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29 de junio de 2023

BRASIL: opinion.

 


Brasil. Dinero sangriento

Empresarios y genocidas

Por Pablo Bilsky

 

Publicada en 29/06/2023


Compañías brasileñas como Fiat, Volkswagen, Siderúrgica Nacional, Petrobras y Folha de Sao Paulo, entre otras, financiaron y brindaron información e infraestructura a la dictadura militar. A cambio, crecieron en forma desmesurada e hicieron grandes negocios.

Las empresas públicas y privadas, nacionales y multinacionales de Brasil tuvieron una participación activa durante el terrorismo de Estado que perpetró la dictadura militar (1964-1985). Fueron más que cómplices. Mucho más que delatores que suministraban “listas negras” de obreros y obreras que luego eran secuestrados. Formaron parte del enorme aparato represivo desplegado por los genocidas. No sólo financiaron. Aportaron vehículos, predios para ser usados como sitios de secuestro, detención, tortura y muerte. Hasta importaron instrumentos (más precisamente una picana) para someter a tormentos a los secuestrados. Las fuerzas de seguridad llegaron a torturar y matar dentro de las propias fábricas. Todo este plan de exterminio, coordinado con otros países a través del plan Cóndor, tuvo como objetivo la imposición en toda la región de un plan económico al servicio de los intereses más concentrados. Los empresarios-genocidas crecieron en forma desmedida durante la masacre. Hicieron grandes negocios. Tuvieron el visto bueno de las autoridades ilegítimas para ejercer formas de explotación sin límite alguno. Se registraron casos de trabajo esclavo. Muchos obreros tuvieron que aceptar estas condiciones infrahumanas luego de ser sometidos a torturas.

La represión a las organizaciones sindicales fue una de las misiones fundamentales de la dictadura brasileña. En la Argentina de esos años se desmanteló la industria nacional y se extranjerizó la economía, abriéndola al capital financiero. Brasil tomó otro camino. “La dictadura tenía un plan de desarrollo económico, industrialización y modernización conservadora y autoritaria. Eso hizo que sectores de la población apoyaran el golpe”, señaló la politóloga de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, María Paula Araújo, en la nota publicada en Infojus Noticias. Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, firmada por Martín Cortés y titulada “En Brasil también hubo articulación entre empresarios y militares”.

La politóloga señala asimismo que en Brasil el golpe no significó el fin de la industrialización, sino que profundizó el proceso comenzado en la década de 1930 por el gobierno de Getúlio Vargas. “Por el plan económico de la dictadura, hubo articulación entre empresarios y militares. Pasó a lo largo de toda la dictadura, y no era sólo apoyo, sino también financiamiento”, agregó Araújo.

En 2014, una Comisión de la Verdad creada por la entonces presidenta Dilma Rousseff denunció al principal grupo empresarial del país, la Federación de Industrias de San Pablo, de haber colaborado con el golpe de Estado mediante un acuerdo clandestino de fabricación de armamento para la represión interna. Esa comisión cumplió un papel importante a la hora de investigar la complicidad civil-empresarial, pero fue desactivada tras el golpe contra la mandataria en 2016. El resultado de las investigaciones dio lugar al “Informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil”, de 657 páginas, que se puede consultar en línea.

“Un documento del Servicio de Inteligencia Nacional indica que el 31 de marzo de 1964, día del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, fue creado en San Pablo el GPMI, Grupo Permanente de Movilización Industrial, señaló la investigación oficial. El grupo se creó “frente a la necesidad de provisión de armas y equipos militares a los revolucionarios paulistas y basados en la idea de que no existe poder militar sin industria que fabrique ese poderío”.

En junio de 2023, la Universidad Federal de Sao Paulo, a través del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF/Unifesp), dio a conocer asimismo una investigación que ofrece una detallada descripción del accionar de empresas como Fiat, Volkswagen, Compañía Siderúrgica Nacional, Petrobras, el diario Folha de Sao Paulo y la celulosa Aracruz, entre otras.

La investigación se titula “Informe público sobre las responsabilidades de las empresas en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”. Fue coordinado por Edson Teles, Carla Osmo y Marília Oliveira Calazans y cuenta con 327 páginas.

“América Latina fue protagonista a la hora de dar visibilidad al tema de la responsabilidad de las empresas por infracciones de los derechos humanos durante los regímenes autoritarios, y en la promoción del concepto de complicidad empresarial en graves violaciones de derechos en el panorama internacional”, señala el informe de la Universidad de Sao Paulo, a la vez que agrega que los procesos destinados a responsabilizar a los actores económicos comúnmente ocurren a nivel local, sin que exista una mayor presión y un mayor interés en investigarlos por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. 

El texto hace referencia al concepto “responsabilidad corporativa por lo bajo” para hacer referencia a la necesidad de responsabilizar a las empresas por violaciones de derechos humanos realizadas por actores de la sociedad civil. Y en este sentido señalan la necesidad de que, en el marco del sur global, se adopten herramientas innovadoras para contribuir al diseño de procesos de justicia transicional, desafiando la opinión de que las obligaciones internacionales sobre el respeto a los derechos humanos no se aplican a las empresas.

Represión, precarización, vigilancia y racismo

El estudio confirma cómo las violaciones de los derechos humanos se conectan con la precarización laboral, la falta de protección de los trabajadores y otras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. También se comprobó, a través de varias de las encuestas, la existencia de un sistema de vigilancia de las empresas para perseguir trabajadores. En algunos casos también se observaron detenciones ilegales y ocultamiento del paradero de familiares, torturas y muertes de trabajadores y discriminación racial y/o de género.

Con relación a las acciones contra los pueblos originarios y campesinos, se denuncia el robo de tierras, daños a la propiedad o instalaciones, destrucción de cultivos o producción, destrucción o sustracción de herramientas de trabajo, trabajo esclavo, tortura, violencia sexual, muertes, desapariciones y atropellos contra prácticas religiosas y culturales. Se identificaron indicios de vulneración de derechos de pueblos indígenas por parte de cinco empresas.

Además, se encontraron evidencias de daño al medio ambiente como resultado de las actividades de seis empresas, entre ellas cambios en los cursos de aguas (de río a lago, con impactos sobre la flora y la fauna), polución y contaminación de ríos, suelos y aire, deforestación y riesgos de desertificación.

La investigación menciona el caso de la empresa de material ferroviario Cobrasma, que tuvo un crecimiento relevante en el período de la dictadura militar a partir de incentivos gubernamentales y el acceso a los recursos a bajo costo. Miembros de la familia Vidigal, accionista mayoritaria, participaron en organizaciones que ofrecieron apoyo financiero al golpe militar y a la Operación Bandeirantes. 

La Operación Bandeirantes (Oban) fue una organización al servicio del terrorismo de Estado que coordinó a elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal (civil y militar) y la Policía Federal para la labor específica de “combate a la subversión”. En su sede funcionaba un centro de información e investigación creado por el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general José Canavarro Pereira, e integrado por miembros de la Fuerza Aérea, Armada, Departamento de Policía Federal, Servicio Nacional de Información, y organismos gubernamentales del Estado de San Pablo. Fue concebida como un agente centralizador e integrador de las diversas fuerzas militares y policiales (órganos de información y represión política), con el propósito de “identificar, localizar y capturar a los elementos que integran los grupos subversivos que operan en la zona del Segundo Cuerpo del Ejército, particularmente en San Pablo, con el propósito de destruir o al menos neutralizar las organizaciones a las que pertenecen”.

Esta organización genocida fue, desde el principio, financiada por empresarios paulistas, por ejemplo Henning Albert Boilesen, por entonces presidente de la compañía Ultragaz, que recaudaba fondos para el aparato de represión: incluso importó un aparato para torturas con electricidad. El propio empresario asistía a las sesiones. 

Cobrasma construyó carros blindados al servicio de la represión. La investigación identificó a directores y empleados que colaboraron activamente, incluido el médico Harry Shibata, director del Instituto Médico Legal del Estado de Sao Paulo entre 1976 y 1983. 

El informe destaca el ataque sistemático contra el movimiento sindical y las organizaciones de trabajadores, lo que implicaba hacer “listas negras”, enviar información sobre los líderes de las huelgas o dirigentes sindicales, vigilar y controlar las actividades de los trabajadores, y contribuir a la caracterización de las huelgas como “actividades políticas subversivas”. Además, los empresarios habilitaron predios para la detención masiva y la tortura de los trabajadores, en algunos casos dentro de las propias empresas. 

Se investigó el caso de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por entonces una empresa estatal ubicada en Volta Redonda, en el sur del estado de Río de Janeiro, ciudad que ahora tiene una identidad industrial y obrera, y que en 1973 fue declarada “área de seguridad nacional”. Los trabajadores de CSN eran despedidos y muchos de ellos arrestados. Se instaló un sistema de vigilancia e información, colaborando de esta forma con muchos arrestos de personas luego sometidas a tortura. En la huelga de 1988, los militares invadieron el predio de CSN y asesinaron a tres operarios.

También se comprobó la práctica sistemática de racismo institucional en la empresa, con exposición de los trabajadores negros a condiciones de trabajo más agotadoras y nocivas para la salud, y el envenenamiento por benceno de los trabajadores de hornos y coquerías

La Fiat tenía su propia sala de tortura

La industria del automóvil Fiat, instalada en 1970 en Betim, estado de Minas Gerais, fue posible gracias a subsidios económicos y ventajas fiscales otorgadas por la dictadura. La empresa estructuró un complejo sistema de vigilancia e información sobre sus trabajadores, y mantuvo comunicaciones directas con los grupos de tareas. Se reportó la existencia, dentro del predio de la automotriz, de un espacio denominado “sala de cuerpo de bomberos”. Era un centro de torturas para hacer hablar a los operarios. 

El diario Folha de Sao Paulo creció en forma desmedida durante el gobierno dictatorial, convirtiéndose en un gran conglomerado del sector periodístico. Los dueños de ese medio dieron un apoyo explícito al terrorismo de Estado, y a cambio recibieron grandes beneficios económicos. Esa empresa periodística contaba entre sus empleados a agentes de represión, militares y policiales. A través de su apoyo editorial legitimó ante la opinión pública las graves violaciones a los derechos humanos. También cedió vehículos para llevar adelante la Operación Bandeirantes. Trabajadoras y trabajadores de este diario sufrieron acoso, persecución y despidos “por abandono de su lugar de empleo”, cuando en realidad habían sido secuestrados.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/06/23

Fuente:RedaccionRosario

16 de enero de 2023

BRASIL.

 

Lula, frente al golpe, movilización 

popular

Por Angel Guerra, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2023. 

El intento de golpe de Estado bolsonarista fascista del 8 de enero en Brasilia no es un hecho meramente local. Todo indica que contó con auspicio internacional. Está lejos de tratarse de una revuelta espontánea pues son innumerables los hechos que demuestran un alto grado de organización, coordinación y financiamiento previos al asalto y vandalización a las principales instituciones representativas de las tres ramas  del poder del Estado en Brasil, nada menos que  el Congreso, el Palacio de Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal. Esa relación con el apoyo de  una organización internacional tras el conato  golpista y otros graves intentos subversivos que ocurren en nuestra región ha sido señalada por varios analistas pero no he leído ninguno tan preciso como el del cubano Hedelberto López Blanch (https://bit.ly/3Zrc9Rw). Él nos recuerda la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en México, los días 18 y 19 de noviembre pasado, “la organización ultraderechista más grande del mundo, creada y controlada desde hace medio siglo por la Unión Conservadora Estadounidense, que realiza una o dos reuniones al año y donde más de 100 organizaciones contribuyen con abundante capital”.  El autor cita la presencia en la cita de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien en una de sus  intervenciones afirmó: “se deben juntar energías para poner en marcha la lucha por la libertad en Brasil, México y de la región latinoamericana”, todo en medio de  alertas contra el avance del  socialismo, como ellos denominan el menor intento de revertir las políticas neoliberales.

En cuanto a la planificación y financiamiento del asalto a las más altas instituciones  de la república brasileña son abrumadoras las evidencias en las propias redes digitales, en las que se informó con antelación de la convocatoria a Brasilia “con desayuno, almuerzo y cena pagados” y por supuesto, la movilización de 100  ómnibus para el traslado. En numerosas publicaciones en esos medios se mencionaban los tres edificios oficiales posteriormente invadidos y hasta se decía que acamparían en el Planalto. Lo que es asombroso es que nadie informara al presidente Lula de estos preparativos. Ni siquiera la inteligencia nacional. Luce natural que cuando menos algunos de sus colaboradores deben haber conocido los anuncios y  acaso los subestimaron. También parece un descuido muy grande de quienes están encargados de la seguridad y la defensa en el gabinete de Lula el haber dejado en sus cargos a los bolsonaristas jefe del gobierno de Brasilia y jefe de la seguridad de la ciudad. Por ciento, este último vio al parecer en Miami las escenas en la tele del asalto a  los edificios gubernamentales sentado al lado del ex presidente. Esto explica la débil custodia  policial con que se topó la turba y la inacción cuando no complicidad de la policía militar dependiente del gobierno de Brasilia. Un hecho muy sospechoso es la no entrada en acción del batallón siempre de guardia en el subsuelo del Palacio de Planalto. Este, dependiente del alto mando de las fuerzas armadas. La inacción de los generales ante los campamentos de bolsonaristas emplazados frente a los cuarteles del ejército, especialmente frente a la jefatura de las fuerzas armadas, provocó el mordaz comentario de Lula sobre la pasividad de los generales y que “parecía gustarles” los llamados a derrocarlo que hacían las turbas allí reunidas.

El papel de las redes digitales en la rebelión bolsonarista y ultraderechista a escala global merece un capítulo aparte y sobre el tema y  la amenaza que significan esas redes, en manos de megamonopolios privados, para lo que queda de democracia en el mundo se han publicado dos espléndidos artículos de Ignacio Ramonet (https://bit.ly/3iqpAAJ) y Eduardo Febbro (https://bit.ly/3kbpYmO).
    
Lula ha actuado vigorosamente en la defensa y protección de la institucionalidad. Sale fortalecido de este lance. Según Datafolha 93 por ciento de los brasileños censura la intentona golpista. El prestigio de Bolsonaro pasa por horas bajas. Pero el bolsonarismo  está vivo y ya planeaba una nueva movilización en Brasilia  esta semana que ha hecho al gobierno reforzar las medidas de seguridad. La apuesta  de la ultraderecha (y su nueva aliada) la derecha en nuestra región es al caos y la ingobernabilidad. El principal recurso de los gobiernos progresistas es el apoyo de masas como se demuestra en México donde López Obrador la mantiene a raya con su enorme aceptación popular. A ello tendrá que recurrir el incansable y experimentado Lula con su carisma para consolidar su gobierno y  avanzar en su prometedor programa de salvación nacional.

Fuente: TeleSUR



Pesados nubarrones 

Por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2023. 

Lo ocurrido el pasado domingo en Brasilia, con miles de seguidores de Bolsonaro (mezclados con gente que fue pagada para trasladarse a la capital brasileña) destrozando literalmente las sedes de los tres poderes, hizo con que la tensión permaneciese pairando como nubarrones pesados sobre el país. La devastación dejó evidente la complicidad, por omisión, tanto del gobierno como de la Policía Militar de la capital. Pero también de amplios sectores de las fuerzas de seguridad identificados con el ultraderechista ex presidente, bien como la apatía de las Fuerzas Armadas frente al peligro.

Las imágenes de la tremenda destrucción llevada a cabo por los participantes del intento de golpe siguen impactando al país.

Es cierto que las medidas adoptadas tanto por la Justicia como por el gobierno de Lula da Silva son duras, contundentes y ampliamente respaldadas por la ley. Hay unos 500 detenidos, gente que integraba el campamento frente al comando general del Ejército en Brasilia, y otros 300 participantes de los actos de terrorismo del domingo fueron encarcelados.

Sin embargo, detener a terroristas y punir principalmente sus financiadores y organizadores no será suficiente para alejar en definitivo los peligros que siguen rondando sobre nuestras cabezas.

Si Jair Bolsonaro (foto) padece una fuerte e innegable corrosión, quedó claro que el “bolsonarismo” sigue firme y fuerte. Los peligros implantados en el país por el ultraderechista no fueron eliminados. Al contrario, están a flor de piel.

Basta, por ejemplo, con ver el elevadísimo número de militares retirados, de políticos ejerciendo mandatos y funcionarios públicos que se juntaron en las invasiones y depredaciones ocurridas en Brasilia.

Fuerzas armadas inertes

La manera como las Fuerzas Armadas se mantuvieron inertes mientras seguidores de Bolsonaro se plantaban frente a cuarteles e instalaciones militares es otra señal de peligro. Además de militares retirados, muchos de los participantes eran parientes directos de militares en actividad. Esa la única conclusión posible para explicar la inercia de los comandantes. Si fuesen campamentos de trabajadores sin tierra o estudiantes reivindicando derechos la reacción sería de contundente violencia.

Las fuerzas policiales de Brasilia son otro síntoma del alto riesgo que vivimos: mucho más elocuente que permitir el desplazamiento de los manifestantes terroristas fue ver cómo grupos de policiales han adherido claramente a la manifestación, inclusive mientras ocurría la destrucción de edificios públicos de altísima representatividad.

El más que reaccionario general retirado Hamilton Mourão, quien fue vice de Bolsonaro y ahora es senador electo, criticó duramente la prisión de los terroristas en Brasilia. La gran duda es: ¿cuántos los militares en actividad pensarán como él?

Los que organizaron, convocaron y financiaron el terrorismo del domingo podrán ir presos. Pero ¿cuántos más como ellos viven esparcidos por todo el país?

Bolsonaro reveló y trajo a la superficie lo que hay de peor, más abyecto y más peligroso de Brasil. Y todo indica que siquiera los extremistas de la ultraderecha sabían que eran tantos. Lula está rodeado por ratones de la peor especie, funcionarios menores que integran la estructura del gobierno. ¿Cuánto tiempo será necesario para librarse de ese grupo?

Son parte de la herencia nefasta del ultraderechista que optó por fugarse en Orlando, Florida, y que ahora dice que volverá a Brasil. Optó por eso, aun sabiendo que enfrentará la justicia brasileña, por temor a ser directamente extraditado por Washington.

¿Su presencia y la esperada detención servirán para volver a incendiar la horda de sus seguidores descerebrados? No se sabe. Pero sabemos todos que hay más peligro a la vista.



Aumenta la tensión en una Brasilia 

amenazada

Por Dario Pignotti, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2023. 

Investigan si las tomas del domingo pasado son parte de un complot de Bolsonaro y jefes militares para socavar al gobierno de Lula y la democracia de ese país.

Volvió la tensión a Brasilia. Ante la amenaza de nuevas protestas convocadas por seguidores de Jair Bolsonaro un fuerte cerco de seguridad rodeaba el Palacio del Planalto en la noche de este miércoles, tres días después del intento de golpe de Estado que estremeció al pais, demostrando que la reconstruccion de la democracia puede demandar un buen tiempo, más de lo esperado.

«Lamentablemente el presidente que dejó el poder el 31 de diciembre aún no reconoció su derrota» declaró Luiz Inácio Lula da Silva durante uno de los varios encuentros que tuvo ayer en el Planalto.

Al desconocer la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) , el exmandatario envenenó aún más a la militancia de ultraderecha que el domingo pasado invadió los predios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Lula sostuvo que esos «patanes» están divorciados de la realidad y perdieron el «sentido del ridículo» cuando ponen en duda el resultado de las elecciones que llevaron al PT a su quinto gobierno desde 2003. Con tres victorias de Lula (2002,2006 y 2022) y dos de Dilma Rousseff (2010 y 2014).

Emocionados

A pesar de que las tareas de reparación no concluyeron Lula optó por permanecer en el palacio presidencial todo el día, desafiando la estrategia del miedo urdida por el bolsonarismo con la amenaza de realizar nuevas protestas violentas.

Eran las siete de la noche cuando vehículos policiales reforzaban el patrullaje de la avenida principal de Brasilia y el presidente encabezaba la ceremonia de asunción de las ministras de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada por dos sicarios pertenecientes a las «milicias» parapoliciales, grupos con los que Bolsonaro mantiene un vínculo conocido. Siendo diputado federal el líder de ultraderecha llegó a defender la legalización de esas bandas.

Anielle prometió honrar el legado de su hermana, Marielle Franco, defensora de las mujeres afrodescendientes y faveladas, ejecutada con cinco tiros en la cabeza en el centro de Rio de Janeiro. La flamante ministra declaró recientemente que seguirá luchando para esclarecer ese crimen cuya investigación fue obstruida por el gobierno anterior. Lula, junto a su esposa Janja , Dilma Rousseff y el vicepresidente Geraldo Alckmin, escuchó con atención los discursos de las jóvenes ministras en una de las ceremonias más emotivas de este también joven gobierno.

Tal como ocurrió cuando subió la rampa del Planalto el primero de enero, al iniciar su presidencia, el viejo tornero mecánico estaba rodeado en la noche de hoy por los rostros y las sonrisas del Brasil profundo. O mejor, del Brasil verdadero. El auditorio del Planalto se colmó muchachos negros, indígenas, trabajadores y «empleadas domésticas», término Sonia Guajajara, al recordar el trabajo con el que costeó sus estudios.

El himno nacional interpretado por bandas militares durante el gobierno bolsonarista fue reemplazado por una versión en lengua indígena cantada a capella por una chica. A su turno la ministra Guajajara subrayó el «coraje» de Lula por haber creado «este ministerio inédito en la historia de Brasil». Los indígenas «hace más de quinientos años que son víctimas de ataques cobardes, cobardes como los ataques de este domingo» contra la democracia, comparó.

Investigaciones

Antes del inicio de la ceremonia encabezada por Lula, la gobernación de Brasilia informó que 1.028 bolsonaristas arrestados después de invadir el Planalto fueron trasladados a prisiones de la periferia de la capital donde permanecerán hasta ser interrogados y determinar el grado de implicación en los hechos «terroristas», según los definió el Supremo Tribunal Federal.

Esa misa Corte prohibió ayer todo bloqueo de rutas y ordenó que los responsables sean arrestados además de ratificar la prisión del comisario bolsonarista Anderson Torres, exministro de Seguridad de Brasilia acusado de ser «omiso» frente a la turba que invadió los palacios hace tres días. Luego de encontrarse con Bolsonaro en Estados Unidos , Torres prometió retornar a su pais y entregarse a la policía, algo que no ocurrió hasta ahora.

Militares

Las columnas invasoras del Planalto partieron el domingo a primera hora de la tarde desde un campamento montado frente al Cuartel General del Ejército. Grandes estructuras metálicas, escenarios portantes, equipos de sonido, cocinas de campaña y baños químicos permanecieron durante setenta días junto al complejo donde se reúne la plana mayor del Ejército, la cual hace un mes respaldó las actividades de ese grupo a través de un comunicado conjunto con la Armada y la Aeronáutica.

La Procuraduría de Brasilia envió ayer un oficio a la comandancia del Ejército para saber porque mantuvo esa convivencia con los subversivos y solicitar más detalles sobre el golpe frustrado del domingo. También solicitó datos sobre lo ocurrido el lunes cuando carros blindados del Ejército impidieron que la policía arreste a las cerca de tres mil personas atrincheradas en el acampe. Gracias a ese bloqueo unos dos mil sospechosos lograron darse a la fuga y solo mil doscientos serían arrestados horas más tarde.

Estas averiguaciones de la Fiscalía se entroncan con otras realizadas por la Policía Federal a instancias del Supremo para llegar a los autores intelectuales de la movida golpista. El objetivo de es «juzgar y punir» a todos, inclusos los peces gordos, prometió el ministro de Justicia, Flavio Dino. El funcionario no lo dijo, pero se infiere, por varias declaraciones, que apunta a Bolsonaro y tal vez a algunos generales.

Una de las hipótesis es que junto al expresidente los jerarcas castrenses están implicados en un plan desestabilizador del cual los ataques del fin de semana fueron sólo el primer capítulo, que se seguirá a través de nuevas movilizaciones violentas o acciones puntuales como las que esta semana derribaron tres torres de energía en los estados de Paraná, en el sur y Rondonia, región amazónica. Dentro de esa misma carpeta estaría el fallido intento de hacer volar el aeropuerto brasiliense con un camión tanque cargado con dinamitas colocadas por uno de los extremistas que pasó algún tiempo en el fortín protegido por el Ejército.

Esa estrategia de la tensión apuntaría, en el medio plazo, a poner de rodillas a Lula y obligarlo a firmar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden, cediendo a los militares el control de la seguridad en uno o varios estados.



Tribunal Supremo cesa temporalmente 

al gobernador Rocha

Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2023.

Las fuerzas de seguridad del DF fueron incapaces de contener el domingo a los partidarios radicales del ex presidente Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó el miércoles por mayoría la suspensión por 90 días del gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, por supuesta omisión frente a invasiones y actos vandálicos ocurridos el domingo, informaron fuentes locales.

Los ministros de la corte superior formaron mayoría para mantener también la orden de prisión preventiva contra el exsecretario de Seguridad del DF, Anderson Torres, y el excomandante de la Policía Militarizada del distrito, Fabio Augusto Vieira, a partir de una decisión tomada por el magistrado del STF Alexandre de Moraes.

Para el magistrado De Moraes, «absolutamente nada justifica la omisión y convivencia del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Distrito Federal con criminales que, previamente, anunciaron que practicarían actos violentos contra los poderes constituidos».

Las fuerzas de seguridad del DF fueron incapaces de contener el domingo a los partidarios radicales del expresidente Jair Bolsonaro que invadieron y saquearon el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.

Las acciones «con depredación del patrimonio público, conforme ampliamente informado por la prensa nacional, circunstancias que solo podrían ocurrir con la anuencia, y hasta participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia» argumentó el magistrado.

Moraes insistió en que «los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán responsabilizados, así como los financiadores, instigadores y los anteriores y actuales agentes públicos cómplices y criminales, que continúan en la ilícita conducta de la práctica de actos antidemocráticos».

El legista precisó que la decisión de alejamiento contra Rocha se justifica ante la comisión de crímenes como actos preparatorios de terrorismo, asociación criminal, daño, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. «La democracia brasileña no será sacudida, mucho menos destruida, por criminales terroristas», aseguró.

El Congreso brasileño aprobó el martes el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que autoriza la intervención federal en la Seguridad Pública del DF hasta el 31 de enero, a raíz de las invasiones.

Tal medida está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación».

Fuente: TeleSUR



El ejército en el centro del terrorismo

Por Jeferson Miola. Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2023.

Seamos realistas: no es baladí que 1.200 delincuentes sean detenidos en la zona del Cuartel General del Ejército de Brasil. La detención de terroristas y delincuentes en Fuerte Apache -y a escala industrial- dice mucho sobre el involucramiento objetivo de las Fuerzas Armadas con el terrorismo y con las prácticas sistemáticas de delitos contra la democracia y el Estado de derecho.

Los delincuentes solo podían acampar en las áreas de los cuarteles si tenían autorización de los mandos militares, como de hecho la tenían. Y pudieron pasar más de dos meses acampados en el Cuartel General del Ejército, donde fueron tratados con camaradería y aprecio.

La señora Maria Aparecida Villas Bôas, esposa del golpista y general conspirador Villas Bôas, asistió al campamento de los terroristas, donde fue honrada como una celebridad.

 Reserva y militares activos desfilaron regularmente en el sitio. Muchos de ellos para alentar a los delincuentes, como el sargento de Marina Ronaldo Ribeiro Travassos, que habló allí llamando al asesinato del presidente Lula y de los votantes del PT.

El sargento, entonces asignado al GSI del general Augusto Heleno, solo siguió el ejemplo de un oficial de mayor rango, el general André Luiz Ribeiro Allão.

El comandante de la 10ª Región Militar del Ejército, el general Allão, se comprometió a mantener y proteger a los terroristas acampados en el área de su mando en Fortaleza «aunque haya órdenes de otras potencias en sentido contrario«. Una declaración de guerra a la Constitución.

Los delincuentes acampados en Brasilia con la bendición y protección del Comando del Ejército no abandonaron espontáneamente el área del cuartel general. Tampoco fueron retirados del sitio por el Ejército, incluso después de los atentados terroristas en Brasilia del 12 y 24 de diciembre, perpetrados por delincuentes que prepararon los atentados allí.

Fue necesaria una orden judicial del ministro del STF, Alexandre Moraes, para que el campamento fuera finalmente desmovilizado e identificados y detenidos los delincuentes. Pero solo después de los graves ataques a las sedes de los poderes de la República el 8 de enero.

En la orden de desalojo [9/1], el magistrado Moraes destacó que el «campamento criminal frente al Cuartel General del Ejército […] estaba infestado de terroristas, quienes incluso tenían decretadas sus detenciones temporales y preventivas«.

Para el magistrado Moraes, «absolutamente NADA justifica la existencia de campamentos repletos de terroristas, patrocinados por diversos financistas y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión del necesario respeto a la Constitución Federal«.

El magistrado del STF entiende que «en un momento tan sensible de la democracia brasileña, en que se suceden actos antidemocráticos durante todo el día, con ocupación de inmediaciones de edificios militares en todo el país, y en Brasilia, no se puede alegar ignorancia o incompetencia por la OMISIÓN DOLOSA y PENAL«.

La furia destructiva que golpeó el Palacio del Planalto también fue facilitada por la «omisión dolosa y criminal» del Ejército.

Nunca se ha visto el Palacio de Planalto tan desprotegido y expuesto como en el momento del ataque de las hordas fascistas. No se vio sombra del Batallón de la Guardia Presidencial, que es el encargado de la seguridad y protección del Presidente y Vicepresidente de la República y sede del poder civil.

La disolución de los campos criminales debió ser la primera orden que el actual comandante del ejército debió recibir y cumplir durante el gobierno de Lula.

Como lo demuestra la evolución de los acontecimientos, el gradualismo propugnado por el Ministro de Defensa José Múcio Monteiro fue un error fatal. Era bien sabido que los campamentos terroristas no iban a «desvanecerse» espontáneamente.

Los terroristas que aterrorizaron Brasilia el 8 de enero de 2023 contaron con el apoyo financiero, logístico y material de empresarios criminales y, por supuesto, con la connivencia de la PGR, el gobierno distrital y la policía del DF.

 Además de responsabilizar a las personas y agentes públicos involucrados, es fundamental, sin embargo, actuar en relación con las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército brasileño, que está en el centro del terrorismo en Brasil, como lo estuvo durante la dictadura, para mantener el control y el poder.

Como evalúa el profesor de la UFJF Odilon Caldeira Neto, el atentado terrorista del 8 de enero de 2023 «no es un golpe en sí mismo, sino un hecho apoteótico que deslegitima a los líderes políticos y las instituciones democráticas. El plan es restringir el gobierno en el centro y en los bordes, en un esfuerzo por hacer insostenible el ejercicio del poder. El caos es un instrumento para exigir la militarización«.

Sintomáticamente, el Ejército puso tropas en alerta esperando a ser llamados para una operación GLO -Garantía de la Ley y el Orden-, que correctamente no fue considerada por el gobierno federal.

El presidente Lula necesita aprovechar la cohesión institucional y la conmoción y la solidaridad de la comunidad internacional para adoptar medidas urgentes para la reformulación de las Fuerzas Armadas, comenzando por la extinción del GSI, la sustitución del Ministro de Defensa y la destitución del comandante del Ejército.

No se puede minimizar el significado y la gravedad de la detención de un batallón real de 1.200 terroristas en el área del Cuartel General del Ejército de Brasil. Descuidar esto sería devastador para la autoridad y la gobernabilidad del gobierno de Lula y fatal para la democracia.

Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Foto: Eraldo Peres

Fuente: estrategia.la

Envio:ResumenLatinoamericano

BRASIL.

 

Piden congelar cuentas de 

expresidente Bolsonaro

Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2023.

Un ministro del Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión de Anderson Torres, quien hasta el domingo se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Brasília.

El Ministerio Público de Brasil requirió este martes el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente derechista Jair Bolsonaro, mientras que el Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión de su exministro de Justicia, Anderson Torres.

El fiscal Lucas Rocha Furtado pidió que se congelen las cuentas del exmandatario (2019-2022) como parte de las pesquisas que lleva a cabo para dar con los perpetradores del intento de interrumpir el sistema democrático ocurrido el domingo pasado.

Este paso está en consonancia con lo que piensa el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ha señalado al ex jefe de Estado, quien se encuentra en Estados Unidos (EE.UU.), como el responsable del intento golpista del fin de semana pasado.

En tanto, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la prisión de Anderson Torres, quien hasta el domingo se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Brasília.

Torres, quien se encuentra en territorio estadounidense, también fue ministro de Justicia durante la administración de Bolsonaro.

De acuerdo con el ministro de Moraes, Torres sería uno de los responsables por la omisión o complicidad que manifestó la Policía Militar el domingo pasado, cuando miles de bolsonaristas irrumpieron en la Explanada de los Ministerios e ingresaron a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, causando destrozos.

También fue girada una orden de aprehensión contra el exefe de la policía brasileña, coronel Fabio Vieira, por su presunta participación en el golpe fallido.

Fuente: TeleSUR



El Gobierno detectó una nueva 

convocatoria golpista para este 

miércoles

Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2023.

A cuatro días del intento de Golpe de Estado con la toma de la sede de los tres poderes, manifestantes convocaron para concentrarse nuevamente a las 18 horas en Brasilia.

El Gobierno de Brasil informó este miércoles por la mañana que detectó nueva actividad de grupos golpistas convocando a manifestarse a las 18 horas en Brasilia y en las capitales de todo el país.

Por este motivo, a cuatro días del feroz intento de Golpe de Estado con la toma del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, el Gobierno decidió reforzar la seguridad.

Esta es una gran diferencia respecto a lo que sucedió el domingo, donde se cree que hubo complicidad entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, por lo que se intervino el gobierno en Brasilia y se cambió el mando de los encargados de la policía.

Este miércoles, según trascendió, la convocatoria se hizo nuevamente por redes sociales. Además, otra diferencia respecto a lo que pasó el domingo tiene que ver con que el llamado es a tomar todas las capitales del país.

Noticia en desarrollo



Ministro Alexandre de Moraes 

determina prohibición de bloqueo 

de vías y carreteras públicas en 

todo el país

Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2023.

La decisión del ministro prevé una multa de BRL 20.000 para personas físicas o de BRL 100.000 para empresas en caso de incumplimiento.

Este miércoles (11), día en que los bolsonaristas planearon manifestaciones en diferentes puntos del país, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinó, en respuesta a un pedido de la Procuraduría General de la República (AGU), que en todo el país para evitar intentos de bloqueo de vías o carreteras públicas, así como invasiones y barricadas que impidan el acceso a edificios públicos.

En la decisión, Moraes afirma que los llamados a actos de este miércoles representan desarrollos de los episodios en Brasilia el domingo pasado (8). En la ocasión, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (PL) invadieron la Praça dos Três Poderes y destrozaron el Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del STF.

De acuerdo con la orden del Ministro del Supremo Tribunal Federal, quien incumpla las medidas debe ser detenido en el acto y podrá ser multado con hasta R$ 20.000, en el caso de personas físicas, o R$ 100.000, cuando la infracción es cometido por representantes de empresas.

La sentencia también determina que se detengan en flagrancia a quienes obstruyan vías y carreteras urbanas o invadan edificios públicos. Las autoridades públicas también deben identificar los vehículos utilizados para realizar cortes de ruta e impedir su uso. Los grupos también deben desmantelarse en las aplicaciones de chat que se utilizan para invocar bloqueos.

“La existencia de una organización criminal, cuyos actos se vienen realizando regularmente desde hace meses, en el Distrito Federal y en varios otros Estados, es un fuerte indicio de la connivencia y aquiescencia del Poder Público con los delitos cometidos, revelando el grave compromiso de orden público y la posibilidad de repetir actos similares si las circunstancias continúan”, destaca Moraes en un extracto de la sentencia.

Montaje: Nicolau Soares



Editorial del periódico Brasil de Fato:

«Esta página aún no ha sido volteada, 

pero será»


Por Nina Fideles, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano,11 de enero de 2023.

La coyuntura requerirá que movimientos y organizaciones populares tomen las calles y fortalezcan sus agendas sociales

El bolsonarismo, como expresión de la extrema derecha en Brasil, demostró este domingo que ciertamente no será solo la derrota en las urnas lo que lo detendrá. La infeliz página de nuestra historia marcada por el personaje de Bolsonaro y sus secuaces aún no ha sido pasada. 

Todavía no, pero lo será.  

El mundo vio con asombro las escenas de depredación de los espacios físicos que son símbolos de la democracia brasileña. En el centro del poder institucional, los tres poderes, constantemente bajo ataque durante los últimos cuatro años, han sido invadidos por una horda extremista. Fueron depredados material e inmaterialmente, con el objetivo de desestabilizar, generar una crisis y crear condiciones para futuras acciones antidemocráticas. Los vándalos trataron de demostrar su fuerza: “¡nos llevamos todo! ¡Es nuestro!». 

Las acciones terroristas de este domingo imponen una urgente necesidad de rendición de cuentas y cumplimiento de la Constitución. La larga noche vivida este domingo no fue como en el pasado de las dictaduras. La decisión, aunque tardía, de cerrar los campos golpistas, la destitución del gobernador del Distrito Federal , Ibaneis Rocha, la intervención federal decretada por el presidente Lula y la detención de los golpistas demuestran que no hay forma de pasar página sin la responsabilidad directa de todas las autoridades que coludieron e inflaron la horda. Y también quienes la financian, en su mayoría grandes empresarios del sector agropecuario y comercial, como se ha comprobado.

Más que eso, exigirá un esfuerzo del gobierno para desarmar al Estado, especialmente a las Fuerzas Armadas. Hay una fuerte intención política en las omisiones y connivencias.

La situación requerirá que los movimientos y organizaciones populares salgan a la calle, fortalezcan sus agendas sociales y amplíen los debates para combatir el espíritu antiinformativo. Nos tocará a nosotros, vehículos de comunicación comprometidos con los trabajadores brasileños, producir contenidos periodísticos con verificación rigurosa, denunciar los ataques a los derechos de la población y seguir combatiendo las fake news. 

Este escenario de caos solo se hizo posible también porque a un diputado federal se le permitió honrar a un torturador dentro de la Casa do Povo y salir ileso. Y que después de eso seguiría durante cuatro años alardeando de tonterías y fantasías, con tantas connivencias y alianzas. No olvidemos tampoco el papel jugado por el Poder Judicial, el Parlamento, los medios comerciales y las falsas religiones.

Por eso, más que nunca, no podemos aceptar que haya una amnistía . En una sociedad se puede diferir en el campo de las ideas, con acceso plural a la información y espacios de debate, pero no se puede tolerar lo intolerable. Eso es lo que se espera de las instituciones, de la población, de los profesionales del periodismo, de los jefes de Estado, en las respuestas que den al fascismo y al racismo, a los actos terroristas ya todo atentado contra la democracia y la vida. ¡Sin amnistía! 

Edición: Glauco Faria



¿Cuál es el significado de la distinción 

entre bolsonarismo y bolsonarismo 

radical?

Por Jorge Branco, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano,11 de enero de 2023.

No basta con aislar a la extrema derecha, hay que desmantelarla desfacistizando Brasil

Esta distinción puede ser -y es- muy útil en el debate táctico de la política, pero puede generar confusión en el mediano plazo. Esta distinción es más común desde el día de los ataques, el 12 de diciembre, cuando varios advenedizos intentaron invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia, quemaron autobuses e intentaron atacar el hotel que recibía al presidente Lula, recién graduado. En la cobertura periodística y las intervenciones públicas de los líderes políticos sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero, se intensificó este argumento.

Políticamente, o en el campo de la táctica política en otro idioma, es una distinción con un significado evidente. Doble sentido, por cierto. Desde el punto de vista de los intereses del campo político democrático, se trata de una retórica logística. Pretende separar a los sectores periféricos del núcleo más sólido y adherente de la base social de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro. Una retórica para negar y romper el flujo de adhesión a la vanguardia golpista. Una táctica clásica y eficaz de aislar para asfixiar políticamente al adversario.

Desde el punto de vista de ciertos sectores del campo de apoyo del expresidente, esta retórica también es muy útil. Trata-se de abrir uma rota de fuga em direção ao centro político com o sentido de afastar-se das atitudes criminosas e evitar o isolamento e o rompimento do diálogo com sujeitos políticos importantes como o governo federal, a Suprema Corte e a maior parte dos vehículos de comunicación. Esto es particularmente importante para ciertos gobernadores, diputados y fracciones empresariales menos ideológicas, pero muy dependientes de la política.

Esta distinción, sin embargo, contiene una trampa: concluir que los sectores más radicalizados de la derecha, por estar aislados, serían una minoría sin capacidad de oposición al gobierno de Lula. Una suerte de interpretación “censal” de la política. Una extrapolación del método parlamentario a la sociedad, en la que sería necesario obtener una mayoría para ser relevante en política. El problema es que la lucha política extraparlamentaria no está determinada por controles cuantitativos, sino por la capacidad de acción política. Una minoría puede lograr sus objetivos independientemente de su tamaño, en función de la corrección de sus tácticas y estrategias.

El reconocimiento de esta trampa exige llamar a este campo por su nombre correcto: la extrema derecha, que se ha convertido en un sujeto relevante y activo, con fuerza política y capacidad de obtención de medios como recursos económicos. El bolsonarismo es una circunstancia política que generó la “liga” para aglutinar a varios sectores de la derecha radical, fragmentada y hecha añicos como el vaso del poder hasta el surgimiento de este episodio electoral. Favorecida por este ascenso electoral de 2018, lo que vemos a partir de la derrota electoral de Bolsonaro en 2022 es que la extrema derecha se vuelve efectiva y orgánica y comienza la lucha política en el campo extrainstitucional. La plataforma que unifica estos diversos grupos no es solo el reemplazo de Bolsonaro en el gobierno. La plataforma política se volvió hacia la desestabilización del gobierno de Lula,

Esta táctica no depende de una mayoría en la opinión pública, sino del deterioro del apoyo al gobierno del presidente Lula y su incapacitación. La extrema derecha no es un grupo de lunáticos, incluso si ese aspecto es evidente, invadiendo los poderes fácticos. Es un frente político que domina los aparatos burocráticos, policiales y militares del Estado brasileño. Moviliza a los financieros entre la comunidad empresarial, tiene un mito político, el dominio de los medios para movilizar la base y una meta. Un conjunto de atributos que no se pueden afrontar con desdén y negligencia política.

No basta con aislar a la extrema derecha, aunque sea la primera y urgente táctica política a implementar. Lo que el presidente Lula ya hace con maestría. También  es necesario desmantelarlo desfacistizando a  Brasil, comenzando por las agencias estatales ya hegemonizadas por él. La  consigna “no amnistía”  enarbolada por la resistencia democrática y la defensa del Estado democrático de derecho  evocada por el ministro Alexandre de Moraes  marcó la pauta para el adecuado reconocimiento del carácter y disposición del enemigo de la democracia en Brasil.

*Sociólogo, candidato a Magíster y Doctor en Ciencias Políticas. Director Ejecutivo de Democracia y Derechos Fundamentales.

 .

Montaje: Nicolau Soares



Guerra santa, golpistas y mercaderes 

de fe

Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2023.

Azuzados por pastores que los llaman a tomar las armas mientras desparraman sin filtro su odio por las redes sociales ,los golpistas, como una marabunta, destruyeron el Congreso, el Planalto y la sede del Superior Tribunal Federal.

Hay un componente místico-religioso, cuasi medieval, en la ideología neofascista de los golpistas pro-Bolsonaro. Hablan de Guerra Santa y están dispuestos a todo. A lo que se vio en la invasión de los tres poderes del Estado y a mucho más. Abstraídos en su cosmovisión del mundo, fanatizados, desparraman sin filtro su odio por las redes sociales azuzados por pastores que los llaman a tomar las armas. La reconocida teóloga alemana Dorothee Sölle (1929-2003) que trabajó en Brasil, encuadraría su caso en lo que llamó el cristofascismo, una definición que acuñó en la década del ’70. Un video de Tik Tok de los miles que circulan desde el domingo, es una síntesis notable de esa conducta. Un hombre barbudo y desencajado, que aparenta unos 40 años, ataviado con la bandera verdeamarela grita a la cámara durante casi un minuto: “Vengan todos los ángeles, Gabrieles y Rafaeles, únanse al pueblo del señor, al pueblo que no niega la patria y la fe, y ¡vamos a la guerra!”

El pastor Mauro Sérgio Aiello de la iglesia presbiteriana de Brasil en Mogi das Cruzes, San Pablo, salió en defensa de los golpistas que como una marabunta destruyeron el Congreso, el Planalto y la sede del Superior Tribunal Federal (STF). Dijo en su sermón transmitido por un canal de youtube el mismo día del ataque, que el país está al borde de una “guerra civil”. Citado por el periodista Silvio Costa en el sitio Congreso en foco, el predicador del odio les pidió a los brasileños que deben tomar las armas para defenderse.

«Debemos actuar»

“La cuerda se ha estirado y se está rompiendo, pueblo mío. Y veo un país al borde de la guerra civil y la convulsión” (…). No vamos a tomar las armas para atacar, pero si es necesario tomar las armas para defendernos, lo haremos. El brasileño real no huye de la pelea. Somos una nación pacífica y ordenada, pero hay un momento en que debemos actuar”, afirmó Aiello como si fuera Torquemada en plena Inquisición. No es el único religioso levantisco. Hubo quienes apoyaron la caravana de buses hacia Brasilia y otros que la organizaron.

Josué Valandro, pastor de la iglesia bautista Attitude, en Barra da Tijuca – que frecuentaba la exprimera dama Michelle Bolsonaro – acompañó con simpatía desde las redes los hechos criminales en la capital y en Twitter pidió que era “hora de ayunar por la patria”. Silas Malafaia, acaso el clérigo más influyente de Brasil y aliado incondicional del expresidente, justificó el intento de golpe de Estado porque “la paciencia de la gente tiene límites”. Es el mismo que en noviembre pasado y con sentido premonitorio dijo que si “Lula comete un error, el pueblo va a derrocarlo”. Controla más de 130 templos, es multimillonario y su congregación tiene el pomposo nombre de iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo.

“Podemos decir que el discurso religioso actuó como motivador ideológico de los hechos de violencia vistos en Brasilia, porque moviliza pautas morales, el conservadurismo de la sociedad brasileña”, explicó Nilza Valéria, coordinadora del Frente de Evangélicos por el Estado de Derecho para un detallado informe del sitio Agencia Pública titulado: “La cara religiosa del terrorismo: pastores organizaron caravanas y llamaron a atentados en BSB”. La sigla corresponde a Brasilia. 

Las más osadas acompañaron a sus feligreses poseídos por el odio en los ataques a las principales instalaciones del gobierno. “La pastora Nubia Modista, de la Iglesia Evangélica Apostólica de Itaguaí, en Río de Janeiro, estaba entre el grupo de invasores que fueron a Brasilia y publicaron videos dentro de edificios públicos. ‘Estoy aquí dentro del congreso. La policía los quería dejar entrar… mira esto’”, dice desde el lugar, citada por las periodistas Mariama Correia y Nathalia Fonseca.

Consagrados por las iglesias electrónicas a cumplir su papel de guardianes del fundamentalismo evangélico. Empoderados políticamente por el fugitivo expresidente, hoy residente en EE.UU. Financiados por el agronegocio y armados como una milicia de zombies, los bolsonaristas más ultras tienen capacidad de daño, como ya se comprobó en Brasilia.

Sabotajes

Los sabotajes contra tres torres de alta tensión en los estados de Rondonia, Paraná y San Pablo -el primero de ellos producido el domingo a la noche – sugieren que el gobierno federal no puede omitir la hipótesis de futuros atentados al sistema eléctrico nacional. También contra el suministro de combustibles que colocó en alerta máximo a la estatal Petrobras.

No debe subestimarse a la ultraderecha brasileña. Ya sucedió cuando se incubaba el huevo de la serpiente antes de que Bolsonaro llegara al poder en octubre de 2018. Las consecuencias están a la vista. La política “genocida” durante la pandemia, como la definió el propio Lula, es una de ellas.

Otro aspecto de la idiosincrasia de estos grupos es que prefabrican una realidad paralela todo el tiempo. Creen en una versión de la historia construida a la medida de su fe, en un mundo de fieles e infieles. Son racistas, homofóbicos, macartistas. “La iglesia es una agencia de salud emocional, tan importante como los hospitales” decía Malafaia en 2020 cuando la población brasileña moría de a racimos mientras Bolsonaro pretendía frenar el avance del Covid 19 con cloroquina.

“Lucha ahora y sé parte de la historia”, fue la consigna con que convocaron a marchar los mercaderes de la fe que los guiaron hacia la tierra prometida del Planalto. Como si se sumergieran en la novena cruzada (la octava y última fue en el siglo XIII) encontraron en Brasilia su Santo Sepulcro. Aunque esta vez no fueron guiados por la iglesia católica y sí por un puñado de pastores que vomitan su credo golpista, aferrándose a sus biblias.



Además de «no amnistía», MST y 

MTST dicen que combatir el fascismo 

requiere movilización permanente

Por Gabriela Moncau, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano,11 de enero de 2023.

Para los movimientos, esta derecha debe ser frenada con organización popular y rendición de cuentas por hechos como el del 8

Demostración de fuerza en las calles, vigilancia y autoorganización permanente, arraigada en la sociedad. Para dos de los mayores movimientos populares del país, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Hogar (MTST), estas premisas serán necesarias para combatir a la extrema derecha brasileña , cuyas ideas están difundidas en una parte importante de la Tejido brasileño Social.  

Si la derrota de Bolsonaro (PL) en las urnas fue considerada fundamental para la desfascistización de Brasil, los 58 millones de votos que le dieron, los campamentos frente a cuarteles y tranques y el intento de golpe de Estado en Brasilia el pasado 8 de enero, no olviden que hay una considerable movilización de la extrema derecha en el país.  

Como reacción, este lunes (9), actos en defensa de la democracia convocados por los frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular y Coalición Negra por los Derechos sacaron a decenas de miles de personas a las calles en al menos 56 ciudades . 

Considerando el ataque de bolsonaristas a la sede de los tres Poderes de «gravedad sin precedentes» y una expresión del «extremismo de la derecha fascista brasileña», activistas del MST y del MTST escuchados por Brasil de Fato defienden la responsabilidad de los participantes, los financistas y las autoridades estatales involucradas. 

Específicamente, designan al gobernador del Distrito Federal (DF) Ibaneis Rocha, ya destituido por 90 días por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, y al secretario de seguridad pública del DF, Anderson Torres , exonerado el mismo domingo (8), mientras miraba todo desde Estados Unidos. Exministro de Justicia de Bolsonaro y ahora con la detención decretada, Torres decidió tomarse unas vacaciones precisamente durante este período, en el mismo lugar donde se encuentra el expresidente desde que perdió la jurisdicción privilegiada.   

“Es bien sabido que si fueran movimientos sociales con agendas legítimas exigiendo así en la plaza Três Poderes, del STF, serían recibidos con tiros, golpes y bombas, como lo han sido en varios momentos de nuestra historia”, enfatiza Rud Rafael, de la coordinación nacional del MTST. 

«Sin amnistía»

“El nivel de organización y extremismo que ha alcanzado esta derecha fascista debe detenerse de inmediato”, argumenta Rud. Ya expresado con fuerza por la multitud que asistió a la toma de posesión presidencial de Lula (PT), el reclamo «sin amnistía», destinado a responsabilizar a Bolsonaro por los crímenes cometidos durante su mandato, ahora adquiere nuevos contornos.  


En São Paulo, una protesta reunió a unas 60.000 personas frente al MASP / Gabriela Moncau

“Si la sociedad brasileña no supo enfrentar con fuerza las raíces autoritarias del proceso dictatorial, que en 2023 lo remediemos a partir de los hechos del día 8”, dice el coordinador del MTST. “Queremos de una vez por todas una investigación en relación a quienes ordenaron estos hechos y no solo eso, sino todo este proceso: desde los campamentos frente a los cuarteles hasta la construcción de esta cultura fascista en el país”, subraya. . 

Para Débora Nunes, de la dirección nacional del MST, Brasil vivió “claramente un intento de golpe de Estado” cuyo elemento central fue la no aceptación de los resultados de las urnas. “Este grupo siempre ha usado la ilegalidad, la violencia y ahora está claro que son, en realidad, fascistas con toda la intención de desestabilizar al nuevo gobierno y atentar contra la democracia”, caracteriza. 

«La gente que estuvo en Brasilia fue, en su mayoría, financiada», evalúa Débora, para quien es «esencial identificar y sancionar a los grandes financistas. Eso incluye a los empresarios, que usaron sus redes sociales para convocar estos actos, incluso garantizando autobuses, alimentación y alojamiento».  

Señales

Según una encuesta realizada por A Pública con base en registros de la Policía Federal, la mayoría de los autobuses que transportaban a los golpistas a Brasilia salían de Paraná y São Paulo. Uno de los vehículos incautados por el STF pertenece a la empresa Nogueira Turismo, cuyo propietario es el empresario bolsonarista Maurício Nogueira Dias (republicanos).

Dias se postuló sin éxito para el cargo de diputado estatal en São Paulo en las elecciones de 2022. En marzo del año pasado, el grupo Conservadores de Alta Mogiana, fundado por él, organizó un congreso con la presencia de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli y Tarcísio de Freitas, entre otras figuras públicas aliadas del expresidente.    

Desde el domingo (8), parlamentarios rurales se manifiestan en defensa o minimización de la acción golpista en Brasilia. Entre ellos, el diputado federal Ricardo Barros (PP) quien, en entrevista con CNN , dijo que el episodio fue, en realidad, culpa del ministro Alexandre de Moraes por, al frente del Tribunal Superior Electoral, supuestamente no haber convencido a la sociedad. que las encuestas son confiables. “Son brasileños con la cara limpia”, comentó sobre los estafadores que, en innumerables videos, produjeron pruebas en su contra.  

Un policía vial federal, defensor de la minería ilegal y acérrimo bolsonarista, el diputado federal José Medeiros (PL) criticó en su Twitter que hay un «órgano de prensa vagabundo llamando a la gente cansada de que las instituciones y la prensa sean terroristas» y amenazó: «don No te preocupes por cometer un error o dejar caer la pelota o será peor».  

“No nos sorprende”, dice Débora Nunes, sobre sectores agroindustriales que apoyan movilizaciones golpistas. “Lo miramos con preocupación, pero es la confirmación de algo que venimos diciendo a lo largo del tiempo, sobre ese grupo que se apoderó de Brasil en el último período, de forma truculenta, violenta, apropiándose del Estado para sus intereses, sin ninguna preocupación por el pueblo brasileño», opina.  

País polarizado 

«Mucho se ha dicho sobre Brasil dividido. Existen diversos pensamientos y diferentes posiciones y deben ser respetadas, pero dentro de los límites de la democracia. Lo que estamos viendo no es eso», evalúa Nunes.  

“En 2018 vivimos un gran montaje para arrestar al presidente Lula”, dice el líder del MST. Ese año, señala, «perdimos las elecciones y aun creyendo que era un gran fraude desde el punto de vista de la conducta, se propagaron las mentiras, incluso con aprensión sobre el futuro de Brasil que ya se anunciaba como sería el gobierno de Bolsonaro». , con la retirada de derechos, respetamos los resultados de las urnas». 

“Nuestro gran lema era que nadie le suelte la mano a nadie, avancemos juntos y enfrentemos este período. Y así lo hicimos. Con mucha movilización y mucha lucha”, dice Débora. Ahora, caracteriza, hay una polarización, pero “con rasgos fascistas y eso hay que combatirlo”.  

Rud Rafael recuerda que desde 2020 sectores totalitarios piden la devolución del Acta Institucional 5 (AI-5), el decreto más represor de la dictadura cívico-militar, que contó con el apoyo de gran parte del empresariado. «No están hablando de boquilla. Hay que tomarse en serio a esta gente. No están locos. Son un grupo ideológicamente articulado», señala. 

El desafío de los movimientos y la sociedad civil 

En opinión del coordinador del MTST, «la sociedad brasileña necesita despertar y comprender de una vez por todas la gravedad de lo que representa la extrema derecha, el fascismo bolsonarista».  

“Ya no hay forma de tolerar que estos grupos actúen como lo han estado haciendo. Y no solo ahora. El bolsonarismo ha doblado la apuesta cada vez que se siente amenazado”, define. “No es un grupo que defiende a un solo actor político. Está defendiendo un proyecto”, subraya Rud Rafael. 

“Uno de los aprendizajes que tenemos que sacar de todo esto para los movimientos”, evalúa Rud, “es entender que no ganaremos este proceso sin la movilización de calle”. Pero no solo. “Necesitamos arraigo y un proceso permanente de organización”, añade.   

En la evaluación de Débora, no corresponde a los movimientos populares desmantelar los campamentos bolsonaristas o «aceptar provocaciones». Pero «defender la democracia, transmitiendo a la sociedad brasileña que tenemos instituciones comprometidas con su defensa y que debemos estar atentos, alertas, pero sobre todo», dice, «en esta perspectiva de construir y fortalecer organizaciones populares para que el pueblo brasileño pueden de hecho tener garantizados sus derechos». 

Montaje: Thalita Pires

Envio;ResumenLatinoamericano