01 de julio de 2019 En el juicio por los crímenes contra las Ligas Agrarias Condenas para cuatro represores en el Chaco El teniente coronel Tadeo Bettolli y el policía Alcides Safenraiter fueron condenados a perpetua por el homicidio de militantes rurales. Otros dos policías recibieron penas por secuestros y torturas.
Los dirigentes de las Ligas Agrarias fueron perseguidos y reprimidos entre 1974 y 1980.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó, en el marco del juicio conocido como Ligas Agrarias, a cuatro policías y militares por
asesinatos, secuestros y torturas perpetrados durante la última dictadura en la provincia del Chaco. Los delitos de lesa humanidad se cometieron contra pobladores rurales y militantes campesinos. Tadeo Bettolli, teniente coronel del Ejército, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y la misma pena fue impuesta al agente policial Alcides Safenraiter, por el homicidio agravado por alevosía del militante rural Carlos Picolli. Los comisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky recibieron penas de cuatro y dieciocho años por encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y tormentos. Miguel González, policía que estaba acusado de homicidio, fue absuelto.
Las Ligas Agrarias fueron un movimiento que agrupó a miles de familias de agricultores y de obreros rurales. Tuvieron un gran nivel de organización y desarrollo que les permitió cambiar la lógica de producción planteando una redistribución más equitativa de los recursos que generaban y el mejoramiento de la calidad de vida rural. Fueron una herramienta de organización entre pequeños y medianos agricultores que enfrentaban la lógica de los monopolios, comercializadores y latifundios. En el Chaco sus militantes fueron reprimidos entre 1974 y 1980.
Carlos Piccoli estaba siendo perseguido desde 1975 por las Fuerzas Armadas y de seguridad por su participación en la organización de las Ligas Agrarias. Debió exiliarse en España y regresó a la provincia en 1979. La madrugada del 22 de abril de ese año, en el paraje Pampa Florida, de la zona rural de la ciudad de Sáenz Peña, según la acusación, fue “sorprendido por un retén policial constituido por los agentes Carlos Chávez y Alcides Roberto Safenraiter”. Ambos se escondieron “a un lado del camino, ocultos en la oscuridad y entre matorrales esperando el paso de Piccoli para dispararle a mansalva”.
Gómez Estigarribia era docente rural y dirigente de las Ligas Agrarias. Fue acribillado el 12 de febrero de 1977 en la localidad de Corzuela por un grupo de fuerzas conjuntas comandado por Bettolli e integrado por cuatro efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco que, según la acusación, se encontraban “fuertemente armados”. La patota de militares y policías esperó a Estigarribia en una casa donde tenía pautada una reunión “tendiéndole una emboscada”, y convirtiéndolo en “un blanco fácil” para sus victimarios.
El comisario retirado Rodríguez Valiente fue condenado por el encubrimiento de los asesinatos de Piccoli y Estigarribia y por la elaboración de falsos informes en los que hizo fraguar los fusilamientos como supuestos enfrentamientos. Wischnivetzky, en cambio, fue juzgado y condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos perpetrados contra tres trabajadores rurales, ocurridos el 30 de agosto de 1976, en la localidad de Villa Berthet con el fin de obtener información vinculada a su participación en las Ligas Agrarias y al paradero de dirigentes que eran buscados.
La Secretaría de Derechos Humanos destacó la condena a represores en la causa Ligas Agrarias
"Se han juzgado delitos de Lesa Humanidad que han ocurrido en esta provincia; expresamos nuestra satisfacción por esta sanción que tuvo como resultado cuatro condenas muy importantes", mencionó la secretaria Celeste Segovia. Viernes, 28 junio 2019
La Secretaría de Derechos Humanos destacó la condena a represores en la causa Ligas Agrarias
En la jornada del miércoles, fueron sentenciados José Tadeo Bettoli y Alcides Sanferraiter a prisión perpetua, José Rodríguez Valiente a 4 años de prisión, Eduardo Wischnivetzky a 18 años y Miguel González fue absuelto, por los asesinatos de Carlos Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, dirigentes de Ligas Agrarias eliminados en sendas emboscadas durante la última dictadura cívico – militar ocurrida en la Argentina.
Por instrucciones del señor gobernador Domingo Peppo, la secretaria de Derechos Humanos Celeste Segovia brindó una conferencia de prensa junto a todos los intervinientes en esta causa. “Queremos informar a la ciudadanía la plena satisfacción por el fallo que se ha conocido en la jornada del miércoles con respecto a esta causa tan importante para todos los chaqueños como el de la Ligas Agrarias, donde se han juzgado delitos de Lesa Humanidad que han ocurrido en esta provincia; expresamos nuestra satisfacción por esta sanción que tuvo como resultado cuatro condenas muy importantes”, mencionó Segovia.
En este sentido, Segovia aseguró: “si hacemos un análisis general en el desarrollo de las audiencias, en este juicio de Lesa Humanidad, que es el quinto que se desarrolla en el Chaco y el primero sin Mario Bosch, hemos logrado estas condenas que son muy importantes para el Estado provincial, ya que el gobernador Domingo Peppo ha instruido a la Secretaría de Derechos Humanos a constituirse como querellante e ir hasta las últimas consecuencias y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Por otra parte, el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Julio García indicó: “esto habla de la vocación del Estado provincial en pos de buscar justicia, de permitir el acceso a las víctimas a seguir este caso muy de cerca, además del compromiso en cuanto al acompañamiento político y técnico del gobernador Peppo quien nos ha dejado constituirnos en los casos de Lesa Humanidad y acompañar a los familiares y víctimas en este tipo de delitos”.
La provincia del Chaco se constituyó como querellante con la representación de los abogados Paulo Pereyra y Duilio Ramírez, quienes junto a fiscales querellantes presentaron los alegatos y explicaron que la próxima audiencia es el 11 de julio donde el Tribunal dará a conocer los fundamentos por los cuales se dictó este fallo. A partir de allí, cualquiera de las partes intervinientes tiene la posibilidad de apelar todo o en parte el contenido de la sentencia, y según como proceda cada parte quedará firme o no el fallo que se acaba de dictar.
Ligas Agrarias: comenzó el alegato de la Fiscalía que continuará el próximo martes 11 El fiscal Diego Vigay inauguró la presentación de la acusación del Ministerio Público con un pormenorizado análisis del contexto histórico y del desarrollo de los homicidios y de los tormentos imputados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de Ligas Agrarias. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11 de junio Viernes, 7 junio 2019
La causa Ligas Agrarias, sexto proceso por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco, alcanzó su onceavo día de audiencias durante la mañana de este jueves 6 con la primera parte del alegato fiscal en el juicio que reconstruye el accionar represivo del terrorismo de Estado contra trabajadores y dirigentes rurales. En la oportunidad, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, realizó ante el tribunal y las partes un análisis del contexto histórico de la represión a Ligas Agrarias, y cómo se presentaron los hechos específicos que forman parte de las imputaciones a los cinco implicados; los homicidios a Carlos Piccoli y Raúl Estigarribia, su encubrimiento bajo el montaje de “enfrentamientos” y secuestros y torturas los campesinos y militantes de base de Ligas Modesto Meza, e Hipólito y Santos Brítez.
Dado lo avanzado de la jornada cuando Vigay culminó su exposición, cuyo inicio se vio retrasado a raíz de problemas de conexión en el sistema de videoconferencia que vincula la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia con las sedes judiciales desde donde los imputados Bettolli (Capital Federal) y Wischnivetzky junto con Sanferraiter (Saénz Peña) siguen los debates, la causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11. En esa fecha se espera que el resto del equipo fiscal continúe con el alegato en su parte concerniente al análisis dogmático de las respectivas autorías y el pedido de las penas a cada uno de los cinco imputados; los ya nombrados, más Miguel Antonio González y José Rodríguez Valiente.
Asimismo se estipula que en caso de no poder cubrir la totalidad de la acusación ese martes 11, el juicio continuará el viernes 14. Luego, la vía quedará despejada para que la defensa presente su propio alegato y entonces restaría el pronunciamiento de los jueces Juan Manuel Iglesias, Ramón Gonzáles y la jueza Rocío Alcalá.
El lunes las querellas en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia, y la particular por parte de la familia Piccoli formalizaron sus respectivos alegatos con un pedido de un pedido de prisión perpetua para el ex militar José Tadeo Bettolli y los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter por considerarlos coautores de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes, 12 años de prisión para el ex policía José Rodríguez Valiente, imputado por encubrimiento agravado y 18 años para el ex subcomisario Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Todos en concurso real entre sí.
Alegato, parte I
El fiscal Diego Vigay situó los homicidios y torturas juzgadas en el marco de un “Plan fundamental de eliminación selectiva de distintos sectores de la ciudadanía que no encuadraban en el proyecto de país de la dictadura. Estos sectores fueron convertidos en blancos de la represión; según las estadísticas elaboradas por Informe CONADEP el 30 % de las víctimas fueron trabajadores, y 21 %, estudiantes como porcentajes mayoritarios”. Justamente, en ese “30 %” es donde se ubican las Ligas Agrarias; “El movimiento cooperativo más importante de la época que llegó a producir entre 30 y 40 mil toneladas de fibra de algodón, materia prima con la que se proveían Bunge y Born y otras multinacionales del rubro” graficó. Vigay explicó cómo la férrea defensa del porcentaje que le correspondía a los productores al momento de comerciar con las grandes firmas y la impronta organizativa y de empoderamiento de las familias campesinas por parte de las Ligas desencadenó una reacción represiva a sangre y fuego; “Hablamos de persecuciones masivas de Ejército y Policía en toda la provincia con los Operativos Toba y demás hechos como los que juzgamos en este juicio oral, los cuales si bien son representativos, no son los únicos” afirmó.
“Pelotón de fusilamiento”
Respecto de los hechos de homicidios el fiscal expuso primero el caso de Raúl Estigarribia; luego de mostrar una fotografía del militante, cuya familia estuvo presente en la sala de audiencias. Estigarribia era docente rural, integrado a Ligas Agrarias, buscado desde 1974 y por ello permanecía clandestino. Pese a que se sabía cercado, continúo recorriendo los parajes chaqueños oficiando de “correo” y llevando información y alimentos a otros liguistas refugiados en los montes para eludir la represión, utilizando un documento de identidad falso para sortear los retenes y controles militares.
El 12 de febrero de 1977 fue atraído al domicilio de Francisco Iñiguez en Corzuela. Pero no encontró a Iñiguez al llegar a la vivienda, una patrulla de cuatro efectivos policiales (José Cardozo, Roberto Acuña, Rodolfo Mendoza (fallecidos), y Miguel Gonzáles, liderada por el militar Tadeo Bettolli le tendió una emboscada.“Fue un blanco fácil para el grupo fuertemente armado y recibió tres heridas, según lo constató el Equipo Argentino de Antropología Forense, una el tórax, mortal, otra en la pierna, provocándole rotura de huesos, y la última en el brazo”.
Vigay señaló que en la exhumación se encontraron 2 proyectiles en el cajón, que pueden no haber sido advertidos al momento y elevarían la suma de heridas a 5. Además precisó que se verificaron 6 impactos de bala en la fachada de la vivienda, es decir que se dispararon un mínimo de 11 tiros; “Esos 5 efectivos a resguardo, en posición de abanico, y contando con la sorpresa de la situación prácticamente funcionaron como un pelotón de fusilamiento” destacó. (Cabe acotar que con un bajo nivel de efectividad al contabilizarse más de la mitad de los disparos errados).
Luego de contrastar la reconstrucción de la emboscada con la versión oficial redactada por el imputado Rodríguez Valiente con un relato de una balacera protagonizada por Estigarribia llevando una granada y un revólver “simulados debajo de una campera en pleno verano chaqueño, y que se apersona a la vivienda y golpea en la puerta con el caño del arma, Vigay fundamentó punto por punto los testimonios en el juicio y gran variedad de pruebas documentales sobre las que se observa por un lado la falsedad del acta en cuestión, los “aprietes” a “testigos” (secuestrados y torturados al efecto), y la presencia y participación de los imputados en el hecho, en algunos casos como el de Bettolli, sobre la base su propia firma en actas e informes.
Para el caso Carlos Piccoli describió un idéntico modus operandi de emboscada y luego montaje de tiroteo, con la víctima acribillada mientras se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, al ser sorprendido por Alcides Sanferraiter y Carlos Chávez (fallecido). Vigay remarcó que las heridas en cabeza y el brazo “permiten reconstruir una trayectoria de disparos de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, a una distancia máxima de 7 metros de un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3. Piccolli pasó en su bicicleta entre ambos tirados y fue sorprendido y abatido”.
El tramo final de la declaración de Vigay detalló la secuencia de torturas a tres trabajadores rurales en el marco de operativos de rastrillaje y búsqueda de los dirigentes de Ligas Rogelio Vocouber y Secundino Vallejos, a la fecha desaparecidos que se realizaron a fines de agosto de 1976 en la zona rural de Villa Berthet. El fiscal resaltó por un lado los testimonios de las víctimas , Meza y los hermanos Brítez; “Personas muy humildes, que se acercaron a esta sala con miedo luego de los hechos que sufrieron y que relataron que escucharon el nombre del subcomisario Eduardo Wischnivetzky mientras eran torturados”. Asimismo sumó a las palabras de los sobrevivientes informes y actas de las propias fuerzas policiales por los cuales puede situarse al policía en toda la zona de los operativos, antes, durante y luego de las torturas llevadas a juicio.
MARTES, 4 JUNIO, 2019 Juicio por crímenes de lesa humanidad
Ligas Agrarias: pidieron perpetua y 12 y 18 años de prisión para los cinco imputados
La parte querellante en el juicio presentó su alegato acusador, con un pedido de penas de prisión perpetua, y 12 y 18 años de prisión para el grupo de cinco imputados por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de Ligas Agrarias durante la última dictadura. La causa pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, cuando la Fiscalía formalizará su acusación.
“Las Ligas son parte de la memoria colectiva. Un reserva moral para la sociedad, por su método de organización y por su movilización en reclamo de Justicia”; palabras del querellante y hermano de una de las víctimas, Mario Piccolli, durante la mañana del lunes en la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia en la décima audiencia del juicio oral en el que se formalizó la acusación a los cinco imputados por crímenes de lesa humanidad contra y el respectivo pedido de penas para cada uno de ellos.
Para el exmilitar José Tadeo Bettolli se solicitó prisión perpetua por considerarlo coautor de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes, lo mismo que para los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter. Al expolicía José Rodríguez Valiente se imputó por encubrimiento agravado con el pedido de pena de 12 años de prisión. Para el ex comisario Eduardo Wischnivetzky se solicitaron 18 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Todos en concurso real entre sí.
Los abogados Duílio Ramírez y Paulo Pereyra presentaron el alegato querellante en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia. Con gran precisión Duilio Ramírez, comenzó con el análisis de las pruebas que fundamentan la acusación. Luego Paulo Pereyra, didáctico, refirió la autoría y participación de cada uno de los imputados, y la calificación legal para el pedido de pena. La secretaría de DDHH de la Nación representada por el dr. Flavio Ferrini adhirió a la totalidad de lo expuesto por la querella del Estado Provincial.
Del mismo modo lo hizo la querella en representación de la familia Picolli, de Mario, quien brindó un marco general de los objetivos que persiguió el terrorismo de Estado con la eliminación de los dirigentes y referentes liguistas.
La causa pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, cuando se espera el comienzo del alegato Fiscal. De este modo las defensas iniciarían sus propios alegatos en la semana posterior, luego de lo cual el tribunal estaría en posición de dictar sentencia.
PRUEBAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
El análisis de Duilio Ramírez fue dividido en tres tramos; en tanto el abogado consideró que el caso juzgado comprende tres hechos diferentes pero con un mismo hilo conductor. A modo de introducción al contexto de la época afirmó; “Luego del golpe de Estado se organizó el país en áreas de Ejército y se subordinó a las Policías a las respectivas autoridades militares.
Chaco fue el Área 233. Se utilizó la doctrina de la Escuela Francesa en Argelia: secuestro y tortura de opositores para destruir a las organizaciones catalogadas como “subversivas”. “En Chaco uno de esos grupos fue Ligas Agrarias”.
“¿Es posible pensar que un militar de Ejército con funciones en Inteligencia Militar pueda haber venido al Chaco a realizar tareas administrativas como si fuese un consultor? se preguntó en referencia a lo manifestado en ese sentido por el imputado Bettolli durante su ampliación indagatoria.
HOMICIDIOS
Sobre el hecho de Raúl Eduardo Estigarribia comentó que este dirigente era intensamente buscado desde 1975, y en 1977 un conocido, Leopoldo López Jordán, lo lleva en su camioneta al domicilio de Francisco Iñiguez, en Corzuela, donde se organizó una emboscada con personal de Ejército y Policía bajo las órdenes de José Tadeo Bettolli.
Según el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense Estigarribia fue herido en el tórax, y en la pierna y muñeca izquierdas. Allí se labró un acta con la versión falsa de un supuesto enfrentamiento. Iñiguez relató en sede judicial que lo sacaron vendado y esposado y le dieron una paliza. En relación al acta suscripta por Bettolli subrayó ; Cuando se le pregunta por su firma en ese documento titubea, sin poder negarlo de forma categórica. Esto es así porque se realizó un montaje , una mascarada de lo sucedido mediante la hipótesis del enfrentamiento, en el que al igual que en la Masacre muere la totalidad de los perseguidos políticos y no se registran heridos en integrantes de las FFAA”.
En esa mascarada intervino Rodríguez Valiente; “un cuadro consustanciado con la dictadura, realizó cursos de Inteligencia, y era oficial sumariante. Su accionar fue trascendental y demostró una postura defensiva como muchos puntos débiles y contradicciones con las pruebas ventiladas en los debates”.
Tenemos la certeza de que los imputados participaron. Recordó además que según el legajo de Bettolli” desde diciembre estaba operativo en la zona, participando en varias acciones represivas. No era cualquiera. Tuvo un rol clave. Era el Ejército en ese momento”.
Respecto de Piccoli, era buscado desde 1975, exiliado, regresa en 1979 con intención de reconstruir Ligas y aportar al regreso de la Democracia. Se movía en bicicleta y eludía los retenes militares atravesando el monte y caminos vecinales. “En la noche del 22 de abril de 1979 en el Cruce de Ramela, en las afueras de Saénz Peña , fue sorprendido y abatido luego de que el canto de unos teros alertara a los oficiales Alcides Sanferaiter y Cárlos Chavez. Ocultos entre los pajonales y la oscuridad tan pronto como pasa frente a ellos le dispararon y acabaron con su vida. Por los impactos de bala, el ancho del camino, y la posición de los atacantes resulta inapelable que nadie le dio la voz de alto y que fue acechado y asesinado desde la oscuridad” precisó.
TORTURAS
A fines de agosto de 1976 encuentran en un descampado de Villa Berthet unas cartas de los dirigentes Rogelio Vocouber y Secundino Vallejos, quienes eran intensamente buscados (hoy están desaparecidos). El hallazgo desencadena un operativo de requisas en toda la zona liderado por el comisario de Villa Ángela Eduardo Wischnivetzky.
En ese contexto se dan las detenciones y torturas a Hipólito y Santos Brítez, y Modesto Meza
En relación con las pruebas de los hechos de torturas y siendo este el único caso en el que se puede contar la palabra de los sobrevivientes remarcó sus dichos ante el tribunal; “Nos pegaban como a animales”, “Escuché que dijeron ahí viene Wischnivetzky” y la presiones por parte de la familia del imputado para lograr que se desdijeran en sus testimonios a cambio de dinero. Allí planteó el rol central de la Comisaría de Villa Ángela en los tres días de operativos y y la certeza de que su principal responsable, el comisario Wischnivetzky estuvo al frente de los hechos; “Tenemos el memorando suscripto por el Comisario Caballero que da cuenta de operativos en el Lote 21, con participación del acusado, y de personal de su Comisaría, la detención de Lázaro Frías en el lote 21, un día después del hecho, y otra detención en el lote 18. Es decir; estuvo antes, durante y después”.
CALIFICACIÓN LEGAL
El abogado Paulo Pereyra encaró la intepretación legal de los hechos descriptos por su preopinante. Luego de fijar como precedente directo a las sentencias condenatorias de las Causas Masacre de Margarita Belén y Caballero destacó la alevosía; “actuar sobre seguro” y la preparación de la escena del crimen en cada uno de los hechos para maximizar el estado de indefensión de las víctimas.
Asimismo Pereyra consideró que a todos los acusados les cabe la “coautoría funcional aditiva”; ya que “todos los imputados formaron parte del plan previo y realizaron aportes esenciales para lograr el objetivo propuesto”. Además afirmó que el encubrimiento agravado es la acción típica que le corresponde a Rodríguez Valiente para “frustrar la acción de la justicia y darle visos de legalidad a la emboscada” y por no denunciar “a sus camaradas de armas en tanto era lo que le correspondía como funcionario público”.
En el caso de los tormentos en el lote 20 “se da un supuesto de gran sufrimiento para la búsqueda de información” y también un “agravante por la condición de perseguido político de la víctima”. “El de Wischnivetzky fue un aporte esencial; daba las órdenes. Con acreditar el plan previo se puede imputar sin necesidad de probar que haya estado o no”.
Por último el letrado sostuvo que las de este proceso son “Condenas necesarias para resarcir a las víctimas pero también para restablecer la verdad de los hechos y la vigencia del Estado de Derecho”.
Fuente:DiarioChaco
Ligas Agrarias: “Hubo personas que declararon y 40 años después continúan con miedo” La apreciación corresponde a Duilio Jorge Ramírez, abogado querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el juicio por crímenes de Lesa Humanidad contra dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco. Dijo en CIUDAD TV que las pruebas son contundentes y que “fue un momento oscuro de nuestra historia”. También ratificó que cualquier ciudadano puede presenciar las audiencias porque son públicas. Martes, 4 junio 2019
Duilio Jorge Ramírez en "Agenda Circular".
“En la provincia ya hubo varios juicios de Lesa Humanidad. Se trataron cuestiones importantes, como Margarita Belén y Caballero I y II, todas con sentencia firme; y algunas están en etapa de apelación”, explicó el doctor Ramírez.
“El caso Ligas Agrarias llega a juicio recién este año, ya se completó la etapa de pruebas y se inició la etapa de alegatos, momento donde se hace un resumen de las pruebas. Nosotros sostenemos la acusación, conjuntamente con la Fiscalía y los otros querellantes, con la presentación de pruebas muy contundentes”, aseveró el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Explicó que la causa se trata de la muerte de dos militantes de Ligas Agrarias – Carlos Píccoli y Raúl Gómez Estigarribia – pero agrega que “hubo varios dirigentes que continúan desaparecidos hasta hoy, y el juicio no ha llegado todavía. En este caso es por dos fallecidos y tres que sobrevivieron y fueron víctimas de torturas”.
Indicando que lo que hoy se ventila en los tribunales federales, “se ubica en todo un proceso de persecución a Ligas Agrarias, que era un agrupamiento campesino, que tenía actuación importante en el interior de la provincia y en Corrientes. Entre otras cosas, apostar al movimiento cooperativista”
El letrado, además, estimó luego que “ese modelo era totalmente opuesto al que tenía el gobierno de facto de ese momento. En ese marco se encara la persecución de una gran cantidad de integrantes y adherentes del movimiento”, y posteriormente refirió de los imputados que tiene el caso por los asesinatos y las torturas. “Fue un momento muy oscuro de nuestra historia”.
El letrado dijo que, “el jueves continúa la etapa con los alegatos de la Fiscalía, donde va a sostener su acusación. La pena más baja que se pide es de 12 años, y de 18 años – por nuestra parte – y perpetua”; considerando que “hubo personas que declararon y 40 años después continúan con miedo, y también hay personas que continúan desaparecidas”.
“La provincia viene con una decisión política muy fuerte de ser parte de los juicios de Lesa Humanidad”, acotó Ramírez; aclarando que el juicio continúa con el hecho de que “cualquiera de los imputados tiene el derecho de ejercer su defensa, donde van a tener la oportunidad de valorar la prueba según su estrategia jurídica”, destacando que “después viene la sentencia. “El Tribunal tiene que tomarse un tiempo para valorar todo lo que pasó, por lo que estimo que tenemos alrededor de un mes para que finalice esto. No es tarea fácil, por lo que las audiencias para recolectar las pruebas fueron varias y densas”.
Por último, señaló que “nos gustaría, a los que estamos viviendo esa parte de la historia chaqueña, pedirle al pueblo a que se acerquen, porque son audiencias públicas y podrán ver en qué consiste el juicio y a sus actores principales”.
Causa Ligas Agrarias: La audiencia fue suspendida por problemas técnicos Este jueves, debido a problemas en la conexión del sistema de videoconferencias el imputado - José Tadeo Bettolli - no pudo realizar su ampliación indagatoria desde Buenos Aires, por lo cual se suspendió la audiencia y se programó la instancia el jueves 30. Los alegatos de la querella comenzarán el lunes 3 y continuarán el 6 de junio. La Causa Mazzoni- Casco dará inicio una vez finalizado el presente juicio. Jueves, 23 mayo 2019
Tribunal Oral Federal en la causa Ligas Agrarias.
La ampliación indagatoria de Bettolli no pudo concretarse durante la mañana de este jueves en la causa Ligas Agrarias debido a una serie de problemas técnicos con el sistema de videoconferencias, que hicieron imposible la conexión entre la sede judicial de Buenos Aires; desde donde el ex militar participa en el juicio, y la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Luego de varios intentos infructuosos para solucionar la cuestión y dado lo avanzado de la jornada el presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, de común acuerdo con las partes, informó la suspensión de la audiencia y un paso a un cuarto intermedio hasta el jueves 30. Ese día se espera escuchar el descargo de Bettolli.
Los alegatos de querella y fiscalía se programaron para el lunes 3 y jueves 6 . Asimismo, el juez Iglesias comunicó que el juicio oral en el que se juzga la complicidad judicial con la dictadura y en la cual figuran imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardia cárcel de U7 Pablo Casco finalmente no dará inicio el próximo 3 de junio como estaba pautado para evitar la superposición de los debates.
Cuestión atendible dado que en ese proceso intervienen prácticamente los mismos actores, tanto en la defensa como en la parte acusadora que en la causa Ligas, próxima a su culminación.
Antecedentes
El exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, está imputado por el homicidio del dirigente rural Raúl Estigarribia, ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el ex militar.
Es el único del grupo de acusados que resta por manifestarse ante el Tribunal, ya que Eduardo Wischnivetzky y Alcides Sanferraiter anunciaron que declinarán la opción. Además de los nombrados figuran como imputados los agentes (re) de Policía Miguel Antonio González, acusado de homicidio agravado, y José Rodríguez Valiente, por encubrimiento. Este último también fue condenado en los procesos por torturas y violaciones en la ex Brigada de Investigaciones denominados Caballero I y II.
En la causa se juzgan los asesinatos de Carlos Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, dirigentes de Ligas Agrarias eliminados en sendas emboscadas encubiertas en supuestos “enfrentamientos” con fuerzas represivas durante la última dictadura cívico militar, así como también el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.
En la causa Mazzoni-Casco, sexto proceso por crímenes del terrorismo de Estado, al ex fiscal Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. Por su parte al ex penitenciario Pablo Casco se le imputan torturas y tormentos agravados en dos casos.
Es “célebre” entre la comunidad de sobrevivientes de la cárcel Unidad Nº7 por ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros, al punto de haber sido el responsable de turno durante la “entrega” de detenidos políticos a las fuerzas militares el 12 de diciembre de 1976, en el inicio de lo que sería la Masacre de Margarita Belén.
Causa Ligas Agrarias: con la ampliación de indagatoria del represor Betolli se reanudan las audiencias En la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Yrigoyen 33), se reanudarán este jueves las audiencias con la ampliación indagatoria del ex militar José Tadeo Bettolli. Se juzga el homicidio de los dirigentes liguistas Raúl Estigarribia y Carlos Piccoli por parte del terrorismo de Estado (1976-1983) Miércoles, 22 mayo 2019
José Tadeo Luis Bettolli, ex oficial de Inteligencia del Ejército, condenado a 25 años de prisión
El juicio oral Ligas Agrarias cumplirá octavo día de audiencia con la culminación de declaraciones indagatorias ante el tribunal este jueves 23 desde las 9 de la mañana en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, (Hipólito Yrigoyen 33).
En la oportunidad se espera escuchar al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, imputado por el homicidio del dirigente rural Raúl Estigarribia, ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el ex militar. Betolli ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones en las causas Caballero I y II. Es el único del grupo de acusados que resta por manifestarse ante el Tribunal, ya que Eduardo Wischnivetzky y Alcides Sanferraiter anunciaron que declinarán la opción.
Una vez cumplida la instancia, el proceso pasará a cuarto intermedio hasta el jueves 30, con el inicio de los alegatos por parte de la Fiscalía y querella. El Tribunal informó su expectativa de avanzar en los debates para dictar sentencia a mediados de junio. En sentido el presidente del Juan Manuel Iglesias señaló que se espera llegar a Agosto “con todas las causas de lesa humanidad finalizadas”, en referencia al otro juicio que comenzará el 3 de junio, sobre la complicidad de los civiles Domingo Mazzoni (ex funcionario judicial) y Pablo César Casco (ex guardiacárcel de U7) con el terrorismo de Estado.
Cabe destacar que los debates son públicos, y para asistir a los mismos sólo es necesario presentarse con DNI. Este es el quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, cuya etapa de juicio oral comenzó el 5 de abril de 2019. También se juzgan los asesinatos de Carlos Piccoli, otro histórico referente de Ligas Agrarias y el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.
Además de los nombrados figuran como imputados los agentes (re) de Policía Miguel Antonio González, acusado de homicidio agravado, y José Rodríguez Valiente, por encubrimiento. Este último también fue condenado en los procesos por torturas y violaciones en la ex Brigada de Investigaciones denominados Caballero I y II.
Ligas Agrarias: con los alegatos, el juicio entra en su recta final El juicio oral en el que se juzgan crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura contra dirigentes y militantes de base de Ligas Agrarias entró en su fase definitoria con la conclusión de la etapa de testimoniales el 7 de mayo. En la oportunidad se dio por terminada dicho tramo del juicio con la incorporación por lectura del testimonio de Leopoldo Jordán (fallecido) quién en la etapa de instrucción afirmó que Raul “Ñaró” Gómez Estigarribia estaba desarmado momentos antes de caer en la emboscada comandada por el militar Bettolli. Sábado, 18 mayo 2019
Por ello el lunes 20 tendrá lugar el desfile de imputados ante el tribunal para ampliar sus respectivas declaraciones indagatorias y el jueves 23 la parte acusadora iniciará la exposición de alegatos.
La denominada causa Ligas Agrarias es el quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, y si bien se enfoca en los asesinatos de dos dirigentes agrarios y en los secuestros y torturas a militantes de base, permitirá reconstruir el accionar represivo del terrorismo de Estado en el interior chaqueño contra los trabajadores rurales durante la última dictadura.
La etapa oral del juicio comenzó el 5 de abril de 2019 y en la actualidad el proceso entró en su etapa definitoria y va por el séptimo día de audiencia, ya superada la fase de testimoniales.El lunes 20 tendrá lugar el desfile de imputados ante el tribunal para ampliar sus respectivas declaraciones indagatorias y el jueves 23 la parte acusadora iniciará la exposición de alegatos.
Se juzgan los asesinatos de Carlos Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, dirigentes de Ligas Agrarias eliminados en sendas emboscadas encubiertas en supuestos “enfrentamientos” con fuerzas represivas durante la última dictadura cívico militar, así como también el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.
Figuran como imputados el exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, y los agentes (re) de Policía Miguel Antonio González, y Alcides Sanfeiraiter acusados de homicidio agravado, el ex comisario de Policía Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos y el ex policía José Rodríguez Valiente, por encubrimiento.
Querella y Fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Carlos Piccoli señalan que este se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Cárlos Chavez (fallecido).Desde la defensa se plantean la versión de un supuesto “enfrentamiento”.
Santos Britez y Modesto Meza relataron que el 30 de agosto de 1976 fueron detenidos por personal de civil, pero “con borceguíes y armas largas” y llevados a un paraje, el Lote 20, de la localidad de Villa Berthet donde fueron sometidos vendados y sometidos a torturas. Si bien ninguno de los declarantes pudo confirmar haber visto al imputado Wischnivetzky, sí afirmaron que era un comentario generalizado que el policía fue el jefe de ese operativo.Desde la parte acusadora se señaló que así figura en actas policiales de la época, con a cargo de la Comisaria de Vila Ángela- y en comisión de servicio en la jurisdicción de la Comisaría.
Partes
El tribunal está constituido por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Ramón Luis González y Rocío Alcalá. La acusación del Ministerio Público es cursada por los fiscales federales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini.
Las querellas tienen la representación del abogado Mario Piccoli, hermano de Carlos, y por parte de la Secretaría de DDHH de la provincia el Dr. Duilio Ramírez, la Dra. Silvina Canteros y Dr. Paulo Pereyra.Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de Eduardo Wischnivetzky y José Tadeo Bettolli, Marcelo Valoriani lleva la defesa privada de Miguel Antonio González y Carlos Decesare representa a Alcides Sanferraiter. Los testigos familiares de las víctimas y/o sobrevientes contarán con el acompañamiento y contención del Programa de Asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria.
Resistencia y lucha
Ligas Agrarias fue un movimiento que aglutinó a pequeños y medianos productores algodoneros como contrapartida a la especulación de los grandes monopolios y tuvo un final abrupto de la mano de la represión estatal de mediados de los setenta; sus bases y dirigentes fueron “barridos” del mapa en sendos operativos del Ejército y Policía, con cientos de militantes de base secuestrados, sometidos a torturas y vejámenes y encarcelados.
En ese sentido cabe remarcar que no fueron estos dos casos sometidos a proceso los únicos liguistas víctimas de la dictadura. En el grupo de fusilados en la Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976 hay tres que militaban en cuestiones del agro; Luis Arturo Franzen, y Carlos Tereszecuck lo hacían en el Movimiento Agrario Misionero, Delicia Gonzáles en las Ligas Agrarias de Corrientes. Carlos Oriansky fue otro gran dirigente liguista, secuestrado y desaparecido en octubre de 1976.
Luis Fleitas, Raúl Vocouber, Juan Sokol, Alicia López, Pedro Morel, Sara Ayala, Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza integraron las Ligas y corrieron igual suerte, manos de los verdugos genocidas. También se suman, como sobrevivientes luego de años de calvario en las cárceles de la dictadura los nombres de los ex detenidos políticos Quique Lovey, Mauricio Berger, y Rogelio Tomasella, entre muchos otros.
Este jueves se reanuda el juicio oral contra represores por el caso Ligas Agrarias Desde las 9 h en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia se reanudarán los debates de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura contra dirigentes y militantes de base de Ligas Agrarias. El juicio entró en su etapa definitoria , de cara al inicio de alegatos y el dictado de una sentencia Miércoles, 8 mayo 2019
Este jueves se reanuda el juicio oral contra represores por el caso Ligas Agrarias
Este jueves 9 la causa denominada Ligas Agrarias cumplirá su séptimo día de audiencia, jornada en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales y avanzar en la resolución de una serie de cuestiones atinentes a la incorporación de prueba y a la ampliación de declaración indagatoria por parte de los imputados. Luego de ello quedará el camino despejado para que el Tribunal fije la fecha de inicio de los alegatos de las partes, de cara al dictado de la sentencia.
Entre los temas para tratar desde las 9 h de este jueves resaltan la declaración testimonial al último testigo, que no concurrió en la audiencia anterior, y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, ex enfermero en la Alcadiía de Saénz Peña, fallecido el 22 de abril pasado.
Cabe remarcar que el presidente del tribunal Juan Manuel Iglesias anunció que los siguientes días de audiencia serán , a modo tentativo, el viernes 10, el lunes 20 y jueves 23 de mayo.
En el juicio figuran como imputados el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, y los agentes (re) de Policía Miguel Antonio González, y Alcides Sanfeiraiter acusados de homicidio agravado, el ex comisario de Policía Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos y el ex policía José Rodríguez Valiente, por encubrimiento.
Este es el quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, y si bien se enfoca en los asesinatos de los dirigentes campesinos Carlos Servando Píccoli y Raúl “Ñaro” Gómez Estigarribia, y en secuestros y torturas a militantes de base liguistas, permitirá reconstruir el accionar represivo del terrorismo de Estado en el interior chaqueño.
El Tribunal que lleva adelante el juicio oral está constituido por los magistrados Juan Manuel Iglesias (presidente), Ramón Luis González y Rocío Alcalá. La acusación del Ministerio Público es cursada por los fiscales federales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. Las querellas tienen la representación del abogado Mario Piccoli, hermano de Carlos, y por parte de la Secretaría de DDHH de la provincia el Dr. Duilio Ramírez, la Dra. Silvina Canteros y Dr. Paulo Pereyra. Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de Eduardo Wischnivetzky y José Tadeo Bettolli, Marcelo Valoriani lleva la defesa privada de Miguel Antonio González y Carlos Decesare representa a Alcides Safenrraiter. Los testigos familiares de las víctimas y/o sobrevientes contarán con el acompañamiento y contención del Programa de Asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria.
Ligas Agrarias: otro perito ratificó que no hubo autopsia a los militantes asesinados En su declaración en el juicio oral el médico del Equipo Argentino de Antropología Forense Luis Bossio señaló que los únicos estudios realizados a los cadáveres de Carlos Piccoli y Raúl Estigarribia consistieron en unos informes médicos de constatación a simple vista. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9, oportunidad en la que se espera concluir la etapa de testimoniales, y avanzar hacia dos alegatos, posiblemente a fines de mayo Viernes, 3 mayo 2019
Causa Ligas Agrarias: Foto archivo
La sexta jornada del juicio oral denominado Ligas Agrarias que se realizó en la mañana de este jueves 2 de mayo vino a completar el cuadro descripto por la perito del Equipo Argentino de Antropología Forense Soledad Selva de la audiencia anterior, con el testimonio del médico Luis Bosio, también del EAFF, sobre el análisis de restos óseos de los dirigentes Carlos Piccoli y Eduardo Estigarribia realizados en mayo de 2015.
Querella y Fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Carlos Piccoli, señalan que este se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Cárlos Chavez (fallecido). Desde la defensa se plantea la versión de un supuesto “enfrentamiento”.
Mediante sistema de videoconferencia, desde Buenos Aires, el Dr. Bosio precisó que las autoridades militares de la época no gestionaron la realización de autopsia a Piccoli ni a Estigarribia, sólo unos informes médicos que consistieron en una constatación del estado de los cuerpos a simple vista. Debe remarcarse que lo estipulado ante casos de muerte violenta es la realización de una autopsia integral.
En el cadáver de Estigarribia se constataron fracturas en la tibia y peroné de la pierna izquierda. También se observaron fracturas completas de la segunda a quinta costilla en la parte izquierda del torso, siendo estas heridas las que le provocaron la muerte. Respecto de Carlos Piccoli, se verificaron lesiones en el cráneo compatibles con las provocadas por la penetración y trayectoria de un proyectil de arma de fuego con dirección de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y ligeramente de atrás hacia adelante.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9 de mayo, oportunidad en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales con el último testigo convocado y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, ex enfermero en la Alcadía de Saénz Peña, fallecido el 22 de abril pasado. Resueltas estas cuestiones quedará la vía expedita para avanzar con las declaraciones de los imputados, para luego dar inicio a la serie de alegatos de cada una de las partes, presumiblemente el lunes 20 y/o jueves 23 de mayo.
Cabe aclarar que también se juzga el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, hechos por los cuales se imputa el ex comisario de Policía Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos. El ex policía José Rodríguez Valiente, en tanto, está acusado de encubrimiento.
Wischnivetzky hijo
Marcelo Wischnivetzky, hijo de uno de los imputados, fue el segundo testigo de la jornada. Convocado por la defensa, declaró sobre el contacto que mantuvo con Santos Britez y Modesto Meza, dos campesinos que declararon ante el tribunal en la cuarta jornada del presente juicio y relataron haber sido secuestrados y torturados el 29 de agosto de 1976 en un paraje en cercanías a Villa Berthet por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.
Sucede que desde la Querella y Fiscalía se denunció una serie de ofrecimientos, (dinero y trabajo) que habrían sido realizados en 2011 por parte Wischnivetzky (hijo) para que ambos negaran cualquier tipo de acusación contra su padre.
Tanto la querella como la Fiscalía plantearon su oposición a que declare atento a la posibilidad de que incurriera en una autoincriminación y por no tratarse de una cuestión relacionada con el objeto procesal, pero desde el Tribunal se resolvió no hacer lugar a la petición, con la salvedad de interrumpir el testimonio de verificarse esa situación, tomando en cuenta la propuesta de la defensa de que el testigo brinde un relato concreto de cual fue el carácter de su vínculo con Brítez y Meza.
Según la versión de Wischnivetzky no hubo tal ofrecimiento y sus gestiones se abocaron a consultar a Meza y Britez respecto de la inocencia de su padre. Relató que los testigos le confirmaron los hechos pero no que hayan denunciado a su padre, como consta en las declaraciones ante sede judicial, ante lo cual los instó a declarar nuevamente. “El hecho existió, me comentaron las torturas, pero mi papá no estuvo” afirmó.
Ante lo que consideró “dilaciones” del Poder Judicial, Wischnivetzky concurrió a un escribano con Britez y su hijo, para que éste se retracte de lo denunciado en la etapa de instrucción. El acta no se realizó luego de que una hija de Britez le advirtiera de la posibilidad de incurrir en un falso testimonio. Con Meza ocurrió algo similar, este testigo estuvo acompañado por un conocido, Vicente Heller, padre a su vez de un amigo de Wischnivetzky, Roberto Carlos Heller. Este último fue el tercer testigo de la fecha, básicamente detalló como presentó a Modesto Meza, compueblano suyo, ante Wischnivetzky, sin otra participación.
Causa Ligas Agrarias: Muertes violentas, sin autopsia En la causa Ligas Agrarias, el médico del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Bossio señala que los únicos estudios realizados a los cadáveres de Carlos Piccoli y Raúl Estigarribia consistieron en unos informes médicos de constatación a simple vista. Luego pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9. 02 de mayo de 2019
Wischnivetzky; Rodríguez Valiente y Betolli, imputados en la causa Ligas Agrarias
La sexta jornada del juicio oral denominado Ligas Agrarias que se realizó en la mañana de este jueves 2 de mayo vino a completar el cuadro descripto por la perito del Equipo Argentino de Antropología ForenseSoledad Selvade la audiencia anterior, con el testimonio del médico Luis Bosio, también del EAFF, sobre el análisis de restos óseos de los dirigentes Carlos Piccoli y Eduardo Estigarribia realizados en mayo de 2.015.
Querella y Fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1.977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Carlos Piccoli señalan que este se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Cárlos Chavez (fallecido).Desde la defensa se plantean la versión de un supuesto “enfrentamiento”.
Mediante sistema de videoconferencia, desde Buenos Aires el doctor Bossio precisó que no se le realizó autopsia a Picolli ni a Estigarribia, sólo unos informes médicos que consistieron en una constatación del estado de los cuerpos a simple vista.
En el cadáver de Estigarribia se constataron fracturas en la tibia y peroné de la pierna izquierda. También se observaron fracturas completas de la segunda a quinta costilla en la parte izquierda del torso, siendo estas heridas las que le provocaron la muerte. Respecto de Carlos Piccolli, se verificaron lesiones en el cráneo compatibles con las provocadas por la penetración y trayectoria de un proyectil de arma de fuego con dirección de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y ligeramente de atrás hacia adelante.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9 de mayo, oportunidad en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales con el último testigo convocado y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, ex enfermero en la Alcadía de Saénz Peña, fallecido el 22 de abril pasado. Resueltas estas cuestiones quedará la vía expedita para avanzar con las declaraciones de los imputados, para luego dar inicio a la serie de alegatos de cada una de las partes, presumiblemente el lunes 20 y/o jueves 23 de mayo.
Cabe aclarar que también se juzga el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, hechos por los cuales se imputa el ex comisario de Policía, Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos. El ex policía José Rodríguez Valiente está acusado de encubrimiento.
Wischnivetzky hijo
Marcelo Wischnivetzky, hijo de uno de los imputados, fue el segundo testigo de la jornada. Convocado por la defensa, declaró sobre el contacto que mantuvo con Santos Brítez y Modesto Meza, dos campesinos que declararon ante el tribunal en la cuarta jornada del presente juicio y relataron haber sido secuestrados y torturados el 29 de agosto de 1.976 en un paraje en cercanías a Villa Berthet por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.
Sucede que desde la Querella y Fiscalía se denunció una serie de ofrecimientos, (dinero y trabajo) que habrían sido realizados en 2.011 por parte Wischnivetzky hijo para que ambos negaran cualquier tipo de acusación contra su padre.
Tanto la Querella como la Fiscalía plantearon su oposición a que declare atento a la posibilidad de que incurriera en una autoincriminación y por no tratarse de una cuestión relacionada con el objeto procesal, pero desde el Tribunal se resolvió no hacer lugar a la petición, con la salvedad de interrumpir el testimonio de verificarse esa situación, tomando en cuenta la propuesta de la defensa de que el testigo brinde un relato concreto de cual el carácter de su vínculo con Santos y Brítez.
Según la versión de Wischnivetzky, no hubo tal ofrecimiento y sus gestiones se abocaron a consultar a Meza y Britez respecto de la inocencia de su padre. Relató que los testigos le confirmaron los hechos pero no que hayan denunciado a su padre, como consta en las declaraciones ante sede judicial, ante lo cual los instó a declarar nuevamente. “El hecho existió, me comentaron las torturas, pero mi papá no estuvo”, afirmó.
Ante lo que consideró ‘dilaciones’ del Poder Judicial, Wischnivetzky concurrió a un escribano con Britez y su hijo, para que este se retracte de lo denunciado en la etapa de instrucción. El acta no se realizó luego de que una hija de Britez le advirtiera de la posibilidad de incurrir en un falso testimonio. Con Meza ocurrió algo similar, este testigo estuvo acompañado por un conocido, Vicente Heller, padre a su vez de un amigo de Wischnivetzky, Roberto Carlos Heller. Este último, fue el tercer testigo de la fecha, básicamente detalló como presentó a Modesto Meza, compueblano suyo, ante Wischnivetzky, sin otra participación.
