“Sesín es poco creíble”
El abogado querellante en el juicio a Videla y Menéndez sostiene que los dichos del titular del tribunal justifican a los firmantes de una solicitada en apoyo a la dictadura y muestra, además, cómo la familia judicial sostuvo el genocidio desde la sociedad civil.
Por Guillermo Posada
1978. Una solicitada publicada en los diarios cordobeses denunció “una campaña antiargentina” por “supuestas violaciones a los derechos humanos”. Firmaron dicha carta pública cientos de docentes de la UNC, entre los que figura el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín.
2011. En una entrevista realizada por la revista El Sur, de Río Cuarto, el magistrado negó haber firmado por propia voluntad la solicitada y dijo que lo incluyeron sin consultarlo, pero estimó que otros docentes firmaron de buena fue ya que “no conocíamos entonces lo que sucedía en el país”.
Ante la declaración, se produjo una reacción inmediata. En una entrevista exclusiva que concedió a Veintitrés, Hugo Vaca Narvaja desmenuza la integración del Poder Judicial de Córdoba, impugna las justificaciones de Sesín y denuncia que la familia judicial mantiene los lineamientos ideológicos que se definieron durante la dictadura cívico-militar.
Vaca Narvaja es jefe del Área Civil de la Procuración General del Tesoro de la provincia, organismo en el que su padre fue el máximo responsable durante el gobierno de Obregón Cano. Además, es uno de los abogados querellantes que intervino en el juicio a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y tres decenas más de genocidas, que finalizó en diciembre pasado con fuertes condenas al aparato represivo en la provincia. Su vida estuvo marcada por la tragedia que envolvió a la sociedad argentina en la década del ’70, con exilio y pérdida de otros familiares incluidos.
–¿Qué reflexión le merece la solicitada respaldando la dictadura militar pasados 33 años?
–La doctrina de seguridad nacional surge en Estados Unidos para cuidar el patio trasero. Comienza a implementarse en la Argentina en el ’60 y ya a partir de 1976 se pone en práctica con rasgos sumamente violentos, con enseñanzas y metodologías de la Escuela de las Américas de Panamá, donde los militares fueron entrenados para la tortura. Con Videla se instala plenamente el sistema represivo, con el apoyo de sectores sociales dispuestos a agarrar las riendas del país para implementar un plan económico que llevó adelante (el ministro de Economía José Alfredo) Martínez de hoz, primero, y Cavallo después, para sustituir el modelo de desarrollo industrial que se aplicaba a partir de 1943 con el peronismo y volver el sistema rentístico agropecuario y financiero. Para 1978 estaba difundido en el mundo el nivel de represión, tortura y desapariciones que se ejercía en nuestro país, cuando lo más pesado de la represión ya había sucedido. A partir de entonces, cuando surge la solicitada, es difícil sostener que la población no supiera lo que pasaba, quizás algunas personas no sabían todo, o no exactamente. Pero, sin duda, es más difícil aún entre la gente relacionada a ciertos ambientes como la Justicia, donde los hábeas corpus denunciando las desapariciones y torturas rebotaban diariamente, o habían sucedido ya los traslados y fusilamientos de la UP1. Lo mismo pienso de los claustros universitarios, con la formación de los docentes, donde la represión fue evidente, no podía desconocerse el tema. Las respuestas de Sesín me parecen, en principio, poco creíbles. El embajador de EE.UU. expresaba la política de Jimmy Carter sobre los derechos humanos, que los militares lo atribuyeron a una campaña antiargentina en el exterior. Se produjo una confrontación entre el régimen y el gobierno norteamericano, específicamente por el tema de los DD.HH. En ese marco, la solicitada es un apoyo incondicional al gobierno de Videla y su política represiva. Un aval interno de sectores civiles a la dictadura que describimos recientemente, junto a la doctora María Elba Martínez, en los alegatos del juicio a Menéndez y Videla en tribunales federales.
–¿Esos sectores civiles se expresan en la solicitada?
–Cuando se leen los apellidos se advierte la línea política institucional civil, que dieron apoyo al golpe de Estado y se mantienen hasta hoy en los centros de poder, como es el Tribunal Superior de Justicia. Entre los firmantes se ve a dos ex miembros del TSJ en la época de Eduardo Angeloz: Roberto Lostau Bidaut y Luis Moisset de Espanés. Si hacemos historia, en los actos de gobierno, entre el ’83 y el ’99, se veía al cardenal Francisco Primatesta, y a Menéndez junto a Angeloz. De los testimonios surgidos en los juicios realizados por las violaciones a los DD.HH surge que esta tríada ya estaba operativa a partir de 1976. Esta comunión de intereses se mantuvo hasta que sale de escena el gobierno radical en 1999. Por eso todos los puestos importantes en la Justicia en esta etapa fueron ocupados por gente de derecha que apoyó en su momento la política de los militares. El cargo de presidente del TSJ siempre tuvo relevancia política y creo que en otras provincias no habría podido que hoy, con todo lo que se destapó de lo sucedido en dictadura, asuma un cargo tan importante alguien cuyo nombre aparezca en una solicitada de este tipo.
–¿En qué se diferencia Córdoba?
–No llama la atención. Sesín es una de las designaciones de Ramón Mestre, que tuvo un intento fallido con un abogado llamado Jorge Maldonado, ex secretario de Cultura de Videla. Después designó a Hugo Lafranconi, que tuvo un triste rol en el colegio Manuel Belgrano en la época de Tránsito Rigatuso. Evidentemente hay un hilo conductor en todas estas designaciones con un tinte ideológico claramente definido. En ningún lugar relevante de Tribunales encontrarás personas con ideologías cercanas al progresismo, esto es prácticamente monocorde. Cada vez que tienen que fallar sobre casos controvertidos, encontramos resoluciones con un lineamiento clarísimo, con una tendencia inclinada hacia la derecha y hacia posturas netamente conservadoras.
–Sesín dijo que quienes firmaron la solicitada voluntariamente lo hicieron de buena fe, entendiendo que desconocían lo que sucedía en aquellos años...
–Es una cuestión personal. Tengo claro que a mí nadie me incluiría en una solicitada con las clarísimas definiciones ideológicas de aquel pronunciamiento público. Y quien no adhiriera a aquellos términos debió mandar al diario la desmentida. Por supuesto que en esa época podía serle muy perjudicial a Sesín y a otros, y no estamos pidiendo un acto heroico. Se puede asumir el error de entonces o tener una conducta evasiva. Más sincero sería decir que cambió de idea con el tiempo, que entonces acordó con aquella postura y hoy piensa lo opuesto. De todas maneras, a sabiendas o no del genocidio, se estaba respaldando a un gobierno inconstitucional, ilegítimo, y se lo hizo desde los claustros universitarios, lo que es más grave.
–El magistrado reivindica hoy la lucha por los derechos humanos y la necesidad de que se realicen juicios justos.
–Sucede que hoy, tras la política realizada por el gobierno nacional desde 2003 respecto de los DD.HH., y frente a todo lo trabajado y descubierto en ese ámbito, ese es el discurso políticamente correcto. Es común encontrar en Córdoba que la gente se adapta a la coyuntura histórica, esté o no de acuerdo. La cantidad de gente que firma la solicitada tiene un sesgo ideológico determinado, en una posición acorde con lo que pensaron siempre. Sucede que hoy es muy difícil salir a defender a la dictadura. Pero no tengo dudas que en iguales circunstancias volverían a decir lo mismo. Mucha de esa gente está convencida de la teoría de los dos demonios y que los militares dieron un golpe de Estado para aplacar a la guerrilla, tal como lo difundieron los medios de comunicación que respondían al régimen.
–¿El Poder Judicial de Córdoba tiene pendiente hacer una revisión de lo actuado durante la dictadura?
–El Poder Judicial tiene pendiente democratizarse. En Córdoba hay una discrecionalidad absoluta para que tenga acceso a la Justicia un sector social determinado. Recorriendo los juzgados, tanto sean provinciales como federales, se encuentra en cada despacho un Cristo crucificado que revela la concepción de justicia que impera aún en la actualidad: una Justicia de corte divino que no es igualitaria ni respetuosa de las creencias del resto de la población que no es católica. Eso también incluye una concepción ideológica. Sólo en Córdoba fue posible que, ante la sanción de la Ley Nacional de Salud Reproductiva, aceptaran una medida cautelar de no innovar, con la fianza de un solo abogado; eso sucedió en el Juzgado Federal Nº 3 de esta capital.
–En la entrevista, Sesín consideró como “disciplinada” la vida universitaria durante la dictadura y recordó aquella etapa como de transición y que muchos partidos políticos pidieron el golpe.
–Lo que dijo coincide con las declaraciones de Videla durante el reciente juicio en Córdoba. Recordemos que el dictador afirmó que lo fue a ver Balbín para que el Ejército pusiera orden. En principio los militares pensaron quedarse sin término, pero después, cuando el barco hace agua por todos lados, tuvieron que dejar el poder. Que hayan denominado a la dictadura como Proceso de Reorganización Nacional habla de su intención de permanecer. Por otro lado, en la universidad había militares vestidos de fajina que controlaban el corte de pelo, controlaban los contenidos de las clases. Sin duda fue ordenada para el criterio de entonces. Pero, peor aún, todavía se mantienen en las cátedras muchos de los que en aquella época firmaron esa solicitada de la Facultad de Derecho.
–Muchos docentes pertenecían al Colegio Monserrat, donde dio clases tu padre.
–Sí, es probable que algunos hayan sido sus compañeros. Para los sectores más afines a la dictadura hoy es más fácil mirar para otro lado que reconocer la conducta vergonzosa que tuvieron en aquel momento. La autocrítica no forma parte del menú institucional cordobés.
–Por último. Tu padre fue secuestrado 1975 por la patota de la D2 en las escalinatas de Tribunales. ¿Creés que no se conocía en el ambiente judicial cómo fue finalmente muerto?
–No, y agrego que en ese momento mi padre representaba a Miguel Ángel Mozé, otro preso político posteriormente fusilado. ¿Cómo supo la D2 que él se encontraba exactamente en ese momento en Tribunales? O algún funcionario se los advirtió o un abogado les informó porque sabía que lo estaban buscando.
–¿Creés que los sectores civiles que apoyaron la dictadura siguen teniendo poder en Córdoba?
–Sin dudas.
FuentedeOrigen:Revista23
Fuente:Agndh
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