Los crímenes económicos de la dictadura continúan sin condena
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Por Gimena Fuertes
Los familiares de los 17 trabajadores de la Mercedes Benz secuestrados durante la dictadura recuperaron la esperanza de poder hacer justicia a partir de que en el país se abrió la posibilidad de discutir los crímenes de lesa humanidad cometidos con el propósito de sacar rédito económico. La Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con motivación económica, a cargo de Luis Alén y dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, investiga si hubo y cuál fue participación de las empresas en la instauración de la represión ilegal. Por lo pronto, esta semana se conoció la identificación de los restos de Carlos Alberto De Lorenzo, un obrero al que supuestos agentes de la policía federal secuestraron en su lugar de trabajo, un laboratorio químico en La Matanza.
Esta unidad, que ya lleva registradas hasta el momento 604 empresas apropiadas durante el accionar represivo, es también la que investiga cómo desaparecieron los miembros de las comisiones internas de delegados de las firmas que más crecieron durante la dictadura. Lo que se intenta demostrar es que en ambos casos, la apropiación de empresas y la desaparición de delegados y activistas durante la dictadura, son delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. En el caso de los obreros desaparecidos, se intenta esclarecer el grado de participación de los directivos de las empresas y determinar si sólo resultaron favorecidas por la implementación de un modelo económico, o si formaron parte activamente de la represión al colaborar con la desaparición de los integrantes de las comisiones internas y activistas.
Antes del golpe militar, en el noroeste del Conurbano Bonaerense se instalaban grandes plantas industriales de firmas como Mercedes Benz, Ford y General Motors, La Cantábrica, Deutz, Good Year, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Celulosa Argentina, Acindar, Tensa, entre otros. Muchos de sus delegados y activistas fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo por donde pasaron más de 6000 detenidos desaparecidos.
Por ahora, los restos de Carlos Alberto De Lorenzo, exhumados del cementerio del partido de La Matanza entre 2006 y 2007 pero que recién fueron identificados a fines de febrero dan cuenta de esta metodología de exterminio. De Lorenzo fue secuestrado el día 28 de julio de 1977 por un grupo de personas que manifestaron ser de la Policía Federal y que se presentó en su lugar de trabajo, “Laboratorios Rhodia SA”, ubicado en el Partido de Quilmes. Tenía 27 años y trabajaba como técnico químico.
Mientras la investigación judicial sobre los delegados secuestrados de la planta de González Catán de la Mercedes Benz duerme en el Juzgado Federal de San Martín Nº 2, hoy a cargo del conjuez Juan Manuel Yalt, en los Estados Unidos se espera abrir una causa civil para demandar a la empresa por delitos de lesa humanidad por la que podría perder millones de dólares, ya que allí existe una ley que exige que las empresas que instaladas en ese país no cometan delitos de lesa humanidad en el resto del mundo. De hecho, gracias a esta legislación, la Mercedes Benz ya perdió un juicio por complicidad con el apartheid en África. Ahora, la demanda por los 14 desaparecidos y tres sobrevivientes que se inició en California en 2004 podría finalmente devenir en un juicio antes de fin de año.
Esa histórica investigación judicial se inició con el testimonio del ex trabajador Héctor Ratto en el Juicio a las Juntas en 1984 y quedó suspendida por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luego fue retomada en 2002 pero, por ahora, sigue sin mayores resultados.
Eduardo Fachal, uno de los obreros que trabajó en la Mercedes Benz como operario en el área de tratamiento térmico de la planta entre 1974 y 1981, es uno de los testigos que en agosto aportó información a la causa “El mismo abogado de la empresa, Rubén Cuevas, reconoció en los Juicios por la Verdad que la empresa tenía dos archivos con legajos, uno el que se exige por ley de documentación laboral y otro con las actividades sindicales que realizábamos cada uno dentro de la fábrica”, relató a Tiempo Argentino.
La abogada querellante de los tres sobrevivientes y familiares de los 14 desaparecidos, Florencia Arietto, aseguró que está probada la complicidad del gerente de la planta de González Catán, Alejandro Tomás Tasselkraut. Sólo falta decisión para imputarlo. “Tenemos probado que Tasselkraut entregó una lista para eliminar a 17 trabajadores, de los cuales tres son sobreviviente, los únicos que fueron secuestrados dentro de las instalaciones de la misma empresa. Eran los 17 combativos los que rompieron con la conducción del SMATA, que le hacen la gran huelga. Es entonces cuando Carlos Ruckauf saca el decreto de eliminación del elemento subversivo”, relató la abogada Arietto en relación a la norma firmada por el entonces ministro de Trabajo, el 6 de octubre de 1975.
En los archivos de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), que ahora resguarda la Comisión Provincial por la Memoria, están los registros de espionaje de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todos los policías que ocupaban cargos de seguridad o vigilancia en las fábricas elaboraban listados, con nombre, dirección, pertenencia sindical y grado de activismo en la fábrica. De hecho, en la planta de González Catán de la Mercedes se desempeñaba el subcomisario Rubén Lavallén como jefe de Seguridad, quien a su vez, respondía a la delegación de inteligencia de Morón. Lavallén es el apropiador de la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Loares, hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares, una pareja secuestrada en Uruguay que fue desaparecida en el centro clandestino que funcionaba en la Brigada de Investigaciones de San Justo, de donde Lavallén había sido comisario. Para la abogada Arietto la causa no avanza porque “falta la decisión valiente de los jueces a los que les sobra coraje para juzgar a los débiles, y les falta cuando hay que tocar intereses y establecer reglas claras con las empresas”.
La causa está estancada en los cajones del juez claudio bonadío
Sospechan que el hijo de un gerente de la Mercedes Benz es apropiado
Publicado el 13 de Marzo de 2011
La querellante de los familiares de los obreros desaparecidos en la fábrica, Florencia Arietto, continúa presentando pruebas para pedir que la justicia ordene el ADN. La partida de nacimiento de Diego Tasselkraut presenta irregularidades.
La partida de nacimiento de Diego Christian Tasselkraut dice que nació el 19 de agosto de 1974 y que es hijo biológico de Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de la Merceces Benz de Argentina. Sin embargo, se sospecha que este joven que hoy trabaja para la automotriz fue uno de los tantos bebés apropiados durante la dictadura. Si bien la causa duerme en los cajones del juez Claudio Bonadío, la abogada querellante de los familiares de los obreros desaparecidos de la fábrica, Florencia Arietto, sigue presentando pruebas para pedir que la justicia pida un análisis de ADN. Y ahora logró que esta investigación sea enviada a la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas de Derechos Humanos para que se evalúe el curso de la investigación.
Las partidas de nacimiento de los bebés robados durante la dictadura militar, en medio de un contexto represivo y de total ilegalidad, son ahora una prueba de la impunidad con la que actuaban sus apropiadores. Una muestra de ello es la partida de nacimiento de los herederos de la dueña de Clarín, Felipe y Marcela, en la que figuran dos apellidos: Herrera y Noble. Al momento de anotar en el registro a estos chicos, Roberto Noble había muerto hacía siete años, por lo que su apellido fue agregado sólo por orden de Ernestina Herrera de Noble.
El caso de la partida de nacimiento de Diego Tasselkraut también despierta sospechas sobre su origen (ver facsímil). El documento muestra que nació en el Sanatorio Metropolitano en 1974, y muestra un domicilio del hospital al que recién se mudaría a mediados de 1975, lo que hace dudar también sobre la fecha del supuesto nacimiento, que podría haberse producido recién en tiempos de dictadura. Además, la empleada del registro que deja escrita su firma es Nélida Velaris, quien después trabajó en el Hospital Militar de Campo de Mayo. “No es una cuestión de torpeza al momento de ocultar el origen, es impunidad”, sostuvo a Tiempo Argentino la abogada que sigue la causa, Florencia Arietto.
La sospecha que ensombrece el origen de Diego Tasselkraut también se extiende a sus primos, hijos de Alejandro Tomás Tasselkraut, el hermano del gerente de la planta, quienes también podrían ser víctimas de apropiación ilegal. “En la causa de los primos que nacieron en el '79 y en el '81, pedimos pruebas en el juzgado de San Martín. Las querellas son dos, una por cada familia, pedí intensificar medidas para imputar a los responsables para investigarlos por apropiación. También queremos que se cite a las víctimas y se solicite la extracción de ADN”, precisó la abogada.
En agosto de este año se aportó un testimonio nuevo a la causa, el de Eduardo Fachal, quien trabajaba en la fábrica en el momento en que su jefe apareció con un hijo. “En la fábrica se sabía que Tasselkraut no podía tener hijos y un día apareció con un bebé, que luego se convertiría en un hombre morocho, como nosotros”, relató Fachal. “Siempre se comentó en la fábrica que no eran hijos biológicos, tal como están anotados. El rumor era que incluso Tasselkraut se había sometido a tratamiento. El hijo de Tasselkraut que hoy en día trabaja en las oficinas de Puerto Madero de la Mercedes Benz es un muchacho más bien morocho y en cambio Tasselkraut es rubio colorado, no se parecen en nada”, relató Fachal a Tiempo.
La abogada Arietto, que representa a las familias de los trabajadores desaparecidos, pide también ser querellante en la causa por las posibles apropiaciones de los Tasselkraut. “Nos merecemos el ADN antes de que cierren la causa. Somos David contra Goliat sin gomera”, se queja.
“No todos los vigilantes tienen manga blanca”
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Por Pablo Llonto
Abogado en causas de Derechos Humanos.
Empresarios que solicitan por escrito la captura de activistas sindicales, gerentes de personal que entregan listas de los delegados luchadores, agentes de inteligencia infiltrados en las fábricas, policías que simulan ser trabajadores, jueces y fiscales que miraban para otro lado cuando les denunciaban los secuestros de comisiones internas completas, periodistas que incitaban al despido y “aniquilamiento” de militantes sindicales o políticos… así de espantoso fue el sistema nacional que implantó la delación para llevar adelante un plan de exterminio en las fábricas, empresas, lugares de trabajo.
No es la historia de un país fantasma. Es la otra historia de la Argentina civil que durante los años de la dictadura sentenció a muerte a miles de trabajadores. Nuestra justicia tiene una gran deuda, apenas insinuada con el procesamiento de Martínez de Hoz y unos pocos cómplices que aguardan su indagatoria en las diversas causas abiertas de punta a punta del territorio.
La interminable batalla que muchas abogadas y abogados (Florencia Arietto, quien empuja la causa Mercedes Benz, es uno de los mejores ejemplos) sostienen en Tribunales para que se comprenda el grado de participación de los civiles en el terrorismo de estado, permanece oculta para los grandes medios. Seguramente es parte de la sospechosa manera que eligieron para referirse al pasado. Como si la barbarie sólo hubiese vestido de gorra. Para esa prensa, que jamás investigó el desastre que causaron a los argentinos los dueños del poder económico y civil, vale un viejo adagio de las tribunas futboleras de antaño: no todos los vigilantes tienen manga blanca.
“La intención era desaparecer a las comisiones”
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Por Luis Alén
Subsecretario de Derechos Humanos
El disciplinamiento a las empresas implicaba la desaparición de los grupos que actuaban en la economía que no eran afines. A su vez, en la industria automotriz se impone otro tipo de disciplinamiento, en este caso hacia las comisiones internas. Pero no es el único rubro, también están los ingenios, como Ledesma, o Las Marías.
La intención de hacer desaparecer a las comisiones gremiales fue para favorecer un proceso de fuerte pérdida de los salarios y la modificación de leyes laborales. Son distintos mecanismos, a los amigos se les saca la competencia interna, y se les desaparece las comisiones internas que fueron limpiadas, sus integrantes secuestrados y asesinados.
Los militares fueron el brazo ejecutor de la dictadura cívico militar. El mecanismo era el terror para disciplinar a toda la sociedad. De hecho, el Ministerio de Economía siempre estuvo en manos de civiles, como el de Educación, porque eran dos sectores estratégicos.”
Las confeccionaba la bonaerense
Las listas que demuestran cómo marcaban obreros
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Militares y policías se infiltraban en las fábricas con complicidad de los empresarios e identificaban a los delegados para entregarlos.
Durante los años previos al golpe, y en la dictadura también, la Policía Federal junto con las fuerzas militares infiltró en las fábricas a sus agentes, camuflados como jefes de Seguridad o empleados de vigilancia, para recopilar información sobre la actividad política y sindical de los trabajadores. Con una minuciosidad burocrática dejaron sentados en los archivos todos los datos que ahora son utilizados en los juicios por genocidio gracias al trabajo de recuperación histórica que hizo la Comisión Provincial por la Memoria.
En esos papeles que elaboraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), quedaron registrados años de espionaje llevados a cabo por la Policía Bonaerense. Cada agente infiltrado en las plantas fabriles elaboraba un informe de 17 puntos en los que detallaba el nombre del establecimiento, la dirección, su rubro, su producción, la cantidad de obreros y empleados administrativos y hasta su horario de trabajo. También detallaba si estaban afiliados a algún sindicato, cuál era, qué tendencia política los caracterizaba, y si había habido “elementos o grupos” pertenecientes a organizaciones guerrilleras.
En los casos en que los obreros militaban en organizaciones políticas, la descripción policial era más amplia. El informe de Terrabussi es uno de los más llamativos: “Este establecimiento modelo no escapa al cuadro general de la zona (General Pacheco), lo que se ve agravado por su proximidad con la planta Ford, siendo eco de sus problemas. Algunos de sus delegados integraban la Coordinadora de Gremios, siendo los restantes y gran parte de las bases arrastrados por el criterio de los principales activistas zonales con el resultado de medidas de fuerza y constantes conflictos. Se detectó la actuación en la planta de dos células, una del PC y la otra del PCR.”
El último de los ítems del informe debía consignar el nombre de los gerentes o dueños de las plantas, sin embargo en la mayoría sólo se lee la frase “no se ha podido establecer”, una forma de ocultar y resguardar la identificación de los que ocupaban los altos cargos. Otra de las maneras mucho menos sutiles de ocultamiento de los nombres jerárquicos es el tachado con marcador negro, como aparece en varias copias de los informes.
Los escabrosos registros detallaban al dorso el domicilio exacto de cada uno de los trabajadores señalados. La hipótesis de los sobrevivientes es que los mismos responsables de las áreas de personal informaban las direcciones. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el de Floreal Avellaneda, obrero de la fábrica Tensa, ubicada en la localidad de Munro, a quien fueron a buscar a su casa y lo terminaron secuestrando junto con su hijo adolescente, el Floreal “Negrito” Avellaneda, a quien finalmente asesinaron, y cuyos responsables fueron condenados el año pasado. Otro de los formularios que se resguardan en el archivo de la DIPBA son los de los mismos represores que actuaban como espías en las fábricas. El detalle titulado “Personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales en establecimientos fabriles, Delegación Inteligencia de Morón” incluye la jerarquía, el nombre y apellido, el cargo o función que supuestamente desarrollaban dentro de las plantas y la empresa. Por ejemplo, Rubén Lavallén, (ver nota central) simulaba ser jefe de Seguridad de la plata de González Catán de Mercedes Benz, pero en realidad era subcomisario de la policía federal. Lo mismo pasaba con Ariel Campos, mayor del Ejército, que mientras fingía ser jefe de Seguridad en la planta de La Matanza de YPF recolectaba información sobre la participación política de los trabajadores. En la Chrysler Fevre estaba el comisario Francisco Catáneo, en Deutz Argentina, el subcomisario Jorge Calvigno, o en GoodYerar, el oficial principal de la policía federal Carlos Esteban García.
Las puntillosas descripciones de los represores les terminaron jugando de manera desfavorable y sirven ahora como prueba en su contra en los juicios.
Un caso paradigmático de complicidades
Acindar prestó sus instalaciones para la represión
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Una de las empresas cuya complicidad con el terrorismo de Estado resulta paradigmática es Acindar, no sólo porque el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz fue su presidente, sino también por la represión desatada contra sus trabajadores y todo el pueblo santafesino de Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Carlos Sosa es uno de los sobrevivientes de aquella redada y junto con Alberto Piccinini y Carlos Actis y la Liga por los Derechos del Hombre son ahora querellantes en la causa contra Martínez de Hoz.
Carlos Sosa era ferroviario y vivía en Villa Constitución. Si bien no era metalúrgico, como delegado y secretario sindical sí compartía las luchas de los trabajadores de Acindar, un proceso de participación sindical que implicó paros, tomas de la fábrica y la solidaridad de todo el pueblo. Esta lucha llegó a su punto máximo en lo que se conoció como “el villazo”, cuando la lista Marrón, integrada por trabajadores de base organizados, vencieron a “a la burocracia sindical de la UOM central que manejaba Lorenzo Miguel en 1974”, cuenta Sosa. Alberto Piccinini, que ahora también es querellante en la causa, pudo ser delegado apenas tres meses porque en la madrugada del 20 de marzo de 1975, a las seis de la mañana, la Policía Federal, la policía provincial y un grupo de policía rural autodenominado “Los pumas”, desataron una cacería que terminó con más de 500 trabajadores y vecinos secuestrados.
El abogado que construyó la querella, Olivier Reboursim, detalló que “la empresa prestó sus instalaciones en lo que terminó siendo el primer centro clandestino de detención de la Argentina en el albergue de trabajadores solteros de la empresa. También puso a disposición su helipuerto para el operativo de los helicópteros de la Policía Federal y provincial y para los más de 100 autos. Así como en su momento les tocó a los responsables materiales, o sea a los cuadros del Ejército y las Fuerzas de Seguridad, desde ahora hay que actuar contra los responsables ideológicos y materiales, que se beneficiaron desde el punto de vista económico con el golpe de Estado y la dictadura”, opinó.
Nuria Giniger es antropóloga y en su beca de doctorado está investigando el disciplinamiento y control laboral en fábricas. “El caso de Acindar es paradigmático no sólo por el entramado económico de financiamiento a la dictadura sino por cómo se pone en juego la organización del trabajo para marcar a delegados y a activistas”, profundizó.
Para Carlos Sosa la historia continúa. “Con la lucha del pueblo de Villa Constitución, como dirían los paisanos, les pisamos el poncho. Ellos la quisieron ahogar a sangre y fuego, y en parte lo consiguieron, sufrimos una gran derrota. Pero siempre el espíritu de esa epopeya obrera y popular siguió vivo, y el 6 de diciembre de 1982 recuperamos el sindicato. Ahora queremos justicia”, reclamó.
“Quisieron ahogar a sangre y fuego y en parte lo consiguieron, pero siempre siguió el espíritu de esa epoeya obrera y popular. El 6 de diciembre de 1982 pudimos recuperar el sindicato para los trabajadores”, relató Sosa al hacer un balance de la historia del gremio metalúrgico.
“A civiles de diversos ámbitos les cabe algo más que la figura de colaboracionismo”
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Por Vicente Muleiro
Periodista y autor de 1976 El golpe civil
Hemos sentido como propias las heridas que la guerrilla asesina le infligiera a los soldados”, publicaba en una solicitada al día siguiente del golpe del 24 de marzo de 1976 Lorenzo Miguel, para atajarse, para negociar, para decir, acaso, que estaba dispuesto a entregar lo que le pidieran. No le sirvió de mucho. Mediante la Ley 21.279/76 la dictadura intervino la CGT y los gremios más importantes. También paralizó las cuentas personales de varios dirigentes y envió al mismísimo jefe metalúrgico a flotar en el purgatorio del buque-cárcel 33 Orientales.
Este perfil de sindicalistas negociadores había perdido terreno en los años setenta en algunas zonas fabriles claves. A Lorenzo Miguel, en Acindar, le había ganado el combativo Alberto Piccinini. El presidente de la empresa de entonces, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, militarizó la planta y el pueblo que la albergaba, San Nicolás, en un microensayo golpista que incluyó la habilitación de un centro clandestino en el albergue de solteros y que lo perfiló con más fuerza como jefe civil del videlismo. El jefe radical Ricardo Balbín, a partir de este episodio, regaló letra a los genocidas, con la creación de la figura de “subversión industrial”.
A José Rodríguez, titular de SMATA, le había salido un grano en la planta de González Catán de la Mercedes Benz. Los integrantes de la comisión interna y sus adherentes más activos, de perfil opositor, también conocieron de cerca esas acciones expeditivas que se ensayaban en 1975: 115 trabajadores fueron despedidos en el comienzo de un conflicto que más tarde, entre 1976 y 1977, desembocaría en catorce desapariciones. Juzgada ya en democracia, la Mercedes Benz se atajó: “Los 115 despidos eran pedido urgente del ministro de Trabajo Carlos Ruckauf y de la dirección de SMATA que ha pedido más despidos todavía”. El 4 de enero de 1977, con el conflicto aún irresuelto, dos delegados –Esteban Remes y Hugo Ventura– fueron citados por la empresa en la sede central de la avenida Libertador en la Capital. Salieron extrañados. Aquella dura patronal, que no se había mostrado dispuesta a ceder un céntimo, les concedía con buen tono todas sus reivindicaciones. Contar hoy que esa misma noche comenzó la brutal cacería en sus casas y en los aledaños de la fábrica, es como discurrir sobre un guión previsible. Si a las imágenes tenebrosas se les sobreimprimen los aguerridos Unimog del Ejército fabricados por la Mercedes, todo se entiende mucho más. Un buen colofón para cerrar la secuencia terrorífica implicaría un paneo final sobre el aparato de neonatología donado entonces por la empresa de origen alemán, con destino a la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Un gerente de la planta automotriz, Juan Ronaldo Tasselkraut fue acusado, a su vez, de apropiación de menores, un delito que debiera ser parte del mismo film de horror.
José Rodríguez –muerto en noviembre de 2009, previo paso por la blandengue CGT Azopardo y los “Gordos” que se ensancharon con Carlos Menem– y los directivos de la Mercedes Benz fueron acusados en tribunales nacionales e internacionales por estos crímenes de lesa humanidad. Crímenes que siguen exhibiendo, en un solo golpe de terror, que a civiles de diversos ámbitos les cabe algo más que la figura casi externa de “colaboracionismo”. Les cabe el peso histórico de haber formado parte de aquel combo cívico-militar.
Panorama histórico
Dictadura y reconversión económica
Publicado el 13 de Marzo de 2011
Por Norberto Galasso
Historiador
El estallido social producido en la ciudad de Córdoba, en mayo de 1969, significó el punto de partida de una movilización popular impresionante. Obreros y estudiantes confluyeron en la zona céntrica y lograron apoderarse de la ciudad. Un sindicalista como pocos –Agustín Tosco– se convirtió en la gran figura de esa revuelta popular y Córdoba permaneció más de un día en poder de los manifestantes. “El Cordobazo” marcaba así un hito en la historia de las luchas obreras de la Argentina. Había venido precedido de concentraciones y manifestaciones populares muy fuertes en Corrientes y Santa Fe y evidenciaba el poder de la clase trabajadora concentrada en grandes fábricas y de una muchachada rebelde que soñaba con la legendaria figura del Che, asesinado, poco tiempo atrás, en Bolivia. Este fue el punto de partida de dos protagonismos fundamentales de esa época: el de las explosiones populares espontáneas –Tucumanazo, Rosariazo, Mendozazo, etcétera– y de las organizaciones guerrilleras de diverso signo ideológico que no soportaban más “el Onganiato” iniciado en 1966. Raymundo Ongaro lideraba por entonces la CGT de los Argentinos y, en los sucesos del Cordobazo, hasta un hombre de Vandor, como “el lobito” Elpidio Torres, se sumó a la historia que se ponía en marcha. Surgieron, poco después, los sindicatos clasistas en las empresas automotrices con sindicalistas combativos.
Este crecimiento del rol protagónico popular se produjo en una Argentina que venía modificándose. En la vieja estructura agroexportadora que protegían Aramburu y Rojas, el gobierno de Frondizi había insertado importantes empresas extranjeras (automotrices, petroleras, petroquímicas). Y a partir del '67, con Adalbert Krieger Vasena como ministro de Onganía, se extranjerizaron muchas empresas tradicionales y, en especial, bancos. Pero la marea social despertada por el Cordobazo pudo más y arrinconó a los militares obligándolos a las elecciones del 11 de marzo.
Después de 18 años, el peronismo volvió al poder. El frente nacional tenía una composición distinta a aquella del 45: sin fuerzas armadas, con débil burguesía nacional, con jóvenes iconoclastas y un sector importante de gremios con direcciones burocratizadas. Los antagonismos internos del peronismo sellaron ese trágico período. Perón fue sabio al referirse al desencuentro con la Jotapé: “Para mí es demasiado tarde, para los jóvenes es demasiado temprano”.
El desencuentro lo aprovecharon los sectores económicos poderosos, ya no sólo la Sociedad Rural, sino grandes corporaciones transnacionalizadas y empresas multinacionales. Con la muerte del General se crearon las condiciones para el desmoronamiento del movimiento triunfante. Las TRES A desarrollaron entonces su tarea siniestra y la Argentina comenzó a cubrirse de sangre y llanto.
Pero los sectores de privilegio habían percibido la cuchilla muy cerca de su garganta en los años del alza de masas (1969/74) y no les fue suficiente el “rodrigazo” isabelino ni la declinación de la mayor parte de la dirigencia política. Por ello, decidieron el golpe de marzo del '76, lanzándose a una furiosa represión. “Joe” Martínez de Hoz –vinculado por tradición a la oligarquía vacuna pero ahora también al gran capital yanqui– fue el cerebro y los Videla, Menéndez, Camps y otros los ejecutores. Los jóvenes habían creído que se acercaban al cielo de una Argentina igualitaria, pero el gran capital cortó de cuajo aquel sueño, acentuando la política de exterminio.
Un sector de aquella débil burguesía nacional de los cincuenta –Gelbard, Bronner y otros– ya eran el pasado. Otro sector capitalista, tanto empresas extranjeras como nativas transnacionalizadas, creció notablemente al amparo de los negocios de los “Chicago Boys” que acompañaban a Joe, el ministro empleado de Rockefeller. Intervenidos los sindicatos, e impuesto el terror, fue posible reconvertir la economía a favor de la exportación y del sector financiero. En las empresas más poderosas como Ford, Mercedes Benz, Acindar y otras, la represión actuó muy selectivamente. Los jefes de personal en muchos casos señalaron a los delegados rebeldes y se aplicó la represión más terrible: torturas, fusilamientos publicitados como enfrentamientos, vuelos de la muerte, “desaparecidos”. Buena parte de grandes empresas nativas se transnacionalizaban vinculándose al capital extranjero: Pérez Companc y su Banco Río con el Citibank, Macri con Management Development, Fortabat con el Banco de Boston, aliándose al capital imperialista y a la vieja Sociedad Rural. Los salarios se hundieron y ellos lograron el ansiado “bajo costo argentino” para hacer negocios afuera, para exportar, copar mercados, invertir en el exterior. Los Bulgheroni y los Pescarmona hicieron su agosto.
Sólo una vieja arpía como La Nación se dio cuenta –porque era cómplice como lo evidencia su toma de Papel Prensa, en complicidad con Clarín– y participó de la alianza con cierta reserva ante las nuevas corporaciones del nuevo país dependiente. ¿Quién era, al fin de cuentas, la verdadera clase dominante?, se interrogó el matutino mitrista: “En los años cuarenta y cincuenta del peronismo –sostuvo el 17 de febrero de 1980– en la Argentina prosperó –claro que muchas veces artificialmente– una industria pequeña y mediana cuyos intereses concretos no siempre coincidieron con los de la comunidad de negocios tradicional. Ese fenómeno tiene, a pesar de su naturaleza diferente, algunos caracteres en común con una situación que se ha dado en los últimos años en la Argentina: el crecimiento impresionante de una docena de grupos económicos nuevos en términos tradicionales, que no en todos los casos representan el mismo tipo de intereses, sensibilidad social e incluso tradición política que los de la comunidad económica consolidada desde antiguo. El viejo establishment, como suele decirse, ha sido y es liberal y genuinamente republicano en su espíritu. En cambio, no se sabe todavía mucho sobre los grupos económicos emergentes.” La vieja clase dominante se encontraba con competidores arrogantes, además sanguinarios en tanto marchaban al compás de la represión de la dictadura y se asombraba del hecho: Pérez Companc pasó de 12 empresas en 1976 a 48 en 1983, Techint de 30 empresas a 46, Macri de siete empresas en 1983 a 47 en 1982, Bunge y Born de 59 empresas a 112 al fin de la dictadura. Era una clase dominante distinta que se resumía en el bifronte “Joe”, descendiente de los enemigos de la Revolución de Mayo y fundadores de la Sociedad Rural en 1866, pero también neta expresión del imperialismo yanqui al punto de declarar –él mismo– que una reunión con Walter Klein y David Rockefeller era, en verdad, “una reunión interna del Chase Manhattan Bank”. (La Razón, 9/11/1980).
Sobre una sociedad ensangrentada y mutilada, donde habían sido “desaparecidos” 30 mil compatriotas, se había asentado el poder de las grandes corporaciones, las mismas que le torcieron el brazo a Alfonsín años después y le impusieron los ministros de economía a Menem y a De la Rúa, como lo confiesa impúdicamente el mismo Macri en sus memorias. Poco hicieron los viejos y decadentes partidos políticos que aportaban intendentes a la dictadura. Fueron lo mejor del sindicalismo, a través de los 25 y la CGT Brasil, y un grupo heroico de Mujeres, las Madres de Plaza de Mayo, quienes enfrentaron a la barbarie dominante, una vez más represiva en lo político, reaccionaria en lo social y entreguista en lo económico.
Más tarde, cuando se conoció la lista de “desaparecidos” pudo observarse que la mayoría eran jóvenes y obreros. Creyeron los privilegiados que terminaría así toda inquietud y todo intento de reclamos y rebeliones. Pero la Historia –cuando la protagoniza el Pueblo– es más astuta y está dotada de la fuerza de la justicia. Por eso ahora están sumamente preocupados porque ya no podrán retornar a los tiempos idos y desesperadamente inventan maniobras y trampas para evitar que la mayoría del pueblo profundice su proyecto entre 2011 y 2014, en camino hacia una Argentina soberana e igualitaria. Pero no lo lograrán. No lo lograron con la boca de los fusiles y las torturas. No lo lograrán tampoco con políticos traidores y venales, ni con trapisondas, ni visitas a embajadas extranjeras.
Estamos ya en un nuevo cauce y ahora sabemos más, conocemos mejor, y están floreciendo mil flores cada día.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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