JUEZ ROBERTO FALCONE: ENTREVISTA.

La responsabilidad judicial “en Mar del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral”, cuenta Falcone.

En medio de las críticas de organismos de derechos humanos a la “desidia, indolencia o complicidad” de la Justicia, y tras el rechazo que generó la acordada de la Corte Suprema, el juez Roberto Atilio Falcone, miembro del Tribunal Oral Federal que desde hace ocho años instruye el Juicio por la Verdad en Mar del Plata, admite “falta de compromiso ético de la mayor parte de los jueces” para investigar los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado, pero reivindica al máximo tribunal. “La Corte hizo muchísimo. Esta ha sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán para apurar los juicios”, confía.
–El último año hubo 32 sentencias, pero hay más de 150 causas en instrucción, más de 500 procesados y apenas cuatro juicios confirmados. ¿Por qué cuesta tanto avanzar?
–En primer lugar, porque se empezó tarde. En 2001, cuando la Corte Interamericana dispuso en el caso “Barrios Altos” que amnistías e indultos contrariaban la Convención Americana, quedó claro que se debían investigar las violaciones cometidas durante la dictadura. El juez (Gabriel) Cavallo declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, algunos fiscales y jueces habían impulsado Juicios por la Verdad, pero eran casos aislados. Para peor, tanto en los Juicios de la Verdad como en los criminales reabiertos tras el fallo “Simón” de la Corte, en lugar de dotarse al Ministerio Público de flexibilidad para investigar, toda la actividad quedó a cargo de jueces instructores. En lugar de aprovechar la información recopilada, se inició cada pesquisa desde cero, con lo cual se perdió mucha prueba. Pero el motivo más importante es la falta de compromiso de muchos jueces y fiscales, que en Mar del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral o que el primer procesamiento fue a un suboficial de un centro clandestino, pero no a quienes estaban por encima.
–Tras la resolución que ordenó liberar a Alfredo Astiz y otros represores, varios organismos hablaron de “desidia, indolencia o complicidad” de la Justicia. ¿Comparte el diagnóstico?
–Sí. Es clara la complicidad de sectores de la Justicia con el terrorismo de Estado y, en otros casos, la falta de compromiso. En Mar del Plata, personal de una fiscalía salía de noche a perseguir a disidentes políticos y se reunía fuera del horario judicial con el coronel jefe de la subzona a examinar informes de inteligencia. Hace dos meses, un juez le dictó orden de detención a esa persona (N. de R.: se refiere a Eduardo Ullúa, ex miembro de la CNU) y luego la revocó por contrario imperium. Las causas de 21 homicidios calificados, antes y después del golpe, no tienen más de treinta fojas: fotos del cadáver, autopsia y archivo, ni una testimonial.
–Igual la crítica apunta al presente.
–Es que no se investigaron antes ni ahora. Durante treinta años hubo un cerco de impunidad. Tuvo que venir la Corte en 2005 a decir que esas leyes eran inconstitucionales, pese a que el fallo de la CIDH era de 2001. Ya era evidente que no había compromiso. En algunos casos no existe el más mínimo sentimiento de misericordia hacia las víctimas, que desde hace treinta años deambulan por tribunales buscando justicia.
–Se suele hablar de planteos dilatorios de las defensas. ¿Es tan simple demorar una causa?
–Es simple si el juez no pone orden. En causas de lesa humanidad los planteos dilatorios están a la orden del día. La mayoría son totalmente improcedentes y están destinados al fracaso, pero igual producen un alargamiento de la instrucción.
–¿Los jueces tienen herramientas para resolverlos rápido?
–Las herramientas existen, pero también las mañas de los defensores y el visto bueno de algunos jueces. Si juez y Cámara rechazan un pedido de excarcelación y Casación, en vez de requerir el incidente respectivo, pide las actuaciones principales y demora un año en resolver, es evidente que las defensas van a usar ese alargamiento para decir que se está desconociendo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
–¿El problema se da también con defensores oficiales?
–Sí. Los defensores oficiales agotan todas las instancias y hacen planteos que jamás formulan respecto de imputados de a pie, del vulnerable, la obra tosca que llena los tribunales. El cese de preventivas que hoy discutimos, ¿respecto de quiénes se plantea? De autores de delitos penales tributarios o de terroristas de Estado, nunca del hombre de a pie. Zaffaroni lo dijo claramente: hay presos VIP. Esos planteos surgieron para esa gente, no para la presa fácil del sistema, el cliente habitual.
–¿Existen presiones para demorar los procesos?
–Las presiones se las pone uno. Hay fiscales y jueces sin compromiso y también oportunistas que aparecieron con el reverdecer de los derechos humanos recién cuando hubo una política direccionada a investigar. El retardo es por la falta de compromiso ético de la mayor parte de los jueces. En Mar del Plata hubo una causa paralizada ocho meses porque dos secretarías decían ser incompetentes, para despegarse del caso.
–¿Es consciente la corporación judicial de que defrauda a gran parte de la sociedad?
–En muchos casos sí. Creo que la Corte ha hecho en ese sentido una contribución importante, con el fallo Simón y con otros sin relación con el terrorismo de Estado, pero que reconocen la autonomía en el ejercicio de la acción penal al querellante particular y van a permitir que los jueces, con independencia de su voluntad, deban pronunciarse tarde o temprano sobre todos los casos que se les presenten.
–Los querellantes criticaron la última acordada de la Corte.
–Pero por otro motivo. Ocurre que muchas veces las querellas no están unificadas y hay que atender infinidad de planteos que pueden producir cierta demora. Pero decir que no se investiga el terrorismo de Estado por las querellas, cuando todos somos conscientes de que el Poder Judicial les cerró las puertas a las víctimas, es completamente desacertado. Esta Corte hizo muchísimo y el fallo Simón es el más importante de su historia. El reproche, desde un punto de vista procesal, no debe malinterpretarse. La Corte dijo con claridad que los responsables somos nosotros.
–Los organismos criticaron la acordada porque repitió un diagnóstico conocido y no aportó respuestas. ¿Le genera expectativas la creación de la Unidad de Superintendencia?
–Puede ser interesante, pero hay que acelerar el enjuiciamiento. Si hay cincuenta procesos en un tribunal, si se viola el derecho a ser juzgado sin dilaciones y salen fallos como el de Casación, está claro que una disposición general para redistribuir las causas no afecta la garantía de juez natural, ya que el juez no está predeterminado por ley antes de la comisión del delito. Hay que tomar decisiones para que se juzgue más rápido.
–Justamente, se critica el hecho de no tomar decisiones.
–Esta ha sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán para apurar los juicios.
–¿La actuación de los fiscales es equiparable a la de los jueces?
–El Ministerio Público tiene una oficina de coordinación que funciona, pero también los fiscales han hecho lo suyo. En Mar del Plata, antes de la inconstitucionalidad de las leyes, un fiscal pidió que se aplicara la obediencia debida respecto de tres violaciones que una mujer sufrió durante su cautiverio y, aunque hoy tenga licencia psiquiátrica, sigue siendo fiscal de la Constitución (N. de R.: se refiere a Jorge Gutiérrez). Otro desvirtuó directivas del procurador pese a que el Ministerio Público es una institución vertical. Si aún hay impunidad, es porque el Poder Judicial es funcional. Lo que pasó en la Argentina no hubiera podido pasar si la Justicia no hubiera mirado para otro lado. Hasta los neopunitivistas admiten hoy que el Poder Judicial es poco propenso a involucrarse con el terrorismo de Estado.
(Fuente:Pagina12-Diego Martinez).