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8 de diciembre de 2023

La justicia argentina investiga al asesino de un estudiante durante el franquismo.

 

La jueza federal María Servini impulsó la investigación sobre España

La justicia argentina investiga al asesino de un estudiante durante el franquismo

Una investigación del diario El País ubicó al homicida José Ignacio Fernández Guaza en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz usando una identidad falsa.

El perfil de Facebook de Fernández Guaza con identidad falsa. 


La justicia argentina investiga por el uso de documentos falsos al español José Ignacio Fernández Guaza, presunto autor del asesinato en Madrid del estudiante y sindicalista Arturo Ruiz en 1977 y que estaría residiendo en la provincia de Buenos Aires. La jueza federal María Servini, que tramita en Argentina el expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1978, tres años después de que concluyera la dictadura de Francisco Franco, tomó constancia de que Fernández Guaza estaría cometiendo el delito de usar documento falso en Argentina e impulsó la investigación en los tribunales de la jurisdicción.

La huida del asesino

Fernández Guaza se fugó de España luego de presuntamente haber disparado dos tiros a quemarropa al estudiante granadino de 19 años durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos en vísperas de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, perpetrada el 24 de enero de 1977. Una investigación del diario español El País lo ubicó en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, a 40 kilómetros de la capital argentina, usando una identidad falsa.

A sus 76 años Fernández Guaza confesó que se fugó de España en enero de 1977 viajando de la ciudad de Irún a París en auto, donde residió un año antes de volar a Argentina de acuerdo al diario español. "La Guardia Civil me dijo que me fuera de España", reconoció este hombre que dijo haberse movido por Latinoamérica mientras se encontraba bajo pedido de captura gracias a una identidad falsa fabricada "por los servicios de seguridad españoles".

Fernández Guaza admitió a El País "haber formado parte de un grupo de 15 civiles que mató a terroristas de ETA" en el sur de Francia a mediados de los 70 por encargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además presumía de haber mantenido un vínculo con funcionarios españoles luego de su fuga. "He tenido contacto con gente de los servicios de información de España. Ellos sabían que estaba en Argentina con un nombre falso. Yo formaba parte de una estructura", indicó al diario español.

A partir de las notas periodísticas Servini remitió el caso para que lo investigara el juez correspondiente, por lo que la causa recayó en el Juzgado Federal de Campana, que recibió el expediente el 28 de noviembre pasado. "La decisión de la jueza es un avance importante. Con las nuevas pruebas presentadas, pedimos que se detenga (a Fernández Guaza) por el asesinato de Arturo que él mismo acaba de confesar", señaló a El País el abogado de la familia de la víctima, Duilio Jorge Ramírez.

Servini tomó nota de la identidad falsa de Fernández Guaza, independientemente de que sigue investigando los crímenes cometidos en España tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil (1936-1939), hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución. Esos delitos nunca pudieron ser investigados en territorio español porque la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar allí a los responsables de la dictadura franquista.

La querella argentina

"Los esfuerzos investigativos están puestos ahí", indicaron las fuentes judiciales argentinas respecto de la única causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española, el franquismo y el inicio de la transición en España, en virtud del principio de justicia universal. A ese principio recurrió el entonces juez español Baltasar Garzón para detener en Londres en 2003 al dictador chileno Augusto Pinochet.

La querella argentina fue promovida a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra y de la dictadura españolas para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no se indagan en España. El expediente sólo tuvo como procesado al que fuera ministro del Interior entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, pero la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, máximo tribunal de ese país, ratificó en 2022 la revocación del procesamiento. 

Servini había procesado a Villa en octubre de 2021 por cuatro muertes por disparos policiales, tres de ellas en las ciudades de Vitoria en marzo de 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, y otra en Pamplona en julio de 1978, en su etapa de ministro del Interior. En diciembre de 2021 la Cámara de Casación argentina advirtió de que esa calificación "no estaba fundamentada" y en septiembre de 2022 el máximo tribunal penal argentino consideró que no existían pruebas para procesarlo.

Fuente:Pagina12

19 de marzo de 2023

ESPAÑA: "Los años del silencio", la historia de una mujer y sus seis hijos desaparecidos durante el franquismo.

 

Un misterio que demoró 80 años en resolverse

"Los años del silencio", la historia de una mujer y sus seis hijos desaparecidos durante el franquismo

La novela de Álvaro Arbina recupera un hecho verídico que protagonizaron Josefa Sagardía y sus hijos, todos ellos asesinados por sus vecinos en Gaztelu, Navarra. Qué pasó con sus cuerpos y qué motivó el crimen.

Imagen: Gobierno de Navarra

Entre frigoríficos destrozados por la caída desde lo alto de la sima hasta el fondo de la grieta, ahí estaban los cuerpos. Ocho décadas después, el misterio de la familia Sagardía quedaba resuelto. Una mujer, Josefa, embarazada y seis de sus siete hijos. Un crimen macabro que la historia no ha sido capaz de resolver por completo. El bando golpista avanzaba y ganaba la Guerra Civil y cada vecino podía ser un espía rojo, según la paranoia desatada por el fascismo. El pueblo donde todo ocurrió fue Gaztelu (Navarra), territorio atrapado aún en el siglo XIX e inundado de rencillas, envidias y un cristianismo asfixiante. Los cuerpos fueron arrojados donde se desechaba la basura que nadie quería.

Era agosto de 1936 cuando Pedro Sagardía volvía de trabajar el carbón rumbo a su pueblo. Allí, detenido por sus habitantes, fue acusado de espía y se le dijo que su familia había sido invitada a abandonar el pueblo. El hombre nunca más tuvo noticias de su mujer y su prole. Pedro murió a los pocos años sin saber qué había ocurrido, aunque se temía el desenlace. La novela Los años del silencio (editorial Harper Collins) de Álvaro Arbina ficciona los hechos para recuperar la historia de una familia asesinada por sus propios vecinos.

La obra de Arbina transita por la ficción para dibujar escenarios alejados de los clichés. La hostilidad en el mundo rural pese a la República, la fuerza de la religión, el miedo vecinal durante una guerra: "La historia que nos llega siempre es la de las capitales y la vida urbana, pero la vida en el mundo rural y en la España profunda era otra. En Gaztelu se acentuaba aún más, vivía al margen de todo. Allí la guerra ni llegó. El tiempo estaba detenido, todos votaban al Frente Popular. La novela no cuenta la guerra de las trincheras, cuenta la guerra de las casas y cómo afectó a las convivencias", relata el autor.

Once vecinos conspiraron y expulsaron del pueblo a Josefa y seis de sus hijos por motivos que el paso del tiempo ha hecho imposible discernir. Posteriormente, exiliados en una cabaña en el bosque, los asesinos prendieron fuego a la choza. Quienes salieron con vida de las llamas fueron disparados. Los hijos tenían un año y medio, tres, seis, nueve, doce y dieciséis. El único superviviente lo hizo porque andaba con su padre en las carboneras, que no quiso saber más de su pueblo y, tal vez por limpiar el nombre de su familia, tal vez por miedo a volver, se alistó en la División Azul para combatir en Rusia.

Joxemari Esparza, autor de La Sima, investigación clave para desatascar el caso 80 años después, no encuentra realmente una causa obvia para los crímenes: "Había muchas versiones. Hay una razón política obvia porque se dio en tiempos de guerra, a Pedro —el padre de la familia— le acusaron de espía, pero no le mataron por ello. Es cierto que no iban a misa y eso era grave en aquel momento, pero votaron a los partidos tradicionalistas como el resto del pueblo. Además, la madre de Josefa era herbolera, la familia se cuidaba con hierbas..., cosas practicadas en estos pueblos pero que no gustaban al cura. El tema de la lujuria está presente en todo el proceso porque, dicen los que declararon, la mujer era muy hermosa, y ella suscitaba envidia por su belleza", evoca como los posibles motivos que desembocaron en el asesinato.

El cóctel de motivos terminó de explotar con las acusaciones de robo contra la familia, constatadas en las declaraciones judiciales pero insostenibles, según los estudiosos del caso: "Se habló de pequeños robos en las huertas del pueblo, se acusó a los Sagardía, pero es todo muy burdo, porque los robos se mantuvieron después. En esa época se escapaba la gente para cruzar la frontera y pasaban por ahí muchas personas hambrientas", arguye Esparza.

El caso se conoce judicialmente como la Causa 167 y aunque Los años del silencio parte desde la ficción, recoge muchos hechos veraces de aquella historia. Por ejemplo, las declaraciones del juicio son prácticamente literales. Ya recién desaparecida la familia, el marido peleó por un juicio que se topó con el arranque del franquismo, que hizo tabula rasa sobre los crímenes cometidos durante estos años. "Al inicio del régimen, este quería ocultar las represiones. Incluso el sumario se vería amañado por el nuevo sistema judicial", recuerda el autor de Los años del silencio. De todo el pueblo, solo una persona se atrevió a hablar frente al juez: Teodora. "Tuvo problemas y también la quisieron expulsar del pueblo", apunta Arbina.

La historia quedó enterrada e incluso con los años se convirtió en leyenda popular. En esas declaraciones ante el juez, el cura del pueblo —así como los vecinos implicados— mintió deliberadamente sobre lo ocurrido, punto de partida para recrear un personaje intimidatorio y oscuro, forma de personificar qué podía significar un hombre de Dios en un pueblo de los años 30. "Modifiqué el nombre del cura porque las fuentes no dejaban las cosas muy claras: las declaracions del sumario son estremecedoras, son mentiras muy grandes, pero al final me llegó cierta informacion que contradecía todo esto y que había tenido que huir al monte por nacionalista, sostiene Arbina.

"En esa situación, los que tenían algo que ocultar eran los más represores", considera Joxemari Esparza, que también recuerda que el guardia civil implicado en el caso tenía un hermano combatiendo por la II República. "La historia es tan terrible que fui al pueblo a conocer a la gente, un pueblo muy cerrado y euskaldún, me dio pena sacar un tema así tan abruptamente, no se lo esperaban, porque había que hablar de sus abuelos y bisabuelos. Muchos mayores me preguntaban: ¿Qué hicieron nuestros padres?", apunta el historiador.

El valor añadido de la novela, además del ejercicio de memoria que realiza, es el de ser capaz de crear un escenario confuso y multicausal, tal vez la versión más aproximada al relato más verídico. "La realidad es mucho más contradictoria de lo que pensamos. Al mirar al pasado hacemos relatos entendibles, pero la realidad no es así siempre. Contar así la historia vuelve todo mas confuso, pero más realista", confiesa el autor.

"Pero luego fue bonito ver a un pueblo limpiar su historia a pesar de las lágrimas iniciales. Pusieron el esfuerzo para hacer el panteón donde está toda la familia y son ellos los que ponen las flores", recuerda el historiador y promotor de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

Los huesos fueron rescatados en 2016 y ya descansan en el cementerio de Gaztelu. El pueblo revivió el trauma y selló su herida. Los mismos descendientes de quienes callaron ante los crímenes acudieron al entierro. Los mismos descendientes de los asesinos presentaron sus respetos. Quedó constancia de la reparación. 

Fuente:Pagina12


11 de abril de 2022

La historia de Darío Rivas, el hombre que desde Ituzaingó denunció y querelló los crímenes del Franquismo.

 


La historia de Darío Rivas, el hombre que desde Ituzaingó denunció y querelló los crímenes del Franquismo

10/04/2022

El 14 de abril de 2019 fue el día de la despedida, como si el destino lo hubiese querido así. Exactamente un 14 de abril, nueve años atrás, Darío había presentado la querella en el Juzgado Federal Nº 1 de Servini de Cubría. También, ese mismo 14 de abril, pero 88 años antes, se había proclamado la Segunda República en España, un gobierno adelantado para la época. Entre otras cosas, instauró el sufragio femenino, legalizó el divorcio y estableció la libertad de expresión. No quedan dudas que el destino así lo quiso, morir un día después del 14 de abril.

Un día antes, Adriana se propuso ir a verlo al geriátrico. Viajó desde Tigre pero no lo vio nada bien. El geriátrico lo deprimía. “Hasta las 19:30 debo haber estado y al día siguiente a la mañana me llaman y me dicen que Darío había fallecido”, así se enteró de su fallecimiento. En ese último encuentro, en esa última charla entre Darío y Adriana, ella le prometió “que su nombre no se iba a olvidar nunca y que siempre iba a ser una bandera de justicia”.

La querella argentina contra los crímenes del Franquismo

En la película de Pedro Almodobar rodada en el 2018 “El silencio de otros” un notero le pregunta a una pareja de jóvenes españoles si conocen la “ley del olvido”, si saben que es: “Ni idea, contestan“. será alguna ley española“. Aquel pacto de impunidad celebrado por las élites españolas en 1977 y que pretendía “olvidar” los crímenes ordenados por el dictador Francisco Franco había conseguido su objetivo. En solo 40 años, nadie en España busca justicia por los crímenes del franquismo. Más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas fueron fusilados, asesinados y enterados en fosas comunes. El pacto del olvido, prohíbe investigar aquellos crímenes, “Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos” se lee en sus fundamentos.

Pero al traje se le ve la hilacha y el 14 de abril de 2010 Darío Rivas e Ines Garcia Holgado, amparados por el principio de la justicia universal ante delitos de lesa humanidad, se presentan ante la jueza María Servini de Cubrìa para iniciar “La querella Argentina contra los crímenes del Franquismo“. La causa que tramita que bajo el numero 4591/2010 acumula desde entonces grandes victorias, entre ellas, la declaración por primera vez de decenas de víctimas ante un juez que tanto en suelo argentino como en suelo español –y también por videoconferencia– apuntalaron centenares de querellas, incluidas de algunas instituciones públicas.

Darío Rivas junto a Inés Garcia-Holgado, ambos querellantes contra los crímenes de la dictadura franquista.

Esas palabras nunca antes pronunciadas ante un magistrado han conseguido poner nombre y apellidos a presuntos criminales en un procedimiento penal: los de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista y torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Para el 28 de noviembre de 2012, fueron alrededor de 5.000 los testimonios entregados al juzgado. El trabajo de la Querella Argentina y de María Servini de Cubría ha sido incesante y se mantiene así hasta el momento, bajo un inclaudicable pensamiento: Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben.

La querella logró desde entonces la exhumación de Timoteo Mendieta y otras decenas de fusilados que estaban en fosas comunes. En estos años, también algunos pérdidas como el propio Darío Rivas, o de  Ascensión Mendieta y María Martín, el abogado Carlos Slepoy o, en mitad de la pandemia de la COVID-19, el ex preso del franquismo Chato Galante.

Darío Rivas, su historia y la pérdida de su padre como motivación para buscar justicia

El caso que sin lugar a dudas marcó un antes y un después para los familiares que no veían como posible la reparación por el daño sufrido durante la dictadura de Francisco Franco, fue el de Darío Rivas. Luego de dejar España a los nueve años, a bordo de un barco que partió de La Coruña, Darío se estableció en Buenos Aires junto a algunos de sus hermanos. Transcurridos algunos años y ya siendo un adolescente, se enteró de la más trágica noticia: habían asesinado a su padre, Severino Rivas Barja, alcalde de Castro Rey un pueblo de la Provincia de Lugo, su Galicia natal.

Severino había sido fusilado el 29 de octubre de 1936 por un grupo de falangistas, para luego ser enterrado en una fosa común. Su fusilamiento se dio a tres meses de haber asumido como alcalde con el gobierno de la Segunda República.

Darío Rivas pudo estar presente durante la exhumación de la fosa común en la que se encontraban los restos de su padre, Severino Rivas, en Galicia.

Su camino en búsqueda de la verdad, lo llevaron a Darío a convertirse en el primer querellante español de la causa que denuncia los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura del Franquismo desde Argentina. “Él estuvo averiguando, investigando y haciendo todo para saber donde estaba su padre”, le comentó Adriana Fernández, Presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – Argentina, a La Ciudad.

“A mi padre lo secuestraron los falangistas en un café de Lugo y después lo entregaron a los militares“, contaba Darío Rivas hace algunos años después de recuperar los restos de Severino. “Lo dejaron tirado en una cuneta para escarmiento del pueblo”, agregó. Eriza la piel y sensibiliza releer cada palabra de este gallego tan bonaerense. Encontrar el cadáver de su padre “fue un milagro”; en especial porque fue en el contexto de un viaje a su tierra natal allá por 2004.

Luego de haber sido fusilado, fue enterrado en una fosa común que estaba detrás de una capilla, a las afueras de lo que se conoce como “camposanto”. Así es como en 2005 Severino Rivas, que como decía su hijo “era socialista de corazón, porque ayudaba a los pobres”, se convirtió en la primera persona fusilada en ser exhumada en Galicia.

“Papá, descansa en paz. Te lo pide tu hijo mimado, Darío”, se puede leer en la placa que colocaron en la tumba donde descansa, luego de ser exhumado, Severino Rivas Barja.

Su casa en Ituzaingó, un punto de encuentro para la amistad, la memoria y la esperanza

“Para mi era un abuelo”, con esa ternura lo recuerda Adriana Fernández a Darío Rivas. Pero que a pesar de su avanzada edad “se subía al Tren Sarmiento como si tuviera 20”, algo que solía hacer habitualmente ya que su casa de Teniente Coronel Miguel Caxaraville al 1745 en Ituzaingó Sur, estaba a muy pocas cuadras de la estación.

“Su pasión era luchar por la causa” y así vivió, dedicado a luchar contra los crímenes del franquismo. Todas las mañana “se levantaba, iba a  buscar todos los diarios, los leía todos y se ponía al tanto de todas las noticias, de todos lo que tenía que ver con la causa en España y obviamente acá también”. Su historia de lucha lo llevó a Darío a rodearse de muchas personas, que lo acompañaban y le tenían mucho aprecio, como Nora Cortiñas, el escritor español Manuel Rivas y el juez español Baltazar Garzón.

Las amistades y los afectos, eran una parte importante de la vida de Darío. “no hacía diferencia entre las personas, siempre y cuando sean personas de buen corazón; porque “si no eran personas de bien, ahí si se ponía jodido”, comentó entre risas Adriana, quien compartió muchos años de amistad con él. Esa casa de la calle Caxaraville fue sede de grandes encuentros ya que “cuando quería festejar, juntaba a todo el mundo en su casa y hacía asados. Llevaba mozos y atendía a todos”.

El destino advertido quiso que Darío se fuera un 15 de abril, tan cerca de aquella fecha que lo marcó toda su vida. El próximo viernes se cumplen 3 años, un tiempo más que prudencial para que nuestra comunidad Ituzainguense pueda rendirle un merecido homenaje y sacarlo del olvido.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – Argentina, elaboró este video recordando a Darío Rivas en el día de su cumpleaños (10 de Febrero). Crédito: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – Argentina.
Fuente:LaCiudadDiario

17 de enero de 2021

Los crímenes del franquismo. La memoria histórica y la Querella Argentina.

 16/01/2021 

Los crímenes del franquismo. La memoria histórica y la Querella Argentina

x Daniel Campione
Cuestionamiento de las democracias “mancas”, que suelen ser mera cobertura de consenso para las clases dominantes

¿Qué fue la dictadura franquista?

En España, el 17 de julio de 1936 se inició un proceso de represión masiva y sanguinaria de resultas de una guerra civil, desencadenada por un golpe militar parcialmente frustrado. Una contienda en la que sectores del gran capital, el ejército y la Iglesia sometieron a la mayoría del pueblo español, en primer lugar a los obreros y campesinos, a una política de venganza, de asesinatos, de juzgamiento masivo por delitos políticos en el que prodigaron las penas de muerte, de prolongados encarcelamientos signados por la tortura y los malos tratos, de represalias económicas, sociales y laborales.

Los múltiples crímenes, ya durante el transcurso de la guerra, y hasta mucho después, fueron expresión de un castigo contra unas clases explotadas que osaron desafiar el poder de empresarios, terratenientes, militares y curas y, ya con las armas en la mano, habían desatado una revolución como respuesta a la agresión armada de los poderosos.

La mera pertenencia a un partido de izquierda, a un sindicato, a la masonería, bastaba para ser sujeto de punición, la que a menudo incluía la muerte, en forma de asesinato lisa y llano o tras condena de tribunales militares, que privaban del derecho a la defensa en juicios sumarísimos. Las condenas a muerte pueden ser consideradas verdaderos “asesinatos judiciales”, ya que no sólo excluían las más básicas garantías procesales, sino que se basaban en normas arbitrarias, emanadas de un poder ilegítimo, y practicaban una verdadera “inversión” del derecho (p. ej. condenaban por “rebelión militar” a quienes habían luchado en defensa de la república)

Las ejecuciones extrajudiciales, seguidas por el abandono de los cadáveres o su entierro clandestino, lo que hoy llamamos “desapariciones”, solían ser cometidas por paramilitares de Falange, que durante la guerra solían eludir los peligros del frente y dedicarse a los atropellos en la retaguardia. En muchos casos los crímenes respondían a la instigación e involucramiento de civiles, a menudo los poderosos de la ciudad o pueblo respectivo: propietarios rurales, alcaldes, curas, dirigentes de Falange.

Otro rasgo genocida del franquismo fue el robo y supresión de identidad de miles de bebés, un proceso que abarcó toda la duración de la dictadura y aún más tarde, y movilizó a una amplia trama de autorías y complicidades, desde médicos y enfermeras hasta curas. La idea original era quitarle les niñes a “los rojos”, para ponerlos en manos de “personas de orden”. Hasta hubo un eminente médico militar, Antonio Vallejo Nágera, que creó la teoría del “gen rojo” y también la del marxismo como un tipo de dolencia mental. “Enfermos” de ese tipo no debían tener niñes españoles a su cargo, había que mantener la pureza de la “raza hispánica”.

Otro campo de la barbarie fue la violencia contra la mujer, con castigos específicos para ellas, aparte de las que fueron asesinadas, encarceladas o torturadas a la par de los varones. Violaciones y abusos sexuales, corte de pelo al rape, purgas con aceite de ricino, paseo de escarnio por las calles.

Esas diversas situaciones continuaron a lo largo de una dictadura que duró cuarenta años. Los vencedores en la guerra perpetuaron su dominio y llevaron hasta las últimas consecuencias su victoria. Una lógica de agresión a la vez ideológica, de clase, religiosa y nacional se impuso sobre la mayoría del pueblo español. La represión quedó oculta y la interpretación de la historia reciente fue monopolizada por el poder político, en medio de la más absoluta carencia de libertad de expresión y una educación tutelada por una Iglesia alineada por completo con el régimen.

Ya terminada la guerra un capítulo importante de la lucha y la represión estuvo en el combate contra los guerrilleros rurales a lo largo de los años 40 y primeros 50, que se proyectó también contra toda actividad que pudiera ser entendida como apoyo a la guerrilla. Algo más tarde, cuando se desenvolvió la resistencia en las ciudades, el terrorismo estatal se proyectó sobre sobre organizaciones obreras y estudiantiles clandestinas, el partido comunista, organizaciones libertarias, agrupaciones de la izquierda radical, etc

La cárcel, las torturas, los asesinatos en actos represivos oficiales o acciones clandestinas (La masacre de Atocha en 1976, por ejemplo), continuaron hasta la muerte del llamado Caudillo y aún después. La Dirección General de Seguridad y la Brigada Político Social fueron agencias del terrorismo de Estado, extendido a lo largo de cuatro décadas. Una de las figuras destacadas de la lucha contra esos crímenes, “Chato Galante”, preso y torturado entre los últimos 60 y los primeros 70, por su militancia en un partido de la izquierda radical, ha llamado la atención acerca de que “se tiene la idea de que la represión franquista fue feroz durante los primeros años y que luego se relajó. No es cierto. Entre 1963 y 1977 pasaron 50.000 personas por los tribunales de Orden Público.” 

La historia y la memoria sobre los crímenes del franquismo es también la historia y la memoria de la resistencia contra el régimen. La de los partidos, sindicatos y organizaciones de todo tipo cuyos miembros y simpatizantes se jugaron la vida en el intento de terminar con la dictadura, arrostrando el peligro de la tortura, la cárcel, y en no pocas ocasiones la pena capital.

Al término del régimen de Franco, se establecieron bases para una llamada “transición”, que incluía una amnistía para los crímenes, propiciando un “pacto de olvido” que comprometiera al conjunto de la sociedad, enterrando las acciones de los “vencedores” contra los “vencidos”. Los principales partidos de izquierda asintieron a ese pacto y lo proyectaron incluso sobre el plano simbólico. Aceptaron la monarquía instaurada por el dictador, desalentaron cualquier reivindicación de la República o de la lucha antidictatorial, para sacar de la mirada pública las consecuencias de la guerra civil y la dictadura, y apoyaron la amnistía general. Todo recubierto por un discurso de “reconciliación”, “olvido” y “perdón”. En nombre de la supuesta “reconciliación” se sancionaba el desamparo de los derechos humanos vulnerados y la completa impunidad para los represores.

Las acciones y omisiones orientadas a la impunidad tuvieron también aval e impulso internacional. Desde EE.UU y algunas “democracias” europeas, se alentó esa transición cuyas pautas iban desde la absoluta intangibilidad del orden capitalista al silencio sobre los crímenes. Interesaba dejar atrás cualquier perspectiva revolucionaria, aventar el eventual “regreso” de las acciones y los valores que, en tiempos de la República, habían estremecido los fundamentos de la dominación social. La pretensión de dejarlo todo en el olvido necesitó de variadas iniciativas y complicidades. Un historiador español, gran estudioso de la represión franquista señala la larga vigencia de “el modelo de transición continuista y, en la misma línea, la existencia de una derecha que nunca ha roto con el franquismo y de una izquierda que decidió que el pasado no existía.”

La “transición española”, que muchos pretendieron que se tomara como ejemplo para el regreso a regímenes constitucionales en Nuestra América, constituyó la negación misma de la memoria histórica. La dirigencia política que condujo los pactos de impunidad estuvo en buena parte integrada por antiguos jerarcas del franquismo, cómplices cuando no inspiradores de sus acciones, que estaban en una posición de fuerza porque controlaban lo fundamental del aparato del estado; las fuerzas armadas, la burocracia, el poder judicial. Ellos eran beneficiarios directos y custodios del “olvido” que se predicaba. La responsabilidad no fue sólo suya. A partir de 1982 transcurrieron catorce años de gobierno del llamado “socialismo”, sin que se hiciera nada importante en cuanto a reparación y castigo e incluso con recaídas en las operaciones parapoliciales, ahora bajo el pretexto de reprimir las acciones de ETA.

Durante un tiempo la imposición del sedicente “olvido y perdón” pareció tener éxito, pero la dinámica social no se detuvo, aun siguiendo caminos subterráneos. La obturación de la memoria y la justicia desde el Estado y diversos estratos de poder, acarreó luego la necesidad de un prolongado proceso de recuperación de la memoria desde abajo, un gigantesco cambio hoy en curso. Las generaciones mayores estaban habituadas al silencio impuesto por el miedo, por la amenaza activa o potencial de castigos imprevisibles e indeterminados. El recambio generacional jugó a favor de los anhelos de verdad y justicia, postergados pero no abandonados.

Los hijos de las víctimas, ya veteranos, y sus nietos ya adultos, se alzaron poco a poco al rescate del recuerdo de los muertos, presos y represaliados, a la recuperación de los cuerpos de los masacrados y desde allí se elevó el reclamo del juicio de los culpables. Chocaron con trabas burocráticas, intimidaciones, burlas. La mayoría no cejó en su empeño. La primera exhumación que alcanzó gran repercusión (otras anteriores habían sido casi clandestinas), ocurrió en octubre de 2000 y la realizó un nieto, Emilio Silva, que declaró que su inspiración eran los desaparecidos argentinos y chilenos. Vecinos del pueblo que presenciaron la exhumación afirmaron que conocían los asesinatos, pero que, durante décadas, habían guardado completo silencio sobre hechos que, en algunos casos, habían presenciado. Muy poco después Silva estuvo entre los fundadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.

Mientras la difusión de los desenterramientos se expandía, el Partido Popular, principal fuerza conservadora en España, se opuso a que siguiera la localización de las fosas y el rescate de los cuerpos.

Desde el gobierno del Partido Socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero se proyectó y aprobó una llamada “Ley de Memoria Histórica”, en 2007. Esta nueva legislación proclamaba el derecho a la reparación y a la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo y sus familias, establecía la ilegitimidad de los tribunales franquistas y el carácter “radicalmente injusto” de las condenas, sanciones y actos de violencia producidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Entre otras disposiciones, también se establecían medidas para facilitar las exhumaciones y la identificación de las víctimas, pero sin asumir la responsabilidad plena del Estado, sino en forma de auxilios y subvenciones presupuestarias que, pocos años después, un nuevo gobierno de la derecha se encargaría de suprimir, lo cual acabó ahogando a las asociaciones que intervenían en acciones reparadoras y produjo un bloqueo casi total de las medidas institucionales y actividades sociales comenzadas en los años precedentes.

Mientras tanto la ley de amnistía seguía vigente y el reconocimiento del carácter imprescriptible de acciones genocidas y crímenes de lesa humanidad sería negado expresamente por los tribunales españoles.

Los sectores de la sociedad española más comprometidos con las luchas por la memoria consideraron totalmente insatisfactoria a la ley y procuraron seguir su camino hacia la reparación y la justicia.

En 2008 el mismo juez que había impulsado el juicio al ex dictador Augusto Pinochet y a represores argentinos, Baltasar Garzón, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. No pasó mucho tiempo hasta que autoridades superiores de la magistratura rechazaran sus actuaciones, lo acusaran de “prevaricato” y lo inhabilitaran para proseguir el camino iniciado. Sólo quedaba, por el momento, la Ley de 2007, que no cubría en modo alguno las expectativas planteadas

La Querella Argentina.

Una respuesta frente a la persistencia de la impunidad se generó hace ya una década a partir de un cruce sugestivo. Desde la judicatura española se había emprendido el juzgamiento de los crímenes de Argentina, amparados en ese entonces por las leyes de impunidad y por tribunales que las aceptaban. Ahora, ante la pertinaz negativa de los tribunales superiores de España a la posibilidad de juzgar los hechos considerados amnistiados y/o prescriptos, es desde Argentina que se impulsa el juicio de los criminales de lesa humanidad españoles, invocando el principio de la jurisdicción universal, que antes se había adoptado desde España para procurar la justicia en nuestro país

Ha cumplido diez años la querella argentina que investiga los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, considerados como genocidio y crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.

Se inició en 2010, a partir de la acción del hijo de una víctima, residente en Argentina, Darío Rivas, a la que pronto se sumaron otros familiares con residencia argentina, que incluso formaron una filial de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esa querella cuenta con el respaldo de organizaciones de DDHH de Argentina y tiene el patrocinio de abogados residentes en Argentina y en España, entre los cuáles jugó un papel destacado el ya fallecido Carlos Slepoy. En el ámbito español se ha conformado la Red de Apoyo a la Querella Argentina (Luego transformada en Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA)).

También se crearon “plataformas” de apoyo en las diferentes comunidades autónomas, como las de Euzkadi, Asturias, Andalucía, Cataluña y Baleares, Castellano leonesa, Galicia, etc. Ellas nuclean a su vez a personas, asociaciones y administraciones públicas que impulsan la querella, representan a centenares de víctimas y generan distintas actividades conexas con la memoria, la verdad y la justicia. También se ha formado una plataforma en Argentina.

La querella toma los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.” No se detiene con la muerte de Franco, sino que se proyecta sobre los inicios de la Transición.

Se ha incorporado a la querella un más amplio espectro de crímenes y de víctimas. Éstos abarcan todo el marco temporal y nuevos tipos delictivos: ex-presos políticos de los años 70, tráfico de niños robados, asesinados y torturados durante los últimos años de la dictadura, víctimas del trabajo esclavo, mujeres víctimas de “crímenes de género”, afectados por abusos infantiles en preventorios, familias condenadas al exilio. Hay casos muy particulares, como la acción para esclarecer persecuciones y crímenes contra sacerdotes y religiosos. O la denuncia sobre el homicidio de Federico García Lorca, crimen símbolo durante la guerra civil, cubierto hasta hoy por el ocultamiento de su cadáver.

La negación de justicia por los tribunales españoles, que se extendió luego de iniciada la querella al rechazo a la extradición de los criminales solicitada desde Argentina, fue condenada desde la ONU, sin por eso modificar la actitud: Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, recordó en su informe de 22 de julio de 2014, “la obligación internacional del Estado (español) de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables “

No es casualidad que estas acciones se hayan dado desde Argentina. Esa sociedad ha pasado por una trayectoria de luchas en pro de la verdad y la justicia y contra las leyes de impunidad. Y en el plano jurídico por un proceso de adaptación de su ordenamiento legal, desde la Constitución Nacional hasta la interpretación de los jueces, para poder juzgar a sus propios genocidas. La legislación y la jurisprudencia argentina, se han ido ajustando para hacer posible el ejercicio de la jurisdicción frente a los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Para ello, ha sido necesario derogar y luego declarar la nulidad de pleno derecho de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La Constitución por su parte abre la puerta del ordenamiento jurídico argentino para el ejercicio de la jurisdicción universal, no sólo previéndola, sino permitiendo la aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Desde Argentina se cuestiona la interpretación de los hechos y de las normas por las fiscalías y los jueces de España. En la Península se los considera hechos aislados y son calificados como delitos comunes. Para el juzgado argentino, se trata de acciones realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión de los opositores políticos, un contexto propio de crímenes internacionales. Las normas aplicables son, por lo tanto, internacionales, complementadas con las normas argentinas. Y los delitos a juzgar, imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.

En 2013 un grupo de víctimas españolas declaró en Argentina. Los testimonios de las víctimas y sus familiares fueron recogidos en sede judicial, pudieron declarar y relatar todos aquellos crímenes silenciados, algunos durante generaciones. Estas declaraciones tienen en sí mismas un efecto reparador, de reencuentro con la memoria

Ese mismo año, se presentaron los primeros cargos y se emitieron órdenes de arresto internacional a un conjunto de represores, lo que incluyó a ex ministros de la dictadura y de los años posteriores, a policías torturadores, miembros del Poder Judicial de la dictadura y de consejos de guerra y otros autores de crímenes de lesa humanidad.  Éstas últimas fueron denegadas por los tribunales españoles. Ni extraditan para el juzgamiento en Argentina ni juzgan en España.

Se han ordenado exhumaciones, declaraciones de víctimas, interrogatorio de represores (el del famoso torturador Billy el Niño, por ejemplo) Está involucrado alguien que fue ministro no sólo de la dictadura sino también de la democracia, Rodolfo Martín Villa. Ha intervenido en exhumaciones el Equipo Argentino de Antropología Forense, de vasta trayectoria internacional en esa tarea.

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La perspectiva hoy, y hacia el futuro, no puede ser otra que “juicio y castigo a los culpables”, en un contexto de búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia y defensa de los derechos humanos. Ir a buscar a los criminales donde vayan, rescatar los cuerpos de los desaparecidos, volver a conectar a toda la sociedad con un pasado que sólo no se repetirá si no queda impune.

Más allá de las querellas hay todo un itinerario de recuperación de la memoria al que las acciones judiciales se integran. Se trataba de romper un duradero mutismo marcado por el miedo. La dictadura podía castigar cualquier crítica, hasta las meras conversaciones. Callarse era una forma de defenderse, casi todo estaba prohibido

Han hecho y hacen también un gran trabajo los historiadores, en muchos casos con el impulso o el auspicio de las autoridades locales, haciendo la historia de la guerra y la represión, provincia por provincia y municipio por municipio, entrevistando a testigos y protagonistas, reconstruyendo la historia del lugar. Se sumaron también cineastas, novelistas, muchos de ellos ya empeñados en la crónica de la actual lucha por la memoria, como el notable documental “El silencio de otros”, elaborado durante años y estrenado en 2018.

La memoria no es una cuestión del pasado, sino también, y quizás sobre todo, del presente y del futuro cercano. No se trata sólo del reclamo por los derechos humanos, sino de la reivindicación de las luchas populares que enfrentaron y enfrentan al poder del gran capital, que se han opuesto y se oponen no sólo a la represión sino a los fines espurios a cuyo servicio está puesta. La aplicación de la jurisdicción universal también puede articular con la mejor tradición del internacionalismo de los pueblos y sobre todo de los explotados y marginados.

Y constituye también un cuestionamiento de las democracias “mancas”, que suelen ser mera cobertura de consenso para las clases dominantes, para perpetuar un supuesto “orden” que alienta la desigualdad y la injusticia. La plena recuperación de la memoria, la completa implementación de la justicia, están también vinculadas a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, y de verdaderos gobiernos del pueblo.

Buenos Aires, 12 de enero de 2021.

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Para cuestiones específicas de la Querella Argentina hemos tomado información del artículo del abogado de la querella Máximo Castex titulado “ Crímenes de genocidio y lesa humanidad en España-A 10 años de la querella argentina.

Agradecemos a los organizadores del seminario “Memoria y Derechos Humanos”, de Colombia y Argentina, que a través de su invitación a exponer el 12 de enero de 2021 han generado la inquietud que llevó a la elaboración de este artículo.

Fuente:LaHaine