13 de octubre de 2009

LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

PROCESARON POR ASOCIACION ILICITA AL EX CORONEL DOMINGO MARCELLINI
Para el lado de la justicia
El ex Jefe de Inteligencia Militar en Santa Fe durante la última dictadura había zafado del juicio oral por terrorismo de Estado en virtud de su estado de salud. Sigue en Mendoza donde cumple arresto domiciliario.



Organismos, familiares y querellantes celebrarán el procesamiento de este represor.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, zafó del juicio oral y público a los represores santafesinos por su estado de salud, pero sumó otra acusación. El conjuez Ricardo Lazzarini lo procesó por el delito de "asociación ilícita" que ya pesa sobre los otros seis imputados en el banquillo: el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romero Colombini, Mario Facino, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. El fallo afirma que "Marcellini concurría regularmente a los centros clandestinos de detención, donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos".



El conjuez ya había procesado a Brusa y compañía por "asociación ilícita" el 28 de abril último, pero tuvo que trajinar para indagar a Marcellini. No le fue fácil. Resolvió interrogarlo el 7 de julio en su propio departamento en la ciudad de Mendoza, donde cumple arresto domiciliario. Un planteo del defensor oficial con un argumento conocido: el estado de salud del militar lo obligó a posponer la audiencia hasta el 4 de agosto. El 28 de julio, la defensa pidió una nueva postergación que el conjuez rechazó. Finalmente, el 4 de agosto, Lazzarini indagó a Marcellini en su departamento del microcentro de Mendoza, en calle Godoy Cruz al 500.



El ex jefe de Inteligencia fue acusado de integrar "un aparato estatal organizado en forma estable y duradera en el tiempo, integrado por personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad", que tenía cinco objetivos:



"* Capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia;
"* Conducirlos a lugares situados en unidades militares o policiales bajo su dependencia;
"* Interrogarlos bajo tormentos y/o agresiones psico físicas, para obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas;
"* Someterlos a condiciones de vida inhumanas para quebrar su resistencia moral;
"* Y realizar todas esas acciones en la mas absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche y mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento".



En la resolución, Lazzarini describió el circuito represivo. "Los detenidos fueron trasladados de manera ilegal a la comisaría 4ª, a la Guardia de Infantería Reforzada y a otros centros clandestinos de detención como la que llaman "La Casita", donde fueron sometidos a torturas y/o vejaciones y/o amenazas", dijo.



"Las declaraciones de las víctimas son totalmente concordantes" sobre la participación de efectivos del Ejército y de la Policía de Santa Fe en las detenciones. "Estos procedimientos habrían sido cumplidos en forma organizada, sistemáticamente y conjunta, sin orden de detención o de allanamiento, o sin los recaudos legales correspondientes", señaló el conjuez.



El fallo subraya también "el rol que le cupo a Marcellini dentro de la mentada organización, y su conexión con los restantes integrantes del grupo" y en ese sentido señala que "varias de las víctimas declararon haber sido aprehendidas o torturadas por el "Pollo" Colombini o por el "Tío o Nicola" (Correa)". Y recuerda que "Marcellini declaró que el primero (Colombini) era el enlace entre la Policía y el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que él comandaba y el segundo (Correa) revistaba precisamente en dicha unidad militar".



El conjuez cita también un testimonio ante la Conadep en 1984 que asegura que "Marcellini (aunque no torturaba en forma personal) concurría regularmente a "las casas" (lugares de detención clandestinos) donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos."



"En síntesis, puede sostenerse (...) que Marcellini desde su Destacamento, aportaba una colaboración esencial para que se llevaran a cabo los hechos que se investigan. Y ello es así, desde el momento en que sin ese aporte no se hubiera podido definir contra quién dirigir lo que fue, en definitiva, un accionar delictivo (...) Lo que se sostiene es que Marcellini, por su función específica tenía pleno conocimiento del "uso" que se le iba a dar a la información que él entregaba y que luego iba a aprovechar, en ejercicio de esa misma función, de los datos que se hubieran obtenido mediante tortura, en un fundamental aporte del todo".



"Resulta más que ilustrativo el legajo militar del imputado, con un promedio de 100 puntos y evaluado por sus camaradas como "uno de los pocos sobresalientes para su grado". Esta calificación de su conducta en el Ejército hace reflexionar que el imputado poseía aptitudes suficientes para desempeñar su cargo con la mayor eficiencia y, en razón de la ubicación que ostentaba en la cadena de mandos, además de conocer a la perfección la ilicitud del sistema, habría impartido órdenes y/o brindaba los medios materiales para concretar los hechos ilícitos mencionados". Por lo tanto, "no podía desconocer el accionar de sus subalternos, mucho menos al no tratarse de un hecho aislado".



"Ha quedado acreditado que la organización delictiva contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, sin dar explicación alguna, sustrayendo bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente disponer de cualquiera otra persona que se encontrara en la vivienda", concluyó Lazzarini.
(Fuente:Rosario12).

CARTA DE ESPERANZA LABRADOR
La súplica de una Madre

Esperanza Labrador, la Madre de la Plaza 25 de mayo cuya familia fue devastada por el terrorismo de Estado, remitió ayer una carta al comisario Alberto Vitantonio, policía que era amigo de Palmiro Labrador, uno de los hijos de Esperanza, asesinado durante la dictadura junto a su padre Víctor Labrador. "Ante la imposibilidad de entregarte esta carta en mano, he decidido hacerla pública a través del diario Rosario/12", comienza Esperanza, que vive en España y está preocupada porque la salud del imputado por crímenes de lesa humanidad se deteriora sin que haya contado qué pasó con su otro hijo, Miguel Angel Labrador.



"Han pasado muchos años desde las dos últimas veces que nos vimos, cuando me presenté en la ex Jefatura de Policía para pedirte información sobre el paradero de mi hijo Miguel Angel, desaparecido desde septiembre de 1976. Me atreví a hacerlo por la amistad que tú tenías con mi otro hijo, Palmiro, asesinado por el ejército junto a su padre, Víctor Labrador, y su compañera, en octubre de 1976. A pesar de que Palmiro y tú habían sido compañeros y amigos durante todo el colegio industrial, en la primera ocasión aparentaste no reconocerme y negaste tener información sobre mi hijo. Años más tarde volví a presentarme en Jefatura, esta vez acompañada de mi hija Manuela, y seguiste negando saber nada sobre Miguel Angel".



El pedido de Esperanza es desgarrador: "No quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo, a dónde lo llevaron, qué hicieron con él. No cargues sobre tu conciencia, además de los hechos de los que se te acusa, con la culpa de no haber tenido compasión por una madre que aún espera saber la verdad".
(Fuente:Rosario12).


VIOLENCIAS
Dar testimonio
Mujeres que fueron torturadas y violadas durante su cautiverio en la dictadura prestan declaración en el juicio a seis represores en Santa Fe. Sus voces, a más de 30 años del horror, recuperan el sentido de la palabra dignidad, desenmascaran metodologías de una violencia a la que se le sumó la violencia de género y despabilan la memoria.
Por Sonia Tessa
Son mujeres y estuvieron durante meses secuestradas por la patota que ejercía el terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe y todas, cuando se sientan para brindar testimonio frente el Tribunal Oral que juzga a seis represores, cuentan lo mismo: fueron torturadas y violadas. Que la violencia sexual formó parte de las estrategias de aniquilamiento queda más claro que nunca en este proceso, que tiene otras particularidades: una de las acusadas es María Eva Aebi, carcelera del GIR, del que las detenidas-desaparecidas tienen el peor de los recuerdos. La otra es que el principal acusado, Víctor Hermes Brusa, es el primer integrante del aparato judicial que es juzgado por participar en el engranaje del terror. Son seis los acusados en esta causa y uno de ellos, Eduardo Curro Ramos, superó todos los límites al declarar que Stella Vallejos, una de las querellantes, tenía “fantasías sexuales” con él. “No pude superar el asco cuando escuché la declaración, estuve varios días con sensación de asco”, relata Vallejos, quien pide encarecidamente que la nota rescate el valor que los sobrevivientes le dan a este juicio, en el que ella brindará testimonio el próximo lunes 19.

Cuando cayó, el 24 de marzo de 1977, Stella tenía 23 años. Estuvo unos días en un centro clandestino de detención y luego pasó a GIR (Grupo de Infantería Reforzada), a cargo de Juan Perizotti, un lugar en el que recibían visitas de sus familiares, pero la patota tenía acceso libre, porque iban a buscar detenidas para torturarlas. Sobre la violencia sexual, Vallejos asegura que las chicas –como se autodenominan– no se pusieron de acuerdo para denunciarla frente al Tribunal. Sí que fue sistemática, pero no cree que haya sido privativa de la represión ilegal en Santa Fe. “Acá se está contando”, afirma, antes de asegurar que “es muy difícil hablarlo, incluso con compañeras y compañeros con los que pasamos las mismas situaciones. Se te hace un nudo en la garganta y no podés seguir”, dice. La tuvieron un año en el GIR, en una de las tres salas donde alojaban detenidas-desaparecidas políticas. Allí había un lugar al que llamaban el colectivo, porque tenía un espacio amplio en el medio y las cuchetas, como un ómnibus. En el medio había otra sala, donde había varias mujeres, y la tercera sala estaba ocupada por niñas de entre 14 y 18 años.

Silvia Suppo era una de las que estaba en la última sala. Tenía 18 años el 24 de mayo de 1977, cuando fue secuestrada en su ciudad, la conservadora Rafaela, en el oeste de la provincia. Apenas levanta el teléfono, Suppo se manifiesta satisfecha. Declaró el lunes pasado. “Estoy contenta por la tarea cumplida. Yo estaba nerviosa. Para mí significaba muchísimo. Y también para mi esposo, que murió hace tres meses, y fue detenido durante la dictadura durante cinco años, en la cárcel de Coronda”, dice una vez que el momento pasó.

Silvia estuvo desaparecida un mes y medio en el centro clandestino de detención de la seccional 4ª, donde fue torturada y violada. Con tan mala suerte que quedó embarazada, pero la falta menstrual la advirtió cuando ya estaba alojada en el GIR. Cuando lo comunicó, el jefe del centro clandestino, Perizotti, le dijo que iban a subsanar el error. “Como si hubiera sido un error. Me quedé helada cuando me dijo eso. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. El lo decía como si hubiera sido obra de algún estúpido, como si no lo hubieran utilizado como método”, relata Suppo, y rebrota la indignación. El aborto se hizo en una clínica privada, adonde fue acompañada por Aebi. Luego la llevaron a otro centro clandestino, llamado La Casita, para que se repusiera, y desde allí volvió a GIR. Silvia no se imagina qué hubiera pasado si no hubiera habido aborto. “Cada vez que escucho en otros casos de violación la atrocidad de dejar avanzar un embarazo, yo pienso que no hubiera podido”, dice ahora la mujer, que vive en Rafaela. Durante años le costó hablar de lo vivido. “Eran muchas cosas que debía elaborar. Fue terrible, estar presa, con mi hermano en el exilio, todos los compañeros de Rafaela presos, porque éramos pocos, pero aquí también hubo gente comprometida”, dice Silvia.

La democracia le deparó a Stella una desagradable sorpresa: vivió al lado de Eduardo Ramos, uno de los represores hoy enjuiciados, al que identificó una de las compañeras que había estado detenida con ellas. “No podía saber quién me había violado o torturado, porque estuve siempre encapuchada, pero Anatilde Bugna había hecho la escuela primaria con Ramos y cuando fueron a buscarla a la casa alcanzó a gritarles a los padres quién era uno de los secuestradores”, relató.

Durante los años de democracia, las ex detenidas hicieron de todo para pedir justicia. También relatar públicamente lo ocurrido para que hubiera memoria. Sin embargo, Silvia decidió esperar a que sus hijos fueran grandes para difundir esa parte de su historia. Es que la violencia sexual fue, según Stella, otra forma de sometimiento y humillación. “Era para hacernos pelota”, considera ahora. Eran sistemáticas porque la mayoría de las mujeres que estuvieron allí refieren haber sido violadas. ¿Significa que las mujeres eran más víctimas? No, pero sí implica una especificidad de género. Además de doblegarlas ideológicamente, de picanearlas para que hablaran, los represores las humillaban sexualmente para disciplinarlas.

Cuando escuchó que el represor había dicho que ella tenía “fantasías sexuales” con él, Stella estuvo días sin poder controlar su asco. Para pensar en lo ocurrido, recurrió a una periodista de la ciudad de Santa Fe, Ana Fiol, feminista y pionera en difundir el circuito del terrorismo de Estado en aquella ciudad. Ella le contestó por mail: “A mí también me sobresaltó cuando lo escuché. Yo creo que el torturador Ramos encarna la violencia patriarcal hacia las mujeres que siempre se expresa como dominio y humillación sexual. ¿Qué puede haber más humillante para una mujer militante que acusarla de hembra insaciable?”, razona la periodista. Fiol se refiere también a un síntoma que tuvo Stella durante su detención. “He leído en tu declaración que manifestaste lo que los médicos llaman ‘amenorrea de guerra’. Tu inconsciente le dio a tu cuerpo la orden de dejar de menstruar, justamente para evitar las consecuencias de la violación como estrategia y recurso del terrorismo de Estado. Las palabras de Ramos se inscriben en la misma estrategia de dominación y humillación sexual, tanto de la joven militante que estuvo en su poder, como de la valiente y completa mujer madura que hoy lo acusa en un tribunal”.
(Fuente:Rdendh).

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