VENEZUELA.

Acabar la corrupción y el burocratismo,… ¿Cómo?
Edwin Sambrano Vidal

Cómo acabar con la corrupción… si se ha dejado que ésta penetre hasta los tuétanos del esqueleto de la sociedad. Si se le permite toda clase de desempeños. Cuando abrió sus ojos el año 1999, en medio de la euforia popular por el triunfo del “Comandante Chávez” (como lo llamaba sinceramente el pueblo en 1998 y no como lisonjeramente lo llaman los funcionarios ahora, el Comandante Presidente), la esperanza cabalgaba en todos los corazones del pueblo. Mientras, la angustia consumía y aterrorizaba a los representantes de la casta política-económica que había depredado las arcas públicas durante 40 años.

Inmediatamente se iniciaron toda clase de maniobras y acuerdos entre muchos de los supuestos leales al Presidente Chávez y los que capitaneaban a las bandas de asaltantes del erario público. Ninguno de los depredadores fue seriamente investigado, acusado, juzgado y castigado, con respeto de sus derechos humanos, sí…, pero con la severidad de las leyes existentes. Muchas de esas leyes, ya existentes en 1999 eran suficientes para investigar y condenar a los depredadores con castigos que sirvieran de ejemplo, no solo para sus cómplices invitándolos a entregarse y confesar sus delitos, sino también para la sociedad y especialmente para los nuevos militantes, representantes y gobernantes de la triunfante revolución bolivariana por elecciones libres y democráticas.


No son la promesa y la amenaza; es la acción consecuente.


No se trata de prometer, anunciar y amenazar, no se trata de elevar los castigos a una escala “draconiana”, sino de cumplir sistemática y seriamente con la ley, bajo el influjo de unos valores y unos principios revolucionarios que privilegian una moral y unos conocimientos de la sociedad capaces de dirigir la transformación. Se trata de saber que el primer deslinde necesario para ajustar cuentas con la llamada IV República, en el singular caso de Venezuela, era y sigue siendo el deslinde moral y ético. La consecuencia con un diagnóstico y un proyecto. Esto es: controlar estrictamente el manejo de los fondos públicos en una sociedad cuyas principales riquezas se encuentran bajo la propiedad social, colectiva o estatal, las cuales, sumadas a la recaudación tributaria que se comenzó a hacer desde mediados de la década de los 90, constituía un enorme capital para la ejecución de los programas de desarrollo nacional independiente hacia el socialismo dentro del Plan de de la Nación.


No hace falta una montaña de leyes, algunas engorrosas e inentendibles, muchas contradictorias y la mayoría desconocidas e inaplicables para poner en marcha una revolución en Venezuela. Insistimos, en Venezuela, porque es posible que en otros países sí se necesiten muchas leyes nuevas de inmediato para iniciar un cambio social profundo.


Contábamos con todos los recursos y elementos para el cambio.


Ya Venezuela, en 1999, con la nueva Constitución había solucionado el más grave problema jurídico en total paz y casi sin oposición; porque repetimos, la oposición de derecha que había servido de celestina para saquear al país, muchos de cuyos representantes se habían enriquecido a mansalva; no representó en ningún momento ningún peligro frontal para la ejecutoria revolucionaria. Recuerden que Caldera, el último presidente antes de 1999, desarmó las pretensiones de impedir que se reconociera el triunfo de Chávez por parte de poderosos sectores de la Fuerza Armada, dicen que encabezados por su propio yerno que tenía el comando general del ejército. La propuesta de la Constituyente fue admitida por la Corte Suprema de Justicia en ponencia del ilustre jurista y ejemplar educador constitucionalista zuliano Humberto La Roche, aprobada por el resto de los magistrados. Esta Corte había sido designada por el Congreso Nacional de la llamada IV República con amplia mayoría de adecos y copeyanos. La derecha aceptó el referéndum y las condiciones electorales bajo un sistema de elección para la escogencia de los diputados constituyentes por mayoría absoluta, lo cual resultó en una mayoría de más del 90% de delegados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) alineados con el proceso revolucionario que se iniciaba. Por su parte, el Congreso Nacional que se sostuvo en paralelo y que contaba con mayoría de los partidos de la derecha populista, liberal, neoliberal y socialcristiana no interfirió en el plan de la Constituyente, llegando incluso a otorgar por la mayoría calificada exigida por la Constitución de 1961 una Ley Habilitante para el Presidente Chávez.


Hay una falla grave en la moral del cuerpo dirigente del proceso.


El problema, entonces, no está en el poder político del que se ha dispuesto en todos estos años. Con ese poder, con el respaldo de la esperanza del pueblo y de los trabajadores, con la simpatía de los intelectuales más lúcidos y prestigiosos del país y del más amplio conjunto de los diversos y experimentados sectores revolucionarios, habría sido posible atacar, acorralar y desarticular a la corrupción y al burocratismo. Sin embargo, hoy observamos como ha sido necesario que los sectores populares y los trabajadores conscientes salgan a la calle a protestar y a exigir el cese de la corrupción y el burocratismo, mientras el gobierno pierde peligrosa y vertiginosamente apoyo en el electorado, por lo que tales medidas parecen inviables desde la óptica de lo que hemos llamado el círculo vicioso del electoralismo (todo se hace para agradar al electorado).


Las medidas contra la corrupción y el burocratismo, contra el populismo y la demagogia, contra la impunidad, la explotación y el saqueo de nuestras riquezas por las trasnacionales que constituían la esencia de la esperanza condensada en la candidatura del “Comandante Chávez”, se fueron disolviendo en una especie de vapor itinerante que finalmente desaparece. Así se disolvió la portentosa protesta del pueblo con el Caracazo (del cual se cumplen 22 años el próximo lunes 28 de febrero), sin una conducción certera y masacrado por las fuerzas represivas del ejército y la policía formada dentro de los esquemas de dominación y autoritarismo militarista.


Antes teníamos la solución,… ahora hay que volverla a inventar.


Esas medidas, ejecutadas con una coherencia básica, con perseverancia, sin estridencias ni amenazas; con rigor e imparcialidad, oyendo a los sectores populares, a los trabajadores y a los revolucionarios consecuentes, portadores de una moral para la justicia y protagonistas de infinitas luchas en defensa del pueblo y de los trabajadores;… de ese modo ejecutadas esas medidas en el marco del plan de desarrollo nacional y de la nueva Constitución, habrían pulverizado a la corrupción y al burocratismo, a la demagogia y al oportunismo. Tenemos plena seguridad de eso. Ahora, habrá que hacer un nuevo diagnóstico completo de la sociedad que tenemos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en la conciencia colectiva, para desarrollar los planes que nos permitan acabar con estas plagas que jamás permitirán que el socialismo nos transite hacia un estadio social auténticamente justo, de desarrollo auto sostenido y sustentable; de igualdad, de libertad, de solidaridad y de creciente bienestar colectivo e individual.
Fuente:Argenpress