CÓRDOBA - DIFUSIÓN.

ASOC. DE EX PRESOS POLITICOS DE CÓRDOBA

CICLO DE CONFERENCIAS

INCIDENCIAS DEL DÓLAR EN LA COYUNTURA

DISERTA EL LIC. GONZÁLEZ OLGUÍN

VIERNES 15 DE JUNIO, 19:00HS.

SALTA 327

CASA DE LA ASOCIACIÓN EX PP DE CBA

·       La conflictividad que ha tomado el movimiento del dólar en estos días.

·       El accionar de los grupos económicos y financieros y la supuesta disparada bancaria.

·       ¿Se pierde la competitividad de la economía con los precios actuales del dólar?

·       ¿Qué  sectores empujan las disparadas alcistas?

·       La especulación alcista y el salario de los trabajadores.

·       La no inversión y la maximización de ganancias sin la correspondiente mejora en calidad y escala.

INVITA Y ORGANIZA:

COMISIÓN DE CULTURA DE LA ASOCIACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS  DE  CÓRDOBA

Dos civiles a prisión por secuestro, tortura y muerte-las repercusiones de un fallo paradigmático por delitos de lesa humanidad en tandil.

Dos civiles a prisión por secuestro, tortura y muerte
Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
lesahumanidad@miradasalsur.com

Justicia. Los hijos de moreno festejan, luego de escuchar el fallo condenatorio. (TELAM)
Es por el asesinato en 1977 de el abogado laboralista Carlos Moreno. Los dos hermanos Méndez prestaron su chacra para que se usara como centro clandestino. También condenaron a tres militres.

Los militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo y José Luis Ojeda; y los civiles Emilio y Julio Méndez recibieron en Tandil la resolución del fallo por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. La causa de el Negro no era sólo un caso más, era sinécdoque de la lucha entre los modelos de país en pugna en los setentas. Por un lado, civiles y militares con todo el poder robado al Estado y apoyados desde el exterior en un plan para asegurar el asentamiento de una clase alta poderosa, proveedora de materias primas; una clase de peones de a pie, casi esclavos, en condiciones de vida paupérrimas; y una clase intermedia cipaya, o al menos engrupida, para asegurar los beneficios de los amos, al precio vil de la supervivencia. Por el otro lado, muchos jóvenes que buscaban un país solidario, de compromiso con ese otro que era su compatriota, su compañero, el que a su lado iba a construir, hombro con hombro, un país sin abusos, con igualdad de oportunidades, una patria libre y soberana, una Nación para todos. La lucha era bien despareja, se sabía.
El Negro, claro está, era del segundo grupo. Y estaba en plena disputa con la empresa cementera Loma Negra, todavía propiedad de los Fortabat, cuando descubrió que los empleados embolsadores no llegaban a jubilarse. Sufrían silicosis, una enfermedad generada por la acumulación de polvo en los pulmones. Moreno logró en la Justicia que la fábrica tuviera que reducir la carga horaria, mejorar la seguridad y la higiene laboral. También logró que indemnizaran a familiares de fallecidos. Empezaron las amenazas y comenzó a ser perseguido.
Moreno era un tipo alegre; pero riguroso para la defensa de los que menos tienen. Porque el hambre no da risa, pero sabía que la lucha bien valía la pena. En Olavarría, lo conocían todos. Además había ayudado a formar el sindicato de canillitas y el de porteras. Militaba en la Tendencia.
La noche del 29 de abril de 1977, Moreno no regresó a su casa. Había ido a llevar un certificado médico al colegio donde trabajaba su esposa, embarazada de seis meses, porque no se sentía bien. Ella se había quedado con Matías, el primer hijo de ambos, de sólo un año y medio.
Según se supo después, cuando volvía fue golpeado y metido en un Renault 12. Llevado a una chacra que los hermanos Méndez habían facilitado para que funcione allí un centro clandestino de detención, tortura y muerte.
El de 3 mayo del ’77 logró escaparse y en una casa cercana pidió auxilio. Los vecinos empezaron a asistirlo y lo escucharon. Le dieron agua, tenía mucha sed y muy mal estado físico. Algunos tiros, revelaron que los antiguos captores querían recuperarlo y Moreno se fue, para proteger a los vecinos. Lo alcanzaron, le pegaron, lo subieron a una camioneta, lo regresaron a la quinta y su cuerpo fue hallado el 10 mayo del ’77. Los militares advirtieron a los familiares que no debían enterrarlo en Olavarría para evitar desórdenes.
Para el resto de la familia, después llegaron: el exilio interno, en La Plata; el entusiasmo por la vuelta de la democracia y el inicio de los juicios; la decepción por la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto; la furia de los escraches; la recuperación de la fe en la Justicia con la anulación de las leyes de la cobardía y la reapertura de los juicios. Y en este caso, el inicio de una nueva etapa: la de juzgar a todos los culpables.
Los militares fueron condenados a reclusión perpetua bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por la función pública y asesinato con alevosía, además de cargar con las costas del juicio e inhabilitación perpetua para percibir jubilación y/o pensión de cualquier índole. Mientras que Emilio Méndez recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. La condena para su hermano Julio Méndez fue de once años de prisión por los mismos delitos y ambos acarrearán con las costas.
En forma adicional, se iniciará una investigación a la empresa Loma Negra por el rol cumplido, como también lo realizado por la Suprema Corte de aquel momento, emitiendo comunicados fraguando la muerte del abogado local.
La causa era la 30.615. Pero “la causa” era la misma que está en juego ahora. El Negro, si está en algún lado, está en la sonrisa de sus hijos, en el abrazo emocionado que se dieron al escuchar la sentencia y en la recuperación de la calle con la jornada de “memoria, verdad, justicia y alegría”, frente al Parque Independencia.
Fuente:MiradasalSur                            

18.03.2012
las repercusiones de un fallo paradigmático por delitos de lesa humanidad en tandil
“Ahora vamos por Loma Negra, por los verdaderos ideólogos del crimen”
Los familiares de Carlos Moreno elogiaron las condenas por el asesinato del abogado laboralista. Su hijo Martín festejó el inicio de una investigación a la empresa. “Defendiendo a los trabajadores, mi padre los molestaba”, dijo.

Hemos empezado a vivir con alegría.” Emocionado, Martín Moreno eligió esa frase para explicar el significado del fallo que condenó a tres militares a prisión perpetua, impuso penas de once y 15 años a civiles y ordenó investigar a la empresa Loma Negra por el secuestro y desaparición de su padre, el abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura.
El último día del juicio por el asesinato de Moreno fue acompañado por un festival que comenzó poco antes de la lectura de la sentencia con la actuación de una banda local. La multisectorial Memoria, Verdad, Justicia y Alegría junto a la Universidad del Centro de Tandil, en cuya sede se leyó la sentencia, organizó una serie de actividades durante todo el proceso que incluyeron pintadas de murales en vivo, danza y culminaron con la actuación de músicos locales de La Plata y Capital. Los Cocos, Planeta Frito, The Nylon y Encías Sangrantes animaron el festejo de una sentencia favorable a los pedidos de la querella.
Frente a miles de personas que se reunieron frente a la plaza principal de la ciudad de Tandil, los hijos de Moreno hablaron y se emocionaron al recordar a su padre y la lucha que tuvo durante sus años como abogado defensor de los trabajadores de Loma Negra. También agradecieron el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad que se sumaron a su reclamo a lo largo del juicio. Organizaciones políticas, sindicales, barriales y de Derechos Humanos participaron del acto en un clima de alegría, contenida durante los últimos días.
Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora habló especialmente a los jóvenes que presenciaron la lectura del fallo, felicitó al tribunal que entendió en la causa y arengó a continuar la lucha. “Esto demuestra que a Néstor no lo enterramos, lo sembramos”, puntualizó.
Karamelo Santo cerró el festival en medio de aplausos y cánticos del público que siguió festejando hasta bien pasada la medianoche del viernes.
“Hemos empezado a vivir con alegría”. Martín Moreno, hijo del abogado desaparecido, hizo la reflexión en diálogo con Tiempo Argentino.

–¿Que impresión les dejó el fallo?
–Mucha alegría, empezamos a festejar que por fin los asesinos, los ideólogos de este genocidio que hemos tenido que padecer todos los argentinos paguen por ello vayan presos, que tengan todas las posibilidades de defenderse. En el caso de estos cinco imputados tuvieron todos los derechos y garantías que le da un Estado de derecho. Lo han usado de forma pobre, de mala manera y, de hecho, lo han, de alguna manera, menospreciado. Estaban convencidos de que seguían en su burbuja de impunidad, pero el tribunal se ha sometido a las pruebas objetivas que se han brindado en todo este proceso y ha dictado una sentencia ejemplar.

–¿Están conformes, entonces?
–Sin duda: cárcel común, se abre una investigación sobre la complicidad y responsabilidad de Loma Negra que son los reales ideólogos del asesinato de mi padre, a quienes mi padre molestaba defendiendo a sus trabajadores exigiendo mejoras de condiciones de trabajo. Ahora vamos por eso.
–¿Pueden empezar a cerrar algunas heridas abiertas?
–Sirve mucho, yo creo que es algo que le debíamos a mi viejo, un hombre que peleaba para que todo fuera bajo la órbita de la ley. Esperamos 35 años, mucho tiempo, pero logramos que fuera la ley la que condenara a los asesinos de mi padre.

Elogios a un fallo judicial “histórico”
El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, calificó ayer de “histórica” la decisión de la justicia marplatense que condenó por primera vez a dos civiles por delitos de lesa humanidad y ordenó investigar la responsabilidad del directorio de la empresa Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. “Es la primera vez que un fallo habla de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque se condenaron a dos civiles que no formaron parte del aparato estatal de la represión, y además se ordenó que se investigue a quienes instigaron el crimen”, afirmó el funcionario.
El viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó a tres oficiales del Ejército a prisión perpetua y a dos civiles a penas de once y 15 años por el secuestro y asesinato del representante legal de los obreros de Loma Negra al momento de su secuestro en 1977. Para Alén, el fallo “marca un avance en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” que lleva adelante el gobierno nacional, y a su vez elogió que el Tribunal haya dispuesto que el cumplimiento de la pena se efectivice en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
En su sentencia, los jueces señalaron que durante el debate oral surgieron “plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra habrían inducido los delitos” que terminaron con el homicidio de Moreno, y ordenaron remitir los antecedentes del proceso a la justicia.
En su dictamen, el Tribunal ordenó también investigar a dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y al ex ministro de gobierno James Smart, porque, según Alén, “no investigaron el crimen y utilizaron mecanismos para falsear las investigaciones como el caso de Smart, que suscribió un comunicado falso sobre los hechos”.
Además, el funcionario subrayó como de “suma importancia” que en la sentencia se ordene el proceso de destitución de los militares condenados “porque no merecen formar parte de las Fuerzas Armadas”.
Fuente:TiempoArgentino

EL PULSO DE LA SEMANA
Celebrar la justicia 
Una verdad salió a la luz luego de 35 años. Y buena parte de la comunidad la estaba esperando. En las calles, en las casas, a través de los medios de comunicación. La noticia fue celebrada por ser el corolario de la justicia.
El grito entre eufórico y desgarrador de Susana Lofeudo, la viuda de Carlos Alberto Moreno, conmovió a quienes la acompañaban por la lectura de la sentencia.
El Aula Magna de la Unicén se transformó en una suerte de templo de la justicia, la verdad y la memoria, sumergida en una ciudad que lentamente se despierta para ponerse a la vanguardia de la Argentina en los juicios de lesa humanidad.
Es que fue en aquel viejo edificio –otrora sede del paquete hotel Palace- donde se juzgó y se condenó por primera vez a dos civiles por ser partícipes necesarios en un crimen durante la última dictadura militar.
En una ciudad mediana, y meridiana en el territorio bonaerense, el acontecimiento cobra una real magnitud. Pero es esta misma comarca la que ofrece como uno de sus líderes menos cuestionado al padre Raúl Troncoso, quien fue perseguido durante los años de plomo.
Es en esta tierra en la que el debate político aflora desde los edificios que circundan la plaza principal; desde el Municipio, la Anses y la Universidad. Donde las discusiones suben de tono, pero las voces coexisten y hacen posible la convivencia.
La esencia de un hecho histórico se conjugó con la predisposición de todos para respetar los sentimientos de los otros. Ayer Carlos Moreno no era de nadie, pero era de todos.
Si el juicio se trasladó a una casa de tinte kirchnerista, el escenario de la alegría estaba montado sobre las calles de una ciudad que administran radicales. Tal vez, como señal de un ideal de justicia, en el que la verdad se reconstruye más allá de las concepciones dominantes.
Fuente:ElEcoDigital

TANDIL: CONDENARON A TRES MILITARES Y DOS CIVILES Y ORDENARON INVESTIGAR A LOS DIRECTIVOS DE LOMA NEGRA.

CONDENARON A TRES MILITARES Y DOS CIVILES Y ORDENARON INVESTIGAR A LOS DIRECTIVOS DE LOMA NEGRA
La lupa en los jueces y empresarios
Por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, en Tandil, tres militares recibieron prisión perpetua y dos civiles, que cedieron su chacra para que se use como centro clandestino, 11 y 15 años. El rol de la Justicia y la empresa Loma Negra.

Los familiares y amigos de Carlos Moreno y miembros de organismos de derechos humanos celebraron el fallo
Los cantos estallaron en la aula magna de la Universidad del Centro de Tandil apenas el Tribunal Oral Federal terminó de leer la sentencia. Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra emitieron un fallo por “unanimidad” en el que condenaron a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda por la privación de la libertad, tormentos agravados y el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno. El fallo, sin embargo, es un avance por otras varias razones. Los jueces condenaron por primera vez a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez, que cedieron su chacra como centro clandestino, a 15 y 11 años de prisión. Y por primera vez, con las pruebas arrojadas por el juicio en la mano, un tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el sector empresario: en este caso sobre el “directorio de la cementera Loma Negra”, presidido por la hoy difunta Amalia Lacroze de Fortabat por “las sospechas” de haber “inducido” los delitos. Luego de subrayar el carácter de “dictadura cívico militar”, también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento.

Por muchas de esas razones, entonces, la sentencia del juicio oral de Tandil es verdaderamente histórica. Apenas concluida la lectura esperada durante casi 35 años, con todas las pruebas en mano desde el primer momento, los hijos y la mujer de Moreno, Susana Lofeudo, celebraron ese final que hizo estallar en aplausos a la sala mientras se escuchaba el “Como a los nazis”.

“Estoy conforme porque la sentencia demuestra que tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Matías, uno de los hijos. Y al final, arriba del escenario montado en la calle; expresó: “Mi padre se llamaba Carlos Alberto Moreno, era abogado laboralista de Olavarría y a partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante le ganó varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. El 19 de abril del ’77 lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron: hoy, a 35 años del asesinato, mi viejo ganó un juicio más”.

Atrás, adelante y afuera de la sala, la sentencia congregó a estudiantes y agrupaciones sociales y políticas. Viajó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla y el segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación Luis Alén, que destacó que “es la primera vez que un fallo define a la dictadura como lo que fue: cívico-militar”.

Martín, el hijo más chico del abogado, que todavía estaba en la panza de su madre cuando mataron a Moreno, recordó lo que falta: “Ahora vamos por los empresarios de Loma Negra, que son los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, porque eran los perjudicados de que se investigue y se exijan condiciones de trabajo dignas para sus empleados”.

La sentencia
La sentencia validó lo que reconstruyeron los alegatos del fiscal Daniel Adler y el abogado querellante César Sivo. Como punto de partida, el secuestro y homicidio. Y luego, las motivaciones que serán parte de la próxima causa.

Entre otras cosas, quedó demostrado que a Moreno lo secuestraron el 29 de abril de 1977 a punta de pistola en Olavarría y lo llevaron a Tandil. “Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” Lo encontró uno de sus secuestradores que lo recuperó una vez a los tiros. Moreno logró escapar otra vez, pero fue recapturado y llevado a lo de los Méndez. Ese día, 3 de mayo, decía el alegato, “en total estado de indefensión Moreno recibió por lo menos un disparo en el pecho a corta distancia, lo que provocó su muerte”.

Por estos hechos, los jueces condenaron a los cinco acusados. Tommasi era el jefe de área; Pappalardo estuvo a cargo del procedimiento y ordenó liberar a uno de los que lo persiguió a los tiros. Y Ojeda persiguió a los tiros a Moreno. Para los jueces, los tres fueron autores directos. Les suspendieron el goce de la jubilación, ordenaron el arresto en una sede del Servicio Penitenciario Federal y pidieron la destitución del rango de militares.

La condena de los Méndez fue otro eje de la sentencia. Fueron considerados partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad y tormentos. Los jueces sostuvieron que fueron “delitos cometidos en el marco de un genocidio por una dictadura cívico-militar”.

Distinto a otras condenas, los Méndez no fueron parte de las fuerzas de seguridad, ni capellanes ni funcionarios judiciales. Tampoco civiles apropiadores de menores. Eran parte de quienes “dieron cobertura y formaron parte de ese poder civil que hasta hoy se mantuvo escondido y les echó a los militares la culpa de todo”, como dijo Adler. Y “civiles que hicieron un aporte interesado para mantener posiciones económicas y sociales”: Emilio era gerente del Banco Comercial de Tandil, el más importante, y vicepresidente de la Usina Popular: “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”.

Loma Negra
El impacto político más importante de la sentencia es la que involucra a Loma Negra. Moreno era abogado de los obreros de AOMA, la asociación que nucleaba a los obreros de las cementeras, entre ellas, Loma Negra. Denunció y ganó juicios millonarios a la compañía entre otras razones por una afección respiratoria que sufrieron los obreros. Varios testigos, entre ellos su socio Mario Gubitosi, apuntaron a la responsabilidad de la empresa en esa dirección. El alegato lo reforzó al destacar “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo o por codicia”. Sugirió además que Pappalardo actuaba bajo las ordenes del poder económico: “Habrá que investigar si un grupo de tareas del terrorismo de Estado tenía como misión específica detener, torturar y hacer desaparecer a trabajadores y abogados como consecuencia de reclamos y juicios”.

Los jueces dieron crédito a esa opción: “Ante el convencimiento de que las pruebas acumuladas hacen sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra pudieron inducir los delitos, corresponde remitir las copias de los antecedentes para que los investigue la Justicia”.

Finalmente, la sentencia recogió otro reclamo: la responsabilidad del Poder Judicial. El testimonio del juez Carlos Pagliere que intervino en aquellos años ejemplarmente en la instrucción fue clave: relató cómo intentó pedir auxilio en la Corte bonaerense y los ministros después de sugerirle que se aparte y de un llamado de Smart, le anunciaron que el Primer Cuerpo del Ejército había informado que Moreno acababa de morir en un enfrentamiento. Hoy está probado que ese comunicado se tramitó en la Corte el 9 de mayo: ayer, los jueces pidieron la apertura de un sumario por convalidar lo que falsamente se documentó.
Fuente:Pagina12

Prisión perpetua para tres ex militares por crimen de abogado en la dictadura
El Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata dictó esa condena contra Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y además dispuso una pena de 15 y 11 años de prisión contra los civiles Felipe y Julio Méndez respectivamente, en la causa por el asesinato del letrado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977

Crédito foto: Télam
El mencionado tribunal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, dio a conocer el viernes por la noche la sentencia en el Aula Magna de la Universidad del Centro en la ciudad de Tandil, lugar en donde se desarrolló el juicio debido a que Moreno estuvo detenido ilegalmente en esa ciudad.

El veredicto, que recayó sobre tres ex militares y dos civiles, fue leído ante una sala llena de familiares, integrantes de desaparecidos, de la agrupación H.I.J.O.S., y periodistas, mientras afuera más de 1.000 personas escuchaban atentamente el fallo.

En sus fundamentos, el tribunal consideró a los imputados "autores directos, penalmente responsables por su condición de funcionarios públicos, por infracción de deberes especiales, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y haber sido cometido con violencia".

Por otra parte, condenó a "Emilio Felipe Méndez a la pena de 15 años de cárcel, y a su hermano Julio Manuel Méndez a 11 años de prisión". Y además resolvió que los imputados deberán ser alojados en unidades carcelarias federales.

El abogado fue secuestrado el 26 de abril de 1977 en la ciudad bonaerense de Olavarría y llevado a Tandil, donde estuvo en cautiverio en la "Chacra de Méndez", propiedad de Julio y Emilio Méndez y un mes más tarde logró escapar. Aunque a los pocos días fue recapturado y asesinado.

Durante la instrucción de la causa, se realizó la exhumación del cuerpo y la autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y que había signos de tortura.

El viernes pasado, el abogado de la familia Moreno, César Sivo, pidió la pena de 20 años de cárcel para los hermanos Méndez, acusados de facilitar una quinta de su propiedad para mantener cautivo en la clandestinidad al abogado olavarriense.

En tanto, solicitó cadena perpetua y cárcel común para Papalardo, Ojeda y Tomassi, todos acusados de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado.
Fuente:Infobae

TANDIL: HOY A LAS 19 HS. VEREDICTO EN EL JUICIO.

En Mar del Plata dictan condena a represores
15 mar. 2012 
BUENOS AIRES, mar. 14 (UPI) -- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dará a conocer este viernes a las 19 el veredicto en el juicio que se realiza en Tandil

Está integrado por Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, y e el proceso se encuentran acusadas cinco personas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. El mismo viernes, pero en horas de la mañana, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de conocerse la sentencia.

En tanto que para hoy está previsto que aleguen los defensores de los acusados Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo, José Luis Ojeda, Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. La semana anterior alegaron el representante del Ministerio Público Fiscal y los tres querellantes que intervienen en este caso: los familiares de la víctima, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Azul y la Secretaría de los Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

La fiscalía pidió para los ex militares Tommasi, Pappalardo y Ojeda la pena de prisión perpetua, mientras que los tres querellantes solicitaron la pena de reclusión perpetua. En tanto que para los otros dos acusados, los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, el fiscal solicitó que se le apliquen la pena de 16 años para el primero y de 12 años para su hermano.
Fuente:UPI.com

Buscaron poner en crisis las pruebas en contra de los cinco acusados y pidieron la absolución
16.03
Con reparos estrictamente técnicos que hacen a los delitos endilgados contra los militares, las defensas entendieron que no quedó acreditada la responsabilidad penal de sus respectivos pupilos, pidiendo la absolución. El abogado de los hermanos Méndez, en tanto, también criticó la acusación y pidió la nulidad de lo actuado.

Ayer se reanudó el juicio oral y público por el homicidio del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en el que las defensas tuvieron el exclusivo protagonismo a través de sus respectivos alegatos que, salvando las maneras y sus formas, coincidieron en peticionar la absolución de sus pupilos.
Pasadas las 11, hasta las 20.30 demandó el alegato defensista que, en el caso de los representantes de los tres militares imputados, se limitó y fundó en cuestiones netamente técnicas que hacen a las discrepancias con lo postulado por la acusación. El letrado particular de los hermanos Méndez, en tanto, se tomó más tiempo y sin apartarse de aquello de no inmiscuirse en considerandos políticos e ideológicos, tuvo un mayor vuelo narrativo y solidez a la hora de intentar poner en crisis uno y cada uno de los elementos que fueron impuestos como prueba en contra de sus pupilos.
Una vez más, la maratónica audiencia en el Aula Magna fue seguida atentamente por un nutrido marco de público que, por momentos, instantes, se incomodó frente a los postulados defensistas, incluso con algunos gestos, susurros de reprobación por lo que se escuchaba, situación que rápida y severamente fue abortada por un implacable presidente del Tribunal, el doctor Roberto Atilio Falcone.
En cada una de las -cinco- intervenciones de los defensores se encargaron primeramente de aclarar sobre el derecho a defensa de cualquier imputado y que sus dichos por venir no estaban atados a un pensamiento político coincidente con lo ocurrido en los años de plomo, sino todo lo contrario. Tratando así de “salvar” sus ropas frente a una situación que evidentemente según sus gestos y señales los incomodaba, pero no obstante lo cual los obstaculizó de ejercer su tarea.

La defensa de Tomassi
Fue la defensora oficial Gabriela Maceda la encargada de abrir el juego, primeramente con consideraciones generales que hacían a los tres acusados militares y sus respectivas responsabilidades para luego puntualizar sobre la situación particular de su representado, Julio Tomassi.
La letrada planteó entonces sus observaciones sobre la prescripción de la acción penal. Aseveró al respecto que no la cabían dudas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero sí ahondó en la prescripción del delito de privación ilegal, citando jurisprudencia al respecto. También aportó como antecedente de derecho internacional lo ocurrido con el juez Baltasar Garzón en España, donde se falló en contra de investigar el franquismo.
En ese tren, la doctora alegó que este hecho ventilado no habló de imprescriptibilidad, por lo que debía entonces declararse la prescripción, siendo que el caso superó con holgura los 15 años que señala la Ley.
En otro orden, la letrada aludiría al plazo razonable a la hora de garantizar los derechos a defensa, siendo que el tiempo transcurrido (más de 34 años) se debió a la responsabilidad del Estado, no de los acusados.
Sobre la autoría y responsabilidad, consideró que los hechos endilgados a Tomassi no estaban fundados. No existe, al entender de la Defensa, prueba directa en su contra, sino que la acusación alude a la figura de un delito de pertenencia que va en contra de lo que reza la Constitución.
Maceda no dejó de reconocer la difícil situación de las víctimas de la dictadura y en este caso en particular, pero puntualizó que ninguno de los que desfilaron por la audiencia habló de su defendido Tomassi.
Insistió en que la acusación no demostró la conducta reprochable de su pupilo, y así leería jurisprudencia sobre sentencias para los jefes militares de área, sin dejar de indicar que por más antipático que resulte en la actualidad, Tomassi actuó bajo un marco legal que por esos años reinaba.
“El fiscal lo acusa de que Tomassi dio las órdenes, pero no dijo qué órdenes dio”, aseveró la abogada.
También teorizó sobre sus disidencias sobre el pedido de reclusión perpetua, considerando que lo primero era una figura tácita que estaba derogada. En cuanto a lo segundo (perpetuidad) resultaba inconstitucional, “siendo que el espíritu garantista alude a la resocialización del condenado, cuando aquí, según el criterio peticionado por la querella, se pide que muera tras las rejas”. Incluso reseñó que la pena pedida era desproporcionada si se lo comparaba con lo que fue el fallo contra a la Junta, en el advenimiento de la democracia.
Así, la letrada hablaría de un pedido de pena excesivo y enumeraría atenuantes a considerar, como la edad (81 años), sin antecedentes penales ni causa en trámite, y los años que pasaron para arribar a este juicio.
Tras insistir en la absolución, la letrada indicó que de ser condenado su defendido, subsidiariamente se le imponga el mínimo de la pena y se revea la posibilidad de la prisión domiciliaria.

Alegar por Pappalardo
Tras un breve cuarto intermedio, Victoria Sánchez Soulié comenzaría su derrotero defensista, adhiriendo en un todo a su colega antecesora y adelantando el pedido de sobreseimiento de su defendido, Roque Italo Pappalardo.
La letrada cuestionó la figura de coautor funcional, señalando que no se mencionó el marco normativo, no se fundamentó sobre dicha figura.
Sí puntualizó sobre lo que consideró el único elemento de prueba que pesa contra su pupilo, la comunicación radial con la policía que intervino en el caso.
La doctora afirmó que en nada se pudo probar la posibilidad de dicha comunicación, incluso con los peritajes oportunamente realizados por expertos uno descartó la posibilidad y otro no lo podía acreditar frente a la escasez de elementos técnicos para probarlo.
Criticó así el rol del Estado a la hora de investigar el caso que en 34 años no pudo probar, si se podía o no utilizar la misma frecuencia entre policías y el Ejército.
En ese lineamiento, la letrada también desestimaría los testimonios de los policías intervinientes, quienes ninguno de ellos aseveró que existiese dicha supuesta comunicación.
Bajo el mismo espíritu de sólo alegar sobre cuestiones técnicas, la doctora también cuestionó que no existiesen certezas sobre cómo ocurrió el hecho, para luego también arremeter contra la figura de alevosía endilgada por la acusación y la figura del tormento.
“No pudo probarse que Moreno haya sido picaneado ni que fuera golpeado con una pala”, reprochó la abogada en alusión al informe de la autopsia, comentario que se ganó el fastidio del público, que rápidamente fue repelido por el juez Falcone.
Sin más, Sánchez Soulié pidió la absolución y, subsidiariamente, que la condena sea por el mínimo y obtenga el arresto domicilio frente al delicado estado de salud, que se probó padece Pappalardo.

La Obediencia Debida de Ojeda
Patricio Varela, en representación de los intereses del acusado José Luis Ojeda, también replicaría los argumentos de sus colegas propinantes, adhiriendo en un todo y así evitar el tedio de repetir sobre la misma argumentación y la jurisprudencia respectiva.
El letrado habló de la insuficiencia probatoria y buscó desacreditar o relativizar los testimonios que describieron a su pupilo como uno de los sujetos que protagonizó la persecución y muerte del abogado Moreno.
Bajo esa hipótesis, reseñó que ninguno de los testigos presenciales del caso coincidió en los rasgos físicos de Ojeda, para luego urgir sobre el espíritu de lo que fue la Ley de Obediencia Debida y consecuentemente la responsabilidad secundaria de su pupilo en el caso en juzgamiento.
Si bien reconoció que la Ley de Obediencia Debida fue derogada, podía tomarse como eximente y así poder considerar que Ojeda lo único que hizo fue cumplir órdenes de sus superiores.
El abogado aseveró que su defendido, consecuentemente, no podía ser involucrado en los delitos de tortura y muerte de Moreno. En todo caso, de resultar culpable y condenado por el Tribunal, pidió que se lo tome como un partícipe secundario de la privación ilegal de la libertad, siendo que a Moreno se lo secuestró en Olavarría por sujetos no identificados que presuntamente lo trajeron a Tandil, donde estaba Ojeda.
Fuente:ElEcoDigital

H.I.J.O.S. -Gacetilla de prensa

12/3/2012

TERMINA EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN TANDIL

Viernes 16 de marzo de 2012 - 19:00 horas

Aula Magna, Universidad del Centro (UNICEN), General Pinto 399

El juicio comenzó el 9/2/2012 y se juzga la participación cívico-militar en el secuestro, torturas y homicidio de Carlos Alberto “El Negro” Moreno, militante de la Juventud Peronista y abogado laboralista de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (A.O.M.A.). Estaba investigando sobre las malas condiciones de trabajo en la empresa Loma Negra, entonces propiedad de Amalia Fortabat, quien murió durante el juicio.

Los genocidas imputados son el ex teniente coronel Julio Alberto Tomassi (responsable del área militar 121), el ex Mayor Roque Ítalo Pappalardo, el ex suboficial José Luis Ojeda y los civiles Julio y Emilio Méndez. Cuando comenzó el juicio, el Tribunal revocó el arresto domiciliario para Pappalardo y Tomassi, y las excarcelaciones de los hermanos Méndez, ordenando que todos sean detenidos en cárcel común. Ojeda ya cumplía el arresto domiciliario en una Unidad Penal.

Moreno fue secuestrado el 26/4/1977 en la ciudad de Olavarría. Vivía con su esposa, Susana Lofeudo –embarazada de Martín- y con su pequeño hijo Matías. Fue llevado a Tandil, donde estuvo en cautiverio en la “Chacra de Méndez”, propiedad de Julio y Emilio Méndez. El 3/5/1977 logró escapar, pero fue recapturado y asesinado. Durante la instrucción de la causa se realizó la exhumación del cuerpo. La autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y había signos de tortura.

El viernes 16 de marzo, a partir de las 17:00 horas, se desarrollará en la calle una jornada de “Memoria, verdad, justicia y alegría”. Será frente la Plaza Independencia (Chacabuco y Pinto), en la esquina del juicio. A las 19:00 se transmitirá la audiencia en pantalla gigante y luego de conocerse el veredicto se realizará un festival.

El Tribunal está integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela. El TOF es de Mar del Plata y decidió trasladar el debate a Tandil, donde Moreno fue asesinado.

La prensa: la Acordada Nº 29/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que se debe garantizar la publicidad de los debates para radio, televisión y prensa gráfica, en las etapas que aconseja: inicio (lectura de acusaciones), alegatos y sentencias. Para tal fin, los periodistas y/o medios deberán acreditarse, según los criterios establecidos por el Tribunal a cargo del juicio.

Si sos mayor de 18 años podés participar en el juicio, acreditándote con tu DNI, cédula o pasaporte.

¡Compañero Carlos Alberto “El Negro” Moreno: PRESENTE!

A LOS GENOCIDAS LOS JUZGA UN TRIBUNAL Y LOS CONDENAMOS TODOS

H.I.J.O.S. Regional Capital

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

www.hijos-capital.org.ar

Envío:Agndh

TANDIL: Últimas jornadas del juicio por el caso Moreno.

Jueves 15 de Marzo
Últimas jornadas del juicio por el caso Moreno

Las últimas dos jornadas del juicio por la Causa Moreno se realizarán hoy jueves y el viernes. El primer día se llevarán a cabo los alegatos de la defensa y el viernes alrededor de las 19 hs. se escucharía la sentencia.

Los abogados defensores pidieron al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata que se condene con la pena de cadena perpetua y cárcel común a los ex militares Roque Ítalo Pappalardo, José Luis Ojeda y Julio Alberto Tomassi por los delitos de lesa humanidad de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad del Dr. Carlos Alberto Moreno. En tanto que para los acusados Julio y Emilio Méndez se solicitó la pena de 20 años de prisión por ser partícipes necesarios al prestar su quinta para instalar un centro clandestino de detención, siendo conscientes de lo que allí sucedía.
El juicio que comenzó el 9 de Febreo se está llevando a cabo en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro, en la ciudad de Tandil, y es acompañado por diversas actividades culturales tanto en esa ciudad como en Olavarría. Este proceso es de carácter histórico porque por primera vez se condena a cómplices civiles del terrorismo de Estado en la Región Centro de la Prov. de Buenos Aires. Además en su transcurso se dieron sobradas pruebas para que se investigue la complicidad existente entre el gobierno de facto y la empresa cementera Loma Negra.

Recordemos que el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue secuestrado el 29 de Abril de 1977 en Olavarría y trasladado a Tandil. Allí habría sido alojado en la quinta de los Méndez y luego asesinado después de una supuesta fuga. (Agencia Comunica)
Fuente:TandilDiario

TANDIL: EL VIERNES SENTENCIA POR MUERTE DE ABOGADO LABORALISTA.

EL VIERNES SENTENCIA POR MUERTE DE ABOGADO LABORALISTA
12 de marzo de 2012
El Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata dará a conocer el próximo viernes la sentencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad, en el caso por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, ocurrido en 1977.

Tras la continuidad de los alegatos programada para el jueves, los jueces darán a conocer la sentencia en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro en Tandil.

El viernes pasado, en la novena audiencia del juicio el abogado de la familia Moreno, César Sivo, pidió la pena de 20 años para los hermanos Emilio y Julio Méndez, acusados de facilitar una quinta de su propiedad para mantener secuestrado en la clandestinidad al abogado olavarriense.

El letrado también solicitó cadena perpetua y cárcel común para los ex militares Roque Ítalo Papalardo, José Luis Ojeda y Julio Alberto Tomassi, todos acusados de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificadol.

En tanto, se requirió la apertura de una investigación legal a la empresa cementera Loma Negra, en donde Moreno defendía a algunos de los empleados.

El resto de los abogados querellantes, Gabriel Becker, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y Manuel Marañón, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul apoyaron el pedido de Sivo.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua.

En tanto, los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela escucharán el próximo jueves 15 las exposiciones de los defensores de los acusados.
Fuente:Telam

UN EX JUEZ DECLARÓ EN EL JUICIO DE OLAVARRÍA Y FUE APLAUDIDO.

UN EX JUEZ DECLARO EN EL JUICIO DE OLAVARRIA Y FUE APLAUDIDO
Testimonio y homenaje
Carlos Pagliere hizo lo que pocos, aceptar en plena dictadura un hábeas corpus y salir a buscar a un perseguido. Tuvo que dejar la carrera judicial, pero el expediente que abrió entonces fue clave para la causa de hoy.
Por Alejandra Dandan

El ex juez Carlos Pagliere, en su declaración ante el tribunal, en el juicio que se lleva a cabo en Olavarría.Imagen: Gentileza diario Eco de Tandil

Carlos Pagliere fue el juez que investigó durante la dictadura las primeras horas del secuestro del abogado laborista Carlos Moreno, de Tandil. El sumario que reconstruyó ahora es una de las pruebas más importantes del juicio oral a los represores que se lleva a cabo en Olavarría. El juez actuó en base a un hábeas corpus impulsado por el Colegio de Abogados de Azul y por abogados de Tandil y Olavarría. Usó su auto particular, cargado con la máquina de escribir, un secretario, un defensor y un fiscal, con los que lograron encontrar en la oscuridad la casa donde había estado Moreno en uno de sus frustrados intentos de huida. Por las presiones que recibió, Pagliere salió a buscar apoyo hasta en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. La respuesta de los jueces y su periplo, que incluyó la decisión de renunciar a la Justicia, acaba de ser relatada en el juicio oral por el ahora ex magistrado. En plena sesión, recibió un caluroso y emocionado homenaje de toda la sala.

“Me causó una fuerte impresión el reconocimiento que hizo la sala y que me aplaudieran, porque realmente yo sentí que no debía ser así”, dice Pagliere. “Claro, uno hace las cosas que normalmente se debe esperar de alguien con una función pública. Lo único que hice fue cumplir fielmente el juramento que asumí y eso ha sido mi manera de manejarme en la vida, no quiero espectacularidad porque sería destruir lo hecho en cuarenta años de ejercicio.” En momentos en que las causas de lesa humanidad echan luz sobre la inacción de buena parte de las estructuras judiciales durante la dictadura, aquello lo convierte en un juez singular. No sólo por el desempeño o las presiones, sino incluso por cómo explica que aún no sabe si su intervención no precipitó finalmente el asesinato de Moreno.

“Me intriga –dice– y no creo que alguna vez pueda dilucidarlo, que mi intervención no haya precipitado que se le diera muerte a Moreno. Eso siempre lo he llevado conmigo como una carga muy pesada, no lo voy a poder develar, pero creo que pasó al día siguiente de que yo estuviera en el campo al que él llegó escapándose cuando era prisionero.”

En abril de 1977, un grupo de abogados pidió verlo en su despacho. Pagliere los recibió, le dieron un hábeas corpus y uno de ellos le dijo que Moreno había sido visto en la comisaría primera. “Rápidamente me voy en mi auto particular, con mi secretario y escribiente”, dice el ex juez. “Le doy la noticia al fiscal y al defensor de turno y por supuesto por la discreción necesaria, quería ser sorpresivo. En Tandil allano la comisaría, pero no estaba ahí y allano los otros dos posibles lugares que eran la comisaría segunda y el destacamento de Villa Italia, pero todo dio negativo.”

El juez volvió entonces a la Comisaría 1a, donde encontró a otros abogados que le dijeron que aparentemente había un testigo que había visto a una persona que podía haber sido Moreno, en las afueras de la ciudad. Lo dejaron por escrito e inmediatamente el juez salió para la sierra.

“Era de noche, yo no conocía la zona así que no podría hoy identificarla. Llegamos, el lugar no tenía luz y me acuerdo que tomamos la declaración al hombre con un sol de noche que de pronto se apagó y generó una sensación bastante fea, porque yo tenía la íntima convicción de que en algún lugar cercano debía estar el doctor Moreno, porque de la manera que había llegado no podía estar muy lejos de ahí.”

El hombre les dijo que había visto a una persona barbuda, con el torso desnudo, descalzo, con los pies lastimados, que le pidió auxilio, pero que él se negó a dárselo por miedo. El juez se retiró pero al otro día buscó una foto de Moreno; le pidió a un dibujante que le agregue una barba y volvió a llamar al testigo que lo identificó como el abogado. Ese tipo de contrapruebas son las que consolidaron el expediente. Como sucedió cuando el jefe de la Regional Azul lo llamó para decirle que tenía una prueba que podía entregarle o no, en alusión a la política de desaparición. Finalmente lo hizo, le dio el saco de un traje que había encontrado en un alambrado. El juez nuevamente volvió a contrastar si era de Moreno y hoy cree que lo dejó el abogado, para avisar que había pasado por ahí.

En el relato hubo otros puntos importantes. Un nuevo llamado del jefe de la Regional para avisar que en un radiograma le estaban pidiendo información sobre el juez. Como los únicos que manejaban los radiogramas eran las fuerzas de seguridad, Pagliere no tiene duda de dónde venían las preguntas. Luego lo llamó uno de los abogados que había impulsado la denuncia y le avisó que estaba totalmente presionado. En ese contexto, el juez decidió entrevistarse con el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Gerardo Peña Guzmán.

“Me di cuenta de que estaba poniendo en riesgo a mi familia. Arriesgarme yo no era tanto problema porque yo sabía que era mi deber. Pero había gente de por medio, abogados, y entonces me pregunté: cómo hago para mantener la discreción y a su vez que se sepa esto sin que trascienda. Decidí ir yo mismo y en soledad a La Plata, me llevé una fotocopia del sumario y me entrevisté con Peña Guzmán.”

“Mire, doctor –le dijo–, estoy investigando una cuestión que quiero que el máximo tribunal conozca. No vengo a pedir instrucciones porque sé lo que tengo que hacer pero quiero que se sepa por si pasa algo.” Peña Guzmán le pidió dos horas. Pagliere volvió y lo recibió otro ministro, del que no da su nombre porque está muerto. “Me recibe en el salón de verano de la Corte, que es una sala especial en la que se hacían los acuerdos de los nueve jueces, un lugar que impone formalidad, digamos, una actitud reverencial hacia la idea de la Justicia.”

“¿Qué está haciendo usted investigando esta causa?”, le inquirió el ministro. Le dijo que era un tema de la Justicia militar. Pagliere respondió: “Hasta este momento, lo que tengo es que ha desaparecido una persona, yo soy un juez penal e intervengo ante un hábeas corpus y hasta he encontrado una punta”. El ministro repitió sus palabras y Pagliere insistió: “Creo en la Justicia pero siento que me están pidiendo algo que no es lo que mi deber me pide”.

El ministro le pidió entonces otras dos horas. Pagliere decidió renunciar al cargo de juez. Cuando volvió lo recibió Peña Guzmán. El juez le habló de la renuncia, pero Peña Guzmán le dijo que él mismo había aprendido que las cosas debían pelearse desde adentro. Mientras conversaban, de pronto sonó el teléfono. Era el entonces ministro de Justicia de la provincia, Jaime Smart, que ahora que es juzgado dice no haber hecho nada. Smart llamaba para decirle que en ese momento el Primer Cuerpo estaba dando a publicidad que Moreno había muerto en un enfrentamiento.

Este viernes, al terminar su alegato, los fiscales de la causa saludaron los actos de Pagliere y anunciaron que iniciarán una causa por lo actuado en esos años contra los miembros de la Corte Suprema provincial.
Fuente:Pagina12

ALEGATOS EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO CARLOS MORENO.

ALEGATOS EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO CARLOS MORENO
Para investigar a Loma Negra
La fiscalía y la querella pidieron penas de prisión perpetua para los tres militares involucrados y altas penas para dos civiles. También reclamaron que se indague sobre la responsabilidad de la empresa de los Fortabat.
Por Facundo Martínez

El TOF N° 1 de Mar del Plata juzga a los acusados por el caso Moreno.
La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado. Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría. Durante cuatro días fue interrogado y torturado en la chacra de los Méndez. El 3 de mayo se fugó. Descalzo, tambaleante, llegó a la chacra de los Bulfoni. Fue recapturado, pero volvió a escabullirse. El secuestrador frustrado le ordenó a la hija de los Bulfoni que lo llevaran a la chacra de los Méndez, donde subió un hombre armado. Partieron en camioneta, lo encontraron atrás de una piedra, le pegaron con una pala y otra vez al centro clandestino. Lo mataron ese mismo día. El Primer Cuerpo de Ejército informó en un comunicado que Moreno fue “abatido” por resistirse a ser detenido. Su cuñado lo reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con dos disparos, la nariz quebrada y signos de torturas. Los obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se levantaron al saber del crimen, pero el teniente coronel Ignacio Verdura le exigió a la mujer de Moreno que los calmara si quería el cuerpo. “Moreno era tan querido que hasta los abogados de las cementeras, sus contrapartes en los juicios, firmaron un hábeas corpus por él”, recordó ayer el fiscal Adler.

Tommasi era jefe de área, “un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo”, lo definió Adler. Pappalardo “hizo historia en Tandil”: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. “Yo no compartía el método”, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. “Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados”, dijo el fiscal. “En el caso de la Cooperativa Cretal” mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. “En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”, resumió Adler.

El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular. “El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.

“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”. El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”. El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares. Adler pidió que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”. También pidió que se investigue a Verdura, al comisario Rubén Argentino Balquinta y a dos militares de apellido Echeverría y Martínez, mencionados como integrantes del grupo de tareas con base en la chacra de Tandil.
Fuente:Pagina12


10.03.2012 
un caso paradigmático sobre la complicidad civil con la dictadura
Piden investigar a la empresa Loma Negra como instigadora de un crimen
La querella y el fiscal de la causa por el secuestro y homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno reclamaron que se determinara la responsabilidad de la firma de Olavarría en el caso. Avanzan sobre militares y civiles involucrados.
Por: Pablo Roesler
Los directivos de la cementera Loma Negra de Olavarría durante la última dictadura militar, podrían terminar acusados por crímenes de lesa humanidad. Es que tanto la parte querellante como el fiscal del juicio por el secuestro, tortura y homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, pidieron a los jueces “promover la investigación criminal” de la empresa de Amalia Fortabat, sospechada de instigar el crimen. Para los tres militares involucrados en la causa pidieron penas de reclusión y prisión perpetua, y para los civiles de entre 14 y 20 años de prisión.

Un caso paradigmático sobre la complicidad civil con la dictadura

Adler también pidió investigar la “complicidad judicial”, y señaló a los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Peña Guzmán y Carlos Renom.

Para los militares Roque Ítalo Pappalardo, Julio Alberto Tomassi y José Luis Ojeda pidió que se los condene a una pena de prisión perpetua y a los civiles a penas de 14 años para Julio Méndez y de 16 para Emilio Méndez.
Más temprano, el abogado de la familia del abogado laboralista, César Sivo, realizó un alegato de cerca de cuatro horas en el que, en consonancia con el fiscal, pidió que los jueces formaran una causa judicial a los directivos de Loma Negra durante la dictadura por el secuestro, las torturas y posterior asesinato del letrado de Olavarría, y solicitó que se remita la causa a la justicia federal de Azul.
“Tenemos testimonios y numerosos elementos que marcan que Loma Negra está atrás de la muerte de Moreno. Para nosotros no hay ninguna duda de eso. La prueba es tan importante y tan profusa en ese sentido que el Tribunal no se va a negar a investigar”, explicó Sivo a Tiempo Argentino.
Además, pidió penas de reclusión perpetua y destitución para los tres militares que se encuentran detenidos pero en situación de retiro, y de 20 años para los hermanos Méndez. También pidió la formación de una causa judicial contra el jefe del regimiento del Ejército de Olavarría, Ignacio Verdura. “No podía desconocer lo ocurrido con Moreno”, consideró el abogado. Sivo fue el primero en hablar ante los magistrados Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. Luego lo siguieron los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y por último el fiscal. El jueves 15 alegarán los defensores y el viernes 16 los jueces darán el veredicto.

“De la documentación que forma parte de este caso, sumado a los testimonios prestados en el debate, estimo que existen elementos suficientes para promover investigación criminal contra los integrantes de la empresa Loma Negra”, dijo el fiscal Daniel Adler en su alegato en el juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata realiza en el aula magna del rectorado de la Universidad del Centro en Tandil. Y agregó que deberá “investigarse si este hecho se trató de un crimen por encargo o por codicia y además indagarse acerca de las conexiones de estas empresas con el poder militar del lugar a la fecha del crimen”.
Adler también pidió investigar la “complicidad judicial”, y señaló a los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Peña Guzmán y Carlos Renom.
Para los militares Roque Ítalo Pappalardo, Julio Alberto Tomassi y José Luis Ojeda pidió que se los condene a una pena de prisión perpetua y a los civiles a penas de 14 años para Julio Méndez y de 16 para Emilio Méndez.
Más temprano, el abogado de la familia del abogado laboralista, César Sivo, realizó un alegato de cerca de cuatro horas en el que, en consonancia con el fiscal, pidió que los jueces formaran una causa judicial a los directivos de Loma Negra durante la dictadura por el secuestro, las torturas y posterior asesinato del letrado de Olavarría, y solicitó que se remita la causa a la justicia federal de Azul.
“Tenemos testimonios y numerosos elementos que marcan que Loma Negra está atrás de la muerte de Moreno. Para nosotros no hay ninguna duda de eso. La prueba es tan importante y tan profusa en ese sentido que el Tribunal no se va a negar a investigar”, explicó Sivo a Tiempo Argentino.
Además, pidió penas de reclusión perpetua y destitución para los tres militares que se encuentran detenidos pero en situación de retiro, y de 20 años para los hermanos Méndez. También pidió la formación de una causa judicial contra el jefe del regimiento del Ejército de Olavarría, Ignacio Verdura. “No podía desconocer lo ocurrido con Moreno”, consideró el abogado. Sivo fue el primero en hablar ante los magistrados Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. Luego lo siguieron los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y por último el fiscal. El jueves 15 alegarán los defensores y el viernes 16 los jueces darán el veredicto.
Fuente:TiempoArgentino

09/03/2012
Caso Moreno: Fiscalía y querellas ventilan hoy sus pedidos de penas

Los doctores Adler, Sivo, Marañon y Becker valorarán la prueba testimonial y documental que pesa sobre los acusados.
Sin Estela de Carlotto, que canceló su visita, se retoma a las 11 el juicio por el caso Moreno. El Ministerio Público, la familia, Provincia y la APDH exponen sus argumentos contra los 5 imputados.

Llegó el turno de la acusación. Hoy se sabrá cuántos años de pena pedirán la Fiscalía y las querellas contra los imputados de secuestrar, torturar y matar al abogado olavarriense Carlos Alberto Moreno, en los tiempos de la última dictadura militar.

Si bien estaba prevista la visita a Tandil de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, finalmente Estela De Carlotto suspendió su arribo.

Terminada la etapa de prueba, los testimonios y la documentación incorporada al expediente, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata escuchará un desarrollo verbalizado de la parte acusadora, donde deberán sostener jurídicamente porqué los tres militares Roque Italo Pappalardo, Julio Tomassi y José Luis Ojeda, y los dos civilles, Julio y Emilio Méndez, son culpables de los delitos de lesa humanidad que se les endilgan.

El procedimiento será a través de un desarrollo verbalizado que podría extenderse, entre los 4 oradores, por espacio de unas 4 horas. Primero hablará el doctor César Sivo, abogado de Susana Lofeudo, Martín y Matías Moreno. El querellante seguramente tendrá a su cargo el relato más extenso. Los subsiguientes, doctores Manuel Marañon (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul) y Gabriel Becker (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia) seguramente adscribirán a muchos de los contenidos vertidos por Sivo, y también incorporarán sus respectivos aportes. Finalmente, tomará el micrófono el fiscal general, Daniel Adler, quien encabezó los interrogatorios a los testigos.

Pero las expectativas están puestas en las figuras legales que, a entender de la Fiscalía y las querellas, les corresponden a cada uno de los imputados. De esas calificaciones dependerá el monto de pena solicitado.

Luego de esta instancia, el juicio pasará a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, donde tendrá lugar la etapa definitoria. Esto es, el jueves brindarán sus alegatos los defensores oficiales que asisten a los ex miembros del Ejército, y el abogado particular de los hermanos Méndez, doctor Andrés Arla.

Mientras que el viernes, el Tribunal hará el adelanto del veredicto, epílogo del histórico juicio.

Cabe recalcar que ninguno de los 5 imputados (aunque los militares estén en prisión, efectiva o domiciliaria según el caso) tiene condenas hasta el momento, por lo que el caso Moreno resultará muy importante en la respuesta al reclamo de Verdad y Justicia por el que luchan diferentes segmentos de la sociedad.
Fuente:LaVozDeTandil

TANDIL: avanzan sobre la complicidad civil.

05.03.2012
el juez que investigó la desaparición del abogado carlos moreno durante la dictadura reveló presiones
Tandil: avanzan sobre la complicidad civil
Varios testigos volvieron a vincular a la cementera Loma Negra con el poder militar y el crimen del abogado laboralista de Olavarría. Declararon los hijos de dos trabajadores y un académico que investigó a la cementera.
Por: Pablo Roesler

Si algo faltaba agregar a la red de complicidades civiles con la dictadura en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista de Olavarría Carlos Alberto Moreno –que tiene a dos civiles como imputados y nutridas sospechas de la instigación empresaria del crimen–, es que en la última audiencia un ex juez apuntara a la Suprema Corte de Justicia bonaerense al recordar que un ministro lo intimó a que deje de investigar esa desaparición. También declararon los hijos y el médico de dos trabajadores que querellaron por enfermedad laboral a Loma Negra, y un historiador que explicó su tesis doctoral basada en la relación entre la cementera de Amalia Lacroze de Fortabat y el poder militar luego del golpe.

En la última audiencia con testigos del juicio oral que el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata realiza en Tandil, declaró el ex juez federal de Azul, Carlos Pagliere, quien en mayo de 1977 investigó la desaparición de Moreno, proceso en el que alcanzó a allanar tres comisarías de la policía tandilense en plena dictadura.

“Esta fue una causa que para mí significó un antes y un después”, comentó el ex juez, y recordó que todo comenzó el 4 de mayo cuando el presidente del Colegio de Abogados de Azul y miembros de la Asociación de Abogados de Olavarría le presentaron un habeas corpus por Moreno, con lo que comenzó a gestarse el expediente que fue la base de la causa judicial que se ventila en el juicio.

“En esos momentos este era un tema muy delicado”, recordó. Por eso, con una copia de lo que llevaba actuado, que incluía los allanamientos y declaraciones de testigos, viajó a La Plata: “Fui a la Corte Suprema de Justicia y pedí hablar con el presidente de la Corte, el doctor (Gerardo) Peña Guzmán. Le dije: ‘Vine porque estoy investigando la desaparición de una persona, tengo un rumbo, voy a seguirlo y quiero que la Suprema Corte sepa que estoy haciendo’.”

La respuesta demoró dos horas. Esta vez, lo atendió el ministro Carlos Alfredo Renom. “Me dice: ‘¿Qué esta haciendo usted investigando esta causa?’ Yo le digo que cumplía con mi deber. Y me respondió: ‘¿Cómo cumpliendo con su deber? Usted no tiene que investigar.’ Me dijo en tono duro, imperativo, como diciendo: ‘se tiene que desprender de esto’.”

En la tarde de ese mismo día, se enteró en la Corte que el Ejército se había responsabilizado del abatimiento del “delincuente subversivo” –dijeron– Carlos Moreno. El tema había quedado en manos de la justicia militar.

“Nosotros sabíamos qué estaba pasando en el país”, recordó Pagliere. Y explicó: “Por eso, cuando sentí que esto se estaba convirtiendo en algo muy explosivo, busqué resguardo institucional. Si algo le pasa a alguno de los protagonistas, que lo sepa la Suprema Corte. Esa fue mi intención.”

En la misma audiencia también declararon los hijos de Juan Carlos Zabala y Florencio Paniagua, dos empleados de Olavarría de la cementera Loma Negra, quienes murieron por silicosis, enfermedad que el médico que hizo los diagnósticos, Carlos Burlhé, calificó ante los jueces como una “enfermedad pulmonar ocupacional, tal vez la más antigua.”

Pero la interrelación de la cementera Loma Negra con el poder militar fue explicitado en la jornada por el doctor en Historia y docente e investigador de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), Daniel Di Cóssimo, quien ante los jueces resumió su tesis doctoral en la que analizó los conflictos laborales en dictadura en las fábricas de esa cementera en la región.

“Lo que pude ver fue cómo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la empresa Loma Negra tiene una estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad, en particular del Ejército para neutralizar al sindicato, desplazar a sus delegados sindicales de la planta”, explicó el historiador. Y afirmó: “Eso le permitió ir tomando una serie de medidas de reorganización del trabajo a las cuales el sindicato se había resistido en los años previos al golpe”.

Con el final de los testimonios el debate oral ingresó en su epílogo. El viernes próximo, el fiscal Daniel Adler y el querellante César Sivo harán sus respectivos alegatos, y a la semana siguiente harán lo propio los defensores de los hermanos Emilio y Julio Méndez, de dos oficiales del Ejército, el mayor Roque Ítalo Pappalardo y el coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda. La sentencia se dictará el 16.
Fuente:TiempoArgentino

TANDIL: Ojeda se desligó de los cargos para insistir que otra persona le usurpó su nombre.

03/03/2012
Ojeda clamó su "inocencia" y le pidió a la familia "que luche por justicia verdadera"
Ojeda se desligó de los cargos para insistir que otra persona le usurpó su nombre.

Al cerrar las testimoniales, el militar declaró: "honrar la memoria de Moreno es llegar al culpable". Dijo conocer al castrense que le "usurpó la identidad". Ojeda sería el autor material del crimen.
"La señora y los hijos de Moreno son personas inteligentes, y no se pueden quedar con lo que escucharon. Les digo que sigan luchando por una verdadera justicia. Soy inocente. El culpable está tranquilo por algún lado de este país o quizás en el exterior", dijo ayer el ex militar José Luis Ojeda, sindicado como el autor material del crimen de Carlos Alberto Moreno.
Como lo hiciera antes el mayor Roque Italo Pappalardo, ejerció el derecho a declarar en un juicio que, en su octava jornada, llegó al fin de las testimoniales. El viernes próximo se harán los alegatos del Ministerio Público y las querellas, mientras que las defensas harán lo propio el 15, quedando el 16 como el día clave, histórico por la relevancia del veredicto.
Con un ayuda memoria, al que siguió al pie de la letra, Ojeda habló por espacio de media hora. Primero narró su historia personal, y trató de hacer hincapié en la actividad que tuvo en la sociedad civil más allá de la carrera dentro del Ejército. Y ensayó una llamativa autodefinición: "gracias a dios soy una persona muy conocida y apreciada en Tandil".
Del mismo modo, en su alocución siempre trató de mostrarse comprensivo con el dolor de Susana Lofeudo, y sus hijos Matías y Martín Moreno. A los que alentó para buscar al "verdadero" culpable, puesto que "soy inocente".
Ojeda vino a vivir a Tandil en 1952, desde Capital Federal. Su padre era militar, por lo que vivió durante años en el barrio castrense. Según aseveró, trabajó en changas, como parquero, peón de albañil, desarmó circos, mozo y parrillero. Y en 1974 ingresó al Colegio Militar, donde se especializó como conductor motorista. Llegó a al rango de subinstructor tanquista. En 1982, siempre dentro de las Fuerzas Armadas, se movilizó a Puerto Santa Cruz por el conflicto de Malvinas. "Tuve el honor de ser encargado de la Unidad de Comando de Brigada", explicó al Tribunal.
El hoy acusado de crímenes de lesa humanidad se dedicó a la actividad comercial en fruterías y verdulerías, manejó en 3 empresas de remis y fue árbitro de fútbol. Hasta que se jubiló en 2006. No tardaron en llegar las notificaciones judiciales en torno a la causa Moreno. Su incriminación "me empezó a causar intranquilidad y nerviosismo", reconoció para agregar que "estuve 3 días en terapia intensiva por un problema cardíaco, en el Sanatorio Tandil". En agosto de 2008, finalmente es detenido en su casa, y trasladado al penal de Marcos Paz. "Me endilgaban acusaciones terribles", objetó. En la cárcel convivió con los jefes militares también acusados en este juicio: Pappalardo y Tomassi. "Pappalardo estuvo sólo dos meses ahí, y antes de irse, me dejó una copia del expediente, donde pude saber lo que decían los testigos. Ahí me llamó la atención cómo describían a la persona que identificaban como Luis Ojeda", relató el hombre del bigote.
Ojeda siempre insistió que los rasgos físicos que figuran en la denuncia de mayo del 77´, en inmediaciones de la chacra de Méndez, corresponden a otro militar, al que "yo conozco", pero prefirió no nombrar. Y reiteró que mientras él estaba detenido, su señora le comunicó por teléfono "que había llegado a casa una carta" anónima con "media hoja de cuaderno con datos de una persona" que estaría implicado en el homicidio. "Para mí esa es una prueba suficiente", manifestó para quejarse por el continuo cambios de defensores oficiales que registró durante el proceso: "ya me cambiaron 8 veces de abogado". Al juez federal Juan José Comparato, "le mostró fotografías mías donde acredito que del 74 a la fecha siempre usé bigotes", rasgo distintivo que -según su pensamiento- lo desligaría de la descripción que formulan los denunciantes. De todos modos, Ojeda se resistió a identificar a ese otro efectivo, para recalcar que "los testigos describen físicamente a una persona muy distinta a mí".
Más tarde, señaló que "los amigos y familiares de Moreno me miran mal durante el juicio. Los entiendo, porque en los papeles yo les hice daño, pero ellos son inteligentes y no pueden quedarse con lo que escucharon. Ya se darán cuenta que la persona nombrada como Ojeda no soy yo. Sino alguien que usurpó mi identidad".


LA SILICOSIS Y LA PRESIÓN SOBRE SINDICATOS
A tono con lo ocurrido el jueves, más testimonios alimentaron la hipótesis del móvil económico tras el secuestro, tortura y muerte de Moreno. María Inés Krimer, vívía cerca de Calera Avellaneda, en Olavarría, y describió la "intensa vida social" que mancomunaba a la máxima plana de la empresa con las autoridades del Ejército, luego del golpe del 76´.
Mario Florencio Paniagua, hijo de un obrero de Loma Negra al que detectaron silicosis, se quebró al relatar las condiciones de trabajo en la "rompedora", el sitio donde se procesa el granito. "Recuerdo al verlo envuelto en una polvareda infernal". Su salud respiratoria se fue desintegrando como la de tantos otros operarios cementeros. Los abogados Mario Gubitosi y Moreno llevaron el caso a un juicio que terminó en sentencia favorable a Paniagua. Esa sentencia tuvo serias secuelas represivas en los laboralistas.
El médico Carlos Alberto Burle atendió a Paniagua. Su aporte es fundamental para comprender las secuelas de la falta de seguridad e higiene en las cementeras. La tos y fatiga por mala oxigenación, debido a la exposición al polvo de cemento, se convirtió en una constante en el personal. Y en esos años, para detectar la silicosis era necesaria una biopsia con anestesia general y cirugía a cielo abierto. Al agravarse el cuadro, el paciente puede morir.
Daniel Dicósimo, investigador en Historia, hizo su tesis doctoral en torno al trabajo y las industrias en Tandil, Barker y Olavarría, durante el período dictatorial. En Villa Cacique, donde está la sucursal de Loma Negra -advirtió-, "la misma mañana del 24 de marzo del 76 el Ejército cerró el sindicato AOMA y presionó a los delegados sindicales. La idea era marginar y neutralizar a los trabajadores. Y realizar una reorganización interna. Para la Policía, los integrante de AOMA eran ´elementos perturbadores´. Entre el 77´y el 80´ la producción del cemento aumentó muchísimo, de la mano de la obra pública que impulsó la junta militar", especificó.

"Nunca supe si mi trabajo terminó precipitando el homicidio de Moreno", admitió
Cerrado aplauso a Pagliere, el juez que investigó contra viento y marea

Conmovió a la sala el relato del magistrado. Al desaparecer el abogado, protagonizó una pesquisa que "quemaba". Ese sumario hoy es clave. La complicidad entre la Corte Suprema y la represión ilegal.

La valentía de Carlos Pagliere, el juez que investigó la desaparición de Carlos Moreno en mayo del 77´, fue reconocida en un cerrado aplauso ayer, durante la audiencia del juicio en el Aula Magna de la Universidad. Roberto Falcone, presidente del Tribunal, autoridad rígida a la hora de garantizar el silencio en la sala, esta vez sólo dejó resonar las palmas ante una conmovedora historia de vida, en medio de tanto horror y complicidades de autoridades civiles para con el siniestro plan militar.
El ex magistrado tomó la denuncia y desde Azul vino a Tandil, para allanar las dos comisarías y el destacamento de Villa Italia. En la seccional primera, mientras esperaba al comisario Menéndez en su oficina, sonó el teléfono. Pagliere atendió, y escuchó la voz del comisario mayor Oliva, quien cortó de inmediato.
Dames y otros abogados le advirtieron al juez que Moreno había sido visto en cercanías de la chacra de Méndez, por lo que Pagliere fue a investigar al lugar. Allí tomó declaración a Bulfoni, con un sol de noche, porque no había luz artificial. Allí el testigo le relató el famosos episodio de la huida de Moreno, pidiendo auxilio, aunque "no lo ayudó por miedo, ya que no lo conocía".
Durante el cautiverio del laboralista, Pagliere retornó a Azul, consiguió una foto del desaparecido y con un dibujante le agregó una barba incipiente, retrato que el denunciante luego reconoció. El juez tenía entonces la certeza de que Moreno había estado secuestrado en Tandil. Más tarde, un familiar de Bulfoni le entregó el saco de la víctima, y Pagliere se lo dio a Susana Lofeudo, en ese entonces embarazada.
"Trabajé en un clima de secreto, un abogado de Tandil un día me llamó a casa porque corría riesgo su vida", aseveró el magistrado sobre la opresión del terrorismo de Estado.
De inmediato, Pagliere viajó sólo a La Plata, en su auto particular, donde informó a las autoridades de la Suprema Corte provincial sobre el hecho que estaba investigando. Aquel joven magistrado en lo penal de Azul, entró con muchas expectativas a ese "templo" de la Justicia. Primero logró entrevistarse con el doctor Peña Guzmán, presidente de la corte. Este le pidió el expediente y dos horas para leerlo. Al retornar al palacio judicial, Pagliere mantuvo una reunión con otro integrante de la Suprema Corte. Este último le preguntó: ¿porqué está investigando esta causa?. "Cumplo con mi deber", replicó el magistrado de Azul. A lo que su interlocutor, en tono imperativo, le recomendó que se alejara del caso Moreno. "Eso me desmoralizó mucho, y pensé en renunciar al Poder Judicial", explicó el testigo. "Pero Peña Guzmán me dijo que era mejor cambiar las cosas desde adentro, y tenía razón", subrayó. Ese mismo día, salió el comunicado oficial del Ejército, donde se informó sobre el fallecimiento de Moreno en un "enfrentamiento". Por eso Pagliere, al día de hoy, mantiene una gran duda: "quizás mi trabajo terminó precipitando el homicidio", confesó en un relato estremecedor.
"Sentí que había fracasado, hasta hoy siento una angustia que llevaré toda la vida", recalcó esperanzado en los resultados de este juicio, a 35 años de los episodios. También rememoró que un empleado suyo quiso renunciar por el caso Moreno y el temor que esto traía aparejado.
Luego de la declaración de Pagliere, el doctor César Sivo, querellante por parte de la familia Moreno, elogió su conducta y dijo que actos como los del magistrado "honraban la profesión que algunos otros jueces habían deshonrado". Ese reconocimiento desató un aplauso fervoroso del público.
Fuente:LaVozdeTandil                       

ALBERTO BALQUINTA FUE DETENIDO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO CARLOS MORENO.

ALBERTO BALQUINTA FUE DETENIDO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO CARLOS MORENO
Un represor que pasó de testigo a imputado
El Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que juzga en Tandil a un grupo de represores por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en 1977, ordenó la detención del ex policía Alberto Balquinta, titular de la Comisaría 1ª durante la última dictadura. Balquinta había sido citado para ampliar su declaración testimonial, pero se convirtió en imputado luego del testimonio de Mario Gubitosi, colega y ex socio de Moreno, quien relató los apremios sufridos en la Comisaría 1ª por obreros de la cementera Losa Sociedad Anónima, del grupo Techint. El tribunal que encabeza Roberto Falcone le imputó al policía los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad y, considerando que por el contexto del terrorismo de Estado se trata de delitos de lesa humanidad, decidió su detención e incomunicación. El ex comisario será indagado por el juez federal de Azul, Juan José Comparato.

Balquinta es investigado por secuestros y torturas en el centro clandestino Monte Peloni, en Olavarría. El viernes pasado declaró como testigo en el juicio oral que tiene en el banquillo a los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Alberto Tomassi, al suboficial mayor José Luis Ojeda y a los civiles Emilio y Julio Méndez. El fiscal federal Daniel Adler pidió aquel día la suspensión del testimonio del ex policía luego de recibir un expediente del que surgían pruebas de la participación de Balquinta en apremios.

Los obreros de la cementera fueron detenidos por Balquinta. En la comisaría fueron amenazados para declarar contra Gubitosi, que antes de ser detenido le encomendó a su socio Moreno proseguir sus causas. Cuando se enteró de los delitos que le imputaban, Gubitosi pidió un careo con los trabajadores. A pesar de la presión del juez y el secretario que participaban de la audiencia, uno de los obreros rectificó la declaración arrancada en la comisaría y denunció que él y su familia habían sido amenazados con el fin de imputarle acciones directas al abogado, relato que repitieron otros trabajadores. Los apremios nunca fueron investigados porque el juez remitió el pedido de instrucción al teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, jefe del área militar 124, pero las rectificaciones le permitieron a Gubitosi obtener un sobreseimiento y recuperar la libertad luego de tres meses en la Unidad Penal 6ª de Azul. Un mes después de la excarcelación sería secuestrado y asesinado su socio.

El abogado olavarriense agregó ayer que Balquinta formó parte de “una troica” responsable de detenciones y apremios junto con Verdura y un oficial principal de apellido Alzola, de la subcomisaría de Loma Negra. Luego relató su posterior secuestro durante 45 días en el centro clandestino La Huerta, en Tandil, que derivó en su exilio en Brasil, Suecia y España. Tras la declaración, el fiscal Adler desistió de escuchar el testimonio de Balquinta por considerar que existían pruebas suficientes para imputarlo. El tribunal dispuso su detención e incomunicación.

La audiencia siguió con la declaración de Telmo Sánchez, secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Cal y Piedra en 1977. Luego fue el turno de Carlos Santiago, que describió las condiciones laborales en las cementeras y se refirió a la silicosis, la enfermedad que sufrían los operarios de Loma Negra y por la que Moreno dio pelea en los estrados judiciales hasta el día de su secuestro. Finalmente declararon Blanca Rodríguez y Carmelo Vinci.
Fuente:Pagina12