Por la compra de terrenos con dinero sustraído a un militante uruguayo

Un juicio sobre el botín que robó la SIDE durante la dictadura

En Mar del Plata juzgan por lavado de activos a cuatro hijos de Leonardo Miguel Save, uno de los integrantes de la banda de Aníbal Gordon.

Leonardo Miguel Save integró durante los primeros meses de la dictadura la banda de Aníbal Gordon, que secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Save murió, pero la justicia federal marplatense juzga a sus cuatro hijos –tres mujeres y un varón– por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad.

El juez federal Roberto Falcone está a cargo del proceso que se inició la semana pasada y que continuará este miércoles. En el banquillo están María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save.

Los Save escucharon el miércoles pasado la acusación de la fiscalía que encabeza Juan Pablo Curi. Para el Ministerio Público Fiscal, ellos buscaron esconder el origen espurio de unos terrenos que había adquirido su padre en Chascomús. Las maniobras irregulares habrían comenzado en 1999 y se concretaron en 2008, cuando lograron cambiar la titularidad del lugar para pasar a administrarlo.

Save compró los terrenos en octubre de 1976. Según la fiscalía, lo hizo con parte de los dólares que lograron robar de la casa en la que vivía Alberto Mechoso Méndez, uno de los dirigentes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

A Mechoso Méndez lo secuestraron el 26 de septiembre de 1976. Lo trasladaron a Automotores Orletti, la base que, por entonces, regenteaba Gordon. Allí fue torturado con ferocidad. Después, la patota llegó a su casa para robar el dinero del PVP. El operativo fue brutal. Se llevaron a la esposa de Mechoso Méndez, Beatriz Castellonese, y a sus hijitos Beatriz Elizabeth (4) y a Alberto José (6). La madre y los chicos permanecieron cautivos en la casa en la que habían secuestrado a otra militante uruguaya, Sara Méndez, y después fueron trasladados hacia el país vecino.

Mechoso Méndez fue asesinado. Sus secuestradores colocaron su cuerpo en un tambor y lo rellenaron con cal. Recién en 2012 sus restos lograron ser identificados.

Fuente:Pagina12

 

Se definen las pruebas para el juicio por el atentado a CFK

El caso entró en etapa de definiciones y el Tribunal necesita determinar las evidencias a desarrollarse en el debate por el intento de magnicidio a Cristina Fernández ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

12/02/2024

En el marco del juicio por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022 sobre la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto la fiscalía como la querella y los acusados deberán concluir cuáles son las pruebas que serán presentadas en la instancia oral que se encuentra en etapa de definiciones.

El Tribunal Oral Federal N°6 deberá aceptar o rechazar las evidencias dispuestas que, desde el lado de Fernández como principal testigo, buscarán llevar la sospecha sobre el diputado del PRO, Gerardo Milman, la cual se encuentra en instrucción.

Por otra parte, la querella de la expresidenta realizó una presentación que cuenta con 60 páginas y, en conjunto con la fiscal Gabriela Baigún, coincidieron en solicitar que se profundice y se lleve a juicio las pistas contra el grupo militante Revolución Federal e incluso pidieron citar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por las sospechas contra Milman.

Los tres acusados también pidieron pruebas para defenderse. La defensa de Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó con el arma a Fernández, hizo foco en los peritajes psiquiátricos; por parte de la defensa oficial, a cargo de Fernanda López Puleiro, buscarán saber quién analizó que era imputable.

Por su parte, Brenda Uliarte, expareja de Montiel solicitó testigos, entre ellos, los mismos acusados Carrizo y Sabag Montiel, y que declaren las secretarias de Milman en el debate. Su defensa solicitó también que la observe un psiquiatra de parte.

Asimismo, Nicolás Carrizo, el jefe de los “copitos”, acusado de ser partícipe secundario del atentado, requirió pruebas y que se lo someta a la prueba de la verdad con uno de los equipos polígrafos que adquirió el Ministerio de Seguridad.

Cabe mencionar que, en el dictamen de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo sostuvo que “la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación”.

Fuente:HoyenLaNoticia

 

La reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad en febrero del 2024

 07/02/2024

“El Tribunal Oral Federal de La Rioja dictaminó condena de prisión perpetua, con cumplimiento efectivo en prisión, para exalférez Eduardo Britos, único imputado en la causa por crímenes de lesa humanidad contra presos políticos y por el homicidio del dirigente campesino Wenceslao Pedernera, delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado. Entre los delitos por lo que se lo condena se encuenta el homicidio del dirigente campesino Wenceslao Pedernera, así como una serie de cargos contra 42 víctimas por privación ilegítima de la libertad, tormentos, allanamientos, asociación ilícita y delitos sexuales.” (Página 12, 11/12/23)

Con esta condena en la provincia de La Rioja se cerró el año judicial en materia de derechos humanos. En este caso, la víctima fue un hombre de jerarquía en la Iglesia: El obispo Enrique Angelelli fue el portavoz más reconocido por sus fieles de los reclamos económicos y de defensa de sus derechos. Su acción fue a contramano de la ejercida por las cúpulas eclesiásticas que colaboraron abiertamente, sin eufemismos, a favor de los planes desde el poder político.

No se lo perdonaron. Terminaron con su vida simulando un accidente vial, que no se lo creyó nadie, porque el obispo ya había sido reiteradamente amenazado y era la figura más destacada de la resistencia. Y lo acompañaban otros jóvenes y trabajadores/as del lugar, como el referente campesino Wenceslao Pedernera.

Se condenó al exalferez Eduardo Britos a prisión perpetua por el crimen contra este referente de la lucha en la provincia de La Rioja, así como a otras 42 víctimas de aberrantes vejámenes cometidos  en el llamado Instituto de Rehabilitación Social, que bajo esa denominación encubría el funcionamiento de un centro clandestino de detención, tortura y muerte.

Los dos colaboradores cercanos del obispo Angelelli, Carlos Murias y Gabriel Longeville fueron asesinados el 18 de julio del 76. Él fue ultimado el 4 de agosto, que fue demostrado en un juicio previo que “no hubo accidente” y fueron sentenciados los principales culpables.

En la convocatoria en las puertas de los tribunales de La Rioja, hubo no solamente familiares y trabajadores/as relacionados con el referente campesino que fue víctima, sino también estuvieron allí familiares del conscripto Agapito Ledo. El mismo era de La Rioja y por la responsabilidad de su desaparición fue enjuiciado el ex jefe del Ejército, teniente general César Milani, quien fue absuelto.

Con el comienzo en febrero del año judicial, se retoman las audiencias de los juicios de lesa humanidad. Por más que les pese a muchos/as desde todos los Poderes del Estado y sus despachos.

En este mes, continúan: Juicio Puente XII, tercer juicio en el que están juzgados delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino ubicado en el partido de La Matanza, por ex integrantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, denunciados al cabo de 24 audiencias por familiares y sobrevivientes.  También lo hará en la localidad de La Plata el juicio Orué, designado con el apellido de la víctima fatal que fue acribillada en el operativo del que fueron secuestradas su tía y sus hijos de 9 y 14 años. Allí son enjuiciados el que fuera ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, Jaime Smart (ya condenado en otras causas y en prisión domiciliaria) y Juan Humberto Keller, ex policía de Berazategui. Para ambos se pide la pena a prisión perpetua y la carátula de lesa humanidad.

También continúa en este mes la megacausa en la localidad de Bahía Blanca.

Apostamos a su continuidad no solamente desde la voluntad de las autoridades a cargo, sino desde la pelea sostenida por décadas por sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, nuevas generaciones que se han incorporado a la pelea, desde el puesto de lucha que está instalado en nuestro país y que seguirá junto a los reclamos contra el DNU y la Ley Ómnibus, aunque los vientos libertarios soplen en contra.

Porque lo que siempre sopla a favor es la voluntad y decisión inquebrantables de continuar la pelea por más Memoria, Verdad y Justicia, por la entrega de todos los archivos del año 75 hasta el 82 a sus verdaderos dueños, los familiares y organismos independientes, enfrentando todas las dificultades que nos pongan en el camino.

Fuente:LaTerceraVoz

Se retoman hoy las audiencias en juicio de lesa humanidad de la causa Orué.

 

Se retoman hoy las audiencias en juicio de lesa

humanidad de la causa Orué

Además de la pena de prisión perpetua, el auxiliar fiscal pidió que se señalice la comisaría primera de Berazategui como centro clandestino de detención.

08/02/2024

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata retoma hoy las audiencias en el juicio de lesa humanidad de la causa Orué, que se sigue por el crimen de un hombre y el secuestro de cuatro familiares suyos durante la última dictadura militar, cuando la fiscalía exponga su contestación tras el alegato de la defensa, que pidió la absolución para un exministro bonaerense y un expolicía imputados.

La absolución fue pedida a fines de diciembre por el defensor oficial Gastón Barreiro para el exministro Jaime Lamont Smart y expolicía de Berazategui, Juan Humberto Keller, al alegar en el denominado “Juicio Orué”, designado de esta forma por el nombre de la víctima, Horacio Wenceslao Orué, quien fue acribillado a balazos por policías que en 1978 ingresaron a la casa de su tía, Marcelina Juani, donde él vivía.

Tras asesinarlo, los efectivos secuestraron a Juani junto a sus dos hijos de 9 y 14 años, respectivamente.

Previamente, los represores habían secuestrado al medio hermano de Orué, Raúl Aguirre, a quien, bajo torturas, le hicieron decir dónde vivía Orué.

Además de la pena de prisión perpetua, el auxiliar fiscal pidió que se señalice la comisaría primera de Berazategui como centro clandestino de detención.

El TOF 1 oirá hoy la contestación de la Unidad Fiscal tras el planteo absolutorio de la defensa, quien además aseguró que los hechos “no son eventos de lesa humanidad”.

Una vez escuchada la contestación del auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, el TOF 1 deberá dar su veredicto, pero se desconoce si decidirá hacerlo en esa misma jornada o fijará verecito para el 15 de febrero próximo.

El 21 de diciembre último, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, al alegar, pidió la pena de prisión perpetua para los dos imputados.

“Todos delitos considerados contra el derecho de gentes, como crimen de genocidio y delito de lesa humanidad”, remarcó.

La misma pena solicitó para Juan Humberto Keller, pero como “autor material”

Fuente:HoyenLaNoticia

 

Se esperan audiencias en tres de los 14 debates que quedaron activos

La agenda de juicios de lesa humanidad tras la feria judicial

Por Ailin Bullentini

Tras un mes de parate estival, este jueves retomarán su curso los juicios de lesa humanidad dedicados a revisar responsabilidades de militares, gendarmes, policías, prefectos y civiles en los crímenes de la última dictadura cívico militar y los años previos. Se esperan audiencias en tres de los 14 debates que quedaron activos a fines de diciembre pasado. En tanto, hay tan solo dos juicios agendados para comenzar en la primera mitad de este año según la agenda de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Este primer día de febrero comenzará a desoxidarse la agenda judicial vinculada al juzgamiento de represores de la última dictadura. De a poco, a decir verdad, porque el calendario no está muy nutrido. Ese día hay pautadas dos audiencias: una en Bahía Blanca, en el marco del juicio que se sigue contra una treintena de acusados por los crímenes de la Zona V del Ejército y otra en Neuquén, en el debate contra un exjuez y un exfiscal por no haber investigado crímenes de lesa humanidad. El viernes retomará su ritmo el juicio “Villazo”, que se sigue por secuestros, torturas y homicidios de trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. La próxima semana se está llenando a cuentagotas también.

Indagatorias y testimonios

De los 14 juicios que quedaron abiertos al comienzo de la feria estival del Poder Judicial, la inmensa mayoría atraviesa etapa de alegatos o se encuentra a las puertas de esa instancia definitoria. El debate que revisa secuestros y torturas, abusos sexuales y homicidios cometidos contra más de 300 víctimas en La Escuelita y otros centros clandestinos que funcionaron dentro de la jurisdicción de la zona V del Ejército retomará ritmo este jueves a las 9 en Bahía Blanca, con la ampliación de indagatoria a los nueve acusados que aún restan hablar –son 36–. Luego de esta etapa comenzarán los alegatos.

En Neuquén, el Tribunal Oral Federal de la provincia escuchará desde las 15.30 al investigador Juan Pablo Bohoslavsky, que declarará en calidad de testigo de contexto en el juicio que comenzó a mediados de octubre pasado contra los exfuncionarios judiciales Pedro Duarte y Víctor Ortiz por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 personas cuando se desempeñaron como juez federal y fiscal federal local en tiempos de la dictadura. Habrá también testimonios el viernes.

Ese mismo día, pero en Santa Fe, se reinicia el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra casi 70 trabajadores metalúrgicos del cordón fabril aguerrido de Villa Constitución a principios de los 70. Este proceso ya había ingresado en etapa de testimonios y que había mudado las audiencias a la ciudad donde ocurrieron los hechos, retornará por unos días a la sede tribunalicia de Rosario.

Allí Fiscalía y querellas leerán la acusación contra Antonio Bossie, militar retirado que estaba imputado en la causa e intentó convalidar su estrategia de impunidad al presentar una declaración de incapacidad que lo dejara fuera de juego. El documento que consideraba que el represor no estaba en condiciones de ser juzgado le sirvió para desactivar su presencia en un debate de lesa humanidad en San Nicolás, pero las partes acusadoras en “Villazo” insistieron para que el Cuerpo Médico Forense lo analice nuevamente y, entonces, se le cayó la estrategia. Será juzgado porque está en condiciones, según explica Lorena Panzerini en esta nota. El lunes próximo regresan a Villa Constitución a seguir recibiendo testimonios.

Las próximas semanas

Las próximas semanas sumarán algunos debates más a la agenda judicial de lesa humanidad, que recién se verá completa hacia fin de mes. El martes 6 de febrero retornará a las salas de audiencia en los Tribunales de Comodoro Py el juicio contra Jorge Luis Guarrochena, con el comienzo del alegato de Fiscalía. El miércoles 7 y el jueves 8 harán lo mismo los debates sobre la apropiación de Victoria Donda, en Ciudad de Buenos Aires, y los que revisen la causa Orué, que quedó en las puertas del veredicto, y los crímenes de los centros clandestinos 1 y 60 y Comisaría 8va, en plena recepción de testimonios.

El Tribunal Oral Federal número 6 de Ciudad de Buenos Aires entró en feria cuando al defensor del genocida de la ESMA Adolfo Donda le restaba una audiencia más para culminar sus alegatos, en lo que se descuenta que abogará por la inocencia de este marino retirado que supo estar al frente de la patota operativa de ese centro clandestino al que se lo acusa, en esta ocasión, de haber participado de la apropiación de su sobrina de sangre. Victoria Donda nació en la ESMA y fue criada como hija propia por el represor Juan Antonio Azic.

El viernes, en tanto, continuará el juicio de lesa humanidad que revisa los crímenes del temible D2, en Mendoza, con la recepción de testimonios.

Para la segunda quincena de febrero se espera que reanuden audiencias los juicios por Puente 12, Superintendencia de Seguridad Federal y ESMA VIII, que tiene como único acusado al represor de ese centro clandestino Horacio Ferrari, en Comodoro Py; Jefatura en Tucumán; Brigadas, en La Plata y La Huerta, en Mar del Plata.

No hay en la agenda judicial nuevos debates con fecha inaugural en los próximos meses. Recién en mayo se avizora un nuevo juicio: el 28 de mayo, se supone, los Tribunales de San Martín darían comienzo al juicio que revisará crímenes cometidos durante el genocidio de la última dictadura en Mansión Seré y la RIBA, pospuesto a fines de 2023. 

Fuente:Pagina12

 

Se reanudan las audiencias por juicios de lesa humanidad

Serán retomadas este jueves.

29/01/2024

En la jornada del jueves que viene, la Justicia retomará las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, con testimoniales en el juicio “Escuelita VIII-funcionarios judiciales”, en Neuquén, y con las declaraciones indagatorias de los imputados en el proceso “Quinto Cuerpo del Ejército-Ayala”, que se desarrolla en Bahía Blanca.

El jueves 1° de febrero y el viernes 2, en Neuquén, continuarán las testimoniales en el juicio “Escuelita VIII-funcionarios judiciales”, en el que por primera vez se juzga la complicidad judicial con la dictadura en la provincia, ya que tiene como acusados a Pedro Laurentino Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén, y a Víctor Marcelo Ortiz, procurador fiscal federal.

El viernes, en Bahía Blanca, continuarán las ampliaciones de las indagatorias, en el marco del 8° juicio que se realiza en esta ciudad; esta vez, por la causa “Quinto Cuerpo del Ejército-Ayala”, en el que son juzgados 38 imputados.

Vale mencionar que, a pocos días de iniciado el 2024, ya se conoció el primer accionar de la Justicia en este tipo de causas, ya que se rechazó el pedido de excarcelación de José Darío Mazzaferri, el represor de 67 años condenado a 16 años por delitos de lesa humanidad. Entre los cargos, lo encontraron culpable del delito de asociación ilícita, torturas y secuestros, como coautor de los hechos ocurridos en la “Noche del Mimeógrafo”.

Fuente:HoyenlaNoticia

Tras la feria judicial, el juicio por la apropiación de Victoria Donda avanza hacia el veredicto.

 Terrorismo de Estado

Tras la feria judicial, el juicio por la apropiación de Victoria Donda avanza hacia el veredicto

El ex marino Adolfo Donda Tigel es juzgado por su responsabilidad en la apropiación y ocultación de la identidad de su sobrina. Es el tercer juicio que enfrenta el represor, quien ya fue condenado a prisión perpetua en las causas "Esma II" y "Esma Unificada" por crímenes de lesa humanidad

21 de enero de 2024 

Laura Pomilio/Télam

El juicio en el que el ex marino Adolfo Donda Tigel es juzgado por su responsabilidad en la apropiación y ocultación de la identidad de su sobrina, Victoria Donda Pérez, nacida en el centro clandestino de detención de la Esma durante el terrorismo de Estado, transita su tramo final y se espera que tras la feria judicial se reanuden las audiencias para finalizar la etapa de alegatos y conocer la fecha de veredicto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de Caba, integrado por los magistrados Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, reanudará el debate el próximo 7 de febrero a las 10, día en que el abogado defensor Guillermo Fanego continuará su alegato.

Se trata del tercer juicio que enfrenta Donda Tigel, quien ya fue condenado a prisión perpetua en las causas “Esma II” y “Esma Unificada” por ser coautor de los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores en perjuicio de alrededor de 400 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura, en su carácter de jefe de Operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2.

“Cuando Adolfo Donda recibió la sentencia a cadena perpetua por la causa Esma y vi que no estaba condenado por la desaparición de mis padres -hermano y cuñada del condenado- y por mi apropiación, sentí que había algo en el universo que no estaba en equilibrio”, contó Victoria Donda en diálogo con Télam.

Su padre, José María Laureano Donda Tigel, fue secuestrado a los 21 años al igual que su madre, María Hilda “Cori” Pérez, quien por ese entonces estaba embarazada de cinco meses de Victoria y daría a luz en cautiverio en 1977 en la maternidad clandestina que funcionaba en la Esma.

Victoria recién podría recuperar su identidad 27 años después, en octubre de 2004, gracias a la labor conjunta de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Hermanos de la Regional Capital de H.I.J.O.S.

Según el sobreviviente Lisandro Cubas, uno de los 27 testigos que brindaron testimonio en esta causa, Donda Tigel habló con su cuñada durante su cautiverio en la Esma y hasta trató de tranquilizarla diciéndole que “a la niña la iban a entregar a la familia”.

En otros testimonios, como el de la defensora del Público y sobreviviente, Miriam Lewin, quedó evidenciada la “presencia frecuente” de Donda Tigel en la Esma y su “trato cotidiano” con el prefecto Juan Antonio Azic, apropiador de Victoria condenado por delitos de lesa humanidad en 2012.

“La relación con Juan Antonio Azic evidentemente era estrecha. Le entregó la bebé a un subordinado, alguien que podía dominar, a alguien con quien había robado bienes a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto fue así porque fue un acuerdo”, sostuvo la querella de Abuelas de Plaza de Mayo durante su alegato a cargo de los abogados Emanuel Lovelli y Carolina Vilella.

Según manifestó Victoria a Télam, tanto la apertura del juicio por parte de la fiscalía como la posibilidad de estar llevando adelante actualmente este proceso oral es “la posibilidad de decirle a mi papá «quedate tranquilo hice todo lo que pude, podés descansar en paz»”.

La ex diputada expresó que el desarrollo de este juicio significa “empezar a cerrar un ciclo” y “cicatrizar una herida que no deja de estar pero deja de doler cada vez que la tocás”.

“Esa marca sigue estando ahí y probablemente me acompañe toda la vida pero el juicio para mí es eso, la posibilidad de cicatrizar una herida que todavía estaba abierta”, reflexionó Victoria.

Y en ese sentido, agregó que “la única forma de poder vivir en paz y tranquila es con amor, memoria, verdad y justicia, como nos enseñaron las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo”.

Durante sus alegatos tanto la querella como la fiscalía pidieron que se condene a Donda Tigel a 15 años de prisión, máxima pena prevista para los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años -en este caso perpetrados contra su propia sobrina- y que los mismos sean declarados crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

La fiscalía resaltó durante su alegato que el crimen cometido por el acusado es “un caso especialmente atroz” en tanto “muestra la atrocidad propia de toda apropiación de niños nacidos en cautiverio con sus madres durante el terrorismo de Estado”, pero destacó que en este caso, además, “se suma que el acusado como parte del sistema represivo cometió estos delitos contra su propia familia, lo que lo convierte en un caso único en la historia de estos juicios”.

“Entendemos que hay elementos de prueba contundentes, así que esperamos la condena y, además, que se declare, como pedimos, que fueron hechos que implicaron violencia de género contra una mujer embarazada y luego puérpera”, dijo a Télam el fiscal de la causa a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti.

Si bien la defensa negó los cargos y todo tipo de participación del acusado en la apropiación y ocultamiento de la identidad de Victoria, y hasta el propio Donda Tigel afirmó desconocer el paradero de su hermano y cuñada, la ex diputada espera que en las últimas palabras de su tío previas al veredicto, él “tenga el valor de afrontar lo que hizo”.

Durante su testimonial, Victoria expresó que sólo desea saber dos cosas.

“Quiero saber mi fecha de nacimiento, estoy segura que él (Adolfo Donda Tigel) la sabe. Y la otra es si hay alguna posibilidad que sepan en qué fosa lo tiraron a mi papá para poder, aunque sea, llevar sus huesos o cenizas a algún lugar y poder llevarle una flor alguna vez”, concluyó.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

14 juicios por delitos de lesa humanidad se reinician en febrero

Además, para la primera parte del año se espera el arranque de otros tres procesos por crímenes del Terrorismo de Estado. En 2023 comenzaron 26 juicios de los cuales 13 finalizaron con condenas para 56 imputados. Hay otras 59 causas en condiciones de celebrar debate.

17 enero, 2024

Luego de la feria judicial, 14 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura retomaran sus audiencias. Además, está previsto el inicio de otros tres procesos para la primera mitad del año.

De los 14 procesos orales que se desarrollan, cuatro se encuentran en etapa de alegatos (“Apropiación de Victoria Donda”, “Brigadas”, “Puente 12- Cuatrerismo-Tramo IV” y “Caso Orué” ) y 10 en fase de testimoniales (“La Huerta”, “Quinto Cuerpo Del Ejército – Ayala”, “Superintendencia III”, “Jefatura III”, “1y 60-Comisaría 8va.”, “Esma V-Guarrochena”, “Departamento de Informaciones D-2”, “Esma VI-Ferrari (residual)”, “Escuelita VIII-funcionarios judiciales” y “Acindar-Villazo”).

En tanto, para la primera parte del año se espera el inicio de dos procesos que iban a comenzar a fines de 2023 pero fueron postergados: el denominado “Mansión Seré VI”, que comenzará el 28 de mayo, y “Comisaría 5ta”, que aún no tiene fecha definida.

Además, el 22 de febrero en la localidad bonaerense de Pergamino comenzará el juicio por la causa “Saint Amant IV”, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario; sería el último de la megacausa que lleva el nombre del excoronel Manuel Saint Amant, quien estaba a cargo del área militar 132 y que tiene un total de 73 víctimas de distintas localidades del sur santafesino y el norte bonaerense.

El Informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundido a fines de diciembre, arrojó que son 1173 las personas condenadas por delitos de la dictadura y 184 absueltas en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006.

El relevamiento reveló que solo el 18% de las personas sometidas a proceso se encuentran detenidas, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario. Las demoras se producen en la etapa recursiva, lo que implica que menos de la mitad de las sentencias se encuentre firme. Hay 62 causas en condiciones de celebrar el debate, pero solo las tres antes mencionadas tienen fecha de inicio.

La oficina que dirige la fiscal María Ángeles Ramos informó que, del universo total de personas bajo investigación, 1485 (el 40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas. La modalidad de detención es la siguiente:

El 77% está bajo arresto domiciliario.

El 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.

Casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indica que “los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, puesto que solo 387 de las 1173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme.

 

Los 14 juicios

1- En la ciudad de La Plata, desde el 27 de octubre de 2020, se desarrolla del juicio “Brigadas” por crímenes cometidos en cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en las sedes de brigadas policiales de investigaciones de Banfield, Quilmes (ambos lugares conocidos como “pozos” en la jerga represiva), Lanús (“El infierno”) y San Justo, y en el que son juzgados 12 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores.

2- Desde el 17 de febrero de 2022, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca se desarrolla el octavo juicio que se realiza en esta ciudad, esta vez por la causa “Quinto Cuerpo Del Ejército – Ayala”, en el que son juzgados 38 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas, hechos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

3- El 25 de febrero de 2022, en Mar del Plata comenzó el juicio por la causa “La Huerta”, por delitos cometidos contra 178 personas en siete centros clandestinos de detención ubicados en Azul, Olavarría y Tandil, los penales Nº7 de Azul y Nº2 de Sierra Chica, y que cuenta con 38 acusados, entre ellos dos civiles.

4- El 7 de noviembre de 2022 comenzó el juicio al represor Adolfo Donda Tigel, por el robo y el ocultamiento de identidad de su propia sobrina, la extitular del INADI Victoria Donda Pérez, nacida y sustraída durante el cautiverio de su padre, José Laureano Donda, y de su madre, María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

5- En 2023, el 10 de febrero, se inició ante los Tribunales federales de San Martín el juicio correspondiente al tercer tramo de la causa “Superintendencia de Seguridad Federal”, el organismo de la Policía Federal Argentina que funcionó en el edificio de la Coordinación Federal, en la calle Moreno y San José del centro porteño, que también sirvió de centro clandestino de detención.

6- El 3 de abril de 2023 comenzó el juicio “Puente 12-Cuatrerismo-Tramo IV”, en el que son juzgados cuatro exmiembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y dos exoficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos cometidos en perjuicio de 185 personas.

7- En Tucumán, el 15 de mayo de 2023, comenzó el juicio por la causa “Jefatura III”, en el que están imputados 27 policías y militares que son juzgados por su responsabilidad en crímenes perpetrados entre 1975 y 1983, contra 237 víctimas que estuvieron privadas de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera.

8- El 18 de mayo de 2023, ante los tribunales federales de La Plata, comenzó el juicio que acumula las causas “1 y 60” y “Comisaría 8va”, en el que son juzgados 16 ex militares y policías y dos civiles por los delitos contra 291 personas en esos dos centros clandestinos de detención.

9- El 28 de junio de 2023, se inició el proceso “Esma V-Guarrochena”, que juzga al exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval Jorge Luis Guarrochena por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

10- En Mendoza, el 4 de agosto de 2023 comenzó el juicio “Departamento de Informaciones D-2”, que juzga a 28 exmiembros de la policía provincial que integraron el D2 por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981, de las cuales 71 fueron asesinadas o desaparecidas.

11- En la ciudad de Buenos Aires, el 2 de octubre inició el juicio al contraalmirante retirado Horacio Luis “Pantera” Ferrari, en el marco de la causa “Esma IV-Ferrari (residual)”, quien está siendo juzgado como partícipe necesario de los delitos de imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte y privación ilegal de la libertad seguida de muerte que tuvieron como víctimas a 240 personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención de la ESMA.

12- El 20 de octubre del año pasado comenzó en Neuquén el juicio “Escuelita VIII-funcionarios judiciales”, en el que por primera vez se juzga la complicidad judicial con la dictadura en la provincia, ya que tiene como acusados a Pedro Laurentino Duarte, quien se desempeñó como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén, y a Víctor Marcelo Ortiz, procurador fiscal federal.

13- El 9 de noviembre, en la ciudad de La Plata, comenzaba el juicio del “Caso Orué”, por el homicidio de Horacio Wenceslao Orué, la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos de Marcelina Juani, Marcelo Adolfo Juani, Ariel Bernardo Juani y Raúl Ernesto Aguirre, y el robo de las pertenencias de la familia Juani, hechos ocurridos a fines de abril de 1978 y por los que son juzgados los expolicías de la comisaría de Berazategui Héctor Omar Amado y Juan Humberto Keller, y el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart.

14- Finalmente, el 13 de noviembre, en la ciudad santafesina de Villa Constitución comenzó el juicio por la causa “Acindar-Villazo”, que investiga crímenes cometidos contra trabajadores de la empresa Acindar y ciudadanos de Villa Constitución que se movilizaron en 1975, y que tiene 22 imputados, entre ellos dos civiles que eran jefes de personal de la empresa metalúrgica.

Más datos

Se registran 36 prófugos en causas en trámite en diferentes jurisdicciones. El detalle de su situación es la siguiente:

10 fueron ubicados en el exterior pero los países donde se encuentran han denegado su extradición.

5 fueron localizados pero aún no fueron extraditados.

1 se encuentra en proceso de extradición.

Sobre los restantes 20, se desconoce su paradero.

Durante 2023, tribunales de todo el país dictaron sentencia respecto de 72 personas acusadas, 56 de los/as cuales fueron condenados/as. Es un número superior al del año pasado, cuando se habían registrado 65 personas sentenciadas, aunque en 2022 los/as condenados/as fueron 58.

A lo largo del año que culmina se iniciaron 26 juicios orales, de los cuales 13 continúan en curso. En tanto, 62 causas tienen dictada la elevación a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate, confirmó la “ProcuLesa”.

Fuente:CanalAbierto

 

En 2023 hubo 24 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad

Se dictaron condenas para represores, ex policías, miembros del ejército y ex ministros. Argentina sigue juzgando a los responsables de la represión ilegal.

01 DE ENERO DE 2024

Durante 2023 hubo 24 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, entre los que se destacaron condenas por complicidades judicial y empresarial, como el caso del ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, en San Juan, y del ex dueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levín, en Salta.

 

El 16 de marzo la jueza federal María Eugenia Capuchetti condenó a 15 años de prisión al represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, en una causa que se llevó adelante en los tribunales del barrio porteño de Retiro bajo el viejo código procesal.

 

El 30 de marzo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca impuso penas de entre ocho años y seis meses a once años de prisión a tres ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de cinco personas que estuvieron secuestradas a principios de 1976 en las comisarías de Sierra Grande y primera de Viedma, y en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro.

 

El 11 de abril el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo de Ejército Ernesto Guillermo "Nabo" Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, a la pena de 24 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante agosto de 1979 en el centro de detención clandestino "casa de Guiñazú", en el marco del juicio conocido como "caso Palazzesi".

 

Di Tullio aseguró que Milei dio "un mensaje extorsivo" hacia el Congreso

 

El 14 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a siete años de prisión al agente civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Julio Adelaido Ramos, señalado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados contra perseguidos políticos, en concurso real, en perjuicio de Luis Felipe Solé.

 

El 4 de mayo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a seis ex policías y a un ex ministro bonaerense por seis crímenes y reparó lo sufrido por los tres hijos de una víctima, al emitir una declaración de verdad y sentenciar a cinco años de cárcel a una ex secretaria judicial por alojarlos en una institución donde sufrieron golpizas y abusos sexuales, en un juicio conocido como Hogar de Belén.

 

El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Mendoza condenó el 2 de junio a prisión perpetua seis de los 18 imputados en el juicio oral y público de la causa denominada "Destacamento 144" y aplicó penas que van desde los 7 hasta los 14 años para el resto de los acusados.

 

El 7 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a diez años de prisión al ex oficial de la Policía Federal Roberto Álvarez, en el juicio "Contraofensiva III", tercer debate que abordó hechos producidos en el marco del plan desplegado por la inteligencia castrense para la captura y desaparición de miembros de la organización Montoneros que se encontraban en el exilio y que, entre 1979 y 1980.

 

El 7 de julio, en San Juan, la justicia condenó a prisión perpetua los integrantes del temible grupo de tareas del RIM 22, compuesto por Jorge Antonio Olivera, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Coronel, además del ex policía Miguel Ángel Mejías. A ellos se les sumó el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.

 

Además, otros nueve tuvieron castigos que van desde los 4 a los 12 años de prisión y siete involucrados fueron absueltos.

 

El Tribunal Oral Criminal Federal 2 de Mendoza condenó el 24 de julo al ex teniente del Ejército Mario Guillermo Ocampo a cadena perpetua por crímenes cometidos en la localidad de San Rafael, en perjuicio de 12 víctimas, perpetrados entre marzo y noviembre de 1976.

 

El 26 de julio, en una revisión de condenas pedida por la Cámara de Casación, la justicia neuquina reconoció en la nueva sentencia la violación padecida por uno de los cautivos en el centro clandestino conocido como "La Escuelita" en Neuquén y por ello Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín fueron responzabilizados por delitos sexuales, al tiempo que revirtieron absoluciones por las torturas.

 

Surgen serias dudas sobre la factura del viaje de Milei a Mar del Plata

 

El 16 de agosto el teniente coronel (re) Alberto José Jaime fue condenado a la pena de prisión perpetua tras ser hallado culpable del homicidio doblemente agravado de la militante Yolanda Rosa Ponti, ocurrido el 1 de diciembre de 1976 en pleno centro de Santa Fe, según el fallo dado a conocer por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial.

 

El 28 de agosto, en el marco del juicio "Guerrieri VI", el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a 16 ex militares, ex policías y civiles por crímenes contra 116 personas, de las que más de la mitrad fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

 

El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata condenó el 30 de agosto a prisión perpetua al ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, y a los dos ex policías bonaerenses, Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso, por el homicidio del militante de la organización Montoneros Horacio Alejando Benavides, a plena luz del día frente a la Municipalidad de la capital provincial el 30 de septiembre de 1976.

El 4 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Salta sentenció a la pena de ocho años de prisión al ex jefe policial Joaquín Guil, por abuso sexual en perjuicio de la hermana de un militante de la Juventud Peronista asesinado en 1975 por la policía provincial.

 

El 6 de octubre el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al ex oficial de Logística del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, Alejandro Federico Sálice, y al ex jefe del Servicio de Finanzas y ex jefe del Servicio de Administración de esa misma unidad militar, Roberto Horacio Sifón, en el juicio de la denominado "Sheraton IV", donde se abordaron delitos de lesa humanidad perpetrados contra 28 víctimas.

 

El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó el 9 de octubre a prisión perpetua al ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti por haber sido partícipe necesario del homicidio del ex diputado peronista Diego Muniz Barreto y del intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández.

 

El 25 de octubre en Santa Fe tres ex policías fueron condenados a penas de 7 a 9 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de seis militantes comunistas, y en el caso de dos de ellos por el abuso deshonesto de una de las víctimas, en una causa que ventiló hechos ocurridos en la ciudad de Santa Fe en mayo de 1977 es conocida como "Causa Requena".

 

Bombardeos en Gaza: Israel asesinó a un ex ministro palestino

 

El 27 de octubre la justicia chubutense condenó a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, a los ex policías federales Jorge Norberto Lagunas y Luis Horacio Coria, al considerarlos "coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencia y amenazas, en concurso real con aplicación de tormentos por un funcionario a los presos; agravado por ser las víctimas, presos políticos", ocurridos en 1975 contra nueve militantes políticos.

 

El 2 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de Salta sentenció al ex dueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levín, a la pena de 18 años de prisión, por considerarlo responsable del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura militar, mientras que Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, y el ex jefe de personal de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, fueron condenados a 16 años de prisión.

 

El 2 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, a la pena de prisión perpetua por el homicidio del abogado de presos políticos Mario Hernández dos meses después del golpe de Estado, sumando así 13 sentencias a condena perpetua.

 

El 6 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a penas de entre cuatro y 25 años de prisión a siete militares que formaron parte de los grupos de planificación y ejecución del plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura bajo la órbita de la VII Brigada de Infantería.

 

El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó el 6 de diciembre a 25 años de prisión al ex agente de la Policía Federal Argentina Carlos Alberto Infantino y a los ex gendarmes Miguel Pablo Lugo, Sergio Raúl Nazario y Hugo Luis Medina en el marco del quinto tramo de la causa por el funcionamiento del circuito represivo de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo (ABO) y dispuso la absolución e inmediata libertad del ex gendarme Miguel Víctor Pepe.

 

Aumentos: cómo quedan las tarifas de transporte en el AMBA

 

El 11 de diciembre el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al ex gendarme Eduardo Britos por crímenes contra más de 40 personas y fue encontrado culpable por tormentos, secuestros, allanamientos ilegales, delitos sexuales y el homicidio del actual beato Wenceslao Pedernera, dirigente rural y colaborador del obispo Enrique Angelelli.

 

El Tribunal Oral Federal 3 de San Martín condenó el 28 de diciembre a los ex policías bonaerenses Hermes Acuña, a prisión perpetua, y Samuel Bunge Diamante, a tres años de prisión en suspenso, en el veredicto del juicio conocido como "Masacre del Río Luján" que investigó el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros en abril de 1975.

Fuente:InfonewsCooperativa