AGENTES DE INTELIGENCIA: BATALLÓN 601.

Ordenan “desarchivo” de causa por actuación de agentes de inteligencia del Ejército durante la democracia
Lo dispuso la Cámara Federal porteña. Se trata de un caso en el que se había denunciado la continuidad de actividades de inteligencia ilegal durante gobiernos democráticos por parte de integrantes del Batallón 601.

La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal revocó un fallo que había ordenado el archivo de una causa, en la que se denunció la continuidad de la actividad de inteligencia ilícita de los integrantes del Batallón 601 del Ejército Argentino durante gobiernos democráticos y con posterioridad a la sanción de las leyes que reglamentan la seguridad interior.
Según el tribunal, la denuncia –que había sido presentada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), “satisface los recaudos mínimos” de admisibilidad que establece el Código Procesal Penal.
En efecto, sostuvo que la hipótesis planteada cuenta con dos premisas fácticas concretas: la probada mecánica delictiva empleada por el Batallón de Inteligencia 601 previo a la reinstauración del sistema democrático, y la supuesta operación realizada hasta el año 2008 por Raúl Tarifeño, un eventual ex integrante de ese organismo -disuelto en el 2000-, quien según lo alegado, se habría involucrado en las actividades políticas del MST con la finalidad de reunir datos de inteligencia en violación de las leyes 24.059, 25.520 y 25.443.
“En consonancia con lo requerido por el Fiscal de Cámara a fs. 26/7, esta Sala considera que tales antecedentes son suficientes para iniciar una investigación que tienda a corroborar o descartar la verosimilitud de las circunstancias denunciadas (art. 193 del C.P.P.N.), analizando la viabilidad de las medidas sugeridas a fs. 1/5 y obrando en consecuencia”, aseguraron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
FuentedeOrigen:www.cij.gov.ar

Fuente:Rdendh

Batallón 601

Será justicia

Foto: Horacio Paone
10-06-2010 / Ex militares detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Por Franco Mizrahi

Tuvieron que pasar 33 años. Pero, en este caso, la impunidad comenzó a tornar en justicia. Tal como adelantó Veintitrés en el número del 27 de mayo pasado, cuatro de los cinco militares acusados de haber participado en la desaparición y asesinato de una pareja el 12 de mayo de 1977 quedaron detenidos en la cárcel de Marcos Paz, luego de que se les tomara declaración indagatoria en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín. Se trata de Carlos Ezcurra Varela (que tuvo el rango de capitán en el Batallón de Inteligencia 601), Oscar Rubén Onsari (teniente primero en el mismo cuerpo) –ambos aparecen en la lista que esta publicación reveló el 21 de febrero de este año–, Carlos Alberto Pellegrini y Miguel Ángel Viviani Rossi, que declararon ante el magistrado Juan Manuel Yalj y confirmaron su participación en el operativo. El quinto hombre en cuestión, Orisón César Bustos, jefe de aquel procedimiento, “padece Alzheimer” y “no podría ser juzgado”, según manifestó la defensa. Al cierre de esta edición se estaban analizando sus exámenes de salud en la sede judicial para confirmar su situación.

Este nuevo caso tiene la particularidad de apuntar contra los “autores de propia mano”, es decir, contra aquellos que ejecutaron crímenes de lesa humanidad. La investigación fue posible gracias a una denuncia de los abogados de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que detectaron la participación de estos militares en un operativo represivo. El mismo aparecía registrado en el legajo del capitán Carlos Alejandro Guglielmi, prueba en la causa “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios”, en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en Campo de Mayo y en los partidos de San Martín, San Isidro, Vicente López y otras localidades de zona norte.

Guglielmi formó parte de un operativo represivo realizado en un domicilio particular de la localidad de Martínez, el 12 de mayo de 1977, aproximadamente a las 23.30, donde resultó herido. A raíz de este suceso se elevó un sumario –que consta en su legajo– y los cinco militares atestiguaron sobre lo sucedido, dando cuenta de su participación en el procedimiento que provocó la desaparición de Edy Luis Santiago Monzón Novena y la ejecución sumaria de su pareja, Elena Dorotea Caracasis Crisogni. Ahora, tres décadas después, los uniformados ratificaron su presencia en el operativo.

Según fuentes judiciales, el juez Yalj resolvería el caso para mediados de junio. El hecho de que todos los involucrados estén detenidos es un fuerte indicio de que será declarada la prisión preventiva de los militares. En congruencia con esta medida, el magistrado pretende terminar con el proceso contra las cúpulas castrenses y su rol en los hechos que acontecieron en Campo de Mayo para fines de julio. Una decisión que sellará el destino de Riveros, Bignone y sus discípulos y que iluminará el horizonte en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
FuentedeOrigen:Revista23

Fuente:Rdendh

A confesión de parte

Al descubierto. El edificio de Callao y Viamonte, donde funcionó el aparato de inteligencia del Ejército en dictadura.

27-05-2010 / Ex militares que figuran en la lista del 601 revelada por Veintitrés, al banquillo. Están acusados de participar en la desaparición de un hombre y la ejecución de una mujer en 1977. La clave fue un sumario donde ellos mismos relataron el operativo.
Por Franco Mizrahi

La impunidad vuelve descuidado al que se siente todopoderoso. Esa razón y la tenaz investigación de los organismos de derechos humanos permiten que, tres décadas más tarde, nuevas evidencias de crímenes de lesa humanidad sigan saliendo a la luz. Al cierre de esta edición, el miércoles 26 de mayo, cinco militares comenzaban a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, por la desaparición y el asesinato de una pareja en 1977. Dos de los imputados figuran en la lista de militares del Batallón de Inteligencia 601 que Veintitrés reveló el 21 de febrero de este año.

En la causa “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios”, en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso en Campo de Mayo y en los partidos de San Martín, San Isidro, Vicente López y otras localidades de zona norte, figura como prueba el legajo del capitán Carlos Alejandro Guglielmi. Ese documento contiene un sumario revelador, labrado a raíz de un accidente que sufrió Guglielmi en medio de un “operativo” y a partir del cual los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a Carlos Ezcurra Varela (que tuvo el rango de capitán en el Batallón 601), Oscar Rubén Onsari (teniente primero en el mismo cuerpo), Carlos Alberto Pellegrini, Miguel Angel Viviani Rossi y Orisón César Bustos. La solicitud se había realizado un año atrás, pero recién tuvo eco en Tribunales un día después del Bicentenario.

Según consta en el sumario mencionado, el teniente primero médico Héctor Bernardo Huerquebide le escribió una nota al director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral para informarle que “el Capitán de Gimnasia y Esgrima D. Carlos Alejandro Guglielmi, se encuentra afectado de ‘Esquirla en mano derecha’, por lo que solicito se labren las actuaciones que determina el Artículo 34 de la Reglamentación para el Ejército, Retiros y Pensiones”. A partir de esta orden, una serie de militares desfilaron como testigos de lo sucedido. Nunca imaginaron que las palabras que entonces dijeron se volverían en su contra 33 años después.

En el legajo, cuatro de los cinco uniformados citados dieron cuenta de su participación en un operativo represivo realizado en un domicilio particular de la localidad de Martínez, el 12 de mayo de 1977, aproximadamente a las 23.30. Según el capitan herido, ese día de mayo recibio "la orden de efectuar una operación militar vestido de particular en un departamento de la localidad de Martínez". Ezcurra Varela agregaría que en el domicilio se había constatado la presencia de "elementos subversivos". En una mera correción de estilo, Onsari y Viviani Rossi sotuvieron que se trataba de "delincuentes subversivos". Como sea, los cuatro deban cuenta del accionar represivo ejecutado aquella noche. Es más, todos señalaron que se trataba de un "acto de servicio" y que también participó del hecho Carlos Alberto Pellegrini.
A esto se agrega la declaración de Bustos, quien relató que "el 12 de mayo de 1977 le impartió al Capitan Don Carlos Alejandro Guglielmi como integrante de la patrulla militar, la orden de efectuar una operación militar sobre un inmueble de la Localidad de Martínez, de acuerdo a una orden recibida del Comando de Institutos Militares a través del área de inteligencia". En aquel momento, el uniformado era jefe de la División Inteligencia en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y contaba en su currículum con un dato muy valorado por sus camaradas: entre el 17 de febrero y el 27 de marzo de 1964 había pasado por la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde muchos militares latinoamericanos se entrenaron en técnicas de tortura y desaparición de personas.
Por el lugar y la fecha del operativo, se pudo inferir que las víctimas que habrían sufrido los tormentos de esta patota serían Edy Luis Santiago Monzón Novena, desaparecido, y Elena Dorotea Caracasis Crisogoni, ejecutada en forma sumaria.
Por todos estos motivos, los abogados de Abuelas acusan a los imputados de ser coautores de los delitos de "homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y allanamiento ilegal agravado".
En los casos puntuales de Ezcurra Varela, Onsari, Pellegrini y Viviani Rossi, sostienen que "tomaron parte" en la "ejecución de los delitos". En cuanto a Santiago Riveros, Reynaldo Bignone y Luis Sadi Pepa, los abogados los consideran "autores mediatos (....), por su dominio funcional del hecho a través de un aparato organizado de poder". La misma imputación solicitan para Bustos y para quien fue responsable del "área de Inteligencia" del Comando de Institutos Militares en mayo de 1977.
El legajo de Guglielmi - elemento crucial para esclarecer los hechos que aquí se investigan- fue requerido por la Justicia tras la declaración indagatoria brindada por el general (R) Eduardo Alfonso, quien hasta 2003 fue secretario general del Ejército durante la jefatura del general Ricardo Brinzoni, y que también está acusado por crímenes de lesa humanidad durante el Proceso.
En esa causa, si bien el entonces juez de primera instancia Alberto Suárez Araujo procesó a Alfonso y lo envío al penal de Marcos Paz, la Cámara Federal de San Martín revirtió la medida al dictar la falta de mérito del uniformado en septiembre de 2009. Poco pesó para los camaristas la información que documentaba la participación de Alfonso en el operativo que culminó con el asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, el 12 de enero de 1977. En aquella ocasión, los camaristas consideraron que "no puede afirmarse fehacientemente que (Alfonso) conociera la finalidad del grupo operativo". Una explicación que los organismos de derechos humanos interpretaron como "Obediencia Debida encubierta".
Ahora, en el juzgado que hoy subroga Yalj comienza un nuevo proceso en busca de la verdad. De acuerdo con los resultados de las declaraciones indagatorias, el magistrado deberá decidir si dicta el procesamiento de los cinco militares imputados. Así, una vez más, se abre la esperanza de vencer a la impunidad y encontrar a los artífices materiales de los crìmenes del pasado.
FuentedeOrigen:Revista23

Fuente:Rdendh

Un militante del justicialismo de Hurlingham fue Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura militar
De casa al Batallón y del Batallón a casa
Nota relacionada:La denuncia

Un militante del Partido Justicialista de Hurlingham y hombre de confianza de la administración municipal, se desempeñó entre los años 1976 y 1983 como Personal Civil de Inteligencia (PCI) de la dictadura militar.

De acuerdo con los listados publicados hacia mediados de febrero por la Revista Veintitrés, Andrés Antonio Raiola, representante del ejecutivo en el Consejo para la Persona con Discapacidad y responsable de la implementación del plan Argentina Trabaja, en órbita de la Secretaría General de la comuna, revistó como Agente de Apoyo y Procesamiento en el Batallón de Inteligencia 601, núcleo central del aparato represivo montado por el ejército en los años de plomo, para llevar adelante el plan de exterminio

Los Agentes de Apoyo y Procesamiento del 601 se encargaban de clasificar y ordenar los informes remitidos al Batallón por las unidades de inteligencia de todo el país.

Esta información clasificada era el material utilizado por los niveles de decisión para determinar los “blancos”, como se denominaba a quienes serían luego secuestrados por los Grupos de Tareas, torturados en los Centros Clandestinos de Detención y desaparecidos de manera permanente.

Para dar una idea del rol central que jugó el 601 en el desarrollo del plan de exterminio basta con observar el volumen de la información procesada, cuyo manejo requirió la intervención de 4.300 agentes de inteligencia entre civiles y militares.

Tan sólo en el edificio central de Viamonte y Callao, donde revistaba Raiola, trabajaron de manera permanente 1.523 agentes civiles y se alternaron 340 militares, entre los años 1976 y 1983.

A la mayoría de ellos no les adjudica la justicia una participación directa –como instigadores o ejecutores- en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, aunque está claro que sin el trabajo sórdidamente eficaz de los agentes y oficiales que en las sombras del Batallón procesaban testimonios obtenidos mediante tortura en los Centros Clandestinos de Detención, redactaban informes para destacamentos de todo el país, y señalaban posibles “blancos” para los Grupos de Tareas, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.
La trama del 601
Una vez producido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 el Ejército asumió el control territorial de las operaciones destinadas a llevar a cabo el plan de exterminio acordado por las tres armas. El resto de las fuerzas armadas y de seguridad quedaron subordinadas a este esquema y las actividades fueron centralizadas por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (G2), que utilizó como órgano ejecutivo al Batallón 601 para cumplir con esa finalidad.

Toda la información recolectada a lo largo y a lo ancho del país por la “Comunidad Informativa" –así se llamaba al conjunto de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas y su red de colaboradores civiles- era remitida al 601 que luego de analizarla y clasificarla la redistribuía convertida en "blancos" para que actuaran los Grupos de Tareas (GT). La actividad de los GT era coordinada por la Central de Reunión (CR), que se encontraba en el sexto piso del edificio de Callao y Viamonte.

De acuerdo con las declaraciones realizadas ante la justicia por Néstor Norberto Cendón, integrante del Grupo de Tareas 2, que tenía su asiento en ese preciso lugar, en la Central de Reunión funcionaba una "Sala de Situación" que se encargaba de "supervisar, centralizar y facilitar las tareas de inteligencia u operacionales de los Grupos de Tareas". Los integrantes de esa "Sala de Situación" eran los enlaces delegados por cada una de las fuerzas que integraban los distintos GT (personal militar, policial, de gendarmería, de prefectura, del servicio penitenciario y de la SIDE). Lo que allí se decidía era luego implementado en los respectivos ámbitos.

El Batallón de Inteligencia 601, que dependía de manera directa del G2 y del Comandante en Jefe del Ejército, fue el corazón del sistema represivo; desde y hacia él fluyó de manera constante toda la información de inteligencia utilizada para llevar adelante el plan de exterminio, pero fue responsable además de la implementación del mismo y tuvo el control operativo, actuando como coordinador de los distintos Grupos de Tareas a través de su Central de Reunión. Aportó por otra parte los "especialistas" en interrogatorios, cuya habilidad para extraer información en la mesa de torturas les hizo ganar la admiración de sus jefes: "Gracias a ellos se ganó la guerra", declaró el represor Santiago Omar Riveros -responsable del Centro Clandestino El Campito y de la maternidad de Campo de Mayo donde se practicaba el robo sistemático de bebés-, condenado a perpetua por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda

Desde el punto de vista operacional la maquinaria puesta en marcha para cumplir con los siniestros objetivos del Proceso funcionaba de la siguiente manera: la información recogida por la "comunidad informativa" era remitida al Batallón, allí se la analizaba y clasificaba y de ella surgían los "blancos" sobre los que actuaban luego los Grupos de Tareas.

Las víctimas secuestradas en los operativos eran confinadas en Centros Clandestinos de Detención donde se las torturaba a mansalva con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible.

Esta información era luego trasladada a la Sala de Situación de la Central de Reunión y de allí pasaba al Batallón para ser clasificada, analizada y utilizada para definir nuevos “blancos”, en un ciclo que permanentemente se retroalimentaba. Entre los documentos relacionados con la guerra sucia en la Argentina desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, existe un memorándum elevado a sus jefes por James J. Blystone, Oficial de Seguridad Regional de la Embajada de EEUU en Buenos Aires, en el que figura el organigrama del 601, graficado en un esquema que reproducimos aquí a la derecha (hacer click sobre la imagen para agrandar).

En el mismo puede verse cómo cada Grupo de Tareas, cuyas actividades eran coordinadas a través de la Sala de Situación, tenía asignados sus objetivos específicos, que no quedaban circunscriptos a las organizaciones guerrilleras, sino que incluían a partidos y organizaciones políticas, sindicatos, estudiantes y líderes o activistas religiosos a los que el Batallón consideraba igualmente “peligrosos”.

Esta “división del trabajo” fue corroborada por el represor Juan Antonio del Cerro (a) “Colores” quien declaró ante la justicia que inmediatamente después de que el Ejército tomó el control de la represión “se creó la Central de Reunión y se distribuyeron los Grupos de Tareas, definiendo a qué dependencia iba a estar asignado cada grupo y qué grupo iba a investigar a cada organización terrorista”.

Al Batallón 601 le fue asignado en principio el GT1 que se encargaba del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero entre octubre y noviembre de 1976 éste fue reemplazado por el GT2, que había funcionado hasta entonces en la Superintendencia de Seguridad Federal y actuaba sobre la organización Montoneros. El GT2 pasó a tener su asiento en la propia Central de Reunión, es decir en el sexto piso del edificio de Viamonte y Callao, desde donde salía a operar y tuvo a su cargo entre otras la “operación murciélago” en la que fue secuestrado, trasladado a Campo de Mayo y posteriormente desaparecido, un grupo de militantes Montoneros capturados sin armas en la frontera y en países limítrofes, cuando intentaban reingresar al país en el marco de la “contraofensiva”.

Fue responsable además del secuestro y desaparición de los adolescentes de la “Noche de los Lápices” y del escritor Haroldo Conti. También se ocupó de la implementación en el país del siniestro Plan Cóndor, a través del cual las dictaduras de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay coordinaron el accionar represivo en el plano continental, y se encargó de exportar el “modelo argentino” a Centroamérica, fundamentalmente a Guatemala y a Honduras, donde sus hombres entrenaron a los “Contras” nicaragüenses en la base de Lepaterique, e instruyeron en sus artes al Batallón hondureño de Inteligencia 3-16, cuerpo paramilitar clandestino que sería responsable de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En 1980 la unidad participó además en el denominado “Golpe de la cocaína”, que encaramó en el poder al dictador boliviano Luis García Meza Tejada. El general Alfredo Valín, el coronel Osvaldo Ribeiro, el capitán Héctor Vergez, los PCI José Hoyas y Juan Martín Ciga Correa, Héctor Francés, Jorge O’Higgins, Jorge de la Vega, Emilio Jasón y Mario Davico son algunos de los nombres de quienes fueron a enseñar en el exterior la metodología de terrorismo de estado desarrollada en la Argentina.
Los PCI
El listado publicado por la revista Veintitrés, que en su versión original lleva la firma del actual jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, fue uno de los documentos desclasificados mediante el decreto gubernamental 4/2010, de enero de este año, que, ante un requerimiento del juez federal Manuel Humberto Blanco, eliminó el secreto de estado para la documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante los años 1976 y 1983.

La lista del 601 fue entregada por el titular del Archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, al juez federal Ariel Lijo, quien tuvo a su cargo la causa por la “operación murciélago” y continúa investigando el accionar del siniestro batallón durante la dictadura. Tal como consigna Veintitrés en la nota “Los secretos revelados”, de la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones).

Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios.

Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles “mensajes subversivos” camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades. La información clasificada era la base sobre la cual se definían los “blancos” para los Grupos de Tareas.

Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos.

Algunos de ellos se encuentran acusados por delitos de lesa humanidad y también por crímenes comunes. En el primer grupo se encuentran, por ejemplo, Raúl Guglielminetti, antiguo miembro de la Triple A que luego perteneció al GT que tenía su base en el centro clandestino Automotores Orletti y Santiago Hoya involucrado en la “operación murciélago”.

Al segundo pertenece, entre otros, Roberto “El Oso” Fossa, que integró en los albores de la democracia la banda de policías y militares que secuestró y asesinó al empresario Osvaldo Sivak.
También en democracia
Si bien el Batallón 601 fue en teoría disuelto en diciembre de 1985, en realidad siguió funcionando bajo el nombre de Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM).

La purga realizada por el gobierno de Alfonsín alcanzó sólo a los estamentos más directamente comprometidos y la mayor parte de los PCI del 601 continuaron realizando en democracia informes de inteligencia para las fuerzas armadas. Aunque algunos de ellos fueron dados de baja durante el menemismo por recortes presupuestarios, el grueso –alrededor de 500- recién pasaría a retiro a principios de 2000, cuando acuciado por nuevos recortes en el presupuesto -esta vez del gobierno de De la Rua-, el general Brinzoni se vio obligado a terminar de liquidar los remanentes del ex 601 y a poner en venta su edificio de Callao y Viamonte. Un edificio que, como una premonición que nadie supo o alcanzó a ver, había albergado en la década del ‘50 el cadáver secuestrado y desaparecido de Eva Perón.
Continuidad laboral
De acuerdo con el listado publicado por Veintitrés, Andrés Antonio Raiola, se desempeñó como Agente de Apoyo y Procesamiento en el Batallón de Inteligencia 601 entre 1976 y 1983, existen indicios sin embargo que permiten suponer que habría continuado realizando las mismas actividades en democracia.

A pesar de haber supuestamente abandonado sus funciones en 1983, el PCI Raiola, junto con otros 25 ex compañeros de trabajo (21 de ellos figuran también con sus nombres y apellidos reales en el listado del 601) entabló un juicio al Estado Nacional, el Ministerio de Defensa y el arma Ejército en diciembre de 1998, en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Puesto que no parece dable creer que los citados agentes del 601 hayan esperado 15 años para reclamar judicialmente por su despido, cabe presuponer que todos ellos permanecieron en funciones por lo menos hasta las postrimerías del gobierno de Menem.

A pesar de que es lo que seguramente repetirán, sin apartarse una coma del guión, en caso de ser citados por la justicia, es virtualmente imposible, por la naturaleza del trabajo que realizaban y por la ubicación en el esquema represivo de la unidad en la que se desempeñaban, que los Agentes de Apoyo y Procesamiento del 601 ignoraran que la información que tan prolijamente se dedicaban a clasificar, estaba siendo usada para llevar adelante un plan de exterminio. Aún si no hubiera sido así, con la llegada de la democracia y la revelación pública del horror, tuvieron la oportunidad de arrepentirse de haber formado parte de esa maquinaria, la CONADEP hubiera recibido gustosa sus declaraciones.

Optaron sin embargo por el silencio de la cofradía cómplice y casi como una semiplena confesión de culpabilidad, muchos de ellos decidieron permanecer sin una sola mueca de asco en su antiguo puesto de trabajo, probablemente en las mismas oficinas donde hasta hacía poco se habían desempeñado como eficaces burócratas de la muerte.
Un aparecido
Dentro del PJ de Hurlingham todos coinciden en que Raiola carece de historia como militante en el distrito antes de 1998. Su aparición en escena, o su materialización desde la nada, se habría producido aproximadamente para la época en que comenzaba a entablar la demanda contra el estado y el ejército, presumiblemente por haberlo dejado sin trabajo.

Un poco más acá o más allá de esa fecha cuentan que abrió una Unidad Básica en Villa Tesei, en la calle Ontiveros al 4100, que iba a traerle algunos dolores de cabeza a raíz de un juicio por alquileres impagos. Nadie recuerda con precisión cómo llegó ni tampoco quién lo trajo, aunque algunos le adjudican una cercanía con el ex concejal Oscar Marín , que es quien lo habría colocado –dicen- en la comisión municipal para las personas con discapacidad donde se sigue desempeñando.

Su pasado como personal civil del Batallón de Inteligencia 601 en época de la dictadura, fue revelado el viernes 14 durante una sesión del Concejo Deliberante por el concejal de Nuevo Encuentro, Adrián Eslaiman, y cayó como una bomba en el ambiente político local, que ya creía haber agotado su capacidad de asombro en octubre de 2006, cuando tomó estado público que el ex intendente Juan José Álvarez se había desempeñado como agente de la SIDE durante ese mismo nefasto período de nuestra historia.

El edil sabbatellista entiende que la rapidez con que Raiola se convirtió en un hombre de confianza del ejecutivo es reveladora de que alguien le tendió una mano y considera que no es extraño que estas cosas pasen en Hurlingham que es uno de los pocos municipios del conurbano que sigue sin tener Dirección de Derechos Humanos y en donde no parece casual que esa temática haya estado siempre ausente en la agenda del intendente Acuña.
FuentedeOrigen:http://www.espejonet.com.ar

Fuente:Rdendh