UN AMPLIO ARCO SOCIAL Y POLITICO ACORDO IMPULSAR EN LA PROVINCIA UNA ALTERNATIVA A LA MANO DURA CONTRA EL DELITO
En busca de una seguridad con valores democráticos
Dirigentes sociales, de organismos de derechos humanos y de distintos partidos políticos firmaron un acuerdo con propuestas para resolver de manera democrática la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Crítico diagnóstico a las políticas actuales.
Por Emilio Ruchansky
El retroceso en la reforma de seguridad pública iniciada en los últimos años, la hegemonía de las ideas autoritarias ante la llamada “ola de inseguridad” y autonomización de la policía fueron las preocupaciones más recurrentes de la jornada sobre “Gestión civil, transformación democrática y seguridad”. Entre los oradores reunidos en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, hubo diputados de distintas fuerzas políticas, especialistas como León Arslanian o Marcelo Saín y referentes de organizaciones sociales. Todos firmaron el Acuerdo para la Seguridad Democrática en la Provincia de Buenos Aires, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es un paso gigante acordar un piso mínimo más allá de las diferencias”, dijo el diputado Martín Sabbatella. A su lado estaban, entre otros, Ricardo Alfonsín y Felipe Solá.
La jornada constó de dos paneles, en el primero se expusieron conceptos sobre la seguridad como política de Estado, en el segundo disertaron expertos en la materia. Uno de los organizadores, Alejandro Mosquera, de la Comisión por la Memoria, objetó la actual “demagogia punitiva” por su “rasgo antidemocrático y autoritario y la ineficacia comprobada para mejorar la seguridad”. “Estamos aquí para decirle ‘nunca más’ a la mano dura, a la violencia policial y al hacinamiento carcelario”, dijo Mosquera, quien propugnó una solución integral al problema a partir de más y mejores políticas sociales.
Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, remarcó el avance del narcotráfico en la provincia como generador de violencia. “Tenemos que combatirlo sin criminalizar a los consumidores”, aclaró el diputado. Luego habló Eduardo Macaluse, del bloque Solidaridad e Igualdad, quien citó al politólogo Murray Edelman: “Establecer una serie de sucesos como un problema implica una doble operación ideológica. Es priorizar un tema y a la vez contrabandear una solución enlatada”. La crítica era para los medios de comunicación y la “política delivery”. “Dan soluciones en cinco segundos: aumento de la penas, mano dura o pena de muerte”, dijo.
¿Por qué a los progresistas les cuesta tanto hablar de la inseguridad? La pregunta, planteada por el diputado Gerardo Milman del GEN, recibió la misma respuesta en diferentes intervenciones: porque el tema siempre fue patrimonio de la derecha autoritaria. “Esa derecha siempre relaciona inseguridad con pobreza, pero en los sectores altos están los delitos más complejos y tecnificados, como el narcotráfico internacional”, indicó Milman. Jorge Ceballos, de Libres del Sur, retomó la asociación entre pobreza y delito y mencionó las estigmatizaciones por clase y edad: “Nosotros decimos que los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”. En representación de la CTA disertó Hugo Godoy, quien mencionó algunos retrocesos: el cambio en la jerarquía policial, la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses y la gran cantidad de jóvenes dentro de la población carcelaria. A su lado, Martha Arriola recordó los intentos frustrados por democratizar la seguridad pública, por ejemplo la reforma policial implementada por Arslanian o los foros de seguridad ciudadana. Ricardo Alfonsín llegó justo para cerrar el panel. Agitado, el radical criticó la doble moral de la derecha: “Es fácil ser bueno y respetar la ley cuando uno come, sus padres trabajan y tienen casa”.
Entre el público había defensores, fiscales, jueces, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e integrantes de diferentes organizaciones sociales. También estaban Horacio Verbitsky, presidente del CELS; el diputado del Peronismo Federal Felipe Solá y el rabino Daniel Goldman. El auditorio del primer piso del Pasaje Dardo Rocha congregó alrededor de 300 personas, que pudieron llevarse una copia del acuerdo suscripto por la personalidades presentes y otras tantas que no estuvieron.
El segundo panel, el de los expertos, fue coordinado por el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón. El primero en hablar fue el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien al igual que Milman mostró su preocupación por “la criminalidad de los poderosos”. Chillier también aseguró que la violencia en los sectores de bajos recursos “es muchas veces la única opción de construir identidad y reconocimiento por lo que deberíamos buscar otros mecanismos para construir identidad, vínculos y redes sociales”.
Para Alberto Binder, en la última década los sectores autoritarios lograron rearmarse y entrar al escenario político. “Si no fortalecemos la seguridad estatal, nos vamos a quedar limitados a construir una vida artificial de paz”, dijo el jurista, en una alusión a la expansión de los countries. “La sociedad pide cambios de fondo –estimó–, pero sólo se hacen cambios de instrumentos. Hace falta sentar las bases pensando en 20 años adelante. Por lo pronto, tenemos que establecer la base para que el próximo año electoral no arrastre a una demagogia pueril y perdamos de vista el objetivo de una democracia inclusiva.”
La persona más mencionada en los distintos discursos de los panelistas fue Arslanian, quien cerró el panel recordando algunos hitos de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Nosotros convocamos a trabajar a otros sectores académicos y educativos, por ejemplo. Y sancionamos dos leyes, la 12.154 y la 12.155, para reformar la política de seguridad”, dijo Arslanian, quien denunció el actual “policiamiento”. A su parecer, hay una “necedad absoluta” entre los que creen que la policía puede resolver todo: “Tienen que saber que la seguridad no es un problema de la policía, al contrario, la policía es parte del problema”.
El texto del acuerdo
El Acuerdo para una política de seguridad democrática firmado en diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria observa con gran preocupación los retrocesos en materia de seguridad pública que representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales. Frente a esa realidad, este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país.
Entre las numerosas regresiones ocurridas en materia de seguridad, se destacan:
- El desmantelamiento de los mecanismos que posibilitaban la gestión civil de la seguridad y la delegación del gobierno de la seguridad pública a la propia policía.
- La creación de una jefatura centralizada que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima “cúpula” integrada por comisarios generales el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares.
- La cesantía del personal civil y la restitución de las facultades policiales de investigación en la Auditoría de Asuntos Internos, un organismo especializado en la indagación y sanción administrativa de las irregularidades cometidas por los miembros de la fuerza policial.
- El traspaso de la potestad de realizar sumarios y aplicar sanciones disciplinarias de la dirección civil al jefe de policía.
- La reforma del estatuto policial que desalienta la profesionalización de la fuerza elimina la lógica de la especialización y recrea los escalafones Comando y General (antes Oficiales y Suboficiales), lo que representa una vuelta a la tradición de estamentos propia de las instituciones militarizadas.
- La reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia y la consecuente degradación del área ministerial en una secretaría que reduce las capacidades institucionales para ejercer el control civil y refuerza aún más la autonomía policial.
- La desarticulación de los mecanismos de control externo que se ejercían mediante los foros de seguridad y en coordinación con los gobiernos municipales, y el vaciamiento del área de participación y de las demás herramientas de control y evaluación comunitaria del funcionamiento policial.
- La eliminación de la autonomía del sistema centralizado de emergencias (línea 911) que dependía de las autoridades civiles del ministerio y funcionaba con personas especialmente preparadas para la atención telefónica, pero fueron reemplazadas por personal del área de seguridad sin capacidad técnica en la materia.
- Las propuestas de modificación del Código de Faltas y de la ley que regula los principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño de la Provincia de Buenos Aires, que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad para privar de la libertad a personas, poniendo en serio riesgo las libertades de los habitantes de la provincia y en particular de los menores de edad.
- La aprobación de una modificación del Código Procesal Penal provincial que restringe aún más las excarcelaciones, al establecer como no excarcelables los delitos cometidos con armas de fuego y aquellos en los que se haya utilizado a un menor de edad.
Estas políticas ya han sido probadas por varios gobiernos provinciales a lo largo de los últimos quince años, y su nulo impacto sobre la reducción del delito y las graves consecuencias que acarrean en términos de violación de derechos y garantías individuales permiten predecir su fracaso.
Por otra parte, la interrupción de algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad que tuvieron resultados positivos y el desmantelamiento de mecanismos de control que estaban en funcionamiento agravan los costos institucionales de estas intervenciones y alejan las posibilidades de dar una respuesta satisfactoria a los problemas.
Es por todo ello que los firmantes del Acuerdo realizan un llamamiento a los actores institucionales y sociales de la provincia de Buenos Aires para que asuman con responsabilidad desde el campo democrático la discusión de aquellas políticas públicas que se encuentran implementadas y en debate, y proponen algunas acciones que deberían formar parte de una agenda de seguridad democrática:
- Recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil de la gestión de la seguridad, especialmente los vinculados con el control disciplinario, producción de información, gestión de emergencias (Sistema 911) y de evaluación operativa de la fuerza policial.
- Retomar la orientación hacia la especialización, modernización funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección de la autoridad civil del Ministerio de Seguridad, y poner fin al autogobierno policial.
- Recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
- Frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, e impulsar en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.
- Promover la profesionalización de la investigación penal a través de la creación de una policía judicial que garantice la especialización, un alto nivel técnico y científico y su estricta separación de las tareas policiales de prevención.
- Promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento provincial, que incluya la desmilitarización y reestructuración del Servicio Penitenciario provincial; la democratización y profesionalización del sistema de encierro de jóvenes; el cumplimiento de la prohibición de mantener personas presas en comisarías, y el establecimiento de mecanismos de control interno y externo ejercidos por autoridades civiles.
- Ejercer un estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.
- Implementar el riguroso cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH), de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU) y del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.
- Promover la creación de un Observatorio Provincial del Delito y la Violencia e impulsar su extensión a los municipios.
“Generar consensos”
En los cinco minutos que tenía para exponer, Marcelo Saín se dedicó a analizar por qué sigue siendo viable, políticamente hablando, el autoritarismo impulsado por la derecha. “En principio porque sirve para disciplinar a ciertos sectores que ‘sobran’ para ellos, no para nosotros, que somos inclusivos”, dijo. Además, el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estimó el rol crucial de la policía para ciertos sectores políticos: “Sirven para controlar el delito... lo regulan, son parte de él. Controlan que la magnitud del delito no toque a los políticos involucrados”.
Saín ejemplificó estas prácticas con el narcotráfico que “hace diez años era una microemprendimiento, y hoy es más complejo y tiene otra envergadura”. La espuria relación entre políticos y jerarcas policiales parece un negocio perfecto: “La policía tiene capacidad de autofinanciarse con recursos externos, controla y disciplina y repito: no cuesta desde lo financiero”. Para Saín, es preciso elaborar proyectos, tener equipos de gestión y construir legitimidad política y social. “Para esto también tenemos que generar consensos con la derecha democrática, negociar sentando nuestras bases. Si no lo hacemos, nos vamos a ir a casa con nuestras banderas pero se perpetúa la violencia”, concluyó.
FuentedeOrigen:Pagina12
En busca de una seguridad con valores democráticos
Dirigentes sociales, de organismos de derechos humanos y de distintos partidos políticos firmaron un acuerdo con propuestas para resolver de manera democrática la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Crítico diagnóstico a las políticas actuales.
Por Emilio Ruchansky
El retroceso en la reforma de seguridad pública iniciada en los últimos años, la hegemonía de las ideas autoritarias ante la llamada “ola de inseguridad” y autonomización de la policía fueron las preocupaciones más recurrentes de la jornada sobre “Gestión civil, transformación democrática y seguridad”. Entre los oradores reunidos en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, hubo diputados de distintas fuerzas políticas, especialistas como León Arslanian o Marcelo Saín y referentes de organizaciones sociales. Todos firmaron el Acuerdo para la Seguridad Democrática en la Provincia de Buenos Aires, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es un paso gigante acordar un piso mínimo más allá de las diferencias”, dijo el diputado Martín Sabbatella. A su lado estaban, entre otros, Ricardo Alfonsín y Felipe Solá.La jornada constó de dos paneles, en el primero se expusieron conceptos sobre la seguridad como política de Estado, en el segundo disertaron expertos en la materia. Uno de los organizadores, Alejandro Mosquera, de la Comisión por la Memoria, objetó la actual “demagogia punitiva” por su “rasgo antidemocrático y autoritario y la ineficacia comprobada para mejorar la seguridad”. “Estamos aquí para decirle ‘nunca más’ a la mano dura, a la violencia policial y al hacinamiento carcelario”, dijo Mosquera, quien propugnó una solución integral al problema a partir de más y mejores políticas sociales.
Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, remarcó el avance del narcotráfico en la provincia como generador de violencia. “Tenemos que combatirlo sin criminalizar a los consumidores”, aclaró el diputado. Luego habló Eduardo Macaluse, del bloque Solidaridad e Igualdad, quien citó al politólogo Murray Edelman: “Establecer una serie de sucesos como un problema implica una doble operación ideológica. Es priorizar un tema y a la vez contrabandear una solución enlatada”. La crítica era para los medios de comunicación y la “política delivery”. “Dan soluciones en cinco segundos: aumento de la penas, mano dura o pena de muerte”, dijo.
¿Por qué a los progresistas les cuesta tanto hablar de la inseguridad? La pregunta, planteada por el diputado Gerardo Milman del GEN, recibió la misma respuesta en diferentes intervenciones: porque el tema siempre fue patrimonio de la derecha autoritaria. “Esa derecha siempre relaciona inseguridad con pobreza, pero en los sectores altos están los delitos más complejos y tecnificados, como el narcotráfico internacional”, indicó Milman. Jorge Ceballos, de Libres del Sur, retomó la asociación entre pobreza y delito y mencionó las estigmatizaciones por clase y edad: “Nosotros decimos que los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”. En representación de la CTA disertó Hugo Godoy, quien mencionó algunos retrocesos: el cambio en la jerarquía policial, la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses y la gran cantidad de jóvenes dentro de la población carcelaria. A su lado, Martha Arriola recordó los intentos frustrados por democratizar la seguridad pública, por ejemplo la reforma policial implementada por Arslanian o los foros de seguridad ciudadana. Ricardo Alfonsín llegó justo para cerrar el panel. Agitado, el radical criticó la doble moral de la derecha: “Es fácil ser bueno y respetar la ley cuando uno come, sus padres trabajan y tienen casa”.
Entre el público había defensores, fiscales, jueces, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e integrantes de diferentes organizaciones sociales. También estaban Horacio Verbitsky, presidente del CELS; el diputado del Peronismo Federal Felipe Solá y el rabino Daniel Goldman. El auditorio del primer piso del Pasaje Dardo Rocha congregó alrededor de 300 personas, que pudieron llevarse una copia del acuerdo suscripto por la personalidades presentes y otras tantas que no estuvieron.
El segundo panel, el de los expertos, fue coordinado por el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón. El primero en hablar fue el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien al igual que Milman mostró su preocupación por “la criminalidad de los poderosos”. Chillier también aseguró que la violencia en los sectores de bajos recursos “es muchas veces la única opción de construir identidad y reconocimiento por lo que deberíamos buscar otros mecanismos para construir identidad, vínculos y redes sociales”.
Para Alberto Binder, en la última década los sectores autoritarios lograron rearmarse y entrar al escenario político. “Si no fortalecemos la seguridad estatal, nos vamos a quedar limitados a construir una vida artificial de paz”, dijo el jurista, en una alusión a la expansión de los countries. “La sociedad pide cambios de fondo –estimó–, pero sólo se hacen cambios de instrumentos. Hace falta sentar las bases pensando en 20 años adelante. Por lo pronto, tenemos que establecer la base para que el próximo año electoral no arrastre a una demagogia pueril y perdamos de vista el objetivo de una democracia inclusiva.”
La persona más mencionada en los distintos discursos de los panelistas fue Arslanian, quien cerró el panel recordando algunos hitos de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Nosotros convocamos a trabajar a otros sectores académicos y educativos, por ejemplo. Y sancionamos dos leyes, la 12.154 y la 12.155, para reformar la política de seguridad”, dijo Arslanian, quien denunció el actual “policiamiento”. A su parecer, hay una “necedad absoluta” entre los que creen que la policía puede resolver todo: “Tienen que saber que la seguridad no es un problema de la policía, al contrario, la policía es parte del problema”.
El texto del acuerdo
El Acuerdo para una política de seguridad democrática firmado en diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria observa con gran preocupación los retrocesos en materia de seguridad pública que representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales. Frente a esa realidad, este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país.
Entre las numerosas regresiones ocurridas en materia de seguridad, se destacan:
- El desmantelamiento de los mecanismos que posibilitaban la gestión civil de la seguridad y la delegación del gobierno de la seguridad pública a la propia policía.
- La creación de una jefatura centralizada que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima “cúpula” integrada por comisarios generales el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares.
- La cesantía del personal civil y la restitución de las facultades policiales de investigación en la Auditoría de Asuntos Internos, un organismo especializado en la indagación y sanción administrativa de las irregularidades cometidas por los miembros de la fuerza policial.
- El traspaso de la potestad de realizar sumarios y aplicar sanciones disciplinarias de la dirección civil al jefe de policía.
- La reforma del estatuto policial que desalienta la profesionalización de la fuerza elimina la lógica de la especialización y recrea los escalafones Comando y General (antes Oficiales y Suboficiales), lo que representa una vuelta a la tradición de estamentos propia de las instituciones militarizadas.
- La reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia y la consecuente degradación del área ministerial en una secretaría que reduce las capacidades institucionales para ejercer el control civil y refuerza aún más la autonomía policial.
- La desarticulación de los mecanismos de control externo que se ejercían mediante los foros de seguridad y en coordinación con los gobiernos municipales, y el vaciamiento del área de participación y de las demás herramientas de control y evaluación comunitaria del funcionamiento policial.
- La eliminación de la autonomía del sistema centralizado de emergencias (línea 911) que dependía de las autoridades civiles del ministerio y funcionaba con personas especialmente preparadas para la atención telefónica, pero fueron reemplazadas por personal del área de seguridad sin capacidad técnica en la materia.
- Las propuestas de modificación del Código de Faltas y de la ley que regula los principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño de la Provincia de Buenos Aires, que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad para privar de la libertad a personas, poniendo en serio riesgo las libertades de los habitantes de la provincia y en particular de los menores de edad.
- La aprobación de una modificación del Código Procesal Penal provincial que restringe aún más las excarcelaciones, al establecer como no excarcelables los delitos cometidos con armas de fuego y aquellos en los que se haya utilizado a un menor de edad.
Estas políticas ya han sido probadas por varios gobiernos provinciales a lo largo de los últimos quince años, y su nulo impacto sobre la reducción del delito y las graves consecuencias que acarrean en términos de violación de derechos y garantías individuales permiten predecir su fracaso.
Por otra parte, la interrupción de algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad que tuvieron resultados positivos y el desmantelamiento de mecanismos de control que estaban en funcionamiento agravan los costos institucionales de estas intervenciones y alejan las posibilidades de dar una respuesta satisfactoria a los problemas.
Es por todo ello que los firmantes del Acuerdo realizan un llamamiento a los actores institucionales y sociales de la provincia de Buenos Aires para que asuman con responsabilidad desde el campo democrático la discusión de aquellas políticas públicas que se encuentran implementadas y en debate, y proponen algunas acciones que deberían formar parte de una agenda de seguridad democrática:
- Recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil de la gestión de la seguridad, especialmente los vinculados con el control disciplinario, producción de información, gestión de emergencias (Sistema 911) y de evaluación operativa de la fuerza policial.
- Retomar la orientación hacia la especialización, modernización funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección de la autoridad civil del Ministerio de Seguridad, y poner fin al autogobierno policial.
- Recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.
- Frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, e impulsar en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.
- Promover la profesionalización de la investigación penal a través de la creación de una policía judicial que garantice la especialización, un alto nivel técnico y científico y su estricta separación de las tareas policiales de prevención.
- Promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento provincial, que incluya la desmilitarización y reestructuración del Servicio Penitenciario provincial; la democratización y profesionalización del sistema de encierro de jóvenes; el cumplimiento de la prohibición de mantener personas presas en comisarías, y el establecimiento de mecanismos de control interno y externo ejercidos por autoridades civiles.
- Ejercer un estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.
- Implementar el riguroso cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH), de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU) y del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.
- Promover la creación de un Observatorio Provincial del Delito y la Violencia e impulsar su extensión a los municipios.
“Generar consensos”
En los cinco minutos que tenía para exponer, Marcelo Saín se dedicó a analizar por qué sigue siendo viable, políticamente hablando, el autoritarismo impulsado por la derecha. “En principio porque sirve para disciplinar a ciertos sectores que ‘sobran’ para ellos, no para nosotros, que somos inclusivos”, dijo. Además, el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estimó el rol crucial de la policía para ciertos sectores políticos: “Sirven para controlar el delito... lo regulan, son parte de él. Controlan que la magnitud del delito no toque a los políticos involucrados”.
Saín ejemplificó estas prácticas con el narcotráfico que “hace diez años era una microemprendimiento, y hoy es más complejo y tiene otra envergadura”. La espuria relación entre políticos y jerarcas policiales parece un negocio perfecto: “La policía tiene capacidad de autofinanciarse con recursos externos, controla y disciplina y repito: no cuesta desde lo financiero”. Para Saín, es preciso elaborar proyectos, tener equipos de gestión y construir legitimidad política y social. “Para esto también tenemos que generar consensos con la derecha democrática, negociar sentando nuestras bases. Si no lo hacemos, nos vamos a ir a casa con nuestras banderas pero se perpetúa la violencia”, concluyó.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Rdendh
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