CHILE.

Es la economía mi amor, la economía
Por Amador Ibañez

Para evitar toda confusión, partimos del supuesto de que salario y sueldo son sinónimos y ambos son una “retribución dineraria”, incluso cuando esta retribución o una parte de ella sea en la práctica una “retribución en especies”, pues esta retribución en especies se calcula en proporción a una unidad dineraria. De modo que al referirnos a “salario” nos referimos a esa retribución dineraria a la fuerza de trabajo que el trabajador “alquila” o “vende” a un comprador que adquiere el derecho a utilizarla en beneficio de su propia función, ya sea que produzca bienes o servicios.

Existen distintas formas de cubrir la verdadera naturaleza del salario con el objetivo político de garantizar los beneficios de las clases dominantes y de ahí que la lucha por parte de los trabajadores por garantizar el salario mínimo es un importante episodio de la lucha de clases y no un mero acto de carácter economicista. El economicismo surge de parte de las clases dominantes con el objetivo de que la lucha por los salarios no devele su verdadera naturaleza. Surgen pues sobre esta base real un conjunto de formas ideológicas, tales como las demandas de un salario digno, de que la lucha de los trabajadores por aumentar permanentemente sus salarios es una ‘falta de solidaridad’, sobre todo si el gobierno y la prensa reconocen abiertamente que estamos enfrentados a una crisis y no es hora de “mezquindades” cuando los destinos de un “proyecto país” están en juego.


Engaños, burdas declaraciones que no se sustentan sobre ningún argumento científico y sólo responden a una acción política que las clases propietarias tienen que llevar adelante para garantizar sus verdaderos intereses: la maximización de las ganancias empresariales, independientemente del tipo de propietario del que estemos hablando en cada situación concreta.


Entonces ¿Qué es el salario y cómo se calcula? Esa es la cuestión.


Un trabajador, sea hombre o mujer, para el caso da lo mismo su género, su nivel de escolaridad, si trabaja en la construcción o si es telefonista de una mesa de ayuda, percibe una cierta cantidad de dinero como salario. Asumimos que nos referimos a la cantidad de dinero real que el trabajador percibe una vez deducidos todos los impuestos y obligaciones que retiene el contratante, más allá del tipo de contrato del que estemos hablando.


En concreto, sin entrar en ningún detalle formal, existe una entidad jurídica o real que compra con dinero (o su equivalente) una cierta cantidad de fuerza (capacidad) de trabajo. Existe un trabajador que tiene en su cuerpo (músculos, sangre, inteligencia, habilidades, etc.) la capacidad de ejercer una actividad que resultará en un cierto producto, siempre nuevo o modificado por su acción efectiva.


El trabajador llega a un acuerdo con el contratante y luego de ejercer su actividad, en una jornada, una semana, una quincena o una mensualidad, percibe una retribución por la labor ejecutada. Si esta retribución es justa o equivalente al trabajo realizado no importa o es innecesario para el análisis concreto. Nada agrega si el contratante paga lo justo y tampoco al trabajador le importa si el trabajo realizado se materializa en productos que luego sean o no vendidos. El trabajador da un crédito inicial al contratante y empieza a realizar su actividad sin percibir nada en este momento a partir del acuerdo que denominamos contrato, y al terminar el período percibe una retribución materializada en una cierta cantidad de dinero.


Con el dinero percibido, el núcleo familiar del trabajador puede adquirir los productos necesarios para subsistir. Y esta es la clave del asunto.


Tanto es así, que si pensamos en la familia como la unidad productiva básica, entonces si el trabajador no recibe lo suficiente pueden ocurrir varias cosas. O bien trabaja más, o bien su compañera o compañero tiene que salir a buscar una fuente de ingresos, y también puede ocurrir que sus hijos se vean obligados a ayudar a buscar el sustento. O puede darse cuenta que esto de vender horas de trabajo es demasiado penoso e intente un emprendimiento y constituya un pequeño negocio familiar, como ventas de empanadas, pan amasado, artesanías, entre las miles de variantes que la familia tiene que inventar.


El desarrollo actual permite otras variantes que antes no existían; los instrumentos de deuda.


Entonces el chileno y chilena puede en marzo compensar el promedio de $ 150.000, por ejemplo, pidiendo un crédito, adelantando de este modo el consumo y difiriendo el pago.


Se trata de una “misteriosa” metamorfosis en la que el trabajador se transforma de dador de crédito (acuerdo de trabajo, contrato, y el momento diferido en que percibe el pago en dinero, el salario) y ahora es tomador de crédito.


Como el trabajador no controla el precio de su trabajo, sino a través de una lucha permanente contra las fuerzas contratantes, está jugando a la ruleta rusa con el pago comprometido y el tomador de crédito apuesta a estas demoras y se apropiará de una cantidad de dinero excedente producto de esta demora que está previamente calculada y estipulada. Todos conocemos hoy que han surgido como hongos las empresas que compran estas deudas que luego se terminan pagando muy por encima del monto original del préstamo adquirido.


El salario entonces, en buena parte ya no es directamente proporcional a la fuerza de trabajo, sino que el precio del trabajo, el salario, sigue decayendo. El precio del trabajo no sólo decae porque los productos que la familia trabajadora tiene que adquirir para su subsistencia aumentan en forma permanente, sino porque además existen una serie de instrumentos que le arrebatan antes de percibir el próximo salario una buena mascada del mismo.


En este círculo desgastante, el trabajador, productor de las riquezas de las naciones, se va empobreciendo cada vez más respecto del enriquecimiento que él mismo produce. El dicho popular de cría cuervos y te comerán los ojos está organizado y oculto en una legalidad que además el “sentido común” considera ajustada a justos principios democráticos. Así nos encontramos frente a una realidad distorsionada en forma premeditada y con alevosía.


El salario no encierra por sí mismo nada de justo, nada de digno, nada que tenga que ver con alguna cuestión ética o estética. Es una mundana transacción comercial en la que el trabajador no es precisamente quien tiene la sartén por el mango. Agarremos la sartén por cualquier otra parte y lo único que podemos garantizar es quemarnos las manos.


A medida que nos vamos acercando a la fecha dónde se honra a las mujeres, el 8 de marzo, tenemos que decir con crudeza que esto del trabajo femenino no tiene nada que ver con el reconocimiento de los derechos de la mujer. Tiene que ver con que es más rentable tener dos personas trabajando a mitad de precio que a una sola. Es la economía mi vida, la economía.


Pero si a usted no le pagan más no es porque el trabajo femenino valga menos, sino porque el engaño machista está en pensar que usted no necesita más, que para eso tiene un marido. Es deber del macho mantener el hogar. Por eso muchos maridos se pueden deprimir mucho si su mujer tiene un salario mayor. El punto no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos parezca justo o no. Es cuestión de inventar disculpas para no subirle el sueldo mi amor, eso es todo. Ahora bien, si la mujer es la que mantiene el hogar porque está sola o porque el marido está cesante, entonces es hora de sincerar la cuestión y simplemente se trata de que el precio del trabajo no tiene nada que ver con una retribución por una fuerza de trabajo ejercida, y por tanto, a igual trabajo igual salario. El resto es una discusión que no aporta nada al asunto medular: la naturaleza del trabajo y la obligación vital que tiene el trabajador de defender el precio del mismo.


Nunca es triste la verdad, pero en este caso sí tiene remedio. Y el remedio está en nuestras manos: luchar conscientemente por un salario cada vez más elevado, con el objetivo que los medios de vida que tenemos que adquirir sean los necesarios. Calcule cada cual cuánto necesita o tomemos el costo de la canasta básica y esa es la medida justa, que no tiene que ver con justicia, sino con la equivalencia. No hay precios justos o injustos, lo injusto es que no luchemos por mantener el valor real de nuestros salarios.


La hipótesis que en estas líneas está en juego es la siguiente; si la lucha por mantener el salario mínimo igual o superior a la canasta básica, en el caso de que esté razonablemente calculada, es la base de cualquier otra disputa. Y si en forma sistemática y conciente luchamos por mantener el precio del trabajo entonces aprenderemos que luchar per secula seculorum por algo tan básico, implica disputar el mango del sartén. La cuestión es el poder real sobre las determinaciones de la política económica del país y sin intermediadores, pues al final ¿quién podría salvarnos de nuestros salvadores? Sólo nosotros mismos, democracia participativa y punto; directa y con el control remoto en la mano de su propio dueño, los trabajadores.


Por eso a la larga cada combate por el salario mínimo, que hoy no podría ser menos de $ 350.000.-, cada huelga, si somos lo suficientemente perseverantes, conducirá a tener que organizar el paro general anticapitalista, para poder lograr que el pueblo trabajador, el verdadero productor de las riquezas en Chile y en cualquier parte del mundo, mande sobre lo que le pertenece, el producto del trabajo socialmente elaborado.


De lo que se trata, compañera, es de socializar las riquezas que producimos. Ello es lo único que puede darnos la dignidad que nos hemos ganado con el sudor de la frente.
Fuente:Argenpress       


                              


martes 8 de marzo de 2011
En Chile se persigue la disconformidad: Cárcel para quien se queje
Por Vanessa Vargas Rojas


A 21 años de que Pinochet entregara el poder, la disidencia ideológica aún es causa de persecución en el país. Los procesos judiciales que enfrentan grupos y personas vinculadas al anarquismo y al pueblo mapuche han desnudado la ilegitimidad de un sistema que ampara la represión en las normas constitucionales.

Lo que se señala como el fin de la dictadura en Chile marcó el inicio de una de las etapas más difíciles para la lucha de los grupos disidentes del poder, al amparo del marco legal dejado por Augusto Pinochet.


Más de 60 estudiantes, trabajadores y militantes de partidos políticos señalados como “revolucionarios”, han muerto en 21 años de “democracia” a manos de Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas. Marco Ariel Antonioletti (militante del Movimiento Juvenil Lautaro, 1990), Claudia López Benaiges (anarquista, 1998), y Matías Catrileo (estudiante mapuche, 2008), entre otros, quedaron registrados como parte de una persecución que terminó por legitimarse.


Roberto Garretón, abogado de derechos humanos, dijo en 2009 a Radio Nederland (Holanda) que “un grave error en el que incurren muchos estados, es la asimilación de cualquier acto de violencia a un fenómeno de terrorismo y, en consecuencia, disminuyen las garantías, aumentan los poderes en la persecución del delito, y las penas son mucho más elevadas”, y eso es lo que pasa en Chile.


Herencia militar


La Ley Antiterrorista (1984) es uno de los íconos de la herencia legal de la dictadura. Diseñada para sancionar “los delitos que busquen infundir temor en la población”, fue aplicada contra ciudadanos mapuche en 10 de 11 casos durante la administración de Ricardo Lagos, y desde el mandato de Bachelet se la aplicó en contra de los 17 comuneros que enfrentaron el juicio en Cañete.


“Las 'pruebas' contra los 'terroristas' son triviales llamadas telefónicas, videos, fotografías de personas, listas de nombres, botellitas de bebidas vacías, panfletos y pasquines. Están detenidos porque el Estado los necesita presos, y no tanto por lo que hayan hecho sino porque son un ‘ejemplo’ contra quienes sí hacen y contra quienes sí podrían hacer”, señala el periodista e historiador Arnaldo Pérez Guerra, quien ha investigado diversos casos señalados bajo esta Ley.


Alberto Chiffelle (fiscal regional (s)) relacionado con el juicio en contra de los mapuche, argumentó en septiembre del año pasado que “no hay ningún tipo de persecución, nosotros aplicamos la ley independiente de la etnia, lo que investigamos son hechos".


Pero, en opinión del director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “la señal que el Estado da al aplicar la Ley Antiterrorista es la protección de la propiedad y la inversión. Más que por razones ideológicas, son razones pragmáticas que apuntan a proteger un modelo de desarrollo”.


Otros denuncian la persecución de las ideas. “El propósito de esto es neutralizar e intimidar a los luchadores sociales”, sostiene Rodrigo Román, abogado de Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, procesados por el “Caso Bombas”. “Se persigue el derecho a disidencia”, enfatiza.


Román sostiene que según Miguel Soto, abogado de lata trayectoria, el “delito de Asociación Ilícita -acusación madre de estos juicios- no existe a la luz del derecho comparado” y es una de las razones por las cuales los comuneros mapuche acusados en Cañete habrían sido absueltos, luego de dos años de prisión preventiva.


Dicho de otro modo, aún se impone la lógica militar de la dictadura. El premio nacional de Historia explicó el año 2008 este fenómeno en la revista española Contrapunto de América Latina: “El Ejército chileno se formó y vive todavía con la idea que dentro de la nación hay un enemigo interno (...) y por eso intervienen y dan golpes de Estado, no para integrar a la nación, sino para dividir y castigar” a ese enemigo interno.


Al contactar al ministro Rodrigo Hinzpeter para preguntar por la posición del Gobierno, su asesora comunicacional, Daniela Easton Chandía, señala que "no podrá atenderlos durante esta semana”, cuando el periódico ya está en circulación.


Anarquistas y mapuche: chivos expiatorios


Los últimos casos judiciales de los mapuche en Cañete y los anarquistas del llamado “Caso Bombas” han estado llenos de semejanzas: La presencia de testigos protegidos, escuchas telefónicas y extensa prisión preventiva. Todo amparado en el uso de la Ley Antiterrorista.


“Vivimos un Estado policial”, acota Arnaldo Pérez, quien además fue prisionero político en la década de los '90. “Los mapuches y anarquistas son exhibidos por el poder para decirnos que cualquiera puede ser acusado, encerrado, asesinado, y nadie dirá nada o hará nada”.


Román, agrega que “en ambos juicios hay una prueba precaria de parte del Ministerio Público. Hay montajes, no sólo policiales sino que políticos. Estos pretenden criminalizar conductas que no son tales e imputar delitos inexistentes”.


Los medios acusan y sentencian


Tanto en el juicio en Cañete -cuya sentencia significó la absolución de 14 comuneros mapuche y el retiro de cargos por Ley Antiterrorista ante la ausencia de pruebas contundentes para los restantes-, como en el “Caso Bombas” -que tiene en prisión preventiva a los imputados sin que se haya iniciado el juicio-, los medios de comunicación tradicionales han informado haciendo eco de la Fiscalía, violando el derecho a la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano.


Aún está en la retina de muchas personas el capítulo de Informe Especial, donde se esgrimían supuestas pruebas de asociación ilícita entre los acusados. “¿Qué mostró TVN? Jóvenes entrando y saliendo de casas okupas, que eran centros culturales donde se arreglaban bicicletas, había bibliotecas, se exhibían videos y se hacían foros-conversatorios”, recuerda Pérez Guerra.


Aylwin, en tanto, puntualiza: “Los medios han sido una piedra angular de la construcción de esta imagen de los movimientos sociales como terroristas”. También ocurrió con Elena Varela, documentalista que investigó sobre la lucha mapuche; enfrentó una acusación por terrorismo y quedó absuelta de todos los cargos tras un año y medio desde que allanaron su casa para tomarla detenida e incautaron su material filmográfico.


Arnaldo Pérez Guerra asegura que “la criminalización de la protesta social no acabará con lo que genera el descontento: La explotación, la injusticia, la infelicidad. Disminuye la convocatoria y participación el hecho de que la mayoría de la población sea machacada diariamente para que crean que la protesta social y la delincuencia son lo mismo, pero no pueden mantener este tinglado eternamente”.
Vanessa Vargas Rojas es periodista. Publicado en EL CIUDADANO.
Fuente:Argenpress