpetua para los dos imputados por delitos de lesa humanidad. Una de las querellas había requerido la misma condena por el delito de genocidio.

“Durante años gozaron de completa impunidad. Nosotros vamos a redoblar la apuesta por el juicio y castigo. Y vamos a seguir movilizándonos con las Madres y las Abuelas en las calles”, sostuvo la abogada Luz Santos Morón, sin poder ocultar su bronca frente al fallo.

“Olé olé, olé olá, como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”, se escuchaba en el hall del primer piso del tribunal federal platense horas antes que se conozcan las sentencias del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura cívico-militar por donde pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos. En La Plata, en las rejas del tribunal federal, el miércoles volvieron a flamear las fotografías de las decenas de víctimas de la CNU que aún esperan justicia. 

Fuente:Contexto                                      

LA PLATA: LLEGÓ LA HORA DEL VEREDICTO.

Llegó la hora del veredicto para dos ex integrantes de la CNU durante la dictadura 
El "Indio" Castillo y "Pipi" Pomares están acusados de haber participado en secuestros, torturas y asesinatos como parte de esa organización de la derecha peronista.
Martes 28 de Noviembre de 2017

Este miércoles 29 de noviembre al mediodía el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictará el veredicto final en el juicio seguido contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomaresacusados de haber participado en secuestros, torturas, homicidios y robos en los siete casos, como parte de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), una organización de la derecha peronista que coordinó con la Triple A y más tarde se asimiló al aparato represivo de la dictadura.

El juicio es el segundo que revisa crí de la Concentración Nacional Universitaria, tras la sentencia de diciembre de 2016 que condenó a 7 represores del grupo en Mar Del Plata. Sería además el tercer proceso que analiza hechos realizados por las patotas de la derecha peronista, si se toma en cuenta el juicio escrito que condenó a represores de la Triple A en CABA en febrero de 2016.

Tanto la fiscalía como las querellas particulares pidieron la condena con prisión perpetua de Castillo y Pomares como coautores de graves delitos de lesa humanidad cometidos como parte de un plan sistemático de represión a militantes políticos de izquierda durante el tercer gobierno peronista, que eran calificados como parte de la “sinarquía”.

Castillo está acusado del secuestro y homicidio del dirigente del turf Carlos Antonio Domínguez y del secuestro y torturas al trabajador del hipódromo Roberto Fiandor, ambos por un hecho ocurrido el 12 de febrero de 1976. Además se lo imputa del secuestro y homicidio del trabajador y militante Leonardo Miceli, ocurrido el 20 de abril de 1976. En tanto a ambos represores se los acusa de los homicidios doblemente calificados de los militantes Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón, todos en un hecho ocurrido el 4 de abril de 1976.

La querella del espacio Justicia Ya! La Plata señaló en su alegato la responsabilidad política del tercer gobierno peronista en el armado del esquema represivo para la consecución de estos crímenes, tanto de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez en el gobierno nacional como del gobernador Victorio Calabró en la provincia, remarcó la aquiescencia estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión, solicitó la ampliación de la imputación por varios casos, rechazada con excusas técnicas por el tribunal, y exigió la condena de los 2 represores de la CNU como coautores del delito internacional de Genocidio.

Las defensas de los represores trataron de mostrarlos como víctimas, por la prisión que purgaron en la Unidad 9 en dictadura en condiciones de privilegio, y buscaron impugnar el debate como cosa juzgada, pretendiendo que la causa penal por delitos comunes agotó la persecución penal de los delitos de lesa humanidad que han cometido.

Ambos represores hablaron extensamente en el juicio, Pomares más lastimoso y Castillo fiel a su estilo desafiante que lo llevó a afirmar que estos juicios son “un negocio”, que el Terrorismo de Estado es “un concepto fallido” y que la represión se ejerció “en legítima defensa”.

Según informó la agrupación HIJOS La Plata, a pedido de las querellas el TOF platense se comprometió a realizar la lectura de la sentencia “lo más temprano posible”, dado que en Comodoro Py el TOF 5 de la Capital dará a conocer el mismo día y “en las primeras horas de la tarde” el veredicto en el tercer juicio oral por crímenes cometidos en la ESMA y que comenzó hace 5 años. 

Fuente:InfoPlatense

LA PLATA: QUERELLAS DEL JUICIO A LA CNU RECHAZAN PEDIDOS DE NULIDAD DE LA DEFENSA.

Querellas del juicio a la CNU rechazan pedidos de nulidad de la defensa 
Respondieron al intento de los defensores de Castillo y Pomares de deslegitimar los testimonios de víctimas de esa organización paraestatal que sembró el terror en La Plata antes del golpe. La sentencia se conocerá el 29 de noviembre.
Por Gabriela Calotti 
Nov 23, 2017

Las tres querellas en el juicio contra los civiles Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, juzgados por primera vez en La Plata por secuestros, torturas y asesinato de varios militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda perpetrados en esta ciudad antes y después del golpe de Estado de 1976, rechazaron el miércoles los pedidos de nulidad de los abogados defensores de esos dos conocidos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Aunque las víctimas de la CNU, organización paraestatal de ultraderecha peronista y católica, fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Se trata del secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini, y el secuestro de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.

En nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, Marta Vedio solicitó que se “rechacen las nulidades planteadas” por la defensa en relación con el reconocimiento fotográfico de los procesados y los testimonios de víctimas y familiares.

Recordó que la nulidad de los reconocimientos fotográficos de los imputados ya había sido rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. “Estos reconocimientos son medida investigativa coherente con el testimonio” de los testigos Daniel Pastorino y Walter Martini, entre otros, “efectuados antes de que Castillo y Pomares fueran indagados”, sostuvo la letrada.

“La defensa hizo una valoración fragmentada, parcial y despreciativa de todos los elementos probatorios de autoría” de los hechos que se juzgan en este primer juicio contra el accionar en la capital bonaerense de la CNU, organización que actuó al amparo del Estado, de sus fuerzas de seguridad, con el respaldo del sindicalismo más ortodoxo y de organizaciones como la Triple A.

Vedio rechazó los pedidos de nulidad de la defensa en relación con las comparecencias de los testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, presidido por el juez Germán Castelli. “Acá no hubo testigos ajenos al debate”, retrucó la abogada en dirección al único abogado defensor que asistió a la audiencia del miércoles.

“Los testigos acreditaron la materialidad” de los hechos ilícitos cometidos, sostuvo antes de subrayar que en estos delitos de lesa humanidad “quedó probada la participación de los imputados en el marco de un plan sistemático contra una parte de la población”. “Están plenamente acreditados” los homicidios perpetrados por la patota de Castillo y Pomares y el modus operandi de la CNU, afirmó Vedio.

A su turno, Pedro Griffo, abogado que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, rechazó los dichos de la defensa según los cuales Pomares tenía por entonces diez años. “En 1973, Pomares tenía diecinueve años cuando reventaba asambleas”, sostuvo, y recordó que “los testigos reconocieron a Pomares en fotos de años anteriores al 77”.

En la audiencia anterior, los defensores de Pomares, Oscar Salas y Juan Pesquera, intentaron demostrar que su defendido no era quien afirman las víctimas, y mostraron al Tribunal una foto del acusado tomada en 1977 en la Unidad 9, donde obviamente ya no tenía bigote ni pelo largo. Pomares y Castillo llegaron a la U9 luego de pasar varios meses en comisarías locales, tras ser detenidos por delitos comunes y porque ya la CNU no servía en la calle para los fines represivos del Ejército y la Policía bonaerense. En cambio, en la U9 cumplía funciones de inteligencia para el servicio penitenciario, según numerosos testigos.

“Los hechos (imputados) fueron contextualizados de forma individual y genérica. Se identificaron en tiempo y espacio”, afirmó Griffo al rechazar los planteos de la defensa en relación a los cargos por homicidio. “Los alegatos de la fiscalía y de las querellas enmarcan los hechos en crímenes de lesa humanidad. La CNU actuó bajo el amparo estatal”, sentenció el letrado.

La defensa también hizo planteos de nulidad en relación con el tiempo transcurrido para llegar a este juicio oral y público y los años de sus defendidos en prisión preventiva. A ello respondieron las abogadas Luz Santos Morón y Carolina Vilches, en nombre de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

“Si este juicio no tuvo lugar en años anteriores fue por las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y de Amnistía”, le respondió Santos Morón. Para la abogada, a lo largo del proceso iniciado en mayo pasado se presentó “un conjunto de pruebas que demuestran de forma contundente la pertenencia a la CNU de los imputados y su participación en los hechos que aquí se ventilan”.

Vilches rechazó varias de las afirmaciones del defensor de Castillo, Fernando Buján, que desestimó el delito de genocidio. La abogada volvió a reivindicar esa calificación legal para referirse a los delitos cometidos por Castillo y Pomares como jefe operativo e integrante activo de la CNU platense.

“A las cosas se las llama por su nombre, y eso es responsabilidad de los operadores de la Justicia”, sostuvo Vilches. “Solicitamos al tribunal que estos hechos sean considerados constitutivos de genocidio, que tiene sus consecuencias al día de hoy”, sostuvo la abogada.

La audiencia había comenzado con unas palabras de reconocimiento del juez Castelli a Nilda Eloy, militante por los derechos humanos, fallecida días atrás como consecuencia de una enfermedad.

El 27 de noviembre será el turno para la réplica de la defensa y la fiscalía, y dos días después se espera la sentencia del TOC Nº 1. 

Fuente:Contexto                                   

LA PLATA-JUICIO CNU: DEFENSA DE CASTILLO PIDE SU ABSOLUCIÓN.

Juicio CNU: defensa del “Indio” Castillo pide su absolución 
Fernando Buján puso en duda que la CNU actuara al amparo del Estado y que los crímenes que se le atribuyen a esa organización fueran de lesa humanidad. Deslegitimó el relato de los testigos sin hacer mención alguna a las víctimas
Por Gabriela Calotti 
Nov 7, 2017

Ante una sala prácticamente vacía, sin familiares de víctimas de la CNU en La Plata, el defensor oficial de Carlos Ernesto Castillo pidió la absolución de su representado, conocido ampliamente en la ciudad como “El Indio” Castillo y reconocido por numerosos testigos como el jefe operativo de la patota de esa organización paraestatal de ultraderecha católica y peronista. La CNU asesinó en la capital bonaerense a decenas de militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda en los años previos al golpe cívico-militar, con la anuencia del Estado.

“No existe una sola prueba que indique a mi defendido en el lugar de los hechos”, sostuvo Buján. “Pido la absolución”, agregó, aunque luego afirmó, contradictoriamente, que existe “escasa prueba sobre la intervención de los acusados”.

Buján puso en entredicho la “reconstrucción histórica” que las querellas llevaron adelante durante este juicio oral y público que arrancó en mayo pasado, cuarenta años después de los hechos atroces atribuidos a la CNU y concretamente a estos dos activos miembros de la organización.

“¿La CNU actuaba al amparo del Estado?”, “¿No serían crímenes comunes sino de lesa humanidad que no prescriben?”, se preguntó casi irónicamente el letrado antes de responderse: “No tengo herramientas para determinar si durante el gobierno democrático de Isabel Perón había un plan sistemático para secuestrar y asesinar personas”.

Dirigiéndose al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, el abogado de Castillo pidió la nulidad de todos los reconocimientos fotográficos de su defendido “por haber sido violadas las reglas probatorias” y la nulidad parcial de los alegatos en la acusación de homicidio que pesa sobre su cliente.

Castillo está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y posterior homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini. También está acusado de secuestrar y torturar a Adelaida Barón y Daniel Pastorino, sobrevivientes de la CNU y principales testigos en este proceso.

Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976.

Las decenas de testigos directos del terror que sembró la CNU en La Plata, los abogados querellantes y la Fiscalía subrayaron que era vox populi en esta ciudad la pertenencia de Castillo y Pomares a la CNU. Durante las audiencias relataron minuciosamente el modus operandi de esa banda armada de fuertes vínculos con el sindicalismo más ortodoxo y con la derecha peronista: secuestrar a sus víctimas en medio de importantes operativos, asesinarlas de numerosos impactos de bala y exponer los cuerpos a la luz del día.

Sin embargo, en su alegato a toda velocidad que duró una hora, el defensor de Castillo opinó que “los testigos dejaron de relatar hechos de forma espontánea y han sido construidos de manera colectiva”.

“Estoy totalmente convencido de que la prueba testimonial es una gran contaminación probatoria”, sostuvo Buján, adhiriendo a lo dicho por los defensores del otro acusado, Juan José Pomares, alias “Pipi”, y antes de atribuir su posición “a los vínculos de los testigos con los organismos de derechos humanos y con la Secretaría de Derechos Humanos”.

“No tengo por qué pensar que los testigos vinieron a mentir”, deslizó el abogado en una actitud de provocación que no tuvo eco en una sala prácticamente vacía. Durante su alegato puramente técnico, con un desdén sin igual, el letrado no hizo ninguna mención a las víctimas de la CNU.

Castillo y Pomares fueron detenidos tras el golpe por delitos comunes, y tras pasar varios meses en comisarías desembarcaron en la Unidad 9, donde desempeñaban tareas de inteligencia para el servicio penitenciario, según numerosos testigos.

Buján adelantó que la defensa podría apelar la sentencia que podría conocerse hacia fin de mes. Antes, el 15 de noviembre están previstas las réplicas y dúplicas. Tres de las querellas se sumaron al pedido de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que planteó la Fiscalía, mientras que una cuarta reclamó la misma pena por el delito de genocidio. 

Fuente:Contexto

LA PLATA: DEFENSA DE "PIPI" POMARES PIDE ABSOLUCIÓN EN JUICIO CONTRA CNU PLATENSE.

Defensa de “Pipi” Pomares pide su absolución en juicio contra la CNU platense 
El abogado Oscar Salas pidió la “nulidad de todos los testimonios”; descalificó los alegatos de las querellas que reclamaron prisión perpetua por delitos contra la humanidad. El letrado criticó la “contaminación política” de este proceso judicial contra el accionar de la CNU platense y despreció los juicios de lesa humanidad.
Por Gabriela Calotti 
Oct 24, 2017

El abogado defensor de Juan Jose Pomares, alias “Pipi”, conocido miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense que en los años previos al golpe cívico-militar de 1976 sembró el terror en la ciudad, donde asesinó brutalmente a militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda, pidió la “absolución lisa y llana” para su defendido.

La fiscalía y las querellas solicitaron al tribunal la condena a prisión perpetua para Pomares por delitos de lesa humanidad y por el delito de genocidio por los homicidios de Néstor Dinotto y Graciela Martini, y por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino”.

“No puede desde ningún punto de vista hacerse responsable a Pomares de semejante delito que se le imputa y en consecuencia voy a pedir la absolución lisa y llana”, sostuvo el lunes Salas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 presidido por el juez Germán Castelli.

“Nuestro defendido, lejos de ser el victimario que se ha pretendido constituir con testimonios falaces, fue víctima”, sostuvo Juan Pesquera, el otro abogado defensor que hizo una particular interpretación de la historia argentina desde 1912 y que empezó refiriéndose a la “construcción de una verdad”.

Entre otros aspectos, Pesquera dijo que “la derecha en nuestro país nunca tuvo nada que ver con el peronismo”; habló de la izquierda, de Gramsci y de Marx, y criticó a John William Cooke “por haber dejado solo a Augusto Vandor”. “Ese fue el primer atisbo de la destrucción de un ortodoxo para ocupar espacios de poder”, sostuvo en su exposición.

“Mi defendido es un buen tipo”

“Mi defendido es un buen tipo”, afirmó Salas, abogado también de policías acusados de crímenes de gatillo fácil, como en el caso del albañil Andrés Núñez, asesinado en 1990 por la Brigada de Investigaciones de La Plata. Salas se refirió a Pomares como “mi queridísimo amigo”.

Pomares y el otro acusado en este juicio, Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, ausente en la audiencia del lunes, fueron conocidos integrantes de la temible CNU, organización paraestatal de ultraderecha católica peronista que operó en La Plata en los años previos al golpe cívico-militar al amparo del gobierno bonaerense de Victorio Calabró y del sindicalismo más ortodoxo, empezando por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976.

En su exposición, Salas expresó reiteradamente su desprecio por los juicios de lesa humanidad, donde –como en este caso, según él— se produjeron “numerosas irregularidades que sólo se permiten en juicios de lesa humanidad”.

“Estos juicios son una trampa para muchos imputados”, sostuvo, antes de pedir la nulidad del reconocimiento fotográfico de Pomares y de “todos los testimonios” que se escucharon desde el inicio del juicio, el 15 de mayo pasado. En particular, Salas refutó los dichos de Pastorino y Barón, y también de Walter Martini, hermano de Graciela, quienes declararon cuarenta años después de los hechos.

“Los relatos dicen irrealidades por el transcurso del tiempo, porque estos testigos después de cuarenta años se han ido contaminando con la vida misma y han ido incorporando ideas, conocimientos, sugerencias, consejos de organizaciones de derechos humanos y compañeros de militancia y han ido confundiendo lo que vivieron realmente en aquellos episodios”, sostuvo Salas. “Hay testigos que han mentido”, sentenció.

“Pastorino parece haber aprobado los cursos de alguna escuela de testigos”, afirmó inclusive el abogado que descalificó también los testimonios de Horacio Urrera, Raquel Barretto, Luis Córdoba y Juan Carlos Arias.

“Acá vienen y dicen cualquier cosa y no prueban nada”, dijo Salas. El alegato de la defensa arrancó pasadas las 11 hs y terminó hacia las cinco de la tarde.

El mismo abogado criticó en varias ocasiones al exjuez Carlos Rozanski “por ser un juez militante de los derechos humanos”, y cargó contra el “carnaval con cotillón que se hace fuera del edificio del Tribunal” los días de audiencia.

El abogado se refirió a los problemas de salud de su defendido, sentado a sus espaldas, y al cuestionar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria reflexionó con indignación: “Estamos hablando de una vida humana”.

Justamente Castillo y Pomares llegaron al banquillo acusados del secuestro, robo, violación de domicilio y asesinato de Carlos Antonio Domínguez, entonces secretario general del gremio del Turf platense, de Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes de la Juventud Peronista, y de Leonardo Miceli, que trabajaba en una tercerizada que prestaba servicios de limpieza en Propulsora Siderúrgica y era militante de la Juventud Trabajadora Peronista. Estos hechos ocurrieron entre febrero y abril de 1976.

Junto a Dinotto y Martini fueron secuestrados Adelaida Barón y Daniel Pastorino, dos de los principales testigos de las querellas en este juicio oral y público que empezó el 15 de mayo pasado.

“Esta causa está plagada de dudas y consecuentemente voy a solicitar […] que tengan en cuenta las dudas y […] se absuelva a Pomares”, insistió Salas, que planteó, entre otras, “la duda que surge de que la CNU hubiera cometido delitos de lesa humanidad” y “de que Pomares haya pertenecido a la CNU”.

Salas calificó los alegatos de los abogados querellantes y del fiscal Juan Martín Nogueira y aseguró que en todos ellos hay “escasa prueba”. Opinó que que el alegato de Marta Vedio fue “parcializado y descontexualizado” y que el alegato de Carolina Vilches, Pía Garralda y María Luz Santos Morón fue “demasiado político”.

“A Pomares se lo confunde. Negamos de plano” todos los cargos, sostuvo Salas.

Las atrocidades

Los testigos y los abogados querellantes, además del fiscal, insistieron durante todos el proceso en que “era vox pópuli” en la ciudad de La Plata la pertenencia de Pomares y Castillo; demostraron el modus operandi de la patota de la CNU y la brutalidad de sus asesinatos, exponiendo los cadáveres a la luz del día. Madres, hermanos e hijos relataron minuciosamente operativos de la patota de la CNU en que los imputados secuestraron y asesinaron a sus seres queridos, aunque muchos de estos casos quedaron fuera de este juicio.

“La historia universal está repleta de personas que han sido condenadas, han pasado veinte o treinta años en la cárcel y después de esa vida dentro de la cárcel, han sido declaradas inocentes”, sostuvo Salas en un alegato que concluyó de forma casi antiprofesional. “Wikipedia tiene innumerables cantidad de nombres. La historia universal está llena de gente que ha sido ejecutada […] y familiares y abogados han proseguido causas aun después de muerto y han sido declarados inocentes”.

“A esta altura ya no tengo análisis de conciencia por los delitos que defiendo porque elijo lo que defiendo”, sostuvo Salas sin inmutarse y antes de exigir “valentía” al tribunal para dictar “una absolución”.

“A mí me encantaría decidir los destinos de una persona […] Les pido que no condenen a un inocente”, concluyó Salas a quien inmediatamente el presidente del Tribunal Federal le respondió que no les tenía que advertir cuál es su tarea: “Vamos a dictar un veredicto como jueces de una democracia republicana”. 

Fuente:Contexto