Un juicio y cuatro imputados por lavado de dinero proveniente de una banda paramilitar
Cuatro hijos de un integrante de la “banda de Aníbal Gordon”, que cometió atroces crímenes de lesa humanidad, son juzgados en el Tribunal Federal de Mar del Plata.
Los cuatro acusados detrás de los defensores (Fotos: Marcelo Nuñez)
Leonardo Miguel Save integró, como parte del terrorismo de Estado, la organización paralimitar ilegal encabezada por Aníbal Gordon al servicio de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que funcionaba como patota del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, un taller mecánico alquilado por miembros del organismo de inteligencia.
Con él ya fallecido, esta semana cuatro de sus hijos empezaron a ser juzgados en Mar del Plata como parte de una causa en la que se investigan manobras de lavado de dinero que fue obtenido de los brutales crímenes de lesa humanidad cometidos por la banda. La operación se centra en terrenos de Chascomús comprados en 1976 por Save y a los cuales desde 2008 los herederos registraron a su nombre y los siguen administrado hasta la actualidad.
El juicio empezó esta semana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, compuesto de manera unipersonal por el juez Roberto Falcone, y se retomará el miércoles después de haber escuchado los lineamientos iniciales de la acusación, a cargo del fiscal Juan Pablo Curi, en representación del Ministerio Público Fiscal, y de las querellas integradas por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh).
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La causa de la que se desprende el juicio fue tramitada en el Juzgado Federal de Dolores -en jurisdicción del TOF de Mar del Plata- pero atravesó años atrás cuatro hipótesis investigativas aunque sólo una, la del lavado de dinero, fue la que terminó por prosperar y llegar a juicio en base a las pruebas recolectadas.
Según explicó el fiscal Curi durante el inicio del debate, esas cuatro hipótesis eran: existencia en el predio rural de Chascomús de un lugar de enterramiento de víctimas de terrorismo de Estado; utilización del lugar con fines de centro clandestino de detención y torturas; comisión de torturas y privación ilegítima libertad de unas 30 personas que trabajaban en esos terrenos; y adquisición de los terrenos por parte de miembros de la banda de Aníbal Gordon (quien murió en prisión en 1987) de manera extorsiva o mediante medios ilícitos en el marco del terrorismo de Estado.
Esa última fue la que avanzó, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revirtió un pronunciamiento contrario de primera instancia, y esta semana llegó a juicio con cuatro imputados, todos hijos del integrante de la banda paramilitar de Aníbal Gordon, Leonardo Miguel Save: María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save.
¿De qué se acusa a los cuatro imputados? De al menos desde 1999 haber realizado una serie de operaciones o actos irregulares a través de las cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008 -luego de fallecido su padre- de los terrenos de Chascomús que habrían sido adquiridos en 1976 con el dinero obtenido a partir de delitos de lesa humanidad como homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad llevados a cabo por la organización ilegal que funcionaba al servicio de la ex SIDE y bajo las órdenes de Gordon.
En concreto, la acusación contra los cuarto imputados es por ser considerados coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito. Para el fiscal, desde la compra de los terrenos en 1976 se llevaron adelante diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, cesiones de poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta y actos simulados con la participación de personas interpósitas o con identidades falsas.
SAVE, EL DINERO Y LA BANDA DE ANÍBAL GORDON
Para llegar a la acusación de sus hijos, el fiscal Curi -acompañado por María Eugenia Montero y Julio Darmandrail- reseñó que como parte del caso se comprobó que Leonardo Miguel Save mientras era integrante del grupo paramilitar se instaló el Chascomús, de donde era oriundo, y al vincularlo con un proyecto inmobiliario frustrado, denominado Boating SRL, “compró terrenos con dinero espurio con el fin de trasmitirlos a sus herederos bajo apariencia de legalidad”.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense explicaron que el accionar de la “banda de Aníbal Gordon” como patota del centro clandestino conocido como “Automotores Orletti” y grupo inorgánico de la SIDE ya fue probado en más de tres sentencias judiciales.
El fiscal al repasar la requisitoria de elevación a juicio sumó que con las operaciones realizadas en torno al terreno ubicado a la vera de la laguna de Chascomús “se buscó aparentar y disimular el origen ilícito del dinero con el que se adquirieron las parcelas” y detalló que la compra de esas tierras se produjo en octubre de 1976.
La sospecha central en la causa es que esa operación se realizó con parte del dinero sustraído de la vivienda de una de las víctimas de la organización, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue secuestrado y posteriormente asesinado.
El secuestro se produjo el 26 de septiembre de 1976, cuando agentes uruguayos y argentinos irrumpieron en su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y robaron una suma de entre 2 a 8 millones de dólares, correspondientes al partido político, que Mechoso Méndez tenía en su poder.
De acuerdo a lo reseñado por la querella, cuando los secuestradores conocieron la existencia de ese dinero, fueron hasta su casa, amenazaron a su familia y les robaron una parte de ese dinero. La familia de Mechoso Méndez sobrevivió y fue llevada a Uruguay, pero Alberto fue asesinado, introducido en un barril con cal y arrojado al Rio de la Plata en la zona de San Fernando. Allí fue encontrado unos meses después, enterrado como NN e identificado en 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Lo que se está investigando en esta instancia es importante en cuanto a que, uno de los objetivos de la dictadura cívico militar, tuvo que ver con la imposición del modelo económico neoliberal pero también con la desapoderación de los bienes de militantes de facciones políticas que buscaban construir una sociedad más justa y equitativa”, sostuvieron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense tras el inicio del jucio.
Y remarcaron que “desapoderar de los activos que se hicieron a través de los delitos de lesa humanidad perpetrados por los represores, también busca desbaratar este accionar económico, donde los genocidas que actuaron en las fuerzas represivas se apropiaron de los bienes de las personas que desaparecían y luego los descendientes llevaron a cabo operaciones fraudulentas para blanquear, como en este caso en el 2008, la compra de terrenos”.
Fuente:QueDigital
