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14 de febrero de 2024

SAN JUAN: Bailó, cantó y ahora lo investigan: los jueces pusieron la lupa sobre la fiesta del represor Olivera.

 

El TOF de San Juan busca determinar si violó las condiciones de la domiciliaria

Bailó, cantó y ahora lo investigan: los jueces pusieron la lupa sobre la fiesta del represor Olivera

Jorge Olivera tiene tres condenas a perpetua. Se fugó dos veces. Está en domiciliaria y tiró la casa por la ventana para celebrar sus bodas de oro con su esposa. La fiscalía pide que se le impida continuar con festejos que desvirtúan el sentido de la pena y causan conmoción social.

Por Luciana Bertoia

El fiestón que armó para celebrar sus 50 años de casado no fue inocuo para el represor Jorge Antonio Olivera. El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan –que lo juzgó y condenó a prisión perpetua– abrió una investigación para determinar si el militar retirado y abogado de genocidas vernáculos y nazis violó las condiciones de la prisión domiciliaria a la que accedió con la ayuda de la Cámara Federal de Casación Penal –que hizo caso omiso a su tendencia a fugarse.

El sábado 3 de febrero, Olivera festejó sus bodas de oro con Marta Ravasi. No se trató de un evento íntimo: hubo 60 invitados y hasta contrataron un show en vivo de Ramón “Palito” Ortega. Entre las asistentes estuvo la activista pro-impunidad Cecilia Pando, que le dedicó la foto del final de la fiesta a Página/12.

El TOF dispuso dos medidas para investigar la celebración. En primer lugar, le ordenó a la Gendarmería que, a través de un informe socio-ambiental, determine si las fotos que trascendieron en redes sociales condicen con la vivienda de Olivera. En segundo lugar, le solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica --que actualmente depende del Ministerio de Justicia-- que informe si se detectó alguna anomalía que diera cuenta de que Olivera se movió de su casa.

La información ya estaría en poder de los jueces, según pudo saber este diario. No hay reportes de que Olivera haya abandonado su casa sin autorización. Sin embargo, el fiscal general Dante Vega –titular de la Oficina de Asistencia en causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza– y su colega sanjuanino Francisco Maldonado le pidieron al TOF que intime al represor a no hacer reuniones multitudinarias. “Esta situación genera conmoción social y desnaturaliza el sentido de la pena, particularmente cuando se está frente a una persona múltiplemente condenada a prisión perpetua por gravísimos crímenes calificados como delitos de lesa humanidad”, sostuvieron Vega y Maldonado.

Con tres composiciones distintas, el TOF de San Juan rechazó la domiciliaria de Olivera. No faltaron razones: en 2000 se escapó cuando lo habían detenido en Italia por el secuestro, las torturas y la desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize, a quien él se jactaba –según sobrevivientes– de haber violado mientras estaba en cautiverio. En 2013, después de recibir su primera perpetua, se escapó del Hospital Militar Central con su compinche Gustavo Ramón de Marchi. Habían llegado con un turno médico que terminó siendo una oportunidad para la fuga. A Ravasi la investigaron como parte de la trama que facilitó el escape. Recién en 2017, la justicia --después de una investigación del fiscal Franco Picardi-- logró encontrar a Olivera. Cuando llegaron a detenerlo, lo descubrieron escondido en el baúl de un auto de la familia.

En 2021, Casación --con las firmas de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi-- le otorgó la domiciliaria por razones humanitarias. En esas condiciones, Olivera presentó un certificado adulterado –firmado por Mario Caponetto, un médico ligado a la revista ultraderechista Cabildo– para salir a hacer caminatas fuera de su casa. El TOF de San Juan advirtió que era un acto de mala fe procesal y le revocó la domiciliaria. El tema volvió a Casación. El año pasado, de nuevo, Olivera consiguió un fallo favorable en ese tribunal. Lo volvió a firmar Gemignani --el camarista que está actualmente de licencia en Europa y que ganó cierta notoriedad después de detener a una secretaria de la Casación y de decirles "delincuentes" a sus colegas mujeres de la Cámara-- y Daniel Petrone. El tercer juez, Mariano Borinsky, se opuso.

La Corte Suprema

La domiciliaria de Olivera es uno de los temas que tienen pendiente de estudio los cuatro integrantes de la Corte Suprema.  En diciembre pasado, el máximo tribunal revocó un fallo de la Casación que le concedía el beneficio a un represor que actuó en Rosario, Julio Fermoselle. En ese momento, los supremos sostuvieron que la interpretación debe ser restrictiva y que una persona debe acceder al beneficio si el Servicio Penitenciaro no puede asegurarle las condiciones para tratar sus dolencias. A Olivera y a su esposa se los vio bastante bien mientras bailaban y cantaban en su fiesta.

Egresado del arma de infantería del Ejército, Olivera estuvo, entre 1976 y 1977, al frente de la sección de inteligencia (S2) del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Distintos testimonios lo mencionan como quien participaba de los secuestros y de las torturas a los detenidos-desaparecidos.

Fuente;Pagina12


10 de febrero de 2024

Cómo descubrieron al represor Jorge Luis Guarrochena, acusado de cometer crímenes contra 399 personas.

 

Uno de los exoficiales más importantes de la ESMA

Cómo descubrieron al represor Jorge Luis Guarrochena, acusado de cometer crímenes contra 399 personas

El fiscal a cargo de la investigación, Félix Crous, reveló el proceso para dar con el exteniente de navío. "No tuvo las marquesinas que tuvieron otros caracterizados represores de la ESMA porque no había podido establecerse quién era aunque sí sabíamos cuál era su rostro", relató en AM750. 

El fiscal Félix Crous, a cargo de la causa que investiga al represor de la ESMA Jorge Luis Guarrochena, reveló este viernes cómo la Justicia descubrió el prontuario del exoficial acusado de cometer crímenes contra casi 400 personas.

"Hace pocos años, otro represor presentó una lista de compañeros de correrías, seguramente resentido porque a él le había tocado perder y a los otros no. Y una vez que tuvimos la identidad se desplegó una abrumadora cantidad de evidencia sobre su historia", detalló Crous.

A Guarrochena, exteniente de navío e integrante del Servicio de Inteligencia Naval, se lo acusa de ser coautor de 70 casos de privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas y 380 casos en los que la privación duró más de un mes, aplicación de tormentos, 191 homicidios, 44 casos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, cuatro violaciones, una en grado de tentativa y dos abusos sexuales deshonestos. Es la primera vez que el expresor debe enfrentarse a la Justicia por crímenes de lesa humanidad. Su caso llegó a juicio a fines de junio de 2023.

"Permaneció a la sombra, como tantos otros, hasta no hace tantos años. No tuvo las marquesinas que tuvieron otros caracterizados represores de la ESMA porque no había podido establecerse quién era, aunque sí sabíamos, por Víctor Basterra, cuál era su rostro", explicó Crous. 

El involucramiento de Victor Basterra es clave para este caso. El obrero gráfico de Avellaneda, que fue utilizado como mano de obra esclava para la falsificación de documentos en la ESMA, había tomado la foto de Guarrochena y el negativo se encontraba entre tantos otros registros que Basterra logró sacar del centro de detención más grande de la dictadura militar. 

"Él (Víctor Basterra) comienza a sacar los negativos y los va dejando ocultos, de las fotos que había tomado y de todo lo que podía agarrar, y le iba a poniendo epígrafes que hoy tienen un valor probatorio impresionante", agregó el fiscal en diálogo con Campana en 750. 

Una vez que la investigación logró dar con la identidad de Guarrochena, que en la ESMA se hacía llamar "Raúl" o "Encina", descubrieron que el exoficial estaba involucrado en las tareas de la inteligencia desde antes del 24 de marzo de 1976 y en la preparación del golpe. Además, advirtieron que tenía un rol protagónico en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el rol que tuvieron las fuerzas represivas argentinas en la represión en Centroamérica contra las fuerzas insurreccionales en la década del '80.

"Fue el encale con el batallón 601, que era el centro neurálgico de la represión, esto es ser un personaje de la elite de la inteligencia. El 601 fue el principal proveedor y entrenador de las fuerzas de Edén Pastora, el Comandante Cero, aquel disidente del frente sandinista que encabezó las fuerzas contrarrevolucionarias", concluyó Crous. 

Fuente:Pagina12


9 de febrero de 2024

SAN JUAN: Tras el fiestón del represor Jorge Olivera, ¿le revocan la prisión domiciliaria?.

 Habló el fiscal

Tras el fiestón del represor Jorge Olivera, ¿le revocan la prisión domiciliaria?

Jorge Olivera, considerado "jefe de la represión en San Juan", quedó entre las cuerdas luego de conocerse el festejo de sus bodas de oro con show de Palito Ortega incluido.

Por Miriam Walter

Los fiscales piden la condena del represor de la ESMA, Jorge Luis Guarrochena.

 

Lesa Humanidad

Los fiscales piden la condena del represor de la ESMA, Jorge Luis Guarrochena

Durante su indagatoria, Jorge Luis Guarrochena dijo que su acusación en el séptimo juicio que se lleva a cabo en base a los hechos investigados en la causa ESMA está basada en un error. Afirmó que él no es el “Raúl” que el sobreviviente Víctor Basterra fotografió dentro del centro clandestino que funcionó en el Casino de Oficiales de exESMA e indicó que “nunca” estuvo vinculado con “la guerra antisubversiva”. Sin embargo, no convenció a la fiscalía: "Los testimonios sumados a la prueba documental –legajos, principalmente– generan la absoluta convicción de que Guarrochena era el represor de Inteligencia que se hacía llamar Raúl o Encina y que operaba en la ESMA”, concluyó el fiscal Félix Crous al cierre de su alegato, el martes pasado. Para la acusación pública, el Tribunal Oral federal número 5 debe condenar a Guarrochena a prisión perpetua por su coautoría en secuestros, tormentos, homicidios, robo de niñes y delitos sexuales cometidos durante la última dictadura cívico militar.

A excepción de algunos pocos casos, Crous y equipo consideraron probados los hechos por los que Guarrochena llegó a juicio, a fines de junio pasado y lo acusaron como coautor de 70 casos de privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas y 380 casos en los que esa privación duró más de un mes, aplicación de tormentos, 191 homicidios, 44 casos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, cuatro violaciones, una en grado de tentativa y dos abusos sexuales deshonestos.

Para la Fiscalía quedó probado que Guarrochena “fue un cuadro imbricado en el máximo nivel de conducción y coordinación del aparato de inteligencia de la Armada y formó parte de la oficialidad del Servicio de Inteligencia Naval, se desempeñó como personal de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, también como enlace de ese centro clandestino con el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército”, remarcó el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que interviene en los procesos por los delitos cometidos en el ámbito de la ESMA.

“Guarrochena y nuestros criminales de la dictadura han decidido pararse voluntariamente al al margen de la civilización. Es por eso que él, todos los criminales de lesa humanidad, sus reivindicadores y encubridores son enemigos de la humanidad”, concluyó Crous en el fiscal que transmitió el medio comunitario La Retaguardia.

Las pruebas

La mayoría de los casos por los que la Fiscalía decidió pedir condena para Guarrochena ya fueron revisados en tramos previos de la megacausa y por ellos ya han sido condenados decenas de genocidas que participaron de la toma de decisiones, de las órdenes impartidas y de la patota de cacería de la ESMA. No obstante, el equipo representante del Ministerio Público dedicó la primera hora y media de su alegato a describir una veintena de casos que llegaron por primera vez a ser ventilados frente a un tribunal. Entre ellos, hay una decena de niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres o madres y pasaron horas o días en la ESMA o lugares de detención satélites de ese gran campo de concentración.

Luego, los fiscales se dedicaron a describir con detalle, en base a documentación oficial, el rol de Guarrochena dentro de la Armada y su estructura de espionaje durante el tiempo en el que la fuerza participó de la puesta en práctica del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de un sector de la sociedad argentina con el objetivo no solo del cese de su participación política sino de su eliminación.

Así, el legajo de Guarrochena, pilar de la acusación, certifica que fue jefe de Secciones 1 y 3 de Contrainteligencia del SIN entre marzo de 1977 y febrero de 1978. Volvió a la estructura de espionaje en abril de 1979, y hasta febrero de 1981 ejecutó tareas en la Jefatura de Inteligencia además de ser delegado en la central de reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y “enlace”. Según su propia explicación, ser “enlace” le valía “recibir y transmitir información clasificada”. En diciembre de 1981 se reintegró a la Jefatura de Inteligencia en calidad de adscripto, jefe de Comunicaciones, de Contrainteligencia y oficial de Inteligencia, hasta finales de la dictadura.

“Desde el Servicio de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia respondió a las órdenes directas de numerosos superiores, todos ellos con una actuación preponderante en la denominada lucha contra la subversión. Por su parte, todos sus superiores, al calificarlo, lo hicieron con las más altas notas”, sostuvo Crous. De hecho, Lencina calificó a efectivos de la fuerza junto a genocidas híper conocidos de la patota de la Armada, como Adolfo Donda y Enrique Yon.

Durante su indagatoria, el acusado reconoció todos esos destinos. También reconoció como propio el alias “Raúl” así como la identidad falsa de “Carlos Alberto Encina”, dos datos con los que tempranamente lo señaló Víctor Basterra, el sobreviviente de la ESMA que aportó una de las pruebas más importantes de la causa: fotos de represores y de víctimas. En un tramo de la indagatoria Guarrochena negó ser el “Raúl” que describieron Basterra y otros sobrevivientes así como haber participado del plan sistemático y haber pasado por la ESMA. “Dijo que si él hubiera estado en la ESMA hubiera tenido más jerarquía que (el genocida Alfredo) Astiz”, reprodujo el fiscal.

El testimonio de Basterra

En 1984, Víctor Basterra se presentó ante la Conadep con las imágenes que había logrado sacar del centro clandestino. Allí, mientras estuvo cautivo, fue obligado a trabajar como fotógrafo, principalmente para la elaboración de documentos falsos. “Esas imágenes son una prueba judicial única que permitió tempranamente ver la cara de los verdugos”, destacó el fiscal, quien recordó que Basterra falleció hace tres años y le dedicó un breve reconocimiento. “Víctor se jugó la vida sacando las fotos de la ESMA en las postrimerías de la dictadura. Nadie está obligado a ser un héroe, pero cuando lo es merece nuestro reconocimiento”, remarcó y concluyó: “Si hay héroes en esta patria, en este tiempo en que esa palabra está bastardeada, ése es Víctor”.

Basterra le sacó dos fotos a Guarrochena: una luciendo un uniforme policial y otra de civil. Cuando aportó esas imágenes a la Justicia, lo describió como “Raúl” cuyo sosias era “Carlos Encina”, alguien que se desempeñaba en Inteligencia y era jefe de Comunicaciones. “Esos datos coinciden plenamente con el legajo del imputado”, advirtió Crous. En base a ese testimonio y al de otros testigos y a los documentos, la fiscalía halló demostrado que “Guarrochena no era para nada ajeno a los crímenes que se cometieron en la ESMA”. 

Fuente:Pagina12

7 de febrero de 2024

En prisión domiciliaria, un represor que torturó a sanjuaninos hizo una fiesta en su casa.

 Un escándalo

En prisión domiciliaria, un represor 

que torturó a sanjuaninos hizo 

una fiesta en su casa

Se trata de Jorge Olivera, quien festejó los 50 años de casado sin avisarle al 

tribunal. Hubo 60 invitados y hasta un show de "Palito" Ortega.

Está preso. El represor Olivera fue enjuiciado en San Juan. Crédito: Página 12.

Jorge Antonio Olivera no quiso reparar gastos a la hora de celebrar los 50 años de casados con su esposa, Marta Ravasi. Cantó incluso un ícono de la música popular de aquellos años en los que se conocieron, Ramón "Palito" Ortega. Hubo alrededor de 60 invitados que bailaron y cantaron con la feliz pareja. Y hasta hubo algún que otro brindis por la libertad. No es curioso porque Olivera –aunque la festichola no lo evidencia— está preso. Condenado, a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero en domiciliaria –a la que accedió por cuestiones humanitarias– a pesar de haber estado prófugo durante casi cuatro años.

La fiesta fue, por lo que se pudo saber, en su casa de Vicente López. Tuvo, entre otros invitados, a Cecilia Pando y a su marido Pedro Mercado. Pando y Ravasi suelen firmar juntas solicitadas por la libertad de los genocidas.

Después de que se conociera, a través de las redes sociales, que el evento se había realizado–y que no habría sido informado a los jueces--, el fiscal general Dante Vega –titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Mendoza—y el fiscal general de San Juan Francisco Maldonado pidieron al Tribunal Oral Federal de esa provincia que investigue las circunstancias de la fiesta.

En esa línea, los fiscales solicitaron se le imponga a futuro a Olivera la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales "que supongan la concurrencia de un número considerable personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering, o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social".

Olivera tiene un largo historial de elusión a la justicia, pese a que él mismo es abogado. En 2000, a Olivera lo detuvieron en Italia por el secuestro y la tortura de la modelo francesa Marie Anne Erize. Logró escabullirse presentando un certificado de defunción falso de su víctima. En 2007, después de la reapertura de los procesos en la Argentina, la Justicia Federal de San Juan ordenó su captura. Tardaron más de un año en encontrarlo, pero la Policía Federal lo halló caminando por Vicente López. Fue condenado a prisión perpetua.

Después de la condena, logró que lo trasladaran del penal de Chimbas a Marcos Paz y que le dieran autorización para ir a una consulta al Hospital Militar Central con su consorte de causa, Gustavo de Marchi. La consulta había sido gestionada por la esposa de Olivera, una psicóloga con grado militar. Desde allí se fugaron. A Olivera recién lo recapturaron en 2017. Fue por una investigación del fiscal Franco Picardi, que logró ubicarlo a través de escuchas telefónicas. Lo encontraron escondido en el baúl de un auto de su familia en San Isidro.


Pese a tener esos antecedentes, consiguió que le dieran la prisión domiciliaria al tiempo. La concesión se produjo en 2021 en la Cámara de Casación. La decisión la adoptaron Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. Se la otorgaron porque tenía más de 70 años y por "cuestiones humanitarias".

En diciembre del año pasado, mientras estaba en domiciliaria, Olivera urdió otra maniobra para salir de su casa. Presentó un certificado médico sin fecha que había firmado Mario Caponetto. El cardiólogo es uno de los exponentes del nacionalismo católico argentino, ligado tanto él como su hermano a la ultraderechista revista Cabildo. La fiscalía y el tribunal de San Juan advirtieron que era un nuevo acto de mala fe procesal y los jueces, por mayoría, decidieron revocarle la domiciliaria. Pero Casación optó por mantenérsela. 

Nota con información de Página 12. 

Fuente:TLSDiario

3 de febrero de 2024

Quién es el represor que quiso pasar por loco para zafar del juicio.

 

3 de febrero de 2024

ANTONIO BOSSIÉ

Lesa humanidad: quién es el represor que quiso pasar por loco para zafar del juicio

Fue jefe de Inteligencia del Ejército en los años previos y durante la última dictadura. Condenado, intentó eludir otros dos procesos judiciales. No lo logró.

 

Por Ailin Bullentini

Antonio Federico Bossié, condenado en una causa de lesa humanidad


Antonio Federico Bossié era jefe de Inteligencia en 1975 cuando fuerzas policiales y militares cercaron la ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe, y salieron a cazar obreros metalúrgicos. Casi 50 años después, sus intentos de hacerle creer al Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario que ya no estaba en condiciones mentales de comprender nada a su alrededor fracasaron: tras un informe pericial que dio vuelta la opinión del propio cuerpo médico de la Corte Suprema, este viernes será formalmente incorporado al juicio de lesa humanidad que determinará su responsabilidad y la de otra veintena de acusados entre militares, policías y civiles, en la represión ilegal contra los participantes del “Villazo”.

Uno de los principales planteos de la base política que sostiene a Victoria Villarruel, la compuesta por la “familia militar” defensora de represores, es el reclamo por los “derechos humanos” de los genocidas, a quienes describen como pobres abuelos sometidos a procesos de juzgamiento y regímenes de prisión sin garantías. Bossié se aferró a esa descripción y la intentó cumplir a rajatabla. Tiene 85 años, tres condenas a prisión perpetua que cumple en su casa por su responsabilidad en el genocidio de la última dictadura y no quiere ninguna más, pero su deseo no le será cumplido.

“Desde el comienzo de los juicios de lesa humanidad los represores intentan impedir o demorar los procesos judiciales en su contra con planteos de salud, y desde ese mismo momento, querellas y fiscalía trabajamos para que eso no ocurra. No olvidemos que hubo gente que llegó a presentar certificados de fallecimiento falsos”, recuerda Julia Giordano, abogada de la APDH y querellante en el juicio “Acindar”, conocido así por la vinculación de la empresa en los crímenes contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, dos exdirectivos de la siderúrgica, integran la lista de acusados a la que desde este viernes se sumará Bossié.

En el marco de ese debate la querella acompañó la insistencia de la Fiscalía, a cargo de los fiscales de la Unidad especializada en Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte y Juan Patricio Murray, de discutir insistentemente el informe pericial que, al inicio del juicio, había dejado fuera de juego al represor del Ejército.

Un informe a favor del represor

Entre 2012 y 2020, el mayor retirado del Ejército fue hallado culpable en los juicios que se llevaron a cabo hasta ahora por la causa “Saint Amant”, que investigó crímenes de lesa humanidad sucedidos dentro del Área Militar 132, con asiento en San Nicolás. El territorio comprendido entre el norte de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de Santa Fe fue el coto de caza de ese brazo militar durante la última dictadura.

Desde algunos años antes de instalado el golpe de Estado, Bossié alcanzó la jefatura de Inteligencia y Operaciones del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, que era la sede del Área. Ese cargo lo ubicó en la plana mayor. Las tareas de inteligencia fueron un eslabón fundamental en la diagramación del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio que caracterizó el genocidio argentino más reciente, pero también los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo desde los años previos. De allí, la responsabilidad probada en las violaciones a los derechos humanos investigadas en el expediente “Saint Amant” y el vínculo con los secuestros, las torturas y los homicidios que se ventilan en “Acindar”, además de la asociación ilícita entre los acusados para llevarlos a cabo.

Sin embargo, tras ser condenado por tercera vez, la defensa del represor comenzó un trabajo fino para desligarlo de otros dos procesos que se le venían encima, “Acindar” y el cuarto tramo de “Saint Amant”, a través de dictámenes médicos que lo declararan incapaz de afrontarlos. En un principio, lo logró.

En junio de 2022, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema dictaminó ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, a cargo de poner en marcha el juicio Saint Amant IV, que Bossié no podía afrontar el debate. Su defensa, luego, presentó el dictamen pericial ante el Tribunal Oral Federal número 1, que tenía en gateras el debate por la represión ilegal desplegada contra unos 70 obreros metalúrgicos de Villa Constitución. La Fiscalía impugnó el documento y solicitó nuevas medidas.

Una decisión en contra del represor

El comienzo del juicio “Acindar” se demoró más de dos años, algo que significó una baja considerable en la lista de militares, policías federales y santafesinos a enjuiciar: de 26 acusados originales, fueron 19 los que oyeron los cargos en su contra en noviembre pasado. Entre ellos tampoco estuvo Bossié. Los informes periciales que había solicitado la Fiscalía también tardaron en realizarse porque el jefe de Inteligencia retirado estaba internado al momento de concretarse.

Finalmente, lo analizaron. Fue la Asociación de Psiquiatría Argentina (APSA) la institución que, designada por el Tribunal Oral Federal número 1, llevó a cabo la pericia y concluyó que Bossié “está en condiciones de conocer y de entender los hechos que se le imputan, de prestar una declaración indagatoria para defenderse de esos hechos que se le imputan y de comunicarse por algún medio, el que fuera, con su abogado defensor”, informaron a Letra P en la Fiscalía. Así, este viernes, durante la primera audiencia post feria judicial, el Tribunal leerá la acusación en su contra y luego, le habilitará el micrófono para que declare en indagatoria.

Fuente:LetraP