MARCHAS EN 30 CIUDADES: Contra la minería.

MARCHAS EN 30 CIUDADES

Contra la minería

Por Darío Aranda

“Por el agua y la vida, contra la megaminería”, fue una de las consignas en más de treinta ciudades de una decena de países en las que se movilizaron para denunciar la contaminación de la actividad extractiva y rechazar la presencia de las corporaciones mineras. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) existen al menos 192 conflictos que involucran a 286 comunidades latinoamericanas. En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y construcción, y al menos 121 proyectos en exploración avanzada. Hubo actividades en la ciudad de Buenos Aires, Esquel, Trelew, Andalgalá y Mendoza, entre otros.

Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el “Día mundial contra la minería”. Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajarmarca (Perú), donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en la nacientes de los ríos de la región.

En Chile hubo campaña de concientización en Vallenar y Alto del Carmen sobre el proyecto binacional de oro Pascua Lama, en manos de la empresa Barrick Gold, actualmente frenado por una causa judicial de pueblos indígenas. En Montevideo hubo una concentración en la Plaza Independencia y marcha hasta la empresa Zamin Ferrous, por el proyecto minero Aratirí. En Brasil se movilizó la Red Internacional de los Afectados por la minera Vale. También hubo marchas en España, Canadá y Francia, pero el grueso fue de América latina.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal), existe en América latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26, Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Panamá y Guatemala (6), Nicaragua y República Dominicana (4). Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.

“En 2010 el Ocmal contabilizaba 120 conflictos. Hoy son 192. Se debe a la expansión del modelo extractivo-exportador”, señaló la investigadora Maristella Svampa, y afirmó que los “megaproyectos extractivos” reconfiguran territorios desde el punto de vista económico, social y “ponen en jaque el alcance mismo de la democracia, pues son proyectos que se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias”.

En Andalgalá (Catamarca), hubo un recital de Raly Barrionuevo y un banderazo en la plaza principal, impulsado por la Asamblea El Algarrobo, que denuncia a la Minera Alumbrera y rechaza la instalación de un nuevo proyecto (Agua Rica). En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso nacional.
En Mendoza se concentraron frente a la Legislatura y cantaron artistas populares. En Trelew realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad. En Esquel, que este año cumplió diez años del histórico “no a la mina”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los diez años de lucha.

La Secretaría de Minería de la Nación señaló, en su informe “La minería en números”, que en 2003 había 40 proyectos mineros en estudio en Argentina. En 2009 ya eran 336 y en 2012 llegaron a 600: un incremento del 1500 por ciento en nueve años.

La Red Asistencia Jurídica (Redaj) contabilizó catorce proyectos en explotación y construcción y 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las reservas pero aún no se resuelve la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete), Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

En la última década, y siempre por impulso de organizaciones sociales y vecinales, siete provincias argentinas limitaron algún aspecto de la megaminería: Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut.
Fuente:Pagina12

LA RIOJA: "El retiro de Osisko es un triunfo del pueblo de Famatina".

MEGAMINERÍA
"El retiro de Osisko es un triunfo del pueblo de Famatina"
Marcela Crave, de la asamblea de Chilecito, advirtió que hay otros proyectos de explotación minera contaminante en el oeste de La Rioja. Tratan de dividir a la población, asegura.
Martes 02 de Julio de 2013

DOS AÑOS DE LUCHA. El gobierno de Luis Beder Herrera rescindió el contrato que había firmado en 2011. FOTO DE @NOSOYEMILIA

LA RIOJA.- Desde que recibieron la noticia de que la provincia rescindió el contrato con la empresa minera Osisko para la explotación minera en Famatina, la alegría inunda a los pobladores y ambientalistas que, desde 2011, cortan rutas, realizan asambleas y resisten la instalación de una planta minera en ese cerro del oeste de La Rioja.

"No lo podíamos creer. Como estamos en época de elecciones, y el gobernador (Luis Beder Herrera) está en grave riesgo de perder, pensamos que era un rumor salido del mismo gobierno", contó Marcela Crave, dirigente de la asamblea de Chilecito, que trabaja junto a la de Famatina contra la minería a cielo abierto, a LA GACETA.com.

Crave insistió en que el retiro de la empresa canadiense es un triunfo del pueblo de Famatina y de sus vecinos, que lucharon contra la instalación de la mina. "Sabemos que el gobierno retrocedió no porque esté convencido (de la contaminación que produce la minería a cielo abierto) sino porque se encontró con la resistencia de los vecinos", dijo la dirigente, en referencia a la fuerte presión social, marchas, asambleas y la campaña nacional que se realizaron para oponerse a la mina.

Además, acusó al gobierno de Beder Herrera de querer instalar lo que llama "contaminación social". "Manda punteros a los que les entrega muchísima plata para que reparta entre la gente y la convenza para que estén a favor de la minería, y así dividir al pueblo", advirtió.

También, pese a la alegría y los festejos, no hay que olvidar que hay otros proyectos mineros en marcha, insistió Crave: "No se habla, por ejemplo, del proyecto de Laguna Brava o El Cantadero, para la explotación de uranio". 
Fuente:LaGaceta

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PATAGONIA.

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PATAGONIA

Derechos vulnerados en el Sur

Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.

Por Darío Aranda

La megaminería es una de las actividades más cuestionadas en el ámbito de la Patagonia.

Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.

“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.

“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.

“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.

De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.

De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.

En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.

El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.

El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).

“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.


Críticas a una reforma

Por Darío Aranda

La reforma del Código Civil se debate desde el año pasado en el Congreso Nacional e incluye artículos referidos a los pueblos originarios. Es cuestionado por numerosas organizaciones indígenas. El Informe 2013 del Odhpi lo analiza en clave jurídica y concluye: “El proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”.

El informe hace una decena de observaciones, entre ellas puntualiza que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en convenios internacionales) y asegura que el proyecto de Código Civil contradice a la Constitución nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.

“El proyecto de Código Civil no sólo es ilegal por ser inconstitucional, sino que es ilegítima porque el mundo indígena fue contundente en las 18 audiencias públicas que se hicieron en 2012. Si el Gobierno no toma nota de las críticas, las consecuencias para los territorios indígenas van a ser lamentables”, aseguró la secretaria ejecutiva del Odhpi, Micaela Gomiz.
Fuente:Pagina12

DECENAS DE HERIDOS POR REPRESION EN RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT.

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE LA ARGENTINA

27 noviembre 2012

REENVIAMOS URGENTE

DECENAS DE HERIDOS POR REPRESION  EN RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT

Urgente, Rawson, Provincia de Chubut, martes 27 de noviembre, 5 de la tarde. Decenas de asambleístas no a la mina fueron gravemente heridos por unos quinientos patoteros de la UOCRA, contratados por funcionarios del gobernador Martín Buzzi.

      El gobierno provincial intenta por todos los medios habilitar la mega minería prohibida por la ley 5001 mediante un marco regulatorio, con el que venía amenazando una eventual reforma.

         Militantes de las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como habitualmente hacen, pero fueron violentamente reprimidos por obreros de la UOCRA (sindicato de la construcción), ocupados en la construcción de una “doble trocha” que comunica Trelew con Puerto Madryn. El contingente prominero, contratado en la ocasión,  se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.

      Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del Chubut semejante represión.

"CARNICERIA EN LA LEGISLATURA DE CHUBUT":

           Este es el término que utilizaron aquellos vecinos que se encontraban presentes en los acontecimientos. A las 16,30 horas de hoy martes 27/11 mientras un grupo de jóvenes, mujeres y adultos se dirigian a presenciar la sesión de los diutados fueron EMBOSCADOS por unas 300 personas con PALOS y CADENAS quienes golpearon a mujeres y niños, encontrándose hospitalizados al menos tres de ellos. Los agresores utilizaron esa ZONA LIBERADA por la policía y se identificaban como sectores por el SI A LA MINERIA. Varios de ellos eran de gremios que hace pocos días se reunieron en Buenos Aires con el Diputado Nacional Carlos Eliceche, quien les pidió su apoyo para lograr la aprobación del Marco Regulatorio Minero.

Mientras los agresores se abalanzaban sobre los vecinos que hace ya mas de tres meses asisten a la cámara de diputados todos los días martes y jueves, muchos legisladores provicniales miraban la escena desde las ventanas del recinto mientras la policía jamas apareció. Cuando los vecinos se dirigieron a la comisaría local, la policía misma reconoción que se trató de una ZONA LIBERADA.  Un niño de 15 años, una jóven y una mujer mayor se encontraban hospitalizados por heridas con objetos contundentes.

            Hacemos responsable al DIPUTADO NACIONAL CARLOS ELICECHE Y AL GOBERNADOR BUZZI, y a todos los funcionarios que liberon la zona, por lo sucedido y lo que pueda suceder de aquí en mas.

            Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.  

UAP, Unión de Asambleas Patagónicas.

Teléfonos de Contactos                                         

Unión de Asambleas Chubut

Lucas: (54) 0280 154685537

Javier:  (54) 011 1567485340

Pablo:  (54) 0280 154630754

Urgente, Rawson, Provincia del Chubut,  Argentina, Martedì 27 novembre 17:00. 

Decine di feriti dalla repressione a Rawson, Provincia di Chubut , Argentina

Envío:Guido Dione

DOCUMENTOS DE GENDARMERIA DE SALTA MENCIONAN CAMIONETAS Y UN AUTO DE LEDESMA EN UN CENTRO CLANDESTINO DE ORAN DURANTE LA ULTIMA DICTADURA.

DOCUMENTOS DE GENDARMERIA DE SALTA MENCIONAN CAMIONETAS Y UN AUTO DE LEDESMA EN UN CENTRO CLANDESTINO DE ORAN DURANTE LA ULTIMA DICTADURA
Nuevas pruebas y pedido de detención para Blaquier

El fiscal Pablo Pelazzo solicitó la detención del dueño de Ledesma, Pedro Blaquier, pedido que ahora debe responder el juez. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán indican que vehículos de Ledesma entraron y salieron de allí el 24 y 25 de marzo de 1976.

Por Alejandra Dandan

El empresario Pedro Blaquier fue indagado esta semana en una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en Jujuy.Imagen: Rafael Yohai

El primer dato es conocido. En el Ingenio Ledesma hay una delegación de Gendarmería adonde llegaron y desde donde salieron los secuestrados de 1976. Los testigos y sobrevivientes aseguran que al menos una parte de los traslados se hicieron en vehículos de la empresa de Pedro Blaquier. La empresa sostuvo en un comunicado difundido la semana pasada, en letras mayúsculas, que “no prestó ninguna camioneta para operaciones militares”. 

Pero hay nuevos indicios que contradicen esta afirmación. Varios libros foliados y preservados como prueba por el Tribunal Oral Federal de Salta en otra causa muestran el tránsito de dos camiones con los “números 59 y 69” y de un auto de Ledesma en un centro clandestino de Orán. Los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán –a algunas de cuyas hojas tuvo acceso Página/12– indican que los vehículos entraron y salieron el 24 y 25 de marzo de 1976 entre los infinitos desplazamientos que esos días hicieron unimogs, jeeps, camiones y patrulleros del Ejército en una zona que consideraba “endiablada” por el desarrollo de las organizaciones políticas y la frontera con Bolivia. La región dependía de la subárea 322–2 del Regimiento de Monte 28 del Ejército. Los datos no dicen qué hacían los vehículos en el Escuadrón, pero las anotaciones y el modo de listarlas pueden ser leídas como nuevos indicios de la colaboración entre el zar azucarero y los ejecutores del golpe. Con la nueva prueba, el fiscal Pablo Pelazzo pidió la detención de Blaquier.

Los datos están en el Registro de Novedades de la Guardia de Prevención, del Escuadrón 20 de Orán, del norte de Salta, del que dependía la seccional Gendarmería del Ingenio Ledesma. Tres de los libros están archivados bajo llave en el tribunal de Salta. El fin de semana pasado, el abogado querellante David Leiva se encontró con esos datos. Se había sentado a mirar los papeles “con una lupa” porque buscaba información sobre un desaparecido y sobre la articulación entre Gendarmería y el Ejército. En el camino se encontró con este material, que el viernes entró como “nueva prueba” en el Juzgado Federal de Jujuy. La Unidad de Coordinación de las Causas de Lesa Humanidad de la Procuración, a cargo de Jorge Auat, y el fiscal de la causa presentaron copias certificadas de los libros.

“Para mí la lectura es clarísima –dice David Leiva–. La presencia de los vehículos del Ingenio Ledesma conducidos por civiles en el Escuadrón 20 de Orán, trasladando personal de la Gendarmería hacia la frontera de Aguas Blancas, a Urundel y hacia la Colonia Santa Rosa, revela acabadamente cómo esta empresa colaboró con la dictadura terrorista justo el 24 de marzo de 1976. El pueblo conoce de esta colaboración y lo manifiesta en cada marcha del Apagón. Sólo falta que la Justicia lo escriba a través de sus resoluciones y sentencias.”
El Registro no dice exactamente qué fueron a hacer los vehículos de Ledesma: ésa es la información que debe evaluar la Justicia. Sí habla del contexto: las planillas en las que aquellos movimientos se hicieron, se elaboraron durante los operativos del día del golpe.

Los datos
Según las hojas 192 y 193 del Libro de Novedades, el 24 de marzo de 1976 fue un día complicado. En el Escuadrón 20 de Orán empezó con un grupo de “detenidos incomunicados”, entre los que se lee el nombre de René Ruzo, ahora desaparecido. También recibieron “cinco sobres cerrados y lacrados que dicen contener claves de los distintos servicios de la Unidad”, en alusión a lo que podrían ser directivas operativas del día del golpe. Firmaron las novedades los “Jefes de guardia” Ceferino Gutiérrez y Lázaro Rolón y otros dos subalféreces.

Los movimientos de vehículos aparecen a las “7.05”: “Sale al Hospital base el cabo Ferreyra a realizar el relevo”, dice el Registro. A las “7.25”, ingresa el “Jeep 1404” y a las “7.55” sale a la “localidad (de San Ramón de la Nueva Orán) conducido” por dos cabos identificaron por los nombres. A las “9.15” aparece la primera referencia a Ledesma.

Los datos están registrados igual que los otros vehículos, número de identificación del móvil, nombre de los choferes y destino del traslado.
- A las “9.15” entraron dos “camionetas pertenecientes al Ingenio Ledesma, Nros. 59 y 69”.
- A las “11.00” salieron “conducidas por los señores Bernabé Flores y Ramón Basena con destino a Aguas Blancas y Urundel, respectivamente”.
En las fojas 198 y 199, vuelven a mencionarlos entre otras entradas y salidas de Unimogs, patrulleros y Jeeps desplazados para “cubrir objetivos”, por ejemplo. O “en comisión reservada”:
- A las “23.30” del 24 de marzo “regresa la camioneta Ingenio Ledesma N0 69 conducida por Ramón Basena desde la Sección Agua Blanca”, acompañado con un gendarme, “el alférez Faciad”.
- Quince minutos después, a las 23.45, “sale el Alférez Juárez a la Colonia Santa Rosa en vehículo particular de la Empresa Ingenio Ledesma”.
Los datos vuelven a aparecer en abril, siempre de acuerdo con esta primera mirada de los libros:
- El día 13 de abril el Libro dice que el Ingenio Ledesma remitió “500 litros de nafta y 1000 litros de gasoil”.

Los destinos
¿Qué hacen los camiones de Ledesma ahí? ¿Por qué están anotados? ¿Qué era Aguas Blancas? ¿Por qué viajaron a Urundel?

- Aguas Blancas: es el último pueblo del territorio argentino en el borde de la frontera con Bolivia, sobre el río Bermejo. Para David Leiva, era un lugar clave el día del golpe porque, para muchos, el paso era una vía de escape. La camioneta se fue con un chofer y volvió de Aguas Blancas con un gendarme de compañía. En Aguas Blancas había una seccional de Gendarmería.

- Urundel: está ubicado en el sur de Orán, en la frontera jujeña. Ahí había una finca que, según las querellas, vendía cañas al Ingenio Ledesma. Uno dato llamativo es el recorrido que ese día hizo el camión 59: Urundel está entre Ledesma y San Ramón de la Nueva Orán, si el camión iba de Ledesma a Urundel, el Registro demuestra que hizo un trayecto de más para llegar hasta el Escuadrón y luego regresar a la zona. En el lugar había integrantes del gremio azucarero. Aunque no hay registros de desaparecidos o de secuestros, fue uno de los gremios más castigados en Orán.

- La colonia Santa Rosa: es el destino que asumió el “auto particular” de la empresa. Para 1976, era un territorio de las organizaciones políticas; había fincas agrícolas y hubo desaparecidos emblemáticos como Raúl Osores, la persona por la que Leiva llegó al Libro de Registros. Osores era de la Federación Unica de Trabajadores Rurales y Estibadores y dirigente de la JUP. Estuvo preso en el gobierno de Onganía, explica Elena Corvalán, periodista e investigadora, directora de Radio Nacional de Salta y editora del Nuevo Diario. El 24 de marzo de 1976, Osores discutió con su mujer, convencido de que iban a ir a buscarlos. El se fue; a ella la secuestraron ese día. Dicen que él vivía en el monte y a la noche bajaba para comer algo y cambiarse a la casa de un compañero. Los gendarmes lo secuestraron en abril de 1976. Estuvo desaparecido en el Escuadrón 20. Los registros indican que figuró una semana en el parte de novedades; lo trasladaron en ambulancia; pasó por el penal de Salta y luego desapareció.

La zona maldita
El Escuadrón 20 está señalizado como centro clandestino de detención. Su jurisdicción llegaba hasta el departamento de Ledesma en Jujuy y hasta Salvador Maza, en la frontera con Bolivia. Estaba bajo las órdenes del Regimiento de Monte 28 con base en Tartagal, a cargo del ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, juzgado en estos días en Salta. Todavía se investiga si la subárea dependió, además, de Domingo Bussi en Tucumán.

La zona tenía dos áreas muy movilizados políticamente: Orán, donde están las tres localidades hacia las que fueron los vehículos de Ledesma según los registros; y el Departamento de San Martín, donde están Tartagal y Mosconi. Para los militares, era una “zona maldita”, dice Corvalán, porque allí se había consolidado la primera guerrilla de Jorge Ricardo Masetti. Allí hubo muchos militantes desaparecidos. Muchos fueron dinamitados, entre ellos varias víctimas del juicio en Salta. En los traslados se usaron camiones de YPF, que estaba intervenida. Ríos Ereñú admitió que requirió una camioneta para un traslado. En los registros, se indica además que transportaron explosivos.
La aparición de estos documentos complicó a Blaquier, a quien la fiscalía pidió detener. La solicitud, realizada no sólo por esta información sino por las pruebas acumuladas en el expediente, debe evaluarla ahora el juez Fernando Poviña.


La voz de los fiscales

Para Jorge Auat, los registros pierden el valor potencial que pueden tener si son desmarcados del contexto. En ese sentido, piensa en términos de prueba penal: sostiene que, como toda prueba, es un indicio que cobra potencia cuando es leído en el contexto, que es el que finalmente otorga sentido a cada elemento, entre otros también a éste. Lisandro Pellegrini, de esa misma unidad, aclara un punto importante. Los camiones no forman la única prueba que complica a Ledesma en la causa. “Independientemente de la información que está surgiendo sobre los vehículos de Ledesma y su relación con las fuerzas represivas de la época –dice–, no puede perderse de vista que la prueba que actualmente sustenta la acusación contra los imputados excede considerablemente esas circunstancias.”

Fuente:Pagina12

Blaquier: el guardián del horror 
Año 5. Edición número 221. Domingo 12 de agosto de 2012 
Por Ricardo Ragendorfer 
rragendorfer@miradasalsur.com

EL rey sol. Tras jugar a las escondidas, el destino de Carlos Pedro Blaquier se escribe en un expediente judicial. (TELAM).
En la ciudad jujeña de Ledesma, la dictadura aún no terminó. El vecino más ilustre del lugar, tras eludir hasta donde pudo su situación judicial, está ahora al borde del procesamiento por su colaboración con los militares. 

El 8 de agosto aún no terminaba de clarear y el anciano ya estaba en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, sobre la céntrica calle Libertad. Había llegado con anticipación para eludir la jauría movileros. Su estampa guardaba cierta semejanza con la del simpático Mister Magoo. No era otro que el empresario Carlos Pedro Blaquier. Le escoltaban tres abogados, dos hijos, un médico y el jefe de prensa del Ingenio Ledesma. Es que el Zar del Azúcar estaba a punto de ser indagado –a través de una videoconferencia enlazada con el despacho del juez federal Fernando Poviña, en Jujuy– por algunas situaciones ocurridas durante la última dictadura. Los cargos en su contra: violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte a 35 víctimas de la llamada Noche del Apagón, además de otros seis homicidios. Blaquier lucía indiferente. A las nueve, se abrió la conexión con San Salvador de Jujuy. 

En ese mismo instante, a 106 kilómetros de esa capital, manos anónimas hacían desaparecer el enorme cartel con el que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó las instalaciones del polo industrial que Blaquier preside en la pequeña ciudad de Libertador General San Martín, más conocida como Ledesma. La empresa había amenazado con iniciar acciones legales contra quienes el 11 de julio lo habían colocado para marcar las instalaciones donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Al día siguiente, la hija de Hugo Condori –el único dirigente gremial de la empresa que sobrevivió a la matanza– fue amenazada en Ledesma por un motociclista encapuchado que la increpó con un mensaje: “Decile a tu viejo que deje de joder al señor Blaquier, porque lo vamos hacer pelota”. Tres semanas antes, el nieto del testigo, de 16 años, había sufrido un intento de secuestro al salir del colegio. 

Pero las fuerzas oscuras del lugar no sólo actúan para saldar cuestiones del pasado. Hace un mes y medio, una patota integrada por policías provinciales y matones del Ingenio Ledesma que actuaba por orden de don Carlos procedía a desalojar a 700 familias de unas tierras pertenecientes a la empresa en las afueras de la ciudad. El saldo: 30 heridos y cuatro muertos. Ello sucedió en vísperas del trigésimo quinto aniversario de la Noche del Apagón. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 fue cortado el suministro eléctrico en la ciudad, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa procedían al allanamiento y el saqueo de todas las viviendas. En vehículos de la empresa, 500 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron llevados a los galpones del ingenio azucarero, donde permanecieron atados y encapuchados por tres meses, en medio de interrogatorios y torturas. Sólo algunos recuperaron la libertad; el resto terminó en cuarteles y cárceles. Unos 30 están desaparecidos; entre ellos, el ex intendente del pueblo, Luis Aredez, y el sindicalista Avelino Bazán. Sobre ello, Blaquier era ahora indagado. 

El Estado soy yo. Lo cierto es que don Carlos es un hombre múltiple. En algunas librerías de saldos todavía se pueden encontrar al menos tres obras ensayísticas suyas; a saber: Pensamientos para pensar, El milagro griego y Los amores de Luis XIV. El sugestivo título del primero lo dice todo. En el segundo, el autor vuelca su lúcida mirada acerca del mundo helénico, destacando que esa civilización se erigió en “la conveniencia de limitar la cantidad de ciudadanos”, y sostiene tal tesitura con un dato de suma utilidad para las sociedades contemporáneas: “En la antigua Grecia, los esclavos del Estado cumplían funciones de vigilancia y de policía”. El libro sobre el penúltimo monarca francés es, sin duda, su texto más íntimo. En parte, porque hace eje en la relación con su favorita, Françoise d'Aubigné, más conocida como Madame de Maintenon –con quien se unió en matrimonio morganático sin haberse separado de la reina María Teresa de Austria–, en una clara alusión al vínculo simultáneo que él mismo mantiene con sus esposas Nelly Arrieta y Cristina Khallouf. Lo cierto es que, desde una perspectiva más global, Blaquier se cree la reencarnación misma del Rey Sol.  

De hecho, su mansión La Torcaza, sobre la Avenida Sucre, en las barrancas de San Isidro, es una versión desmejorada, casi naïf, del Palacio de Versalles. Sobrecargada con estatuas, mármoles de Carrara y un sauce llorón –obsequio del paisajista Carlos Thays–, este reyezuelo de cabotaje, amasó bajo su techo, entre visitas de embajadores, altos dignatarios de la Iglesia y generales de la industria, la ilusión de hacer propia aquella máxima acuñada por su ídolo: “El Estado soy yo”.

“En el fondo, soy muy romántico”, diría, al concluir el siglo XX, a su amigo, el marchand Nacho Gutiérrez Zaldívar, en un programa televisivo que este animaba en la ATC del menemismo. También confesó: “La filosofía me resultó de gran utilidad en mi vida empresarial”. 

Los militares, también. Beneficiado por la dictadura de Onganía con el monopolio de la industria azucarera tras el cierre compulsivo de los ingenios tucumanos, Blaquier supo anudar fructíferos lazos de intercambio con los siguientes gobiernos de facto. No sólo proporcionó listas de obreros “subversivos” y asistencia logística a las fuerzas represivas, sino que su imperio financiero fue un sostén explícito, casi obseno, del régimen que vio la luz en 1976. Prueba de ello, es su intercambio epistolar con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En una carta fechada a fines de 1978 se dirige a él con un efusivo “Querido Joe”, y no duda en expresar su “profunda admiración por la recuperación de la Argentina”. En aquella misma hoja también se refiere a sus gestiones con “el señor Harry Stenbreder” –un influyente funcionario del Departamento de Estado– para mitigar las sanciones económicas de la administración Carter a la Junta Militar debido a sus crímenes. 

El resurgir de la democracia no empañó el romance de Blaquier con los uniformados. Tanto es así que convirtió nada menos que en jefe de Recursos Humanos de la empresa al hoy encarcelado brigadier Teodoro Álvarez, quien –según la causa juficial que ahora se sustancia– tuvo un papel crucial durante la dictadura en la persecución de quienes integraban la comisión interna. Hay un hecho que pinta a Blaquier por entero. Durante un allanamiento efectuado a fines de mayo en las oficinas centrales de la empresa, junto a legajos sobre trabajadores desaparecidos, también fue hallado un escrito que da cuenta de trabajos de inteligencia efectuados por cuenta de la empresa en ¡2005! Se trata de un paper de 300 páginas sobre la marcha por la Noche del Apagón de ese año. Además de una minuta, hora por hora y día por día, sobre los preparativos de la movilización, el informe contiene una lista con nombres de decenas de dirigentes de todo el país que participaron en el recordatorio. 

Es que Blaquier no fue un simple colaborador de la dictadura. Y, a diferencia del estrepitoso presente de sus antiguos jerarcas, su poder sigue intacto, tal como lo demuestra la estructura de espionaje a su servicio y las violentas presiones que aún hoy los matones de la empresa suelen ejercer en la ciudad de Ledesma y sus alrededores. A casi 28 años de haber concluido la larga noche militar, esa ciudad de 43 mil habitantes es quizás un santuario de la etapa más trágica de la Historia argentina. Un Estado dentro de otro Estado. Una republiqueta privada. O, simplemente, el único lugar en el que la dictadura todavía no terminó. 

Su monarca, ahora, a los 83 años, tendrá que pagar sus crímenes.
Fuente:MiradasalSur

12.08.2012
Arroja a varios ríos desechos de plomo, cinc, aluminio, arsénico, cianuro y cobre 
Antes secuestraba. Ahora envenena 
La minera El Aguilar, implicada en la desaparición de trabajadores durante la dictadura militar, logró archivar una denuncia en su contra por contaminación masiva en Jujuy. Usó sus influencias para desplazar a un fiscal que la investigaba, y cierra rutas para impedir que se tomen muestras del agua envenenada en la Quebrada de Humahuaca. Un grupo de comunidades intenta reflotar la investigación. 
Por: Daniel Enzetti 

La minera El Aguilar, señalada en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en Jujuy por haber participado en el secuestro de 27 de sus trabajadores el 24 de marzo de 1976, fue acusada hace cinco años por contaminar el medio ambiente, violar la Ley 22.051 de residuos peligrosos y arrojar metales pesados en ríos de la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio universal.

Pero el lobby en despachos políticos y el apriete a funcionarios judiciales logró archivar el proceso. La empresa, que utiliza a la Gendarmería Nacional como seguridad privada y controla el acceso a rutas y caminos públicos de la provincia, sacó del medio a uno de los que más molestaba. Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental para el NOA que impulsó la investigación desde el comienzo, ya no cuenta para trabajar con jurisdicción en Salta y Jujuy.

Tierra muy afecta a que los jueces, además, reivindiquen y protejan a los genocidas. Según revelaron a Tiempo Argentino varias fuentes, la causa contra El Aguilar se retomará en pocos días, con la presentación de un conjunto de pueblos originarios y afectados directos en calidad de querellantes, asesorados por expertos internacionales y científicos del CONICET. Paralelamente, también podría contribuir en avanzar sobre la complicidad del grupo con la dictadura militar.

Varios ex operarios ya declararon en las audiencias que se llevan a cabo en el foro jujeño que, para aquellos secuestros del 76, fueron utilizadas camionetas oficiales de la firma. Y que los directivos "marcaron" a toda la comisión gremial como blanco. Avelino Bazán, histórico delegado de los obreros, continúa desaparecido.

En la denuncia aparecen como imputados los directores titulares Francisco Javier Herrero Gilsanz, Roberto Salvador Cacciola, Martín Wilfredo Dedeu, Christopher Eskdale y José Luis Musso, además del síndico titular Arturo Pfister Puch. Al testimonio de las comunidades se sumará un relevamiento de campo de la entidad Red Puna (conformada por más de 30 organizaciones de pueblos aborígenes y campesinos, artesanos, mujeres y jóvenes), y un trabajo de investigación confeccionado por el Instituto de Bio y Geociencias del NOA, el CONICET y la Universidad Nacional de Salta, coordinado por la Dra. Alicia Kirschbaum.

PLOMO 200 VECES MÁS QUE LO PERMITIDO. 
Al igual que ocurre con el Ingenio Ledesma y la casta de los Blaquier, la minera hace en Jujuy lo que quiere. En la "Actualización del Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación correspondiente al expte Nº 1694-C-81- Grupo Minero Aguilar" que presentó en la Dirección de Minería provincial en el 2007, la propia empresa reconoció casos de contaminación masiva. Pero que para el área oficial jujeña parecen no ser tan graves.

El documento al que accedió Tiempo sostiene: "Los efluentes del dique de colas se vierten al ambiente a través de un arroyo que descarga al Río Grande de la Puna, que luego se une al Río Yacoraite." Y admite: "Valores de Plomo del efluente del dique de colas, antes de volcar al Río Grande de la Puna: todos los valores medidos en 2006 superan el límite máximo, entre 4 y 200 veces el valor permitido, siendo los valores más altos en junio y julio."

El texto agrega: "Los valores de Cinc del efluente del dique de colas antes de volcar al Río Grande de la Puna en junio y julio supera entre 3 y 25 veces el valor guía, coincidiendo con las mayores concentraciones de Plomo."

El trabajo de Kirschbaum, doctora en Ciencias Biológicas, docente en la Universidad de Salta e investigadora del CONICET, fue solicitado por la Red Puna para afianzar la denuncia. Se denomina "Impacto ambiental de Mina El Aguilar en la concentración de metales pesados en la cuenca del Río Yacoraite, en la Quebrada de Humahuaca", y acaba de ser publicado bajo el título “The environmental impact of Aguilar mine on the heavy metal concentrations of the Yacoraite River, Jujuy Province, NW Argentina”, en Journal of Environmental Earth Sciences, Vol. 65, págs. 493-504.

En Jujuy no pueden decir que desconocen los datos: hace tiempo que la carpeta está en los escritorios del secretario y el director de Minería, Carlos Navarro y Javier Elortegui Palacios.

“La investigación probó la presencia de metales pesados vertidos por El Aguilar en el agua de toda la zona de la Quebrada –sostiene Carlos Redín, integrante de la Red–, y demuestra que la contaminación es masiva. Como por ejemplo en los ríos Casa Grande, Vizcarra y Cajas. Las muestras en la zona de El Aguilar, que extrae plomo, plata y cinc, se compararon con otros lugares, y los límites contaminantes superaron muchísimo el máximo que marca la Organización Mundial de la Salud para el consumo humano."

Leda Giannuzzi, experta en Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, es la autora de otro estudio que también será tomado como base para la nueva acción penal.

TIERRA ARRASADA. 
Sobre finales de la década del '80 y comienzos de los años noventa, El Aguilar entró en una etapa de achicamiento y despidos masivos. De 2000 empleados pasó a tener un promedio de 700, y en pleno menemismo desmanteló totalmente la estructura que había montado, conocida como La Veta.

La empresa desarmó las instalaciones, derrumbó las casillas destinadas a los obreros, y se llevó las pertenencias para evitar que miles de despedidos se quedaran a vivir en el lugar. El poblado desapareció por completo, y en la actualidad únicamente sostiene el campamento El Molino. Paralelamente, la facturación aumentó.

Su capacidad de producción de mineral concentrado pasó de 1900 toneladas diarias en 2002 a 2300 toneladas diarias en 2007, y a 3000 toneladas en 2008. La causa original impulsada por el fiscal Gómez, que será ampliada en estos días con el aporte de otros estudios técnicos, se caratula “Actuación Preliminar Nro. 116/07 Minera Aguilar s/ Presunta Contaminación”.

Y se basó, además del testimonio de comunidades del lugar, en informes de la doctora en Bioquímica María Graciela Bovi Mitre, y el doctor en Ciencias Biológicas Juan González. Uno de los más buscados de la minera por Gómez fue el ingeniero Enrique W. Coronel, jefe del área de Medioambiente del grupo.

Después de varios relevamientos, expertos de la Policía Científica de Gendarmería Nacional determinaron contaminación en todas las muestras de agua estudiadas. Pero las cifras más comprometidas las reconoció la misma empresa, en informes de impacto ambiental que la provincia aprobó sin chistar.

Gómez sostiene: “… la empresa declara que se generan emisiones gaseosas que llegan a la atmósfera, y se reconoce que en la etapa de flotación se libera ácido cianhídrico, que es un derivado del cianuro muy peligroso”. Además, el fiscal agrega: "Se declara que se ha construido un depósito para aceites ascareles, que son los conocidos PCBs –bifenilos policlorados–, de altísima peligrosidad."

Y que en lo referido a muestras de agua del Río Grande, arrojaron "niveles de plomo que exceden 50 veces los parámetros permitidos por el Decreto 831/93". El escrito determina que "con tal declaración, la empresa estaría reconociendo implícitamente que muchos de los valores existentes se encuentran por fuera de los parámetros exigidos por la ley".

"Los análisis de las aguas de Casa Grande Escuela (agua potable) –continúa la denuncia– arrojaron también niveles superiores de metales pesados que los tolerados… Nótese que estamos hablando de 50 veces más de plomo que lo que permite la ley, nada menos que en el pozo de un establecimiento escolar."

En relación con un informe de la empresa de 2006, el escrito sostiene que El Aguilar "acepta que los efluentes de Mina Esperanza son vertidos al ambiente a través del arroyo Esperanza". Y "reconoce el rebalse de tanques industriales y su volcado al Río Chayanta –que luego desemboca en el Río Grande– y la detección de valores altos de plomo… Los valores de plomo exceden entre 4 y 200 veces los límites permitidos en la ley de residuos peligrosos."

Para el fiscal, la investigación constata "elevados niveles de contaminación con metales como plomo, arsénico, cianuro, cinc, aluminio, cromo y cobre". Y que por eso, "la conducta desplegada por los responsables del emprendimiento Mina Aguilar no merece otro calificativo que criminal". "Se observa que los informes presentados por la empresa siempre son aprobados –concluye–, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente."

Y que esa aprobación despierta "suspicacias de complicidad de los funcionarios locales con el contaminador". Hasta ahí llegó Gómez. Después de leer el último párrafo, algún juez o funcionario político lo corrió del medio por molesto.

"Impunidad y corrupción" 
Antonio Gustavo Gómez (*)

Investigar delitos ambientales vinculados a las industrias extractivas, especialmente a la minería a cielo abierto, tiene complicaciones que, a contrario de lo que se supone, no se vinculan a las pruebas. Hoy hacer dinero para las empresas multinacionales es sinónimo de contaminación.

A más contaminación, más dinero; a más dinero, más corrupción; a más corrupción, más impunidad; y así, es un tornado que arrasa todos nuestros recursos naturales, y sobre todo, la salud de nuestra gente más humilde. Y de eso se trata el caso de las megamineras asentadas en Jujuy.

Cuando las comunidades aborígenes se reunieron en 2007 y decidieron bajar hasta Tucumán fue para denunciar a distintas empresas que literalmente los estaban envenenando. Todas ellas pueden verse en . Fue así como, con la ayuda de Gendarmería Nacional, la UBA, INQA y los propios pueblos originarios, pudimos recolectar la prueba suficiente para acreditar el delito que prevé el artículo 56 de la Ley 24.051. 

El caso de Mina El Aguilar merece destacarse, porque la propia empresa confiesa que el agua potable que le dan a los niños de la escuela de Casa Grande –a pocos kilómetros de la Mina– está contaminada con plomo con un nivel 50 veces por encima de lo permitido por la ley penal ambiental. 

Impunidad, como les dije. Es que los informes son aprobados sin hesitación alguna, pese a la grave afectación de los recursos naturales. Imposible que no se despierten suspicacias de complicidad de los funcionarios locales con el contaminador.

Mi trabajo de recepción de denuncia e investigación fue hecho por ser delegado de la UFIMA NOA, pero al poco tiempo mi jurisdicción fue reducida a las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, excluyendo Jujuy y Salta. La causa quedó paralizada a pesar de la contundencia de la prueba, y los pueblos originarios han decidido, recientemente, presentarse como querellantes. Ojalá puedan vencer la impunidad. Yo fracasé. 
(*) Fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. 

El dato 
EN EL '76 
Durante la dictadura se utilizaron camionetas de la firma para secuestrar a los trabajadores "marcados". Avelino Bazán, histórico delegado de los obreros, continúa desaparecido.
Fuente:TiempoArgentino

12.08.2012
Entrevista a maría victoria veracierto
"Es imprescindible que deje de trabajar ya"
La antropóloga explica la grave situación que genera El Aguilar y cuestiona a la minería en general. 

Saber cómo funcionan la mineras es un gran enigma –sostiene–, pero con El Aguilar, eso se potencia. En Jujuy tiene más poder que el gobernador (Eduardo) Fellner. 

Si viajás por la Ruta 9 hasta Tres Cruces, y querés doblar a la izquierda en dirección a la planta, es la misma Gendarmería la que te pide un permiso especial para pasar. Y ocurre lo mismo en la Ruta 40. Ellos manejan las cosas con su fuerza de seguridad, su ciudad, su escuela, su hospital, y nadie les dice nada." 

Y agrega: "Pero más allá de este punto, no hay que olvidar que el problema es más general. La minería no se puede defender como una industria sobre la cual un país deba basar su economía, porque en todas sus formas, de socavón y a cielo abierto, es altamente contaminante." 

–¿De qué manera comenzaron a trabajar con el tema de la contaminación?
–Me interesó siempre, pero sobre todo cuando conocí al fiscal Antonio Gómez, y escuché su charla en el Foro Alternativo Mundial del Agua. En Jujuy, donde participé en el Parlamento de los Pueblos, le propuse hacer algo en la provincia, y él me mostró las denuncias que había impulsado. Ahí arrancamos, con la colaboración de las abogadas Paola Gutiérrez y Alicia Chalabe. Estudiamos el caso de La Lumbrera (Xtrata), que tiene varias causas por contaminación y estafa, y después nos dedicamos al desastre en la zona de Abra Pampa, donde la minera Metal Huasi dejó abandonadas montañas gigantes de escoria de plomo. Metal Huasi cerró, y esos desechos fueron llevados por El Aguilar a su planta. Aprovechó lo que pudo, y el resto lo enterró en pozos, cubiertos con plástico y tierra. 

–¿Con qué consecuencias? 
–La respuesta es con un dato comprobado: Abra Pampa es la región con mayor índice de cáncer de útero del mundo. Y de eso, nadie se hace responsable. El dueño de Metal Huasi era Elías Amado, pero no se sabe qué pasó con él. En la década del '90, a un intendente se le ocurrió usar esa escoria para rellenar predios y construir viviendas. Son casas que hoy tiene plomo hasta en las paredes. 

–La denuncia contra El Aguilar también muestra cifras de contaminación alarmante. 
–Sí, pero lo increíble es que muchas de ellas surgen de los propios informes de la empresa, frente a lo cual la provincia dejó pasar todo. Por eso siempre digo que esta pelea es judicial, pero también es política. La misma gente de las comunidades me transmitió esas consecuencias. Los frutales que cosechan ya no son del mismo tamaño que los que obtenían sus padres, hay cabras que nacen con solo ojo, o con muñones en lugar de patas. 

La contaminación de El Aguilar perjudica en forma directa al río Yacoraite, desde Casa Grande hasta Río Grande. Y de allí se saca el agua de las acequias con que la gente riega su producción. Por eso, cuando se habla de la cantidad de puestos de trabajo que genera la minería, nunca se hace referencia al trabajo que arruina.¿Quién compra el producto de esa gente, conociendo este panorama? 

–Jujuy no es el mejor escenario para litigar contra grupos empresarios poderosos, y el ejemplo es lo que vino ocurriendo en causas de lesa humanidad, vinculadas con la complicidad cívico-militar. 
–Por eso yo hablaba de las dos batallas, en el plano de la justicia, pero también en el político. Jujuy es una tierra sin ley, con feudos, y cuatro o cinco familias que manejan los hilos. No importa qué derechos mencione la Constitución. En ese lugar, esos derechos no existen, e incluso la misma subjetividad de los pueblos originarios está construida de esa manera. La estrategia es salir de la provincia y llevar las denuncias al fuero federal, o a la Corte Suprema. De cualquier forma, Jujuy parece estar "en su hora", a partir de las audiencias relacionadas con lo que ocurrió durante la dictadura. Es un momento más que oportuno para pelear por esos derechos.
Fuente:TiempoArgentino

El ingenio Ledesma colaboró

con la represión en Orán

Documentos de Gendarmería Nacional prueban que el Ingenio Ledesma colaboró con la represión en el ámbito del departamento Orán, en Salta. Según el libro de guardia del Escuadrón 20 de Gendarmería, con asiento en Orán, entre el 24 y 25 de marzo de 1976 el ingenio azucarero asentado en Jujuy, puso vehículos al servicio de miembros de Gendarmería para que realizaran operativos en Urundel, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa. Y también proveyó combustible.

Estos libros están incorporados en el megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta desde el 21 de mayo pasado. Cuando declaró como testigo en este debate el abogado David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, destacó el valor de esta documentación para probar la participación conjunta de Gendarmería y otras fuerzas en la represión, y la colaboración del ingenio Ledesma.

Miembros de la Fiscalía Federal de Jujuy informaron que copias certificadas del libro de guardia ya fueron presentadas en el Juzgado Federal de Jujuy a cargo de Fernando Poviña, que investiga al presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por su presunta participación en la Noche del Apagón, como se conoce la noche del 27 de julio de 1976, cuando se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento Ledesma y unos 400 trabajadores de Libertador General San Martín y Calilegua, fueron secuestrados en un operativo conjunto de militares, gendarmes, policías y empleados del ingenio.

Como su nombre lo indica, en el libro de “registro de novedades de la Guardia de Prevención de la Unidad” del Escuadrón 20 se consignan (o se deberían consignar) todas las novedades ocurridas durante cada guardia. Las anotaciones de la guardia que va de las 7 del 24 a las 7 del 25 de marzo de 1976 son reveladoras: “Salen dos camionetas perteneciente(s) al Ingenio Ledesma Nros. 59 y 69 conducida(s) por los señores Bernabé Flores y Ramón Basena con destino a Aguas Blancas y Urundel respectivamente”, se registró por la mañana.

Pasadas las 22 se anotó otra salida: la del “alférez Juárez a la Colonia Santa Rosa en vehículo particular de la empresa Ingenio Ledesma”. A las 23,30, se registró: “Regresa camioneta Ingenio Ledesma Nº 69 conducida por Ramón Basena de la Sección Agua(s) Blanca(s) y al alférez Faiad”. Estos datos contradicen las afirmaciones de la solicitada publicada por el ingenio Ledesma el 23 de julio pasado, en diarios de Salta y Jujuy. “Ledesma SAAI no prestó ninguna camioneta a las fuerzas militares”, asegura.

Por lo que se observa en el libro, los integrantes de Gendarmería y de otras fuerzas de seguridad son mencionados con su grado. Solo los nombres de los choferes Basena y Flores aparecen sin menciones de grado alguno, lo que hace suponer que eran civiles, tal vez empleados del ingenio Ledesma. 

Algo similar ocurre con las menciones al chofer Juan Muñoz, que, entre otras actividades, ingresó al Escuadrón 20 a las 16,30 del 24 de marzo conduciendo un ómnibus Mercedes Benz de la empresa YPF con una patrulla del Regimiento de Monte 28 (con sede en Tartagal) integrada por un sargento y 11 soldados.

Por las anotaciones del libro de guardia se entiende que la actividad del día del golpe de Estado fue febril en el Escuadrón 20, donde padecieron detención, y torturas, varios detenidos hoy desaparecidos, como el empleado municipal y militante comunista René Russo (cuyo ingreso figura en el libro de guardia, junto a otros, con la mención de que estaba por averiguación de antecedentes). 

Precisamente, en el megajuicio que se realiza en esta ciudad se investiga la desaparición de Russo, igual que la del militante peronista y dirigente rural Raúl Osores, cuya acción política y gremial se desarrollaba también en Colonia Santa Rosa. Muchos obreros y empleados del Ingenio San Martín de El Tabacal tenían militancia gremial y sufrieron la represión.

En el libro de guardia también hay una mención a este ingenio: de 16,50 a 21,15 del 18 de abril de 1976 el sargento ayudante Miguel Bahid y el sargento Ángel Maidana estuvieron ocupado custodiando el “pago del Ingenio San Martín del Tabacal”.

En las novedades de ese mismo día, hay una nueva mención al ingenio Ledesma: a las 15,55 se anotó el “regreso del camión 1114 Mercedes Benz 01021 conducido por (el) cabo primero Horacio Santander del Ingenio Ledesma trayendo 500 litros de nafta y 1000 litros de gas oil”. La custodia estuvo a cargo del cabo primero Herminio Alvarez.

Una hora después se registró la presentación “del sargento Nicolás Bogado, cabo Simón Aranda, sargento Ángel Salto, del grupo Ledesma, en vehículo particular. De custodia, gendarme Torres Luis”.

 

El mayor poder político

El ingenio Ledesma, como se lo conoce popularmente, es en la actualidad el Complejo Agroindustrial Ledesma. Desde su base en Jujuy se ha expandido por otras provincias, y en otras actividades.

Según informa la empresa en su portal de internet, http://www.ledesma.com.ar, tiene empresas en ocho provincias, entre ellas Salta, donde tiene la exportadora de pomelo Citrusalta, en Colonia Santa Rosa, y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Aguaragüe, que produce gas y petróleo.

En Jujuy tiene 40 mil hectáreas plantadas con caña de azúcar; fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa y papel. Tiene además 2 mil hectáreas de plantaciones de cítricos y paltas, un empaque de frutas y una planta de jugos concentrados.

En la historia de la empresa, el propio ingenio reconoce su poder. “En 1900 el Ingenio Ledesma constituía la mayor fuente de riqueza y consiguientemente de poder político del norte argentino”. En 1900 el ingenio producía el equivalente al 82,87% del presupuesto de Jujuy y al 59,65% del presupuesto de Salta. 

“Con las gobernaciones sucesivas de Ángel Zerda, David Ovejero, Luis Linares Usandivaras y Avelino Figueroa, el gobierno de la provincia de Salta estaría controlado por los propietarios del ingenio Ledesma”, recuerda.

En 1911 el ingenio cambió de propietarios.

Carlos Blaquier llegó a la presidencia en 1970, después de 18 años de trabajo en funciones ejecutivas. 
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta

 

LOS AGENTES DEL EJERCITO QUE VIGILARON SALTA Y JUJUY

Alma de buchón

Un informe oficial intenta cubrir el vacío que ha permitido hasta ahora que los agentes de inteligencia no sean vinculados con los hechos de represión, a pesar de que está claro que fueron partícipes.

Elena Corvalán

elenacorvalan@yahoo.com.ar

Una estructura de vigilancia compuesta por oficiales, suboficiales del Ejército y de otras fuerzas de seguridad y una larga lista de “civiles”, funcionó en el Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta, durante la última dictadura cívico-militar. Otro tanto ocurrió con el denominado Grupo Adelantado de Inteligencia, que funcionó en Jujuy, dependiente del Destacamento de Salta.

Un informe realizado por el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, destaca que, como en el resto del país, estas unidades de inteligencia estuvieron “en el centro del dispositivo represivo”, dado que “habrían diseñado y controlado el accionar represivo”, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando destinos.

El informe, al que Otros Territorios tuvo acceso, se propone “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en estos hechos, quienes siendo parte de la estructura organizativa (de la represión), no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero, sin embargo, compartieron estructuras, espacios, tiempos, con aquellos que sí han sido identificados”, por lo que no pudieron ser ajenos a los hechos.

El informe precisa que las acciones realizadas por estas dependencias “formaron parte de un plan nacional represivo practicado contra la población durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983 y cuyos fundamentos y doctrina están expuestos en las directivas del Consejo de Defensa y del Comando en Jefe del Ejército, elaboradas y distribuidas en octubre de 1975”.

Esas directivas establecieron las prioridades operacionales, los organismos responsables, los niveles de coordinación y subordinación para llevarlas a la práctica, y “la hegemonía del Ejército, al cual se subordinaron las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura y organismos vinculados como, por ejemplo, la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado)”.

 

La importancia de vigilar

Estas directivas determinaron que la actividad de inteligencia era prioritaria para el “combate a la subversión”.

La tarea de inteligencia, precisa el informe, “fue especializada y requirió personal entrenado técnica y sicológicamente; también fue siempre encubierta”. De hecho, todos los oficiales y suboficiales que integraron el Destacamento 143 y su Grupo Adelantado en Jujuy estuvieron en otros destacamentos de inteligencia y asistieron a “cursos técnicos de inteligencia” y a “cursos de inteligencia para jefes”. Algunos fueron también a la Escuela de las Américas, organización estadounidense para la instrucción militar con el concepto del enemigo interno, y que contaba en su currícula con formación sobre torturas y desaparición de personas.

Los suboficiales hicieron cursos de “técnico de inteligencia” y el de “perfeccionamiento para auxiliar de inteligencia”, llamado “Interrogadores”.

Precisamente, los miembros de inteligencia tenían a su cargo “el interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate”, ordenaba el Reglamento ROP -30 5. Complementando, el Reglamento RE 9-51, “Instrucción de lucha contra elementos subversivos”, consignaba: “El capturado es una fuente de información que debe ser aprovechada por el nivel de inteligencia”.

El trabajo del Programa Verdad y Justicia también cita el Reglamento RC 16 – 1, Inteligencia Táctica, en el que se detallan las actividades a desarrollar para la obtención de información, la inteligencia y la contrainteligencia, los sabotajes, las actividades sicológicas secretas y las operaciones especiales.

La importancia que tenía la inteligencia queda explicitada en el Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Mayores RC 3-1: el jefe de inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor, quien “tendrá responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo”, dispone.

En suma, la normativa general y los reglamentos implantaron las directivas que debían seguir los oficiales y suboficiales “aptos en inteligencia e interrogación, que han sido entrenados para esta tarea”. Para los autores del informe, “resulta razonable y lógico suponer que estas directivas fueron cumplidas a cabalidad por el personal del Destacamento de Inteligencia 143 y su Grupo Adelantado de Jujuy”, dado que fueron propuestos para reconocimientos y ascensos.

 

Métodos

El Destacamento 143 funcionaba en la calle Belgrano al 400 de Salta. Dependía del Área 322, comprendida en la Subzona 32, perteneciente a la Zona III del III Cuerpo de Ejército. El Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy estaba en el Área 323, funcionaba en unas oficinas frente a la plaza central en un edificio lindante con la Central de Policía. La central de inteligencia funcionaba dentro del Regimiento 20.

La Subzona 32 estaba bajo la jurisdicción del Comando de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán.

El informe precisa que la actuación de los destacamentos de inteligencia estuvo comprendida en las directivas impartidas en el plan nacional represivo. La Directiva 1 del Consejo de Defensa, de 1975, daba “libertad de acción para el empleo de los medios en zonas calientes”, en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Las unidades de inteligencia eran las “responsables de interrogatorios, tormentos de detenidos, con el propósito de mantener la secuencia operacional de las unidades a partir de la información que se obtenía y que ellos mismos procesaban”.

El Reglamento RE -10-51, “Instrucción para operaciones de seguridad”, detallaba los elementos que los represores debían llevar a los operativos: “Se recomienda contar con palos, cuerdas y capuchones o vendas para el transporte de detenidos”.

Sobre el tratamiento a los detenidos, en el juicio a las Juntas, quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, dijo que “en todos los casos, se efectuaba un primer interrogatorio, se los derivaba ya sea a la delegación de la Policía Federal, o a la Jefatura de Policía” y luego se decidía si continuaba detenido. Para estas decisiones “siempre se daba intervención a personal que nuestras organizaciones militares tienen, especialistas en inteligencia, para poder determinar si el individuo está o no dentro de una organización subversiva”.

 

Quiénes fueron

El listado de los oficiales y suboficiales que se desempeñaron en inteligencia en Salta y Jujuy:

Teniente coronel Osvaldo Mario Baudini

Teniente coronel Roberto Jesús González

Teniente coronel Juan Messina

Teniente coronel  Osvaldo Lucio Sierra

Mayor Miguel Ángel Cornejo García

Capitán Sidney Edgar Page

Capitán Hugo José Schierano

Capitán Rodolfo Antonio Aguilar

Capitán Roberto Jones Tamayo

Capitán Enrique Federico Gentiluomo

Capitán Julio César de la Barrera

Capitán Antonio Gaspar Viana

Capitán Duilio Raúl Martínez

Capitán Néstor de la Vega

Capitán Aldo Carlos Checchi

Capitán Carlos Alberto Feijoo

Capitán Ricardo Ernesto Elicabe

Teniente primero Jorge Julio Affanni

Teniente primero Rafael Mariano Braga

Teniente primero Eduardo Jorge Coaker

Teniente primero Julio César de la Barrera

Teniente primero José Eduardo Bulgheroni

Teniente primero Guillermo Eduardo del Pino

Teniente primero Pedro Edgardo David

 

Suboficiales

José Federico Marcial

Máximo Rubén Chávez

Jacobo Eduardo Gómez

Benancio Celestino Cardozo

Amado Salim Osman

Alberto Raúl López

Salvador Américo Aredes

Hilario Romaniello

Julián Nicolás Quispe

Eduardo Amércio Nicolini

Miguel Andrés Mendoza

Roberto Montero

Domingo Orlando Cejas

Juan Heriberto Cruz

Juan José Maciel

Tehodolo Adolfo Aztorga

Raúl Alberto Salas

Martín Eugenio Arapa

Pedro Horacio Aguilera

Roberto Aquilino Barbosa

Alfonso Díaz

Martín García

Víctor Rivero

Oscar Humberto Blas

Aldo Julio César Díaz

Carlos Nicolás Gómez Argüello

Saturnino Orlando Durán

Víctor Cruz González

Raúl Guillermo Rivero

Luis Alejo Martínez

Norberto Carrizo

Héctor Argentino Gerónimo

Héctor Enrique Méndez

Fabián Sivila

Oscar José Paredes

Publicada en el suplemento Otros Territorios (Nuevo Diario de Salta)

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