09.03.2011
Cuando la Justicia comenzó a investigar a los laderos de José López Rega, los detenidos empezaron a morirse. Extracto del libro de Marcelo Larraquy.
Después de la muerte de josé lópez rega en 1989, el expediente de la Triple A tuvo muy poca actividad. Con el paso de los años, sólo se fue moviendo el incidente relacionado con la banda de Aníbal Gordon hasta que la causa, con sus treinta y pico de cuerpos y miles de fojas, fue acomodada en los archivos del juzgado Nº 3 de los tribunales federales, y abierta a la consulta de periodistas e historiadores. Todos los homicidios que se habían denunciado ya estaban prescriptos.
El pedido de reapertura fue realizado en diciembre de 2005 por un caso singular: tres uruguayos —Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica— que se habían refugiado en la Argentina en 1974, fueron perseguidos por un comando de doce personas que los secuestró en dos procedimientos casi simultáneos. Al cabo de unos días, los tres aparecieron acribillados. Otras dos personas que sobrevivieron al secuestro responsabilizaron a la Triple A por la acción criminal.
En principio, la denuncia de los tres uruguayos ya había sido asentada en los legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (conadep) y, luego, en una causa contra el general (ya fallecido) Carlos Suárez Mason, pero una fiscalía federal la escindió de ese expediente —no eran crímenes que correspondieran a la dictadura militar— y la derivó a la Fiscalía 3, que tenía competencia sobre la Triple A.
En diciembre de 2005, el fiscal Eduardo Taiano requirió que los crímenes de Banfi, Jabif y Latrónica fuesen declarados de “lesa humanidad” y pidió al juzgado Nº 3 que desarchivara la causa.
La petición permaneció sin respuesta durante un año, hasta que el ex custodio de López Rega, el comisario (RE) Rodolfo Eduardo Almirón Sena, fue fotografiado en las afueras de Valencia por el diario El Mundo. Entonces el juez federal Norberto Oyarbide, con los elementos ya existentes en el expediente, dio curso al pedido del fiscal, declaró la “lesa humanidad” para los crímenes atribuidos a la Triple A y reclamó a España la captura de Almirón y de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. También ordenó la detención de otros dos custodios del ex ministro de Bienestar Social, Juan Ramón Morales y Miguel Ángel Rovira.
Almirón, que había emigrado a España en 1975, vivía con su esposa, la ex azafata Ana María Gil Calvo, en un modesto departamento. Después de trabajar en la seguridad del político Manuel Fraga Iribarne, se había empleado y jubilado en el rubro gastronómico y estaba en tratamiento de rehabilitación por una embolia cerebral. Su esposa envió cartas a la justicia para explicar que el cerebro del ex custodio era ahora como el de un niño de tres años y que su estado de salud no soportaría ni siquiera el vuelo a la Argentina. De todos modos, la Audiencia Nacional española concedió su extradición para ser juzgado en su país.
Diez días después de que las fotografías de Almirón se hicieron públicas, una guardia periodística el diario Perfil retrató al ex comisario Morales en pijama, a los 88 años, en el balcón de su departamento de Carranza 2336, en el barrio porteño de Palermo. No había tenido necesidad de irse del país. Tras sus dos declaraciones en 1977 y 1978 en la causa de la Triple A, la justicia jamás lo había requerido. Oyarbide ordenó su detención y dispuso el arresto domiciliario. En tanto, se ordenó la captura de otro ex custodio, el ex suboficial mayor Miguel Ángel Rovira, quien se entregó voluntariamente. Se había retirado de la fuerza policial poco después del golpe de Estado de 1976 y en el año 2000 trabajaba como jefe de seguridad de los subterráneos porteños, contratado por la empresa concesionaria Metrovías. La agrupación Hijos lo “escrachó” frente a su casa de la calle Pasco 1032.
Oyarbide también pidió la captura de Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, aunque, según los registros de Migraciones, había partido al exterior pocos días antes.
Los fundamentos del juez Oyarbide para disponer la prisión preventiva de Almirón, Morales y Rovira, considerados responsables de integrar prima facie la Triple A, ya obraban en la causa judicial desde los años 1986, 1987 y 1988, pero entonces no fueron contemplados por el fiscal Aníbal Ibarra ni por el juez Fernando Archimbal para ordenar su detención, pese a que había testimonios sobre su participación en los ilícitos investigados. Pero entonces el interés de la justicia estaba focalizado sólo en la extradición y el juzgamiento de López Rega.
Una vez que la justicia, luego de más de treinta años de impunidad, comenzó a interesarse por los delitos atribuidos a la custodia del ex ministro para someterla a juicio, todos los detenidos empezaron a morirse. Morales sucumbió en agosto de 2007, tras casi medio año de detención en su casa. Apenas Almirón volvió al país, en marzo de 2008, los peritos que lo revisaron informaron que no estaba en condiciones de prestar declaración indagatoria por su deterioro psíquico, psiquiátrico y su historial de cardiopatías. Lo encarcelaron en la unidad penitenciaria de Marcos Paz. Al tiempo, el cuerpo médico forense lo declaró insano. Murió en un hospital en julio de 2009 a los 73 años.
Durante los años ochenta, Felipe Romeo había sido amparado por el ex comisario represor Ramón Camps y luego se guareció en algún rincón del peronismo de su barrio de Florencio Varela. En los noventa, cayó preso por vender cocaína, y luego formó parte de una constructora que trabajó en la restauración de la cúpula del edificio de la avenida Rivadavia 2009, en el barrio de Congreso, que había sido construido a principios de siglo xx e inspirado en el estilo art nouveau del arquitecto catalán Antonio Gaudí. La restauración fue premiada por la Bienal de Arquitectura en 2002. En el año 2009, tras permanecer dos años prófugo, la policía detuvo formalmente a Felipe Romeo cuando ya estaba internado en el hospital público Juan Fernández, pero él no llegó a darse cuenta de que estaba detenido. Vigilado por el personal del servicio penitenciario, murió en el mes de junio, a los 64 años, consumido por la cocaína, el sida y los problemas coronarios y respiratorios. Su cadáver estuvo varias semanas en una heladera sin ser reclamado.
El último detenido del expediente de la Triple A, Rovira, falleció en julio de 2010 por un aneurisma, a los 75 años, mientras cumplía la pena de prisión preventiva en su domicilio, aunque se sabía que entraba y salía con bastante regularidad.
De este modo, el expediente de la Triple A, tras el efímero impulso en 2007, quedó sin detenidos y la causa que tramita el juzgado de Oyarbide volvió a quedar paralizada, al menos hasta el cierre de la edición de este libro.
Las únicas investigaciones judiciales que subsisten en torno a la Triple A se realizan sobre el grupo ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU), que operaba en Mar del Plata en los años setenta en apoyo a la “ortodoxia” peronista.
La CNU era una organización de origen universitario, inspirada por el ideólogo nacionalista y profesor de griego y latín, Carlos Disandro (con quien Perón había intercambiado correspondencia durante su exilio), que tuvo su “bautismo de fuego” cuando un grupo fue al auditorio de la Facultad de Arquitectura para romper una asamblea con cadenas y revólveres, y mató a la estudiante Silvia Ana Filler, en diciembre de 1971.
Con el regreso de Perón en 1973, la CNU se acomodó en la ortodoxia peronista, publicaba sus comunicados en el periódico El Caudillo y prestó su tropa para las estructuras de distintos gremios en el enfrentamiento contra la Tendencia Revolucionaria y Montoneros. Uno de los asesinos de Filler, Juan Carlos Gómez, era secretario, y guardaespaldas, del titular de la CGT local, quien luego fue librado de su cargo por la amnistía decretada por el presidente Héctor Cámpora el 25 mayo de 1973.
Después de Ezeiza, miembros de la CNU entraron en contacto con la Juventud Peronista República Argentina (jpra) y otros grupos lopezrreguistas que recibían sustento estatal desde el Ministerio de Bienestar Social. Con el correr de los meses, la CNU comenzó a prestar apoyo logístico a sectores del Ejército y a policías de la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo la represión ilegal durante el gobierno de Isabel Perón. Según testimonios obtenidos en los Juicios por la Verdad en el año 2001, se denunció que miembros de la CNU colaboraron en el centro clandestino La Cueva, establecido en la base aérea marplatense, durante el terrorismo de Estado.
Al actuar como un apéndice de las fuerzas estatales de seguridad, las denuncias contra miembros de la CNU, anexadas en la causa de la Triple A, fueron encuadradas como “delitos de lesa humanidad” y remitidas en el año 2008 al juzgado federal de Mar del Plata.
Uno de los hechos de mayor trascendencia de la organización ultraderechista sucedió tras el crimen del jefe de la CNU local, el abogado Ernesto Piantoni, el 20 marzo de 1975, quien además manejaba una empresa familiar de distribución de golosinas. Piantoni fue muerto presumiblemente por Montoneros, o como consecuencia de una interna entre la UOM y la CNU. Esa misma noche, un grupo de entre veinte y treinta miembros de la CNU salió del velatorio de su jefe con la convicción de vengar su muerte. Y tras una misa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima al día siguiente, fusilaron a cinco personas para dar cumplimiento al mandato del “cinco por uno” que se habían juramentado frente al cadáver de Piantoni. A cada uno de ellos le atravesaron el cuerpo con entre veinticinco y cincuenta balazos.
Uno de los miembros de la CNU, Gustavo Modesto Demarchi, quien actuaba como fiscal federal en esa época, y al cierre de la edición de este libro se mantenía prófugo de la justicia, mandó a archivar la investigación de los crímenes de marzo de 1975, a menos de dos meses de sucedidos los hechos.
Entre abril de 1975 y hasta el golpe de Estado hubo otros diez crímenes de la CNU con características similares.
En el marco de la misma causa que se investiga en Mar del Plata, en noviembre de 2010, otro ex líder de la CNU, Patricio Fernández Rivero, ex estudiante de Letras y ex empleado de la agencia estatal Télam durante los años setenta, fue detenido en Alta Gracia, Córdoba, para ser juzgado por delitos de “lesa humanidad”. Fernández Rivero, que tiene 64 años, había sido recibido por Perón en la residencia de Olivos en enero de 1974, junto a la Juventud Sindical Peronista (JSP) y la jpra, entre otros grupos paraestatales que se enfrentaban con las armas a la izquierda peronista. También fue detenido Mario Durquet, acusado de participar en el crimen de María del Carmen Maggi, decana de la Universidad Católica, secuestrada en mayo de 1975 y cuyo cuerpo apareció enterrado en Mar Chiquita el 23 de marzo de 1976. Antes de morir, puesta de rodillas, le dijo al grupo de victimarios: “Los perdono, no saben lo que hacen”. Uno de los asesinos vomitó luego de que Carmen Maggi fuera perforada por los disparos.
Otros siete ex miembros de la CNU se mantienen prófugos.
Para el año 2011 se espera que sea llamado a declarar en esta causa el actual secretario general de la CGT Hugo Moyano, a fin de indagarlo sobre los vínculos entre la CNU y la JSP y la CGT de Mar del Plata, organizaciones estas dos últimas de las que formaba parte.
Fuente:ElArgentino.com
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