EN LOS PROXIMOS DIAS COMIENZAN CINCO JUICIOS A REPRESORES QUE ACTUARON EN LA DICTADURA Y EN SEPTIEMBRE, OTRO MAS
Una vieja deuda que la Justicia comienza a saldar
Algunos ya han sido condenados en todo el país, otros están siendo juzgados en ocho juicios en la actualidad y en las próximas semanas habrá cinco nuevos procesos en marcha. Un informe completo de la marcha de la Justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos.
Por Alejandra Dandan
Se abre una nueva etapa de juicios orales por los delitos de lesa humanidad. Con acumulación de causas y la perspectiva del demorado inicio de los juicios orales en Mendoza, en las próximas semanas empezarán cuatro nuevos procesos. Se harán en Santa Fe, San Rafael, Córdoba y Rosario. Para septiembre, en tanto, está previsto el comienzo del juicio oral por el plan sistemático de apropiación de menores en la Ciudad de Buenos Aires. En alguna de las causas se evaluarán los crímenes cometidos en los centros clandestinos, y la de Mendoza avanzará contra lo que los querellantes definen como “el entramado de impunidad que impidió hasta ahora el avance de las causas”. La lista se suma a los ocho juicios orales que siguen desarrollándose actualmente en el país y a los cinco con condenas de 2010.
Santa Fe, el comienzo
El próximo miércoles 22 empieza el juicio contra Mario Facino, jefe de la comisaría 4ª de Santa Fe hasta fines de 1976 y luego ascendido a jefe del Comando Radioeléctrico hasta el 14 de agosto de 1979. Será el tercer juicio oral por los crímenes de la dictadura y el primero que incluye la figura del “homicidio”, que prevé una pena a perpetua. Facino irá a juicio por el secuestro y homicidio de Alicia López de Rodríguez, una maestra, militante de las Ligas Agrarias, madre de tres hijos y esposa de un magistrado, también militante, que a esa altura estaba detenido en la cárcel de Rawson. A ella la secuestró una patota integrada por unas veinte personas, el 21 de octubre de 1976, mientras estaba en la casa de su suegra.
Para Lucila Puyol, de Hijos, es una de las causas emblemáticas de la provincia: revela el rol de la comisaría 4ª en el circuito de la represión. Según los datos de los organismos de derechos humanos, la comisaría solía ser uno de los primeros lugares al que eran trasladados los detenidos. Luego, muchos eran llevados a otros destinos, entre ellos a los centros clandestinos conocidos como “las casitas” que estaban fuera de la ciudad. “Alicia fue muy torturada y violada en la comisaría”, dice Puyol. “Sus compañeros dicen que la vieron muy mal físicamente, y obviamente no fue atendida y finalmente alguno de ellos la vio muerta en la misma comisaría.”
El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Pasarán alrededor de 28 testigos. Entre ellos, Osvaldo Lovey, uno de los dirigentes legendarios de las Ligas Agrarias. Cuando concluya el proceso, Facino recibirá probablemente su segunda condena. El ex comisario fue condenado a 20 años de prisión durante el juicio al ex juez Víctor Brusa. En el momento de la sentencia Rosario/12 indicó que allí quedó demostrado, entre otros datos, que el ex jefe de la comisaría 4ª “resultó una pieza clave en el cumplimiento del plan sistemático”. La oficina donde se hacían las torturas “se encontraba contigua a su despacho (el de Facino), quien como jefe de la seccional concurría a su trabajo a cualquier horario”.
San Rafael, el “Negro” Tripiana
Para Mendoza se aproxima una fecha histórica. Para el 1º de julio está previsto el inicio del primer juicio oral de la provincia por el secuestro y desaparición de Francisco Tripiana, un obrero de la construcción, trabajador de la cosecha de uva y militante de la JP, secuestrado de su casa en San Rafael en la madrugada del golpe de Estado de 1976. Por la acumulación de causas, el juicio incluirá además el secuestro y desaparición de Guillermo Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, todos militantes justicialistas, ninguno con estudios universitarios.
Mariano es el hijo de Francisco Tripiana. Tenía ocho meses cuando una patota entró a la casa para llevarse a su padre. Todavía intenta saber quién era él, buscando a amigos de la vida y militantes. “Yo estoy reconstruyendo la historia –dice–, su militancia social, pero más allá de los años que pasaron nunca pude hacer el duelo, pasaron 34 años en los que yo hoy tengo cuatro hijos, nietos de un desaparecido, y siempre que cuento esto me quiebro.”
El juicio va a estar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 integrado por Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad. No habrá feria judicial. Los imputados son el ex jefe del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; Aníbal Alberto Guevara Molina, teniente del Ejército; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza; Juan Roberto Labarta Sánchez, oficial de la policía de Investigaciones D-2; José Martín Mussere Quintero, oficial de la policía de Mendoza; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía, y Raúl Egea Bernal, abogado de la Policía.
“Es el primer juicio oral por los crímenes contra la humanidad en Mendoza –dice el abogado Pablo Salinas–, y creo que lo más importante es haber roto el entramado de impunidad que hacía que no se pudieran hacer hasta ahora los juicios en esta provincia.”
Córdoba, la unificación
Un día mas tarde, el 2 de julio empieza en Córdoba un juicio oral contra Eduardo Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 31 imputados. El juicio reúne dos causas. La primera es el expediente conocido como Gontero en la que se investigan secuestros y tormentos sobre 11 personas, detenidas y trasladas a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo del Ejército tenía en el campo de “La Rivera” y finalmente a la Unidad Penitenciaria Nº 1. La otra causa, a la que luego de la acumulación se la considera como expediente principal, es por el fusilamiento de 31 presos políticos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y que fueron sacados para un supuesto traslado y ejecutados. Las dos causas tienen responsables y seis víctimas en común. Esa fue una de las razones por las que se unificó el expediente. Pero no la única. “En los dos episodios intervino el mismo Comando del Tercer Cuerpo del Ejército”, dice a Página/12 Martín Fresneda, abogado de la querella, que además señala una coincidencia en el circuito represivo. La política de acumulación de causas es uno de los reclamos de los organismos de derechos humanos porque no sólo acelera los procesos. Sirve además para entender la sistematicidad de las políticas represivas. “Las personas estaban detenidas en la Unidad Penal Nº 1, pero muchas veces se los llevaban a realizar un interrogatorio ilegal en la Rivera o en la D-2 del Pasaje Santa Catalina, y se probó –dice el abogado– que en esos traslados mataron a dos personas”. A diferencia de otras causas, lo singular es que las víctimas eran presos políticos a disposición del PEN, del Ejército y de la Justicia Federal, dice Fresneda. Por eso, el juicio “va a evidenciar sin lugar a dudas unos niveles de complicidad de la Justicia, por la sujeción del Poder Judicial al poder militar”.
Rosario
El próximo juicio comenzará el 21 de julio por el centro clandestino de detención que funcionó en la sección Informes de la Jefatura de la Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas. Fue el centro clandestino más importante de Rosario. Por ahí pasó la mayor parte de las víctimas y hubo algunos sobrevivientes. El edificio que estaba en pleno centro de la ciudad estaba operativamente acondicionado: en los pisos superiores se hacían las torturas y los que llegaban a los subsuelos sabían que probablemente iban a sobrevivir. Pese a que durante muchos años continuó a cargo de la policía, ahora es la sede del gobierno santafesino en Rosario. Ana Oberlín es una de las abogadas de Hijos. “Rosario tiene una particularidad –dijo–, estaba muy definido el territorio que correspondía al grupo operativo de la Policía y al del Ejército, la pelea era por los botines de guerra, porque además de todo hacían secuestros comunes para extorsionar.” El edificio de la policía estaba comandado por ellos.
La causa conocida como Agustín Feced, por el gendarme que fue jefe de la Policía de Rosario durante la represión, empezó a instruirse en los ’80. Feced luego murió. Y hoy la lista de imputados incluye al ex militar Ramón Díaz Bessone; José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch, dos civiles ex detenidos a quienes la organización Hijos considera como víctimas y no imputa penalmente. El juicio estará en manos del Tribunal Oral Nº 2, pasarán unos 120 testigos y se calcula que el proceso se extenderá durante un año.
Buenos Aires
El calendario de los próximos juicios orales culmina el 20 de septiembre en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal Nº 6 iniciará ese día un proceso contra Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco por 33 casos de apropiación de menores durante la última dictadura. Se trata del llamado “Plan Sistemático”. Los acusados están imputados por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. En el juicio se intentará probar que existió un plan sistemático de sustracción de menores y se juzgará a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de María Victoria Donda.
Mapa de los juicios que forma parte de un cartel de la agrupación Hijos, donde se convoca a concurrir a las sesiones de los tribunales. Click en la imagen para ampliar
Una vieja deuda que la Justicia comienza a saldar
Algunos ya han sido condenados en todo el país, otros están siendo juzgados en ocho juicios en la actualidad y en las próximas semanas habrá cinco nuevos procesos en marcha. Un informe completo de la marcha de la Justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos.
Por Alejandra DandanSe abre una nueva etapa de juicios orales por los delitos de lesa humanidad. Con acumulación de causas y la perspectiva del demorado inicio de los juicios orales en Mendoza, en las próximas semanas empezarán cuatro nuevos procesos. Se harán en Santa Fe, San Rafael, Córdoba y Rosario. Para septiembre, en tanto, está previsto el comienzo del juicio oral por el plan sistemático de apropiación de menores en la Ciudad de Buenos Aires. En alguna de las causas se evaluarán los crímenes cometidos en los centros clandestinos, y la de Mendoza avanzará contra lo que los querellantes definen como “el entramado de impunidad que impidió hasta ahora el avance de las causas”. La lista se suma a los ocho juicios orales que siguen desarrollándose actualmente en el país y a los cinco con condenas de 2010.
Santa Fe, el comienzo
El próximo miércoles 22 empieza el juicio contra Mario Facino, jefe de la comisaría 4ª de Santa Fe hasta fines de 1976 y luego ascendido a jefe del Comando Radioeléctrico hasta el 14 de agosto de 1979. Será el tercer juicio oral por los crímenes de la dictadura y el primero que incluye la figura del “homicidio”, que prevé una pena a perpetua. Facino irá a juicio por el secuestro y homicidio de Alicia López de Rodríguez, una maestra, militante de las Ligas Agrarias, madre de tres hijos y esposa de un magistrado, también militante, que a esa altura estaba detenido en la cárcel de Rawson. A ella la secuestró una patota integrada por unas veinte personas, el 21 de octubre de 1976, mientras estaba en la casa de su suegra.
Para Lucila Puyol, de Hijos, es una de las causas emblemáticas de la provincia: revela el rol de la comisaría 4ª en el circuito de la represión. Según los datos de los organismos de derechos humanos, la comisaría solía ser uno de los primeros lugares al que eran trasladados los detenidos. Luego, muchos eran llevados a otros destinos, entre ellos a los centros clandestinos conocidos como “las casitas” que estaban fuera de la ciudad. “Alicia fue muy torturada y violada en la comisaría”, dice Puyol. “Sus compañeros dicen que la vieron muy mal físicamente, y obviamente no fue atendida y finalmente alguno de ellos la vio muerta en la misma comisaría.”
El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Pasarán alrededor de 28 testigos. Entre ellos, Osvaldo Lovey, uno de los dirigentes legendarios de las Ligas Agrarias. Cuando concluya el proceso, Facino recibirá probablemente su segunda condena. El ex comisario fue condenado a 20 años de prisión durante el juicio al ex juez Víctor Brusa. En el momento de la sentencia Rosario/12 indicó que allí quedó demostrado, entre otros datos, que el ex jefe de la comisaría 4ª “resultó una pieza clave en el cumplimiento del plan sistemático”. La oficina donde se hacían las torturas “se encontraba contigua a su despacho (el de Facino), quien como jefe de la seccional concurría a su trabajo a cualquier horario”.
San Rafael, el “Negro” Tripiana
Para Mendoza se aproxima una fecha histórica. Para el 1º de julio está previsto el inicio del primer juicio oral de la provincia por el secuestro y desaparición de Francisco Tripiana, un obrero de la construcción, trabajador de la cosecha de uva y militante de la JP, secuestrado de su casa en San Rafael en la madrugada del golpe de Estado de 1976. Por la acumulación de causas, el juicio incluirá además el secuestro y desaparición de Guillermo Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, todos militantes justicialistas, ninguno con estudios universitarios.
Mariano es el hijo de Francisco Tripiana. Tenía ocho meses cuando una patota entró a la casa para llevarse a su padre. Todavía intenta saber quién era él, buscando a amigos de la vida y militantes. “Yo estoy reconstruyendo la historia –dice–, su militancia social, pero más allá de los años que pasaron nunca pude hacer el duelo, pasaron 34 años en los que yo hoy tengo cuatro hijos, nietos de un desaparecido, y siempre que cuento esto me quiebro.”
El juicio va a estar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 integrado por Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad. No habrá feria judicial. Los imputados son el ex jefe del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; Aníbal Alberto Guevara Molina, teniente del Ejército; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza; Juan Roberto Labarta Sánchez, oficial de la policía de Investigaciones D-2; José Martín Mussere Quintero, oficial de la policía de Mendoza; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía, y Raúl Egea Bernal, abogado de la Policía.
“Es el primer juicio oral por los crímenes contra la humanidad en Mendoza –dice el abogado Pablo Salinas–, y creo que lo más importante es haber roto el entramado de impunidad que hacía que no se pudieran hacer hasta ahora los juicios en esta provincia.”
Córdoba, la unificación
Un día mas tarde, el 2 de julio empieza en Córdoba un juicio oral contra Eduardo Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 31 imputados. El juicio reúne dos causas. La primera es el expediente conocido como Gontero en la que se investigan secuestros y tormentos sobre 11 personas, detenidas y trasladas a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo del Ejército tenía en el campo de “La Rivera” y finalmente a la Unidad Penitenciaria Nº 1. La otra causa, a la que luego de la acumulación se la considera como expediente principal, es por el fusilamiento de 31 presos políticos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y que fueron sacados para un supuesto traslado y ejecutados. Las dos causas tienen responsables y seis víctimas en común. Esa fue una de las razones por las que se unificó el expediente. Pero no la única. “En los dos episodios intervino el mismo Comando del Tercer Cuerpo del Ejército”, dice a Página/12 Martín Fresneda, abogado de la querella, que además señala una coincidencia en el circuito represivo. La política de acumulación de causas es uno de los reclamos de los organismos de derechos humanos porque no sólo acelera los procesos. Sirve además para entender la sistematicidad de las políticas represivas. “Las personas estaban detenidas en la Unidad Penal Nº 1, pero muchas veces se los llevaban a realizar un interrogatorio ilegal en la Rivera o en la D-2 del Pasaje Santa Catalina, y se probó –dice el abogado– que en esos traslados mataron a dos personas”. A diferencia de otras causas, lo singular es que las víctimas eran presos políticos a disposición del PEN, del Ejército y de la Justicia Federal, dice Fresneda. Por eso, el juicio “va a evidenciar sin lugar a dudas unos niveles de complicidad de la Justicia, por la sujeción del Poder Judicial al poder militar”.
Rosario
El próximo juicio comenzará el 21 de julio por el centro clandestino de detención que funcionó en la sección Informes de la Jefatura de la Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas. Fue el centro clandestino más importante de Rosario. Por ahí pasó la mayor parte de las víctimas y hubo algunos sobrevivientes. El edificio que estaba en pleno centro de la ciudad estaba operativamente acondicionado: en los pisos superiores se hacían las torturas y los que llegaban a los subsuelos sabían que probablemente iban a sobrevivir. Pese a que durante muchos años continuó a cargo de la policía, ahora es la sede del gobierno santafesino en Rosario. Ana Oberlín es una de las abogadas de Hijos. “Rosario tiene una particularidad –dijo–, estaba muy definido el territorio que correspondía al grupo operativo de la Policía y al del Ejército, la pelea era por los botines de guerra, porque además de todo hacían secuestros comunes para extorsionar.” El edificio de la policía estaba comandado por ellos.
La causa conocida como Agustín Feced, por el gendarme que fue jefe de la Policía de Rosario durante la represión, empezó a instruirse en los ’80. Feced luego murió. Y hoy la lista de imputados incluye al ex militar Ramón Díaz Bessone; José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch, dos civiles ex detenidos a quienes la organización Hijos considera como víctimas y no imputa penalmente. El juicio estará en manos del Tribunal Oral Nº 2, pasarán unos 120 testigos y se calcula que el proceso se extenderá durante un año.
Buenos Aires
El calendario de los próximos juicios orales culmina el 20 de septiembre en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal Nº 6 iniciará ese día un proceso contra Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco por 33 casos de apropiación de menores durante la última dictadura. Se trata del llamado “Plan Sistemático”. Los acusados están imputados por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. En el juicio se intentará probar que existió un plan sistemático de sustracción de menores y se juzgará a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de María Victoria Donda.
Mapa de los juicios que forma parte de un cartel de la agrupación Hijos, donde se convoca a concurrir a las sesiones de los tribunales. Click en la imagen para ampliar
LOS JUICIOS EN CAPITAL, LA PLATA, CHACO Y TUCUMAN
Los ocho en marcha
Los represores que actuaron en La Plata, en la ESMA, Orletti, El Vesubio, Olimpo, El Banco, en Margarita Belén y las jefaturas de Policía de Chaco y Tucumán son juzgados en la actualidad.
Los ocho en marcha
Los represores que actuaron en La Plata, en la ESMA, Orletti, El Vesubio, Olimpo, El Banco, en Margarita Belén y las jefaturas de Policía de Chaco y Tucumán son juzgados en la actualidad.
En Chaco están en curso las causas por la masacre de Margarita Belén y por la Jefatura de Policía.Imagen: Télam
Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se encuentran en marcha. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros clandestinos de detención (CCD) de la ESMA, Automotores Orletti, El Vesubio y unificados el Club Atlético, El Banco, El Olimpo –todos en la ciudad de Buenos Aires– se encuentran en pleno juicio oral. En Chaco se investiga la masacre de Margarita Belén y el CCD que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia y en Tucumán también se juzga a los responsables del CCD para el que utilizaron la ex Jefatura de Policía tucumana. En La Plata está en proceso la investigación sobre el servicio penitenciario de la Unidad 9 durante el gobierno de facto.
La megacausa que aborda uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país y quizás el más emblemático, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se inició a fines del año pasado. La instrucción que se encuentra en curso aborda la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y por otro lado la del periodista y escritor Rodolfo Walsh, dos de los tramos que contiene la investigación. El Tribunal Oral Federal Nº 5 juzga los delitos cometidos por, entre otros, los ex marinos Jorge “Tigre” Acosta –jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, la patota que secuestraba a las víctimas–, Alfredo Astiz, integrante operativo y conocido por haberse infiltrado en un grupo de familiares de desaparecidos entre los que se encontraban las monjas, y Ricardo Cavallo, extraditado de México a España y de España a la Argentina.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, sindicado como una de las bases del Plan Cóndor, a través del que las dictaduras del continente coordinaban acciones represivas y por el que pasaron gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Los imputados son el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui, el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general de División Eduardo Cabanillas y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Los delitos por los que están juzgados son el de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado impuesto sobre 65 víctimas.
El juicio que trata los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército comenzó el 23 de noviembre. Allí se investigan los delitos que se practicaban en los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, El Banco y el Olimpo, todos dentro de la ciudad de Buenos Aires. El policía Julio Simón (que utilizaba el alias de “Turco Julián”) y que ya cuenta con dos condenas por delitos similares, junto a otros catorce imputados como Samuel Miara –condenado por la apropiación ilegal de los mellizos Reggiardo Tolosa–, comparecen por el secuestro y torturas contra 180 personas. Se calcula que cerca de cuatrocientos testimonios serán escuchados por el tribunal. En otro juicio se juzga por delitos de lesa humanidad a ocho represores –los ex militares Pedro Alberto Durán Sáenz y Héctor Humberto Gamen, entre otros– por vejaciones cometidas en la cárcel clandestina El Vesubio, también en la Capital.
En abril se inició el juicio oral contra los represores que actuaron en la Unidad 9 de la penitenciaría de La Plata. Allí se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra noventa personas. El ex director de la unidad, Abel Dupuy, y quien era su subalterno entonces, Isabelino Vega, son algunos de los catorce imputados que tiene la causa. El 11 de mayo se presentó a declarar el ex canciller Jorge Taiana como testigo de los apremios y las vejaciones, al haber pasado por allí en su condición de detenido en 1976.
La masacre de Margarita Belén, que se tramita en la Justicia chaqueña, recae sobre nueve represores: ocho ex militares y un ex policía. La causa investiga la ejecución en 1976 de un grupo de presos políticos luego de que los retiraran de la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia bajo un supuesto traslado, pero al llegar a la localidad de Margarita Belén fueron acribillados por sus custodios. Por otro lado, la Justicia del Chaco también instruye sobre la investigación que abarca a los delitos de lesa humanidad cometidos contra 26 personas en el centro clandestino que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la policía local durante la dictadura. Por último, en Tucumán se inició en febrero un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los dos condenados ya a prisión perpetua por el secuestro y asesinato en Tucumán del senador Guillermo Vargas Aignasse en 1976. En este caso, el tribunal investiga los delitos cometidos contra veinte víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía provincial.
Las condenas en lo que va de 2010
De las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, que conforman el mapa judicial 2010, cinco ya finalizaron con condenas a los represores. El último presidente de facto, Benito Bignone, fue condenado en abril a 25 años de cárcel por el Tribunal Nº1 de San Martín, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, y la misma pena recibieron los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros. En el mismo mes, pero en Rosario, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, al ex teniente Juan Daniel Amelong, al ex personal civil de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo y al ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano por el secuestro, desaparición y torturas, entre otros delitos, de 28 víctimas ocurridas entre 1977 y 1978 en los cerca de veinte centros clandestinos de detención que funcionaron en Santa Fe. Otro tribunal santafesino le dictó al ex agente civil de inteligencia del Ejército Horacio Barcos la pena de 15 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y extorsión en dos ocasiones. En Salta, los ex coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo recibieron 20 años de condena por el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, en la ciudad de Tartagal, en febrero de 1978. El fallo más reciente fue emitido a principios de junio por el Tribunal Oral de Mar del Plata contra el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, al que le dictaron prisión perpetua por secuestro y torturas ejercido contra 38 víctimas.
Fuente:Pagina12
De las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, que conforman el mapa judicial 2010, cinco ya finalizaron con condenas a los represores. El último presidente de facto, Benito Bignone, fue condenado en abril a 25 años de cárcel por el Tribunal Nº1 de San Martín, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, y la misma pena recibieron los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros. En el mismo mes, pero en Rosario, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, al ex teniente Juan Daniel Amelong, al ex personal civil de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo y al ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano por el secuestro, desaparición y torturas, entre otros delitos, de 28 víctimas ocurridas entre 1977 y 1978 en los cerca de veinte centros clandestinos de detención que funcionaron en Santa Fe. Otro tribunal santafesino le dictó al ex agente civil de inteligencia del Ejército Horacio Barcos la pena de 15 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y extorsión en dos ocasiones. En Salta, los ex coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo recibieron 20 años de condena por el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, en la ciudad de Tartagal, en febrero de 1978. El fallo más reciente fue emitido a principios de junio por el Tribunal Oral de Mar del Plata contra el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, al que le dictaron prisión perpetua por secuestro y torturas ejercido contra 38 víctimas.
Fuente:Pagina12
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