Revelan que se perdieron historias clínicas de torturados en La Pampa durante la dictadura
En el hospital Lucio Molas se perdieron las historias clínicas de personas que fueron torturadas en la provincia durante la última dictadura militar, a días de que se inicie el juicio oral y público contra diez ex militares y ex policías, dijeron hoy fuentes judiciales.
En el hospital Lucio Molas se perdieron las historias clínicas de personas que fueron torturadas en la provincia durante la última dictadura militar, a días de que se inicie el juicio oral y público contra diez ex militares y ex policías, dijeron hoy fuentes judiciales.
Estado en el que quedó el piso de una de las habitaciones del Molas, durante la lluvia de marzo.Santa Rosa - La documentación la necesitaba el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, donde a partir del 2 de agosto se iniciará un juicio a los represores que actuaron en el Comando de la Subzona 14.
El caso generó un gran malestar en la Justicia y en los pasillos tribunalicios e, incluso, se alimentan las sospechas de que las destruyeron para borrar pruebas.
La explicación oficial es que el archivo se destruyó por la inundación del 8 de marzo, cuando cayeron casi 200 milímetros en Santa Rosa y se anegaron diferentes sectores del Hospital Lucio Molas.
El Tribunal Oral Federal le pidió el 22 de febrero al Hospital Molas la historia clínica de Ana María Martínez y de Héctor Solecio y, también, el nombre de los médicos que los atendieron.
Sin embargo, los oficios no fueron respondidos a tiempo y el 8 de marzo esa documentación se habría destruido por la inundación.
En abril, finalmente, avisaron desde el centro de salud que se había destruido todo el archivo, hasta el año 1995.
Desde el Tribunal dijeron a NA que abrirán una causa penal para buscar los responsables y librarán oficios a otros organismos para conocer si existen copias de las historias clínicas de las víctimas de la dictadura.
Los ex militares y ex policías, que actuaban en el denominado Comando de Subzona 14 del Primer Cuerpo del Ejército, están imputados de unos treinta casos de secuestros y torturas, efectuados en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Arauz y General Pico.
Testigo clave dice que no recuerda al médico Aragón
La ex celadora de la policía provincial Hermelinda Gandara, uno de los pocos testimonios que hablan de la participación del médico Miguel Aragón en la dictadura militar, afirmó que no recuerda lo que declaró en 1984, luego de más de treinta años de pasados los hechos. "Yo no me acuerdo de haber mencionado a esa persona. No puedo afirmar que pude haber visto a esa persona. Yo conocí a algunos médicos pero se me confunden los nombres de los médicos", indicó la mujer sobre la participación del profesional.
El testimonio de la ex policía es uno de los pocos contundentes contra Aragón que figuran en el sumario administrativo realizado en 1984 contra los oficiales de la Policía provincial que participaron de las represión ilegal implementada por la Subzona 14 durante la dictadura militar. Allí menciona al médico, entonces en el Ejército, asistiendo a una víctima de la tortura por parte del grupo de tareas en la Seccional Primera.
En las últimas semanas, el militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mario Canoba, pidió que Aragón sea apartado de su cargo como jefe de Sanidad de la Policía provincial. El profesional ya había sido acusado en varias oportunidades y hasta la ex detenida política Raquel Barabaschi lo denunció ante el juez federal Daniel Rafecas. Desde el Ministerio de Gobierno se inició una investigación para conocer la responsabilidad de Aragón durante la dictadura y, tardiamente, el secretario de DDHH, Rubén Funes, también dijo que debía ser apartado de sus funciones.
Pero Aragón contraatacó. Su abogado, Aldo Walter Díaz, salió a defenderlo públicamente para deslindar cualquier responsabilidad del médico con los años de la represión ilegal. Y en su discurso hubo contradicciones: dio dos fechas en las que el profesional llegó a la provincia y dijo que no figuraba en el sumario administrativo del 84.
Bajo amenaza.
La historia de Gandara es una de la de tantos testigos que pertenecían a la policía y que declararán en el juicio oral y público contra los diez represores pampeanos que comenzará el 2 de agosto próximo. Muchos de los que testificaron en 1984 y pertenecían a esa fuerza, han quedado desprotegidos por el Estado. Cuando LA ARENA contactó a la mujer ella afirmó: "es la primera vez que me llaman desde un diario".
Gandara hoy tiene 68 años y durante años recibió amenazas veladas por haber declarado en 1984 en el sumario administrativo contra los oficiales de la Policía. Desde el Estado, nadie se ha preocupado por brindarle seguridad desde que se abrió nuevamente la causa contra los represores pampeanos y menos a poco de iniciarse el juicio.
Gandara explicó a LA ARENA: "A mí me llamaban por teléfono y se callaban, llamaban y no contestaba nadie. Era como a la 1 o 2 de la mañana. Era durante marzo para la fecha (del golpe de Estado del 76). Ahora no molestan más, desde hace unos cinco o cuatro años".
La mujer, que dijo que "nos molestan más a nosotros para ir a declarar que a ellos (por los represores)", explicó que se enteró que otra de las ex celadoras que había declarado en el 84 en el sumario, que luego utilizó la justicia para investigar a los ex oficiales de la Policía provincial, tuvo que alejarse de la provincia por las amenazas que recibía.
Nombres.
El testimonio de Gandara fue uno de los pocos que mencionaron hace 26 años a Aragón, entonces médico del Ejército, como uno de los que ingresaron en la Seccional Primera en 1978 para atender a víctimas de la tortura por parte de la Subzona."Son treinta años los que pasaron. Yo no me acuerdo de haber mencionado a esa persona. No puedo afirmar que pude haber visto a esa persona. Yo conocí a algunos médicos pero se me confunden los nombres de los médicos. Menos ahora con el paso del tiempo, se alargó mucho esto, imagínese. Sólo quedan los resabios de los recuerdos", dijo.
Gandara dijo que ella ingresó a la policía en 1977, apenas algunos meses antes de que ocurriera el secuestro en la escuela rural de Paso de los Algarrobos de la docente Zulema Arizó. El testimonio que en el 84 dio la celadora indica que uno de los médicos que la atendieron a la maestra luego de haber sido golpeada fue Aragón.
"Hacia muy poco que había entrado a la policía. No conocía a nadie en ese tiempo. Allí iban todos con uniforme, no puedo afirmar con veracidad que sea uno u otro. Si se veía un médico iba a con uniforme y no siempre era el mismo médico", afirmó.
A pesar del olvido de la ex celadora, la responsabilidad de Aragón no queda minimizada por sus declaraciones a LA ARENA. El médico estuvo en el Ejército al menos desde 1979 y cuando todavía había presos políticos que dependían de la Subzona 14.
FuentedeOrigen:LaArena
Fuente:Rdendh
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