En el adjto. van las fotos. SE AGRADECE DAR LA MÁXIMA DIFUSIÓN
POSIBLE Y PROMOVER DENUNCIAS PÚBLICAS SOBRE ESTE INFAME ESCÁNDALO PROTAGONIZADO
POR LOS "JUECES". Comunicados, declaraciones, etc. sobre el tema
pueden dirigirse a la sede del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Talcahuano 550 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1013AAL) - Conmutador: 4370-4600 –
DD.HH/JUICIOS/En Ba.Bca/La Nva.Pcia./Los Massot sus responsabilidades/2014.XII.10
CASO MASSOT el JUEZ COLEFFI se aparta y PALAZZANI y NEBIA recusan
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-defensa-de-massot-logro-apartar-al-juez-de-la-causa-6733.html
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La
defensa de Massot logró apartar al juez de la causa
El juez Álvaro Coleffi
se apartó tras un recusación presentada por la defensa del empresario
periodístico, originada a partir de una queja del secretario de Derechos
Humanos de Bahía Blanca. "La corporación judicial logró su cometido",
expresaron las organizaciones de derechos humanos bahienses. Mirá la
explicación que hizo el juez.
Por: Infojus Noticias
ANTECEDENTES
El juez
subrogante de Bahía Blanca, Alvaro Coleffi, decidió apartarse de la causa por
investigación de delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al director
del diario La Nueva
Provincia, Vicente Massot, luego de un pedido de recusación
presentado por la defensa del empresario periodístico. El planteo se originó a
partir de una queja de “violencia moral” del secretario de Derechos Humanos del
Juzgado Federal 1, Mario Fernández Moreno, que fue tomada por la defensa.
Coleffi,
en un escrito de 12 hojas al que accedió Télam, expresó que Fernández Moreno
"presenta sorpresivamente una nota dirigida a mí con el fin de hacerme
saber dos temas: por un lado un cuestionamiento hostil a mi gestión como juez
de delitos de Lesa Humanidad y por el otro, su prédica encendida en defensa de
la gestión del juez Santiago Ulpiano Martínez". "Para elaborar
semejante infamia decide otorgarse una licencia asociativa. Y, en ese orden,
integra a este desatino, toda la actividad investigativa (administrativa y
penal) que su mentor, el juez Federal Santiago Ulpiano Martínez, ha desplegado
últimamente", agregó Coleffi en su escrito.
En ese
sentido el juez ad hoc dijo que Fernández Moreno "apunta que mi proceder
le genera un estado de desconfianza frente, al curso que siguen los trámites de
las causas en la que estoy como juez subrogante y alto grado de violencia
anímica y moral". "Una suerte de campaña difamatoria en perjuicio del
doctor Santiago Ulpiano Martínez, porque en su opinión (que no sé quién se la
pidió, o con quien acordó esta postura) las notas periodísticas no son más que
versiones tergiversadas de lo que obra en las causas que están a mi cargo como
juez federal".
"Como
puede verse el Secretario eligió esta causa (Massot) y la instancia procesal
por la que transcurre la misma para presentar aquí un alegato sin misterios.
Además, proactivamente, asume la defensa de un juez excusado, con franca
descalificación, al juez que interviene en la causa", señaló Coleffi.
Para el
juez ad hoc "Fernández Moreno ni tampoco Martínez están de acuerdo con el
curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de investigación de Delitos
de Lesa Humanidad y que son aquellos en los que (por aquél entonces) me
asignaba la Cámara
Federal de Apelaciones de esta ciudad. Y eso me honra".
"Nada es casual. Por el contrario, muchas cosas que ocurren son causales,
máxime cuando deben resolverse ciertas situaciones procesales", en
referencia a las causas contra Massot y Sierra, ex secretario del juez genocida
Guillermo Madueño.
"Si
como anunciaron los fiscales federales, la presentación del secretario ocultaba
una cabal estrategia para la defensa de los imputados (lo que efectivamente
ocurrió), seguramente ello será valorado por las autoridades del Consejo de la Magistratura" y
por "la
Superintendencia de la Corte Suprema",
expresó Coleffi en referencia a Fernández Moreno. Y dijo: "Resulta
necesario que este concierto infame se conozca de una buena vez, se comprenda y
se dimensiones cabalmente".
También
el magistrado afirmó que "se atribuye por función custodiar el balance
entre lo que dice la prensa y lo que obra en los expedientes". Estos
"excesos funcionales" fueron denunciados al Consejo de la Magistratura por el
recusado, agregó el escrito. El juez subrogante también expresó que "es
indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno intente
desacreditarme y, al par, se arrogue facultades para introducir en este proceso
un juicio de valor en defensa de Martínez, excusado en este trámite", y en
que para ello necesariamente "cuenta con un aval" que obliga a
preguntarnos "¿Quién es el autor que está detrás del autor?".
También
el juez subrogante expresó que "he resistido el embate metódico, diario,
concertado, organizado, y obstaculizador. He tolerado estoicamente el juego de
'doble pinzas' que pretendió condicionar mi labor".
"Si
bien las circunstancias explicadas a lo largo de esta resolución dan cuenta que
se ha introducido aviesamente la sospecha por temor de parcialidad, cuestiones
que fueron alentadas y arengadas, con el solo objeto de sacarme de la 'ruta'
judicial -cuando otros permanecen intactos, en esa ruta, y en otras tan
recientemente conocidas-, la inquietud, la incertidumbre y la desconfianza que
todo el contexto señalado pudo generar en el recusante, favorece el éxito de su
pedido", agregó Coleffi.
El
reclamo de los organismos de derechos humanos
Tras
conocerse el apartamiento del juez, los organismos de derechos humanos de Bahía
Blanca, junto con la agrupación HIJOS, afirmaron que "la corporación
judicial logró su cometido". "Luego de haber denunciado, tanto los
fiscales (José) Nebbia y (Miguel Angel) Palazzani, las graves maniobras de un
sector del Poder Judicial, para apartar al juez Coleffi, ayer lograron su
cometido y el juez se apartó de la causa Massot", expresaron en un
comunicado conjunto la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS Regional
Bahía Blanca, Red por la
Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la Mesa por el Juicio y Castigo
Unidos y Organizados. Y agregaron: "La impunidad a la que nos tiene
acostumbrados la
Corporación Judicial bahiense no es nueva, seguiremos
denunciándola, desenmascarándola y mostrando a todos y cada uno de sus
actores".
Fuentes
judiciales señalaron que "a raíz de la situación y según lo que marca el
Código de Procedimiento, la causa Massot será elevada a la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca con la resolución de Coleffi para que resuelva si
acepta o no el pedido de recusamiento de magistrado". Las fuentes
expresaron que a pesar de ello "el próximo juez que intervenga en la causa
Massot podrá proseguir en el estado de la misma que está para resolverse".
El pedido de recusación había sido solicitado por Rubén Diskin, abogado de
Massot y de Hugo Mario Sierra, un letrado local también investigado por delitos
de lesa humanidad.
Para el
ex fiscal general Hugo Omar Cañón, “esta movida de la estructura
corporativa local vinculada al poder judicial es un esfuerzo que se está
haciendo para lograr impunidad”. Coleffi decidió apartarse de la causa –se
espera que la justicia bahiense tome cartas en el asunto en las próximas horas–
en un momento clave: la semana venidera se esperan definiciones sobre la
situación procesal del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por los
fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por crímenes de lesa
humanidad. “Son jugadas que apuntan a la desestabilización emocional del
juez y los fiscales y a demostrar un poderío que apunta a la impunidad”, dijo
Cañón.
En
palabras de Cañón, la renuncia de Coleffi no es casual: “En Bahía Blanca
siempre ha sido muy difícil, desde que comenzamos los juicios por 1986. Las
resistencias de la corporación judicial y las alianzas que ellos tienen con
aquellos que tuvieron que ver con el golpe de Estado y con el plan de exterminio,
me refiero al poder no solamente militar y de las fuerzas de seguridad sino
también y especialmente a los empresarios y a aquellos que acompañaron el
golpe, siempre hubo una resistencia muy grande y los aliados de la justicia
fueron muy evidentes”. El ex fiscal general hizo una reseña histórica y
expresó que a Bahía Blanca “tuvieron que venir jueces de otros lugares
para poder conformar el Tribunal Oral y llegar a los juicios con la condena de
2012 y para los juicios que se están desarrollando actualmente”.
A raíz de
la situación, los organismos de Bahía Blanca realizarán el próximo lunes una
manifestación frente a la
Secretaría de Derechos Humanos local, ubicada en Alsina y
Lamadrid.
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Claudio Pontet, designado ayer
Causa
Massot: fiscales recusaron al nuevo juez por vínculos y antecedentes
El argumento: que no es
imparcial y tiene vínculos con imputados en delitos de lesa. Miguel Palazzani y
José Nebbia solicitaron la intervención inmediata del Consejo de la Magistratura “a fin
de que designe al juez subrogante a intervenir”.
Por: Juan
Manuel Mannarino
ANTECEDENTES
Después que la
Cámara Federal de Apelaciones nombrara al abogado Claudio
Pontet en reemplazo del juez Álvaro Coleffi, los fiscales Miguel Palazzani y
José Nebbia plantearon su recusación. “La designación de Pontet, en las
condiciones que fue hecha, para nosotros es nula”, dijo Palazzani a Infojus Noticias. Los
fiscales pidieron que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto y designe
un nuevo juez.
Como argumento principal, Palazzani evocó “el principio de
imparcialidad” no sólo como “consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet
respecto a imputados de delitos de lesa humanidad, sino además por la adopción
de conductas y posturas previas a su nombramiento en la presente causa”. Citó
dos ejemplos clave: el vínculo con Massot en su labor como abogado; y que
representó a su tío, el ginecólogo Jorge Pontet, que confesó haber intervino en
la falsificación de un acta de nacimiento durante la dictadura.
Cómo fue la desginación de Pontet
En un reciente fallo, la
Cámara resolvió que Pontet ocupara el cargo de juez
subrogante en reemplazo de Coleffi. Él estaba a cargo de la causa Massot y
decidió apartarse. Coleffi se apartó después de un pedido de recusación,
solicitado por la defensa del empresario periodístico, a partir de una queja
por “violencia moral” del secretario de Derechos Humanos, Mario Fernández
Moreno.
Ahora, en el escrito que pide su recusación, los fiscales
solicitaron la intervención inmediata del Consejo de la Magistratura “a fin
de que designe al juez subrogante a intervenir”. Según Palazzani, después que
avanzó la causa Massot, y se presentaron nuevas pruebas, la maniobra del
defensor Rubén Diskin –abogado del director de “La Nueva Provincia”-
fue la de dilatar los plazos de la instrucción. “En el Juzgado Federal N° 1 no
existe un Juez designado en forma permanente y quién subroga en la generalidad
de las causas del mismo, Santiago Ulpiano Martínez, se encuentra apartado
además de encontrarse recusado en todas las causas vinculadas a delitos de lesa
humanidad”, dijeron.
Recusaron a Ulpiano Martínez por defender a Massot
Hace unos días, los fiscales habían recusado al juez Martínez y a
su secretario “porque adoptaron un comportamiento obstructivo, en todos los
aspectos y frentes investigativos en curso". Los acusaron de liderar la
"embestida" que creó el escenario para que la defensa de Vicente Massot
recusara y forzara la salida del juez Coleffi. En un documento publicado en el
sitio de Fiscales, argumentaron
que "el conjunto de circunstancias que configuran y acreditan la causal
invocada –el temor de parcialidad– exceden de la actuación de los nombrados
-Martínez y Fernández Moreno- en cada trámite en particular, para descansar
sobre las conductas y actitudes asumidas frente al proceso de verdad y
justicia, en toda su extensión y expresiones procesales".
En ese sentido, dijeron que las presentaciones de Fernández Moreno
–elegido y avalado por Martínez como Secretario de Derechos Humanos– en la
causa Massot representan “un paradigmático acto de defensa sobre Massot (y de
Hugo Sierra, secretario del juzgado durante la dictadura)".
Contra la corporación judicial
Las maniobras de la familia judicial para proteger a Massot fueron
denunciadas por los organismos de Derechos Humanos de Bahía Blanca. En
estos días, las dos hijas de Enrique Heinrich -obrero asesinado junto a su
compañero Miguel Ángel Loyola- también pedirán al Consejo de la Magistratura que la
investigación continúe en manos de un juez que no sea de la ciudad. Los
familiares apoyaron el pedido de los fiscales: que la decisión no quede a cargo
de la Cámara
de Apelaciones.
“Es una facultad del Consejo de la Magistratura la
designación del juez, y la misma no fue delegada a la Cámara de Apelaciones
respectiva. Lo dicho se agrava si se observa que lo que se debe juzgar en
la causa son delitos de lesa humanidad, constitutivos de genocidio”, enfatizó
Palazzani.
El lunes, unos doscientos manifestantes de partidos políticos y
organismos de derechos humanos reclamaron ante los tribunales federales que se
reactive la causa. Allí leyeron un documento donde denunciaban que el secretario Fernández Moreno es hijo
de un ex camarista de Bahía, Augusto
Fernández, que designó y sostuvo como juez a Santiago Ulpiano Martínez.
Fernández fue recomendado al cargo por el entonces
vicepresidente Eduardo Duhalde, padrino de su casamiento y de uno de sus
hijos. El entonces camarista designó como secretaria a Stella Maris Suppicich Speroni de Ramos, hija de uno de los marinos de la ESMA.
Antes
de jubilarse con un pago de 45.000 pesos, en abril de 2012, Fernández excarceló
a 36 represores procesados por crímenes de lesa humanidad.
El escrito de su hijo fue utilizado como base fáctica por la
defensa de Massot, que estaba a punto de ser procesado, y la de Hugo Sierra
–comparten el abogado-, para pedir la recusación del juez. Coleffi decidió
apartarse del expediente, pero le respondió al secretario en duros términos.
“Es indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno intente
desacreditarme y, a la par, se arrogue facultades para introducir en este
proceso un juicio de valor en defensa de Martínez, excusado en este trámite”.
De qué se acusa a Massot
Massot está acusado por la Unidad Fiscal de
Derechos Humanos a cargo de José Nebbia y Miguel Angel Palazzani de integrar
"junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo
criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido
desde el multimedio actuando "de acuerdo a las normativas y directivas
castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes. El empresario fue imputado
como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel
Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables
para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
19 de Diciembre de 2014
PUSIERON EN DUDA LA PARCIALIDAD DEL
MAGISTRADO
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca,
a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzani, recusó ayer por la mañana al abogado
Claudio Pontet, designado por la Cámara Federal local como juez subrogante para la
causa que investiga el rol de Vicente Massot en la última dictadura. Pusieron
en duda su parcialidad y consideraron nulo su nombramiento.
Gerardo
Aranguren
Acusación
- Denunciaron vínculos del juez con el empresario Vicente Massot (Foto)
La Unidad Fiscal
de Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzani,
recusó ayer por la mañana al abogado Claudio Pontet, designado por la Cámara Federal
local como juez subrogante para la causa que investiga el rol de Vicente Massot
en la última dictadura. Pusieron en duda su parcialidad y consideraron nulo su
nombramiento.
Los
fiscales señalaron que este tipo de designaciones, subrogancias prolongadas, no
pueden ser realizadas por la
Cámara Federal local. “Se requiere que –en forma inmediata–
se dé intervención al Consejo de la Magistratura a fin de
que designe al Juez Subrogante a intervenir”, reclamaron.
En
cuanto a los argumentos para dudar de su parcialidad, Nebbia y Palazzani
señalaron varios hechos preocupantes. Destacaron que Pontet intervino como
abogado defensor de su tío, el ginecólogo Jorge Rubén Pontet, demandado por
haber intervenido en el nacimiento y venta de un niño en 1976. “Más allá de que
se encuentre acreditada o no su vinculación con delitos de lesa humanidad, se
enmarcan en prácticas que contribuyeron a la comisión de los mismos”,
sostuvieron.
Indicaron
también sus vínculos con la imputada Gloria Girotti, ex secretaria del juzgado
federal en la dictadura, con quien participó dos años en un proyecto de
investigación en la
Universidad Nacional del Sur.
Por
último, también le atribuyeron vínculos con Massot. Señalaron que, como asesor
letrado de la
Municipalidad de Bahía Blanca, Pontet intervino en gestiones
comerciales realizadas por el gobierno local, entre ellas con La Nueva Provincia.
Pontet
fue designado para ocupar el lugar de Álvaro Coleffi, apartado de la causa
Massot en una escandalosa maniobra realizada por la justicia federal local para
frenar el avance de los procesos contra los partícipes civiles del terrorismo
de Estado. A partir de esa operación, tanto el juez subrogante Santiago
Martínez como su secretario Mario Fernández Moreno fueron recusados y denunciados
por los fiscales ante el Consejo de la Magistratura.«
---------- Mensaje reenviado
----------
De: Hijos Bahiablanca
Fecha: 17 de diciembre de 2014, 7:31
Asunto: Causa Massot
Para:
"Han adoptado un comportamiento obstructivo,
en todos los aspectos y frentes investigativos en curso"
Bahía Blanca: los
fiscales recusaron al juez
Martínez y a su
secretario en todas las causas
16.12.2014
Miguel Palazzani y José Nebbia reclamaron el apartamiento de
Santiago Ulpiano Martínez y de su secretario Mario Fernández Moreno por temor
de parcialidad. Los acusaron de liderar la "embestida" que creó el
escenario para que la defensa de Vicente Massot recusara y forzara la salida
del juez Coleffi. Y remarcaron otras irregularidades de su actuación.
Los fiscales de la
Unidad de Bahía Blanca que intervienen en las causas por
crímenes del terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron
ayer el apartamiento por "temor de parcialidad" del juez subrogante
Santiago Ulpiano Martínez y del secretario Mario Fernández Moreno "en la
totalidad de las causas e incidentes que tengan que ver con la competencia en
delitos de lesa humanidad en la jurisdicción". Por la "gravedad
institucional" del caso, los fiscales enviaron copia de su presentación al
Consejo de la
Magistratura de la
Nación.
En un extenso escrito de cincuenta carillas presentado ante el
mismo juez Martínez, los fiscales analizaron la actuación de ambos funcionarios
en este tipo de casos a la luz del reciente apartamiento en la denominada
"causa Massot" del juez subrogante Álvaro Coleffi, quien decidió
apartarse cuando estaba por decidir la situación procesal del director de La Nueva Provincia,
Vicente Massot, luego de que el secretario Fernández Moreno presentara en el
expediente un escrito que ponía en duda la imparcialidad del magistrado,
defendiera la actuación del ya apartado de la causa juez Martínez y, con eso,
dotara de argumentos a la defensa del imputado para pedir su recusación.
Coleffi, además, debía resolver sobre la situación procesal del ex funcionario
de la justicia federal bahiense, Hugo Sierra. En rigor, era el juez designado
por la Cámara Federal
de esa jurisdicción para intervenir en las causas que involucraban la
complicidad civil con el terrorismo de Estado: este año ya había resuelto el procesamiento del actual
arzobispo local, Guillermo Garlatti, por prestar asistencia en la fuga del ex
capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara.
Los fiscales señalaron que "el conjunto de circunstancias
que configuran y acreditan la causal invocada –el temor de parcialidad– exceden
de la actuación de los nombrados [Martínez y Fernández Moreno] en cada trámite
en particular, para descansar sobre las conductas y actitudes asumidas frente
al proceso de verdad y justicia, en toda su extensión y expresiones
procesales". En efecto, señalaron que "las referidas presentaciones
de Fernández Moreno –elegido y avalado por Martínez como Secretario de Derechos
Humanos–" en la causa Massot "representan un paradigmático acto de
defensa sobre Massot (y Sierra)".
La "embestida" realizada mediante el escrito de
Fernández Moreno fue precedida de otras maniobras: el mismo día en que Massot
debía comparecer a la segunda indagatoria, LU2 radio Bahía Blanca, propiedad
del grupo La Nueva
Provincia, difundió una denuncia que el juez Martínez hizo
contra Coleffi por una supuesta filtración de información de otra causa a los
medios de comunicación. Dias antes, reseñaron los fiscales, Coleffi había
pospuesto la indagatoria del empresario periodístico porque Martínez le había
negado un lugar para realizar ese acto en una secretaría del juzgado.
Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que las "profundas y
justificadas dudas sobre la objetividad de esos funcionarios judiciales frente
al proceso, ha llegado al extremo de abarcar prácticas descalificables
emprendidas para incidir y marcar el curso de causas judiciales en las que –en
el caso de Martínez– le está impedido intervenir, ya sea por haber sido este
último recusado o bien por haberse inhibido".
Contra toda práctica judicial donde son las partes del proceso
son las que realizan manifestaciones y peticiones en un expediente, la semana
pasada Fernández Moreno, que es secretario de Martínez pero que actuaba como
tal en la "causa Massot" con la intervención como juez subrogante de
Coleffi, presentó un escrito en el expediente cuestionando la actividad del juez.
Allí dijo que se sentía “violentado” y “escandalizado” por las actuación de
Coleffi y lo acusó de reunirse con los fiscales sin su presencia.
Palazzani y Nebbia explicaron la normalidad de ese tipo de
reuniones que responden a cuestiones funcionales e indicaron que una
presentación así era esperable de parte de la defensa de un imputado, pero
explicaron que al haber sido el propio secretario el presentante de esa
"acusación" el planteo adquirió "la eficacia de la embestida
para garantizar la impunidad de ambos encartados" [Massot y Sierra]. Los
fiscales también relacionaron esa presentación con otro planteo que, en otra
causa, el propio secretario Fernández Moreno había realizado para desacreditar
la actuación del entonces fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, a quien
denunció de haber mantenido una reunión con víctimas. En ese sentido, Nebbia y
Palazzani recordaron que la propia Cámara Federal reprendió al secretario
Fernández Moreno por su tarea de "espionaje", dado el “indebido
escrutinio e individualización de personas”, una práctica de “recuento o
identificación de personas” y una “falta de respeto para el Fiscal”.
En su pedido de apartamiento para el juez y el secretario, los
fiscales citaron la resolución de Coleffi cuando decidió apartarse de la causa
Massot la semana pasada. "Es obvio que Fernández Moreno, ni tampoco
Martínez, están de acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en
materia de investigación de Delitos de Lesa Humanidad, y que son aquéllos en
los que (por aquél entonces) me asignaba la Cámara Federal de
Apelaciones de esta ciudad. Y eso me honra", expresó Coleffi.
Para los representantes de la Unidad Fiscal, ello
demuestra "cómo tanto Martínez como Fernández Moreno se oponen al avance
de las causas de Massot, Sierra y Vara" porque "no lo dice únicamente
esta Unidad Fiscal ni la parte querellante, lo menciona expresamente el propio
juez que tomó a su cargo (por disposición de la C.F.A.B.B.) dichas causas". En ese sentido,
Nebbia y Palazzani se preguntaron "¿qué garantía de imparcialidad puede
ofrecer no sólo a esta Unidad Fiscal, sino a la parte querellante y a las
propias víctimas, un juez y un secretario que son acusados por otro juez
subrogante de paralizar los procesos?" Y añadieron: "¿Con qué
esperanza se puede tratar de profundizar las investigaciones, si se tiene
enfrente no sólo las legítimas estrategias defensistas de los imputados, sino
también las aun más eficaces del propio órgano cuyo único deber era resolver
conforme a derecho?"
"Punto final" - En la recusación, los
fiscales recorrieron la actuación del juez y el secretario en diferentes causas
e incidentes y apuntaron que tanto Martínez como Fernández Moreno "han
adoptado un comportamiento obstructivo, en todos los aspectos y frentes
investigativos en curso, con el indiscutible fin de generar una situación de
punto final en el proceso de verdad y justicia".
De hecho, es la segunda vez en pocos días que Nebbia y Palazzani
recusan al juez Martínez. El 26 de noviembre pasado pidieron
su apartamiento en la causa que investiga la responsabilidad de 71 imputados en
la comisión de delitos sexuales contra víctimas de centros
clandestinos de detención. Aquella recusación de la Unidad Fiscal se dio
luego de que el juez decidiera no acatar la orden de la propia Cámara de llamar
a indagatoria a los acusados. El juez decidió que no avanzaría en el sentido
que le ordenaron porque debía "contar con un requerimiento de instrucción
completo por parte del Ministerio Público Fiscal, que […] deberá concentrar la
mayor cantidad posible de casos”. Ese universo de casos está en investigación
y, a medida que se obtienen elementos de prueba, los fiscales amplían el objeto
procesal. De esa forma, ya lograron acreditar a unas 200 víctimas. En Bahía
Blanca, la instrucción de las grandes causas está en manos de los fiscales
porque les fue delegada por el juez.
En interpretación de los fiscales, "al oponerse a la
presentación de requerimientos parciales", es decir, la ampliación por
nuevas víctimas a medida que se va recolectando los elementos que prueban cada
caso, "la postura del juez subrogante no puede interpretarse sino en dos
sentidos posibles: o bien, como dirigida a que se determine el objeto procesal
en el presente, con carácter definitivo y final, lo que configura un supuesto
de punto final; o bien, para que el Ministerio Público Fiscal se abstenga de
efectuar requerimientos y sindicar responsabilidades penales, para hacerlo
únicamente cuando exista certeza absoluta de que se hayan contemplado todos y
cada uno de los casos de víctimas y responsables, hipótesis abstracta que, en
la realidad, operaría con el mismo efecto del punto final".
En la causa de los delitos sexuales los fiscales habían tenido
que acudir ante la Cámara
porque el mismo Martínez se había negado a iniciar la investigación. En ese
contexto, Nebbia y Palazzani también recordaron que igual respuesta había dado
Martínez cuando se inició la causa Massot y decidió rechazar el pedido de
indagatoria al director de La Nueva Provincia -imputado, entre otros delitos,
de integrar
el aparato de inteligencia local de las Fuerzas Armadas para la represión
ilegal - porque entendía que su actividad se había dado en el
marco del derecho a la libre expresión.
Al mismo tiempo, los representantes de la Unidad Fiscal
remarcaron "otra de las expresiones directas de la actitud obstructiva
adoptada por Martínez en la dirección del proceso", que consistió "en
su intento de fragmentar y descomponer sistemáticamente una de las causas madre
que se instruye en esta jurisdicción", la de los crímenes cometidos bajo
la órbita del Comando del V Cuerpo de Ejército, "en diferentes expedientes
aislados e inconexos".
Los fiscales aludieron al paso del tiempo y a los largos
trámites de las causas, con la consecuente muerte de víctimas y victimarios, y
remarcaron que "la extrema gravedad de dicho proceder está marcada por la
notoria demora que el proceso de verdad y justicia arrastra (de casi cuatro
décadas) y en la operación simultánea del inexorable punto final biológico,
tanto en el plano de los responsables, como en el de las víctimas y los
testigos".
Respecto de la actuación del secretario Fernández Moreno,
Palazzani y Nebbia recordaron otra oportunidad en la que la propia Cámara Federal
también llamó la atención del funcionario porque en 2012 tardó cuatro meses en
elevar a la etapa de revisión el incidente donde se trataba la prisión
domiciliaria del imputado Arturo María Quintana, lo cual benefició al acusado,
que gozó de un tiempo extraordinario del beneficio que le había otorgado el
juez de primera instancia y que había sido recurrido por la fiscalía. El
secretario también demoró, en ese contexto, la elevación al tribunal de alzada
de la apelación de los fiscales a la negativa de Martínez a avanzar en la causa
sobre delitos sexuales. Por ese motivo, Nebbia y Palazzani remarcaron que
"la actuación del Secretario Mario A. Fernández Moreno ha sido tan grave,
tan intensa y tan maliciosa como la del Juez subrogante al cual responde, todo
lo cual obliga a su separación del mismo".
30.000 Compañeros Detenidos
-Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio)
--
--
El juez Coleffi dejó un escrito para la antología de los
dictámenes jurídicos
Cómo
la corporación judicial bahiense cuidó a Massot y apartó al juez
El
magistrado que tenía la causa contra el dueño de La Nueva Provincia,
Álvaro Coleffi, pasó a ser el enemigo público número uno de los sectores más
conservadores de los Tribunales bahiense. Por eso la familia judicial se
organizó e hizo lo posible para que renunciara al expediente que investiga
delitos de lesa humanidad. Lo lograaron: Coleffi renunció.
Por: Mariana Moyano.
El 20 de noviembre, en el mismo momento en el que Vicente Gonzalo
Massot caminaba arrogante hacia el despacho de Álvaro Coleffi para su segunda
indagatoria, este juez se enteró -casualmente a través de LU2, la radio de
Massot- que quien lo había antecedido en esa misma causa, Santiago Ulpiano
Martínez, y que había sido corrido de allí debido a que prejuzgó en favor del
dueño de La Nueva
Provincia, lo había denunciado penalmente por la filtración a
un programa bahiense de las escuchas de la causa contra Juan Suris, el supuesto
narco ex novio de la vedette Mónica Farro. La Cámara ya había hecho un movimiento sospechoso
poquito tiempo antes: habían corrido a Coleffi –un cuadro judicial de 20 años
de actividad en el área penal- al ámbito de las causas tributarias. Se olía que
Coleffi había empezado a molestar al establishment bahiense, aunque no sólo a
ese.
Allí reside una de las explicaciones de por qué un -hasta hace
nada- ignoto secretario a cargo de un juzgado pasó a ser el enemigo público
número uno de los rincones más conservadores de los Tribunales bahienses. La
primera puntada había sido dada con la impunidad de los que se creen (saben)
intocables: desde el entorno de Martínez se acusaba a Coleffi de filtrar
información a los medios, mientras ellos mismos filtraban a LU2 el dato de la
denuncia penal a un magistrado que empezaba a ser molesto por eficaz.
El botón de muestra estaba sobre la mesa. Coleffi lo había
escuchado y se lo habían contado, además. Una de las personas encargadas de
vigilar su comportamiento judicial lo había dicho a voz en cuello: “Álvaro no
puede pretender meterse con una institución de 2000 años y encima con la
prensa”. A Coleffi no le tembló el pulso ni con el ex sacerdote Aldo Omar Vara
ni con el arzobispo Guillermo Garlatti, y todo indicaba que también iba a
atreverse frente al otro poder civil socio de los uniformes en la dictadura
cívico militar: La
Nueva Provincia, que en su editorial del 19 de noviembre de
1977 sostuvo que “más que hablar de la guerra, hay que hacer la guerra. De
entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las
trincheras de la Patria”.
Complicidad eclesiástica - Coleffi
no tuvo miramiento con la
Iglesia. Buscó, encontró y capturó –a través de Interpol en
Ciudad del Este, Paraguay- al capellán militar prófugo Vara, acusado de cometer
delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Escuelita. Y procesó
al arzobispo Garlatti, por encubrir y colaborar con Vara para que éste siguiera
cobrando mensualmente sus cheques. El obispo que ocultó en Ciudad del Este,
Rogelio Livieres Plano, reconoció que lo había escondido por pedido de
Garlatti.
Tampoco le tuvo temor a otras complicidades civiles: fue el único
juez bahiense que en 31 años de vida institucional se atrevió no sólo a hincar
el diente en la complicidad eclesiástica con la dictadura. También tenía en la
mira al ex secretario del Juzgado Federal 1, Hugo Sierra, que además de
compartir abogado defensor con Massot (Rubén Diskin), escribió un libro de
Derecho Penal con el dueño de La Nueva Provincia.
Mientras algunos colegas del Poder Judicial bahiense, como el
camarista Pablo Candisano Mera, el fiscal federal Alejandro Cantaro y Martínez,
entre otros, disfrutaban de la ruta del vino en España, Coleffi no sólo logró
traer de vuelta a la
Argentina a Vara sino que sumó cada vez más pruebas contra
Massot.
El juez Martínez, el fiscal Cantaro y,
cuarto en ese orden, Candisano Mera. Los otros son abogados también.
La familia judicial decidió actuar rápido: a la improbable
acusación de filtración de información contra Coleffi le sumaron luego una
imputación que no sólo es técnicamente indefendible, sino que roza lo ridículo.
Todos los especialistas coinciden en ello: sólo puede aplicarse porque quienes
lo hacen tienen el poder para realizarlo. Acusaron al juez de parcial porque se
reunía con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. “Da risa”, dijo una
eminencia del Derecho Penal. “Si un juez que lleva adelante una investigación y
no se reúne –entre otros- con los fiscales, ¿cómo obtiene la información
necesaria para seguir avanzando en una causa?”, se preguntó.
La movida fue así: el secretario de Derechos Humanos del Juzgado
Federal 1, Mario Fernández Moreno, disparó con supuesta “violencia moral” por
parte de Coleffi y el argumento fue tomado de inmediato por la defensa de
Massot. Esta movida hizo casi imposible a Coleffi mantenerse a cargo de la
causa y dio un paso al costado. En gran medida, su decisión estuvo basada en
que si se atornillaba a esa causa era muy probable que la suciedad, además de
lanzársela a él, la tiraran sobre todo un expediente que no había sido en nada
cuestionado ni siquiera por la defensa del propio Massot.
La celada procesal había sido elaborada con precisión, con
conocimiento de los personajes y con enorme sentido de la oportunidad. Para que
se entienda: el Poder Judicial tradicional y conservador y el poder permanente
pueden permitir que los uniformados carguen una sobre otra las condenas de
perpetua. Algunos hasta pueden llegar a aceptar que ciertos miembros de la Iglesia paguen algunas
culpas. La Cámara
de Bahía Blanca –valga como ejemplo- obligó a la detención de Vara, pero no se
atrevió jamás a dar la orden de llamar a indagatoria a Massot.
Con los tan grandes, parece que no se juega. Así fue que la
planificación había comenzado a funcionarles: Coleffi ya ni estaba más a cargo
de las causas de lesa humanidad, sino que lo corrían, incluso, del cargo de
juez. A la intemperie dejaban al ahora secretario. Sin embargo, algo crujió en
Bahía Blanca y Coleffi cobró cara su partida. Dejó un escrito para la antología
de los dictámenes jurídicos porque de impenetrable, de impersonal y de
desapasionado no tiene nada. En las 12 páginas de su texto se despacha con todo
lo que –parece- andaba con ganas de decir desde hacía rato:
No es el aburrido lenguaje jurídico. “Elijo, definitivamente,
escribir claro, llano y directo. Para que se entienda. Hay veces que la ocasión
exige ser simple porque hay que hablar en voz alta. Porque resulta necesario
que este concierto infame se conozca de una buena vez, se comprenda y se
dimensione cabalmente. Es obvio que Fernández Moreno, ni tampoco Martínez están
de acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de
investigación de delitos de lesa humanidad, y que son aquellos en los que por
entonces me asignaba la
Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. Y eso me
honra”, señala en uno de los primeros tramos.
“Es indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno
intente desacreditarme y, a la par, se arrogue facultades para introducir en
este proceso un juicio de valor en defensa de Martínez. Un verdadero paladín,
ungido y entronado como el tutor de una moralina, en rigor, vacía de
principios. En términos de la querella, una exquisita subordinación.
Evidentemente, el tutor cuenta con un aval para efectuar dicha presentación”,
sostiene Coleffi en su escrito y se pregunta luego: “¿Quién es el autor que
está detrás del autor? Y esa pregunta es la que queda flotanto. Es inevitable
que así sea.
El camarista Pablo Candisano Mera y el
fiscal federal Alejandro Cantaro (con la copa en la mano). De espaldas, el juez
Santiago Ulpiano Martínez.
De copas en España
En paralelo con la acusación de “violencia moral” a un juez por
reunirse con los fiscales de la misma causa tenían lugar dos particulares
acontecimientos. Por un lado, el camarista Candisano Mera, el fiscal federal
Cantaro y el juez Martínez recorrían juntos algunos de los sitios predilectos
de los conocedores del vino tinto. Y eso no acarrea ningún inconveniente de
tipo gastronómico o turístico: el problema es que estos miembros del
Poder judicial representan tres instancias distintas de decisión y apelación.
Sin embargo, nadie se horrorizó por este paseo ni habló de “violencia moral”
por ese viaje. Bahía Blanca está viendo en primer plano cómo actúan las espadas
mandadas a punzar y está mostrando el recorrido que hace la impunidad cuando no
tiene freno.
El embate sistemático contra Coleffi no es lo relevante de toda
esta historia, porque si la causa Massot se lleva puesto a un secretario de una
ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, nada demasiado importante
cambia ni en el derecho ni en la jurisprudencia argentina. Lo destacable de
este encadenamiento de hechos que deben ser vistos juntos y en perspectiva es
que Bahía Blanca es hoy el ejemplo más claro de cómo el modelo corporativo y
conservador del Poder Judicial funciona cuando un miembro no reaccionario de
ese poder se atreve a llevar al banquillo al poder civil de la dictadura. Están
a la vista de todos allí los anclajes actuales que son los que siguen
sosteniendo las aberraciones cometidas hace 40 años.
Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares
una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”,
para lo cual habría contribuido desde sus medios “de acuerdo a las normativas y
directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. Está imputado como
coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel
Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el
ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios
de 35 personas. En criollo: acción psicológica y autoría intelectual o
complicidad en asesinatos.
El dueño de La
Nueva Provincia está judicialmente complicado: se mantuvo en
lo suyo, pero la prueba documental hallada y procesada entre la primera y ésta
indagatoria lo complica notablemente. No pudo explicar los documentos obtenidos
en el allanamiento y que lo complican severamente.
Martínez, otro de los protagonistas de esta novela, ha sido uno de
los jueces que más obstruyó el avance de las causas de lesa humanidad con imputados
civiles. Estos días se hizo un poquito más famoso por procesar al periodista
Germán Sasso, director del portal La
Brújula, el que puso al aire las escuchas en Bahía que ya en
el verano repetía hasta el cansancio TN. Fue cuestionado por negar la imputación
de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, por
posibilitar la fuga del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, por favorecer a
Vara y por rechazar los pedidos de indagatoria a Massot y al fallecido jefe de
redacción en los 70, Mario Gabrielli.
Pero el CV de Martínez no termina allí. Hasta la Presidenta de la Nación se refirió a este
juez. Vía twitter, Cristina Fernández lo fustigó duro cuando otorgó una
cautelar al grupo Clarín para que la
AFSCA no pudiera llevar adelante la reorganización de la
grilla. Y, memoriosa como es, recordó que fue él quien rechazó el pedido de
extradición que Francia había hecho para juzgar a Alfredo Astiz por las
desapariciones de las monjas Leónie Duquet y Alice Domon.
El final del texto de Coleffi da cuenta de todo ese poder. Escribe
cinco puntos de aspecto resolutivo y en el primero reconoce la avanzada
ganadora del establishment: hace lugar a la recusación. En los puntos 3 y 4,
solicita se requiera a la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca que sé
intervención a la Oficina
de Superintendencia de la
Corte Suprema. Pero en el 2 abre la puerta a la posibilidad
de que no se mantenga al statu quo de los ganadores de siempre: decide poner
las piezas procesales en conocimiento del Consejo de la Magistratura, el
único organismo que hoy en base a la gravedad institucional que implicaría que
estas causas se hagan polvo, puede tomar las riendas y hacer que no sea el
propio poder contaminado el que pretenda llevar adelante la desinfección.
30.000 Compañeros Detenidos
-Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio)
Envío:IEPPES
