LA PRUEBA DE ADN OBLIGATORIA AVANZA EN EL CONGRESO.

Dieron despacho de comisión a cuatro proyectos impulsados por la casa rosada
La prueba de ADN obligatoria avanza en el Congreso

Cristina Fernández de Kirchner consiguió que avancen cuatro leyes vinculadas con delitos de lesa humanidad y libertad de expresión. Ayer, el plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General emitió dictamen a favor de cuatro iniciativas, una de ellas especialmente sensible para el Grupo Clarín.


A través de la incorporación del artículo 218 bis al Código Procesal Penal, se reglamenta y establece como obligatorio el procedimiento para realizar estudios de ADN en causas de lesa humanidad. De esta forma, da vía libre para que se conmine a los presuntos hijos de desaparecidos a realizarse la prueba –aunque con métodos “menos lesivos” que la extracción de sangre– más allá de su propia decisión. Es en ese punto donde toca intereses del multimedio, ya que Ernestina Herrera de Noble, una de sus propietarias, tiene abierto un expediente judicial en el cual se investiga si apropió a sus dos hijos.


Otro de los proyectos tratados ayer prevé la creación de un banco nacional de datos genéticos, en el ámbito del Poder Ejecutivo, cuyo propósito reside en ser un reservorio de muestras de sangre para causas acerca de delitos cometidos durante la última dictadura. Aquí surgieron algunas observaciones, como la de la cordobesa opositora Norma Morandini, que cuestionó que ese banco no fuera “universal”, es decir sin distinción de delitos. Además, recibió dictamen favorable la iniciativa que permite que las organizaciones sociales sean partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos.


Éste había sido un pedido expreso de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que en junio pasado, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal impidió a los organismos de derechos humanos ser querellantes en la megacausa ESMA.


Por último, tuvo despacho de comisión el proyecto que despenaliza la figura de “calumnias e injurias”, concebido desde el Gobierno como un “gesto” hacia los periodistas. Cuando CFK mandó la iniciativa, lo hizo en sintonía con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado penal y civilmente por la publicación de un libro sobre la masacre de cinco sacerdotes palotinos, durante la dictadura.
(Fuente:Rdendh).