La organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta planteó ayer que la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Leal de Martínez, no debe ser elevada a juicio sin el represor Joaquín Guil, quien está procesado por homicidio calificado y lesiones en relación a este hecho aunque su caso todavía no está listo para ser juzgado.
El represor Joaquin Guil
Ayer vencía el plazo para que las partes presentaran sus requerimientos de elevación a juicio en esta causa que el juez federal Horacio Aguilar dividió en dos para elevar a juicio la parte que corresponde a los cinco acusados que cuentan con procesamientos firmes, los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil y los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera.
Quedaron fuera de esta elevación los otros cinco imputados, el ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil; Virtom Mendíaz, Héctor Zanetto, Juan Carlos Soraire y el ex juez federal Ricardo Lona, sobre cuyos procesamientos hay planteos que deben ser resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones. Mientras el resto de los querellantes realizó ayer la requisitoria de elevación a juicio, igual que el fiscal, Mario Snopek, el abogado David Leiva se opuso, aunque subsidiariamente también acusó. "Queremos que todas las causas vayan a juicio, pero en condiciones serias, no que sea una puesta en escena", explicó la abogada Tania Kiriaco.
Leiva advirtió que el desguace de la causa "impedirá proporcionar (al tribunal de juzgamiento) debidamente la plataforma fáctica sobre la que discurrir en el debate" porque una "relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos (...) no es posible sin esperar que se defina la situación procesal" de Guil, a quien se acusa de ser el organizador del secuestro, mientras que Menéndez, Mulhall y Gentil son sindicados como quienes dieron la orden para este operativo. Los otros querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría provincial y los familiares de Ragone, acusaron a estos tres militares por homicidio calificado por alevosía y la presencia de dos o más personas y a los ex policías Herrera, por encubrimiento en concurso real con el delito de "omisión de represión y persecución de delincuentes".
Piden que declaren Ruckauf y Cafiero
El represor Joaquin GuilAyer vencía el plazo para que las partes presentaran sus requerimientos de elevación a juicio en esta causa que el juez federal Horacio Aguilar dividió en dos para elevar a juicio la parte que corresponde a los cinco acusados que cuentan con procesamientos firmes, los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil y los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera.
Quedaron fuera de esta elevación los otros cinco imputados, el ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil; Virtom Mendíaz, Héctor Zanetto, Juan Carlos Soraire y el ex juez federal Ricardo Lona, sobre cuyos procesamientos hay planteos que deben ser resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones. Mientras el resto de los querellantes realizó ayer la requisitoria de elevación a juicio, igual que el fiscal, Mario Snopek, el abogado David Leiva se opuso, aunque subsidiariamente también acusó. "Queremos que todas las causas vayan a juicio, pero en condiciones serias, no que sea una puesta en escena", explicó la abogada Tania Kiriaco.
Leiva advirtió que el desguace de la causa "impedirá proporcionar (al tribunal de juzgamiento) debidamente la plataforma fáctica sobre la que discurrir en el debate" porque una "relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos (...) no es posible sin esperar que se defina la situación procesal" de Guil, a quien se acusa de ser el organizador del secuestro, mientras que Menéndez, Mulhall y Gentil son sindicados como quienes dieron la orden para este operativo. Los otros querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría provincial y los familiares de Ragone, acusaron a estos tres militares por homicidio calificado por alevosía y la presencia de dos o más personas y a los ex policías Herrera, por encubrimiento en concurso real con el delito de "omisión de represión y persecución de delincuentes".
Piden que declaren Ruckauf y Cafiero
Encuentro por la Memoria pidió que en la causa Ragone presten declaración testimonial Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ex ministros de Estela Martínez de Perón y quienes firmaron los decretos 2770, 2771 y 2772, de 1975, por los que se ordenó aniquilar la acción subversiva y que son utilizados por los represores para argumentar que obedecieron órdenes de un gobierno constitucional cuando aniquilaron subversivos. Curiosamente, en su acusación el fiscal Snopek tomó este argumento al asegurar que Ragone "era considerado un extremista y por lo tanto alcanzado por el decreto 2772". Leiva advirtió que de esta manera se está introduciendo una idea peligrosa acerca de la existencia de víctimas culpables y víctimas inocentes.
(Fuente:Rdendh-Nuevodiariodesalta).
(Fuente:Rdendh-Nuevodiariodesalta).
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