Documentos secretos de la inteligencia del terror
Memos en los que se detallan seguimientos a militantes, nóminas de los agentes de inteligencia que formaron parte de la represión ilegal, listas de personas (“delincuentes subversivos”) que eran buscadas para ser secuestradas. Los cadáveres identificados entre 1975 y 1978.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Los documentos en dos biblioratos que entregó el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana contienen información clave para el proceso de la megacausa “Jefatura de Policía”, que tiene como principal responsable al genocida Luciano Benjamín Menéndez, ya que el represor Antonio Domingo Bussi fue excluido por problemas de salud. Los papeles no son sólo los nombres, apellidos y destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino tucumano (195 desaparecidas), sino que también hay memos en donde se detallan seguimientos a militantes y nombres de agentes del Departamento de Inteligencia.
En las dos carpetas aportadas por Clemente, a las que Página/12 tuvo acceso, hay una “nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria” y fotos “carnet” de personas que luego serían detenidas en el centro de tortura que funcionó en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán durante el terrorismo de Estado. En las carpetas que Clemente –que fue militante, secuestrado y luego colaborador de la policía– dijo haber rescatado del fuego hay un listado de “cadáveres identificados entre 1975 a 1978” en donde se detalla el lugar en donde fallecieron, “Centro de Salud, Hospital Padilla, Seccional 11, Unidad Regional Capital, Río Seco, Río Colorado, Yerba Buena, Hospital Militar, Cementerio Norte”, entre otros. También se adjunta “el acta de reconocimiento” que se les hacía a los cuerpos. “Se practica el reconocimiento correspondiente del cadáver que identificado resultó pertenecer a Margarita Susana Azize Weiss que el día 12 del actual (1976) fuera abatida por fuerzas conjuntas de seguridad en un enfrentamiento llevado a cabo en su domicilio”, dice parte del escrito.
Se destacan los informes “de zona”, con las conclusiones de los agentes de inteligencia que realizaban seguimientos de militantes de las diversas organizaciones. “El lunes 30/08/76, inesperadamente llegó a la casa de la señora Gutiérrez una pareja, él de cabellos largos, anteojos oscuros y campera negra. Iba con una mujer... ésta es quien da todos los informes...” resalta el escrito. Se encuentran entre los papeles presentados notas que recibía el finado Mario Albino Zimmerman, cuando cumplía la función de jefe de la policía, en donde se le pedía autorización para que se realicen “averiguaciones de actividades subversivas”.
El material que fue incorporado como prueba dentro de la megacausa “Jefatura de Policía” en Tucumán tiene una relevancia que llevó a los magistrados a citar nuevamente a Clemente el próximo martes para que dé más detalles de los escritos. Si bien son claros y esquemáticos los procesos represivos y la manera en que se comunicaba cada acción, lo que pretende el tribunal es determinar el funcionamiento que tenía ese centro clandestino de detención.
Hugo Lindor Barrionuevo, alias “El Cabo Savino”, declaró ayer en Tucumán por el Sistema de Teleconferencias. Relató que llegó a Tucumán en los años ’70, enviado por el entonces presidente Juan Domingo Perón. “El coronel (José Fossa) me llamó porque el General (Perón) necesitaba un hombre de confianza para meter en la UNT (Universidad Nacional de Tucumán)”, dijo en su testimonio. Dijo que, como venía de “dirigir” un canal televisivo en Paraguay, lo enviaron como “jefe de seguridad” de Canal 10, de la universidad. “Mi desempeño profesional dentro de la Universidad estaba relacionado en armar la estructura administrativa del servicio de seguridad”, aseguró al tratar de justificar su rol.
Dentro de esa misión, señaló que era miembro de la Oficina de Seguridad de la UNT, que estaba a cargo de un teniente primero de apellido Medina. “Cuando algún organismo necesitaba saber algo de la Universidad, iban y averiguaban ahí”, precisó. Sin embargo, dijo no conocer lo que pasaba con los movimientos estudiantiles y sociales que eran perseguidos por los militares, tampoco con los detenidos en los centros clandestinos.
“Había una sección que se llamaba Comunidad Informativa que concentraba toda la información de todo lo que se hacía. Los servicios de seguridad intercambiaban noticias en relación con hechos ocurridos dentro del ámbito de la provincia. Tenían una tarea de información de tipo administrativa”, se limitó a recordar.
A su llegada a Tucumán, en 1974 también trabajó con la seguridad del general Adel Vilas y en 1976 se transformó en el “escolta” de Antonio Domingo Bussi. “Había un particular interés del presidente de la Nación de tener información fidedigna acerca de lo que sucedía. Después del ’76 me hice cargo de la seguridad de Bussi. Estuve al lado de él, desde que empezaba a trabajar hasta que se retiraba”, terminó.
El subcomisario Ricardo Oscar Sánchez pide “mayores antecedentes” de algunas personas “para levantarla” y solicita “si fuera posible cómo se puede conseguir un auto operativo, porque aquí no hay ninguno, ni la fuerza de tareas tiene”.
En las carpetas aportadas por Juan Carlos Clemente también hay datos de represores. Como ejemplo, hay planillas con nombres y apellidos de personal del Departamento de Inteligencia D2. Luis Armando De Cándido, uno de los represores que está siendo juzgado en la causa por la Jefatura de Policía tucumana, figura como “apto para el ascenso” junto con varios compañeros suyos. La hoja está firmada por Arturo Félix González Naya, capitán del D2, y Roberto Albornoz, jefe del Departamento de Inteligencia.
Un memorándum reservado dirigido al gobernador Antonio Domingo Bussi, firmado por el jefe de policía, Mario Zimmermann, sobre una huelga ferroviaria y un grupo de estudiantes que “distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”. Consta que el informe fue distribuido al Ministerio de Gobierno, al comandante de la V Brigada, al jefe de Policía de la provincia, al subjefe interino G2, al jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 142 y a otras reparticiones. “Es la prueba de que existió la ‘comunidad informativa’ que denunciamos”, dijo a Página/12 la abogada Julia Vitar, querellante en esta causa.
Un informe confidencial con membrete y sello de la Universidad de Tucumán, fechado el 19 de abril de 1976. Detalla que el personal del centro de orientación vocacional y profesional “es marxista; son sumamente peligrosas (todas mujeres, psicólogas o pedagogas) no sólo por sus ideas marxistas muy radicalizadas y de avanzada (enseñanza de Paulo Freyre, Bohoslavski, etc.), sino por el contacto que tienen con los grupos de jóvenes que acuden para ser orientados”.
Fuente:Pagina12
El subcomisario Ricardo Oscar Sánchez pide “mayores antecedentes” de algunas personas “para levantarla” y solicita “si fuera posible cómo se puede conseguir un auto operativo, porque aquí no hay ninguno, ni la fuerza de tareas tiene”.
En las carpetas aportadas por Juan Carlos Clemente también hay datos de represores. Como ejemplo, hay planillas con nombres y apellidos de personal del Departamento de Inteligencia D2. Luis Armando De Cándido, uno de los represores que está siendo juzgado en la causa por la Jefatura de Policía tucumana, figura como “apto para el ascenso” junto con varios compañeros suyos. La hoja está firmada por Arturo Félix González Naya, capitán del D2, y Roberto Albornoz, jefe del Departamento de Inteligencia.
Un memorándum reservado dirigido al gobernador Antonio Domingo Bussi, firmado por el jefe de policía, Mario Zimmermann, sobre una huelga ferroviaria y un grupo de estudiantes que “distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”. Consta que el informe fue distribuido al Ministerio de Gobierno, al comandante de la V Brigada, al jefe de Policía de la provincia, al subjefe interino G2, al jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 142 y a otras reparticiones. “Es la prueba de que existió la ‘comunidad informativa’ que denunciamos”, dijo a Página/12 la abogada Julia Vitar, querellante en esta causa.
Un informe confidencial con membrete y sello de la Universidad de Tucumán, fechado el 19 de abril de 1976. Detalla que el personal del centro de orientación vocacional y profesional “es marxista; son sumamente peligrosas (todas mujeres, psicólogas o pedagogas) no sólo por sus ideas marxistas muy radicalizadas y de avanzada (enseñanza de Paulo Freyre, Bohoslavski, etc.), sino por el contacto que tienen con los grupos de jóvenes que acuden para ser orientados”.
LA HISTORIA DE JUAN MANUEL OLIVERA
Primeros datos, 34 años después
Por Ramiro Rearte
Mabel Montero es presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán Línea Fundadora y su esposo y compañero, Juan Manuel Olivera, fue secuestrado y desapareció cuando tenía 22 años. Nunca más se supo de él hasta que apareció en la lista que el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente entregó al tribunal que está juzgando a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornoz, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra. En la página 5 del listado de 293 personas ingresadas en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía está el nombre de Olivera, bajo el “nombre de guerra” de “El chino”, y con la observación, “disposición final (DF)”.
“Juan Manuel era mi compañero, un militante. Desde hace mucho tiempo habíamos pedido que se levante el secreto de los archivos del Ejército y se desclasifiquen para saber dónde estaban los compañeros desaparecidos, y no lo habíamos conseguido”, dijo a Página/12. Montero aseveró que a pesar de que Clemente entregó información de “suma relevancia para el juicio”, sigue siendo “un traidor. Clemente es nuestro Astiz. Era conocido por todos los montoneros de Tucumán, ocupó lugares importantes de la organización. Llegó a ser muy querido, porque lo recuerdan como un tipo entregado a los compañeros, siempre estaba atento de todo, pero en el fondo fue un traidor, un entregador. El se encargó de desmembrar a nuestra organización”, agregó.
Montero recuerda que Olivera fue un incansable militante peronista (llegó a tener el grado de oficial montonero) que tenía a cargo la “Sección V”, que comprendía la zona sur de San Miguel de Tucumán y del Barrio San Cayetano, uno de los más humildes (hasta el día de hoy) de la capital.
La esposa de Olivera recordó que antes de ser secuestrado su esposo, en 1976, se encontraron por las calles tucumanas con Clemente, de quien se había publicado en los diarios de la época que “había caído en Salta”. “Encima mi marido estaba mal por esos días porque recordaba constantemente al Perro Clemente que había muerto, y después apareció supuestamente detenido en la Jefatura de Policía. Es un descarado de aparecer hoy.” Montero hizo la aclaración de que la compañera del ex uniformado era “la verdadera militante, María del Carmen, y su nombre de guerra era ‘Mafalda’; fue una luchadora. Una gran mujer”, aseveró.
Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dijeron que a partir del martes próximo, cuando vuelva a declarar Clemente, llevarán a cabo una campaña en contra del ex policía para que sea retirado del Programa de Protección de Testigos, a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. “No puede estar protegido ese nefasto personaje”, sentenció Montero.
MARTA RONDOLETTO, ESPIADA POR LA DICTADURA EN 1976
“Una perversidad burocrática”
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Una de las mujeres que aparecieron en las nóminas presentadas por el testigo Juan Carlos Clemente, Marta Rondeletto, es hoy abogada querellante en el juicio contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornoz y miembros de la patota de la Jefatura de Policía de Tucumán. Rondoletto dijo a Página/12 estar “pasmada” por el contenido de los textos, que detallan aspectos de su vida y de su casa cuando era una joven militante. En los documentos elaborados por los organismos de inteligencia de la última dictadura militar se menciona su accionar como parte de la organización Montoneros. “Su casa aguantadero y lugar de reunión, donde se planifican los operativos. Entre ellos el atentado al avión ‘Hércules’”, dice parte del texto incluido en el apartado bajo el título “Nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria”.
“En mi caso estaba todo detallado, todo lo que hacía. Cuando vi los papeles no lo podía creer, es de una perversidad burocrática terrible. Que se plasme en esos papeles es la marca real de cómo trabajaron sobre nosotros. Yo no tengo ninguna duda de que los biblioratos presentados son verdaderos y originales, no tengo dudas porque muchos de los datos son ciertos”, aseguró Rondoletto a Página/12.
Rondoletto es sobreviviente de una familia diezmada por el terrorismo de Estado. Su papá Pedro, su mamá, María Cenador, su hermana Silvia, su hermano Jorge y su cuñada Azucena Bermejo, embarazada de cuatro meses, fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976. Todos ellos están en la lista de Clemente y, según se detalla, su destino fue “disposición final”. La mujer dio su versión sobre el rol del “Perro” Clemente, el testigo que fue militante, secuestrado, luego trabajó para la policía provincial y entregó dos carpetas con documentación a la Justicia el martes. “Cómo alguien puede vivir con esas fojas por más de treinta años teniendo eso, cuando pasamos tantos años de democracia. Haberlos guardados fue un error. Sacó estos datos porque no le quedaba otra alternativa, de eso estoy segura”, resaltó.
Por otra parte, Rondoletto dijo que hay dos planos de análisis de los escritos que están en manos de los jueces tucumanos: “Hay dos planos, en todo esto. Primero porque nosotros como abogados teníamos conocimiento de estas listas que habían llegado de manera anónima en otras oportunidades. Es más, se habían presentado en la Procuraduría General de la Nación, pero sin que nadie las haya dejado. Ahora sabiendo que la documentación que presenta este hombre (por Clemente) es esa lista, ahora adquiere una dimensión diferente porque tiene un peso real muy formidable que obviamente pone blanco sobre negro. Es la primera vez que se tiene algo producido por los genocidas y que sale de la propia estructura militar y policial. Para mi es realmente impactante. La documentación, verla así, es increíble. Cómo se practicaba la represión y la tortura y sobre todo el seguimiento de los que consideraban enemigos como en mi caso”, terminó.
La prueba
La lista con 293 personas secuestradas aportada por el testigo Juan Carlos Clemente fue aceptada como prueba por el tribunal que juzga a los represores tucumanos de la Jefatura de Policía de la provincia. Durante la audiencia de ayer, la fiscalía reveló que había recibido una copia de esa nómina de manera anónima y que había chequeado la identidad de quienes aparecían “a disposición del PEN o en libertad”. La fiscalía pudo corroborar la identidad de 26 personas que nunca habían declarado, pero que confirmaron que habían estado detenidas en la Jefatura de Policía de la provincia, lo que otorga legitimidad a los documentos aportados por el testigo. Al lado de 195 secuestrados figura la sigla DF (“disposición final”), es decir que fueron asesinados y continúan desaparecidos.
Fuente:Pagina12
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