EL EXTRADITADO QUE PUEDE ROMPER EL SILENCIO.-REPRESOR RIVERO KELLY.

Lesa humanidad
El extraditado que puede romper el silencio
Por Fabián Kovacic

Nelson Bardesio-Foto:Larepublica.

Unánime fue la votación de los siete jueces de la Corte Suprema ratificando la extradición del ex agente de la CIA y ex miembro del Escuadrón de la Muerte uruguayo, Nelson Bardesio requerido por la Justicia oriental a raíz de cuatro crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1971 y 1972 en Montevideo. La resolución fue firmada en la tarde del pasado miércoles 6 y el expediente regresará ahora a manos del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, quien a fines de octubre de 2008 falló a favor de la extradición. Vendrán luego los trámites diplomáticos entre las Cancillerías para que la juez Graciela Eustachio defina el día y la forma en que se hará el traslado de Buenos Aires a Montevideo. Los crímenes imputados son el de Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor Castagneto Da Rosa y Abel Ayala Álvez.

Es curioso que mientras Bardesio estuvo detenido en el penal de Marcos Paz, ningún juez federal argentino se interesara en su caso teniendo en cuenta sus declaraciones en la década de 1970 sobre su ingreso clandestino a la Argentina para realizar cursos en la Side y sus vínculos con personajes como el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno –ya fallecido–, uno de los jerarcas de Automotores Orletti, dependiente directo de la Side.

En sus declaraciones ante el juez Rodríguez, Bardesio admitió su pasado como fotógrafo policial en Montevideo y sus viajes a México y Estados Unidos, donde residió 15 años. Nada dijo de su pasado como organizador del Escuadrón de la Muerte. Sin embargo, durante su cautiverio en 1972 en una cárcel del pueblo de los Tupamaros y tras ser liberado en mayo de ese año, Bardesio abrió la boca e involucró a personajes influyentes. No sólo mencionó a Nieto Moreno sino a Otto Paladino, y reconoció dos viajes a Buenos Aires junto a otros tres policías uruguayos para hacer cursos en la Side. Los nombres mencionados por él coinciden y se tocan con algunos de los mencionados en la causa argentina de la Triple A, ahora a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, por crímenes cometidos entre 1972 y 1976. Bardesio reconoce haber estado en Buenos Aires entre 1972 y 1973.

“Es la pieza clave del Escuadrón de la Muerte, más allá de los cuatro crímenes que se le imputan”, reconoce a Miradas al Sur el abogado del Serpaj Uruguay, Guillermo Payssé, representante de la familia de Hector Castagnetto. “Los integrantes del Escuadrón eran seis, hasta donde sabemos”. Uno de ellos, el médico paraguayo Nelson Closa Cuevas fue el organizador, aunque no podrá corroborarlo pues figura como fallecido desde 2001. Según las investigaciones de la prensa en Uruguay y Paraguay, Cuevas regenteaba a su vez una pensión en Buenos Aires ubicada sobre la calle Sarmiento, cerca del Centro Cultural San Martín, destinada a personal policial y del ejército uruguayo a comienzos de 1970. El médico paraguayo reportaba directamente a Dan Mitrione, el agente que la CIA destinó en Montevideo en 1968 para entrenar en el trabajo de la tortura a las fuerzas de seguridad uruguayas. Mitrione fue ajusticiado por los Tupamaros en 1972. La historia de Cuevas no termina ahí, con la caída del régimen de Alfredo Stroessner se hizo pasar por perseguido político para cobrar la indemnización del Estado guaraní a fines de los años noventa.

Otro integrante del escuadrón es Miguel Sofía un empresario que en sus años mozos lideró la Juventud Uruguaya de Pie, un grupo de extrema derecha, fuerza de choque en las manifestaciones populares previas al golpe. Convertido en empresario de medios, apoyó las campañas electorales del partido Colorado que llevó a la presidencia a Julio Sanguinetti en 1985 y 1995 y a Jorge Batlle en 2000. Ahora está prófugo. Los otros tres integrantes del Escuadrón son Pedro Freitas, Washington Grignoli y Jorge Grau Saint Laurent, los tres en libertad, pero en calidad de indagados. Freitas y Grignoli son dos de los acompañantes de Bardesio a Buenos Aires en los cursos de la Side y no hay constancia de su ingreso y egreso del territorio argentino en esos años. Bardesio es el único imputado detenido en la causa.

“La llegada de Bardesio es fundamental. Es la pieza que falta en el rompecabezas de una causa que podría extenderse a Buenos Aires, Paraguay y Brasil porque los documentos desclasificados por Washington indican que las fuerzas de seguridad uruguayas recibían apoyo de la CIA y de los servicios de inteligencia de esos países”, indica Payssé. En 1972 gobernaba Uruguay Jorge Pacheco Areco, del partido Colorado, y su ministro de Educación era Julio Sanguinetti, quien hace un año declaró en la causa judicial. “Es difícil imputar a Sanguinetti en todo esto, pero el subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, era, según Bardesio, el vínculo entre el escuadrón y el gobierno de Pacheco. Es difícil imaginar que Sanguinetti no supiera nada”, dice Payssé. Habrá que esperar la llegada de Nelson Bardesio para armar el rompecabezas con llegada regional. Un plan Cóndor previo a las
dictaduras. Por ahora la Corte Suprema dio el primer paso.


Medio siglo al servicio del terror

Rivero Kelly tenía 23 años cuando bombardeó.
A los 77 años y sin citaciones judiciales a la vista, el marino Máximo Eduardo Rivero Kelly –que durante el gobierno de Raúl Alfonsín no sólo quedó impune por su actuación durante la dictadura sino que alcanzó la subjefatura del Estado Mayor de la Armada– no quiere rememorar su violento pasado.
Por Laureano Barrera

Máximo Eduardo Rivero Kelly transita plácidamente la vejez en su chalet sobre el pasaje Fernández Espiro 544, a cuatro cuadras de la cancha de Argentinos Juniors. Seguramente, mientras cobra una suculenta jubilación como vicealmirante de la Armada, reparte su tiempo entre las “tareas empresariales” declaradas en la Afip y las periódicas reuniones de comisión directiva en la Federación Argentina de Yachting de la que forma parte, representando a la Argentina en el organismo internacional de la disciplina.


A los 77 años y sin citaciones judiciales a la vista, el marino de extensa carrera –que durante el gobierno de Raúl Alfonsín no sólo quedó impune por su actuación durante la dictadura sino que alcanzó la subjefatura del Estado Mayor de la Armada– no quiere rememorar su violento pasado. O al menos, de ello está convencida la voz femenina que atendió telefónicamente a este diario:–


¿Se encuentra Máximo Rivero Kelly?
–Sí, ¿quién lo busca?-De Miradas al Sur. Estoy haciendo una reconstrucción histórica de los bombardeos de 1955 sobre Plaza de Mayo y quería hacerle unas preguntas sobre el tema.
–No, mirá, él en este momento no se encuentra… está de viaje.
–¿Puedo llamarlo la semana que viene?
-No, él no vuelve hasta dentro de 20 o 25 días.


Las preguntas de las que la mujer preservó a Rivero Kelly no apuntaban precisamente a su participación en el criminal ataque aéreo –que fue reivindicada por él mismo públicamente–, sino a su desempeño como jefe de la Base Naval Almirante Zar durante la dictadura y su papel en la represión clandestina en la Patagonia.



Bombas sobre Buenos Aires. Con título apocalíptico, fiel reflejo de aquella jornada luctuosa, el investigador Daniel Cichero reconstruyó la cruenta matanza del 16 de junio de 1955, que prenunció el golpe de Estado contra Perón con más de 300 muertes civiles y alrededor de un millar de heridos. En ese libro, publicado en 2005, y en una entrevista a Clarín del mismo año, Rivero Kelly –confiado en que era un crimen prescripto y enterrado tras medio siglo de historia– confesó su intervención en el episodio a bordo del North American (NA), matrícula 3A-29, avión naval desde el que desgranó dos bombas de 50 kilos de trotyl, según su versión y sin la certeza absoluta, sobre la Casa de Gobierno. A las 10.45 de una mañana de neblina, el piloto de 23 años de ferviente fe católica y antiperonismo, y seis meses como teniente de corbeta en la Base Naval de Punta Indio, despegó hacia Buenos Aires, convencido de que “era necesario” para derrocar a Perón. “En aquél tiempo uno era más romántico”, declaró nostálgico y sin sonrojarse. “Todas las bombas cayeron dentro de la Casa de Gobierno –agregó ante la inquietud del lugar donde soltó las municiones–, eso es lo que sabemos. Y de todas las cifras que recibí, entre heridos y muertos del 16 de junio, creo que fueron 113. Hablaban de miles. En la Plaza de Mayo no había nadie. Nosotros teníamos orden de bombardear en picada. El único accidente con civiles que hubo fue un avión que bombardeó horizontal. Largó las bombas y una cayó en un trolebús. Me acuerdo de eso porque ahí se murió la novia de un amigo mío. Pero debieron haber muerto 20 personas. Fue lo único fuera de la Casa de Gobierno”.


La versión del piloto es falaz: un jueves laborable, aún hace más de medio siglo, la Plaza de Mayo no pudo estar desierta. En junio de este año, el Equipo Especial de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó una investigación exhaustiva sobre el bombardeo, que desbarata el descargo público de Kelly. Según el informe, sólo 29 de los más de 100 proyectiles cayeron en la Casa Rosada, de los cuales detonaron apenas seis; y sólo 12 de las 308 víctimas fatales identificadas durante la investigación estaban adentro del edificio. El resto de las bombas llovieron furiosas sobre la plaza y los alrededores –el Ministerio de Hacienda, la boca de un subte, la actual Biblioteca Nacional–, convirtiendo a Buenos Aires en una ciudad en guerra: testigos del episodio recuerdan el humo blanco de las explosiones, el tableteo constante de las metrallas, hombres ilesos y mutilados caminando sin rumbo, como espectros aturdidos entre el tendal de muertos. La mayor parte de los caídos de aquél ataque fueron ametrallados por los aviones de la Armada frente al edificio de la CGT –que habían convocado a defender el gobierno electo por el 68% del electorado– y en las estribaciones del Ministerio golpista de la Marina.



Sin justicia. Al día siguiente de la masacre, Perón ordenó que se investigara y se castigara a los responsables. Se formó el expediente caratulado “FF. AA. c/ Almirante Aníbal Oliveri s/ Rebelión Militar”, donde fue degradado y condenado a prisión perpetua el almirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del levantamiento. Perón disolvió los Comandos Generales de Infantería de Marina y de Aviación Naval y la base de Punta Indio fue desmantelada y sus pilotos detenidos, salvo los que lograron escapar a Uruguay para ser recibidos por otro prófugo, Guillermo Suárez Mason. Todas estas medidas quedaron sin efecto cuando en septiembre de 1955, una nueva asonada provocó la renuncia del Presidente y el general Eduardo Lonardi asumió el gobierno de facto.


Durante más de medio siglo, la masacre permaneció impune. En febrero de 2008, el abogado José Deguisa presentó una denuncia penal en los Juzgados Federales 3 y 11, de Daniel Rafecas y Claudio Bonadío, solicitando que se consideren los bombardeos como delitos de lesa humanidad y se reabra la causa. En agosto de ese año, la Cámara de Apelaciones resolvió un conflicto de competencia y envió las actuaciones –por una denuncia anterior acumulada– al Juzgado 6 de Canicota Corral. “La causa está archivada –contestó ante la consulta de este diario un secretario de ese juzgado–. Mientras la Cámara resolvía la competencia, Bonadío siguió con la instrucción y resolvió no reabrir la causa. No recuerdo la fundamentación. El doctor Canicoba se limitó a adherir lo resuelto por Bonadío.” En el Juzgado de Bonadío ni siquiera dieron explicaciones acerca de la clausura de la investigación: “no puedo darte ninguna información por teléfono”, dijeron.


Rivero Kelly no fue el único aviador de aquél golpe cívico-militar que reaparecería en dictaduras posteriores: Horacio Estrada, jefe de la patota de la Esma; Eduardo Invierno, del servicio de Inteligencia Naval; Carlos Fraguio, jefe de la dirección general naval en 1976, Horacio Mayorga, procesado en la Masacre de Trelew y el propio Eduardo Massera. Jorge Mones Ruiz, que lideraba una de las flotas de la Fuerza Aérea leales al gobierno pero que la saboteó por estar aliado con los golpistas, fue identificado hace unos meses conspirando en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales.



El pelotón fantasma. Con la derogación de las leyes de impunidad, algunas causas emblemáticas en el sur empezaron a avanzar: la investigación por la masacre de Trelew ha sido elevado a juicio oral, aunque se dilata la extradición del ex teniente Roberto Bravo desde Estados Unidos por “faltar parte de las traducciones” en el Juzgado de Rawson; la causa por torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas en el de Comodoro Rivadavia; o casos particulares como la muerte del abogado radical de presos políticos Mario Abel Amaya, molido a golpes en la Unidad Penal 6 de Rawson. Otras, como la investigación de los hechos en el Regimiento 8 de Infantería, empantanada en un conflicto de competencia entre los tribunales de Rawson y Comodoro, devino en un exhorto de la Cámara de Apelaciones por mayor celeridad.


Precisamente en la causa 500, que instruye el juez federal de Rawson Hugo Sastre sobre los apremios y torturas ocurridos en la Unidad Penal 6, hace pocos días fueron procesados sin prisión preventiva siete penitenciarios –incluidos los jefes de la cárcel–, el médico del Penal Juan Carlos Saleg, el Jefe del Área 536 Carlos Barbot y como jefe máximo de la represión, Jorge Rafael Videla. El juez consideró que los procesados no se fugarían ni entorpecerían la investigación. Sólo Jorge Tomaso fue acusado de ejecutor directo de las torturas. Fue identificado como el jefe del pelotón fantasma: un comando nocturno que solía secuestrar a un detenido, pegarle durante horas y ducharlo con agua helada. “El resto fueron procesados como cómplices necesarios, porque ordenaron o encubrieron las torturas”, explica el secretario Guillermo Lleral a este diario.La causa, se inició en 1980 y como casi ninguna, prosperó en plena dictadura. “El juez (Omar) Garzonio la quería cajonear, pero un fiscal de entonces lo impidió”, cuenta a Miradas al Sur Luis Franganillo, preso en el penal desde el ’75 al ’80 y uno de los dos querellantes. “Después la impulsó el juez Beltrán Mulhall, un hombre muy valiente que se la llevaba a la casa porque no confiaba ni en sus empleados”. La causa acumulaba 50 cuerpos y cuando Sastre decidió reabrirla, varios tramos habían desaparecido.


El régimen de cautiverio para los 270 presos políticos era pavoroso. Cuando llegaban, entre golpes e insultos, eran conducidos a los chanchos, celdas individuales de castigo, para las dos semanas de ablande. Allí los amontonaban hasta de a cuatro, sin cama ni colchón, con golpes, muchas veces los hacían permanecer desnudos de noche, y les arrojaban baldazos de agua fría, de deshielo, a las celdas.



Patagonia trágica. Luego de un regreso triunfal de Montevideo, una vez que la Revolución Libertadora le aseguró impunidad, el joven Rivero Kelly siguió posicionándose dentro de la Armada. Para la dictadura, estaba a cargo de la Aviación Naval de Massera y destinado a la Jefatura de la Base Almirante Zar, en Trelew. “Sí, era uno de ellos”, afirma el abogado Chiche López, que tuvo un papel protagónico en la pueblada del vecindario luego de la masacre, en el ’72. Él y otros rawsenses colaboraban con los presos políticos del Penal. En mayo de 1977, un camión de la Armada lo secuestró y lo llevó hasta la Base Almirante Zar. “Desplegaron unas fuerzas desproporcionadas. Hoy en día, las condiciones en las que me trataron, sería para patalear”, dice Chiche.


En 1987, después del Juicio a las Juntas, Rivero Kelly fue procesado por la Cámara de Comodoro Rivadavia por su responsabilidad en las torturas en la Base, hasta que fue sancionada la ley de Obediencia Debida. El 15 de diciembre, la Marina se hizo cargo del Penal pero las torturas, según Luis Franganillo, continuaron: “Hubo un endurecimiento del régimen unos meses después del golpe, y sólo hubo un quiebre con la llegada de la Cidh, en 1979. Fue cuando se endureció el hostigamiento psicológico: nos sacaron la lectura, las fotos familiares. Sólo podíamos leer la Biblia y escribir una carta una hora a la semana”. Sin embargo, la investigación no incluye la máxima autoridad de la zona en aquél momento, Rivero Kelly. “Según su razonamiento, podría seguir por él”, concede el secretario Lleral. Hasta tanto, otro criminal confeso sigue envejeciendo lejos del banquillo.
(Fuente:Rdendh-Miradasalsur).