Jorge Acosta fue trasladado ayer desde la cárcel de Marcos Paz hasta los Tribunales de Comodoro Py.Imagen: Rolando Andrade
Cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se negaron ayer a contestar preguntas durante la indagatoria a que fueron sometidos por el juez federal Sergio Torres, en un legajo que forma parte de la megacausa ESMA.
Se trata de Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice. Para cumplir con la requisitoria, todos ellos fueron trasladados por la mañana a los tribunales de Comodoro Py desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, donde cumplen prisión preventiva. Según fuentes judiciales, los imputados “negaron en forma breve y genérica las imputaciones”, se manifestaron “completamente ajenos” a los hechos investigados (García Velazco lo hizo mediante un escrito) y rehusaron contestar las preguntas que presentaron los investigadores.
Con la intervención del secretario Pablo Yadarola, el juez Torres quería interrogar a los represores por “las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición” de Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma, que fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo. En este legajo –un desprendimiento de la “megacausa ESMA” reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– se investigan los delitos perpetrados contra Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977. De acuerdo con constancias del expediente, uno de los objetivos del “grupo de tareas” de la Escuela de Mecánica era “apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo”, que integraban las víctimas, quienes fueron obligadas a firmar “documentación espuria” para desapoderarlos de esos bienes.
Sus posesiones pasaron así a manos de “oficiales de la ESMA” que actuaban con nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) o Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, todos ellos “nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Willri”. Cerutti y Masera Pincolini fueron secuestrados en Mendoza, donde vivían y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de Chacras de Coria, mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio de Hurlingham. Las propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego incorporadas, según las fuentes, a otra sociedad “constituida a los efectos de ingresar los bienes despojados” por la “organización criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente vinculadas a éstos”.
Como parte del legajo por la apropiación de bienes de los prisioneros alojados en la Escuela de Mecánica de la Armada, el 15 de diciembre el juez Torres firmó una resolución de 30 carillas y elevó a juicio oral y público a estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera. De acuerdo con los datos recabados por la Justicia, Gómez fue objeto de torturas y “métodos extorsivos” para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas el costoso predio de Chacras de Coria, en una exclusiva zona residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos, y hasta sus caballos pura sangre de carrera.
(Fuente:Pagina12).
Se trata de Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice. Para cumplir con la requisitoria, todos ellos fueron trasladados por la mañana a los tribunales de Comodoro Py desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, donde cumplen prisión preventiva. Según fuentes judiciales, los imputados “negaron en forma breve y genérica las imputaciones”, se manifestaron “completamente ajenos” a los hechos investigados (García Velazco lo hizo mediante un escrito) y rehusaron contestar las preguntas que presentaron los investigadores.
Con la intervención del secretario Pablo Yadarola, el juez Torres quería interrogar a los represores por “las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición” de Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma, que fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo. En este legajo –un desprendimiento de la “megacausa ESMA” reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– se investigan los delitos perpetrados contra Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977. De acuerdo con constancias del expediente, uno de los objetivos del “grupo de tareas” de la Escuela de Mecánica era “apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo”, que integraban las víctimas, quienes fueron obligadas a firmar “documentación espuria” para desapoderarlos de esos bienes.
Sus posesiones pasaron así a manos de “oficiales de la ESMA” que actuaban con nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) o Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, todos ellos “nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Willri”. Cerutti y Masera Pincolini fueron secuestrados en Mendoza, donde vivían y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de Chacras de Coria, mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio de Hurlingham. Las propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego incorporadas, según las fuentes, a otra sociedad “constituida a los efectos de ingresar los bienes despojados” por la “organización criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente vinculadas a éstos”.
Como parte del legajo por la apropiación de bienes de los prisioneros alojados en la Escuela de Mecánica de la Armada, el 15 de diciembre el juez Torres firmó una resolución de 30 carillas y elevó a juicio oral y público a estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera. De acuerdo con los datos recabados por la Justicia, Gómez fue objeto de torturas y “métodos extorsivos” para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas el costoso predio de Chacras de Coria, en una exclusiva zona residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos, y hasta sus caballos pura sangre de carrera.
(Fuente:Pagina12).
EL MARINO SEGUIRA DETENIDO E IRA A PROCESO ORAL POR LOS CASOS DE WALSH Y LAS MONJAS FRANCESAS 
Cavallo seguirá preso porque, según los camaristas, existe “riesgo concreto” de una fuga
Cavallo seguirá preso porque, según los camaristas, existe “riesgo concreto” de una fugaEl represor Ricardo Cavallo seguirá detenido e irá a juicio oral por secuestros, tormentos y desapariciones ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura, entre ellos los de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y el periodista Rodolfo Walsh. Lo resolvió la Cámara Federal porteña al confirmar su procesamiento con prisión preventiva en el marco del cuerpo principal de la megacausa ESMA y tres desprendimientos: los casos de la iglesia de la Santa Cruz, Walsh y la apropiación de bienes de secuestrados.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que, de quedar libre antes del juicio, existe “riesgo concreto” de fuga y de intimidación a testigos, y recordaron que Cavallo fue apresado en México, donde vivía con documentos falsos. Así optaron por no seguir la línea de un fallo de su tribunal superior, la sala II de la Cámara de Casación penal, que en la misma causa excarceló a represores como Jorge “El Tigre” Acosta, por excesos en el tiempo de detención sin condena firme. Irurzun y Farah recordaron incluso lo ocurrido al desaparecido testigo Jorge Julio López en La Plata, como precedente a la hora de rechazar la excarcelación. Cuando sea enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, Cavallo deberá responder por delitos como tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte, asociación ilícita, extorsión y robo. Además, quedaron firmes embargos en su contra: 12 millones de pesos por el secuestro de las religiosas francesas, un millón por Walsh, 1,2 millón por el apoderamiento de bienes y la suma mayor, 428 millones de pesos, por unos 500 casos de tormentos y asesinatos de la causa principal.
En el caso de las monjas francesas “existen suficientes testimonios que prueban la permanencia de las víctimas en la ESMA, en donde el imputado Cavallo integraba el sector de inteligencia y/o estaba a cargo del sector denominado pecera, así como de los tormentos que padecieron”. Las monjas Domon y Duquet fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, en un operativo contra familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Otras víctimas fueron la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, María Esther Balestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit, Remo Carlos Berardo y Horacio Aníbal Elbert. De todo el grupo, se encontraron los cuerpos de Auad, Ponce de Bianco, Ballestrino de Careaga, Duquet y Villaflor y pudo establecerse que fueron víctimas de los “vuelos de la muerte”. Por este caso ya fueron enviados a juicio los represores Jorge Acosta, Raúl Scheller y Jorge Radice, entre otros, y está procesado Alfredo Astiz, quien se infiltró en el grupo de familiares.
Por el secuestro y asesinato de Walsh, la Cámara desechó los argumentos de la defensa de Cavallo, que insiste en sostener que no estuvo en la ESMA mientras transcurrían estos hechos. Cavallo quedó procesado como “partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, por haber sido cometida con abuso de funciones y perpetrada con violencia o amenaza, en concurso real con el de robo agravado, por haber sido cometido en lugar poblado y en banda”. El periodista y autor de la “Carta Abierta a la Junta Militar” fue interceptado el 25 de marzo de 1977 entre las 14.30 y las 16 por el grupo de tareas 3.3 de la ESMA, en cercanías de las avenidas San Juan y Entre Ríos. Un compañero de Montoneros lo había delatado tras haber sido torturado. Walsh fue baleado al intentar defenderse y fue trasladado a ese centro clandestino, donde desapareció. Testigos de la causa señalan que uno de los represores, al que apodaban “Sérpico” –hoy se sabe que se trataba de Cavallo– había preguntado a secuestrados si sabían del paradero de Walsh poco antes del crimen.
(Fuente:Pagina12).
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que, de quedar libre antes del juicio, existe “riesgo concreto” de fuga y de intimidación a testigos, y recordaron que Cavallo fue apresado en México, donde vivía con documentos falsos. Así optaron por no seguir la línea de un fallo de su tribunal superior, la sala II de la Cámara de Casación penal, que en la misma causa excarceló a represores como Jorge “El Tigre” Acosta, por excesos en el tiempo de detención sin condena firme. Irurzun y Farah recordaron incluso lo ocurrido al desaparecido testigo Jorge Julio López en La Plata, como precedente a la hora de rechazar la excarcelación. Cuando sea enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, Cavallo deberá responder por delitos como tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte, asociación ilícita, extorsión y robo. Además, quedaron firmes embargos en su contra: 12 millones de pesos por el secuestro de las religiosas francesas, un millón por Walsh, 1,2 millón por el apoderamiento de bienes y la suma mayor, 428 millones de pesos, por unos 500 casos de tormentos y asesinatos de la causa principal.
En el caso de las monjas francesas “existen suficientes testimonios que prueban la permanencia de las víctimas en la ESMA, en donde el imputado Cavallo integraba el sector de inteligencia y/o estaba a cargo del sector denominado pecera, así como de los tormentos que padecieron”. Las monjas Domon y Duquet fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, en un operativo contra familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Otras víctimas fueron la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, María Esther Balestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit, Remo Carlos Berardo y Horacio Aníbal Elbert. De todo el grupo, se encontraron los cuerpos de Auad, Ponce de Bianco, Ballestrino de Careaga, Duquet y Villaflor y pudo establecerse que fueron víctimas de los “vuelos de la muerte”. Por este caso ya fueron enviados a juicio los represores Jorge Acosta, Raúl Scheller y Jorge Radice, entre otros, y está procesado Alfredo Astiz, quien se infiltró en el grupo de familiares.
Por el secuestro y asesinato de Walsh, la Cámara desechó los argumentos de la defensa de Cavallo, que insiste en sostener que no estuvo en la ESMA mientras transcurrían estos hechos. Cavallo quedó procesado como “partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, por haber sido cometida con abuso de funciones y perpetrada con violencia o amenaza, en concurso real con el de robo agravado, por haber sido cometido en lugar poblado y en banda”. El periodista y autor de la “Carta Abierta a la Junta Militar” fue interceptado el 25 de marzo de 1977 entre las 14.30 y las 16 por el grupo de tareas 3.3 de la ESMA, en cercanías de las avenidas San Juan y Entre Ríos. Un compañero de Montoneros lo había delatado tras haber sido torturado. Walsh fue baleado al intentar defenderse y fue trasladado a ese centro clandestino, donde desapareció. Testigos de la causa señalan que uno de los represores, al que apodaban “Sérpico” –hoy se sabe que se trataba de Cavallo– había preguntado a secuestrados si sabían del paradero de Walsh poco antes del crimen.
(Fuente:Pagina12).
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