En el aniversario de Wilson Ferreira y los 25 años de la Ley de Caducidad
El martes 15 se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Wilson Ferreira. Para el líder blanco, la Ley de Caducidad de 1986, no era una amnistía y estaba pendiente una depuración militar prometida por el general Hugo Medina.
Por Luis Casal Beck
Wilson Ferreira Aldunate. Su presencia marcó la vida de su partido. Hoy es recordado como una figura nacional.
En la sesión del directorio blanco previa a la redacción del proyecto de ley de caducidad, después aprobada por el Parlamento, con oposición de todo el Frente Amplio, Wilson Ferreira informó al cuerpo que acababa de mantener una reunión reservada con el entonces jefe del Ejército, general Hugo Medina, quien le dijo que no podía "garantizar el control de la gente que tiene bajo su dependencia" y guardaba las citaciones judiciales a oficiales, en la caja fuerte de su comando.¿Qué estaba pasando?. La Justicia había citado a varios oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos durante el ciclo dictatorial (1973-1985), y los uniformados se negaban a concurrir, sosteniendo que sólo declararían ante un juez militar. La fecha de la audiencia estaba cercana en el tiempo. Las negociaciones políticas eran intensas. Una propuesta de amnistía general del gobierno naufragó en el Parlamento, al ser rechazada por blancos y frentistas. El 22 de diciembre, el teniente coronel José Gavazzo del Ejército y otros ocho militares, tenían que hacerse presentes en un juzgado. No lo pensaban hacer. Era un desafío a la renaciente democracia. Ferreira impulsó una salida política (Ley de Caducidad), con un artículo cuatro (que los hechos demostraron que tenía distintas formas de aplicación por parte del Poder Ejecutivo, según quien fuera su titular) y una serie de compromisos reseñados en el acta número 83 del directorio blanco que presidía. El tema adquiere hoy fuerte vigencia, al estar en discusión una posible derogación de la controvertida norma.
"Sinceramente, dijo Ferreira en el directorio, (...) se vota con amargura, porque el solo hecho de tener que votar esta cosa (...) es reconocer que no estamos en un régimen democrático pleno, es una constatación como para que nadie tenga la posibilidad de estar alegre".
Previamente, el caudillo blanco reveló los detalles del diálogo con Medina, y las afirmaciones por este realizadas: "Le dije que en esta reinserción de las FFAA era indispensable una depuración clara de los cuadros militares", afirmó.
Según la versión trasmitida por Ferreira, Medina señaló: "Si me piden un compromiso de depuración del Ejército, yo estoy dispuesto a dárselo. Estoy dispuesto a firmarle que pondré en funcionamiento el mecanismo de los tribunales de honor y todos los mecanismos internos de manera de salvarnos de ese 'bandidaje' que nos ensucia a todos".
"Mire agregó el comandante del Ejército según lo establece el acta del directorio blanco, los responsables de este tipo son también los mismos responsables de los otros delitos que a usted y al país les preocupan tanto". Medina recordó en ese encuentro de diciembre de 1986, que él pasaba a retiro, pero tenía la impresión de que sus sucesores estarían en la misma "tesitura espiritual".
"Al Partido Nacional no le sirve un Ejército de gavazzos y corderos (por los oficiales José Gavazzo y Manuel Cordero)", señaló Ferreira al directorio. "Y todo esto (la Ley de Caducidad) tiene que estar integrado con un compromiso muy duro que tienen que asumir las FFAA y el presidente de la República, para una depuración drástica de los cuadros de las FFAA". Y agregó: para evitar cualquier falsa interpretación, la ley tendrá que decir que no incidirá en la extradición de todos los delincuentes que la justicia argentina reclame".
La iniciativa fue después aprobada por las dos Cámaras Legislativas. En los hechos se convirtió en un instrumento de amnistía hasta 2005, en que asumió la presidencia Tabaré Vázquez, habilitando las investigaciones en los estrados judiciales, que terminaron con muchos oficiales presos. En la práctica, las FFAA no fueron depuradas. A los pocos meses de la sanción de esta ley, Ferreira enfermó, y murió en los inicios de 1988.
Su presencia marcó la vida de su partido. Inicialmente blanco independiente, del grupo de la lista 400 (Washington Beltrán, diario El País), intervino en la reunificación blanca (1958), ocupó una banca de diputado por Colonia por la Unión Blanca Democrática (UBD), entre 1959 y 1963; fue ministro de Ganadería y Agricultura (1963-1967), de impronta modernizadora y progresista; senador y duro opositor al gobierno de Jorge Pacheco Areco. En 1969 formó su propio grupo (Por la Patria) y en 1971, perdió la presidencia por 12 mil votos (en elecciones cuestionadas), transformándose en el líder de los blancos.
Exiliado en Argentina en 1973, escapó por minutos a un operativo criminal que en 1976 eliminó a numerosos opositores a la dictadura en Buenos Aires (como Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz); vivió en Europa, convirtiéndose en uno de los embanderados de la resistencia. En 1980, apoyó a la Convergencia Democrática Uruguaya (CDU), presidida por su hijo, Juan Raúl. En 1983, la convención blanca lo postuló como candidato presidencial en las elecciones previstas para el año siguiente; regresó en 1984, lo encarcelaron y después del comicio, lo liberaron. A partir de 1985 presidió el directorio del Partido Nacional, y dirigió "La Democracia". En 1987 le detectaron una grave enfermedad. Murió a las siete menos diez del 15 de marzo de 1988. Tenía 69 años.
Repercusión. El Plenario Nacional del Frente Amplio podría ser postergado
Caducidad: nuevo revés para el FA; la CAP-L no vota el proyecto
La CAP-L le comunicó ayer al presidente del FA, Jorge Brovetto, que no votará el proyecto que deja sin efecto la Ley de Caducidad. La decisión del sector liderado por Fernández Huidobro cierra la puerta a una salida consensuada en el FA y a la posible postergación del Plenario Nacional.
CAP/L. El senador Fernández Huidobro comunicó ayer la decisión al presidente del FA.
La Dirección Nacional de la CAP-L resolvió no votar el proyecto que combina la ley interpretativa y la iniciativa elaborada por el senador socialista José Korzeniak, al ratificar su resolución del 14 de noviembre de 2010.
"La solución jurídica y política a este tema debe necesariamente respetar nuestra Constitución y los principios de nuestro ordenamiento jurídico y a la vez ser avalada indefectiblemente por un pronunciamiento popular de democracia directa", expresaba la declaración del año pasado. Pese a las infructuosas negociaciones de las últimas semanas de Brovetto por lograr una fórmula que concitara el respaldo de todos los grupos del FA para anular la norma, la CAP-L, al igual que el senador Jorge Saravia, no variaron de posición, más allá de las modificaciones que se le introdujeron al proyecto de ley interpretativa.
Fuentes del Frente Amplio (FA) señalaron a LA REPUBLICA que si bien Brovetto "agotará todos los esfuerzos", el Plenario Nacional convocado para el sábado 19 podría ser postergado, al ser el tema de la Caducidad el motivo de la convocatoria.
"Si no están los votos, lo racional sería aplazar el Plenario, porque no favorece al Frente forzar un tema en el que no hay acuerdo", subrayó otra alta fuente consultada.
Añadió que menos debería realizarse el Plenario, cuando otro de los puntos polémicos será el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre la actitud de los legisladores comunistas Eduardo Lorier y Alicia Pintos, quienes se negaron a votar en ambas cámaras la ley de Educación, y argumentaron en las sesiones plenarias en contra.
"¿Qué tipo de sanción se puede aplicar a esos dirigentes si hay por lo menos dos senadores que se niegan a votar el proyecto interpretativo con las modificaciones de la Ley de Caducidad?", se preguntó el dirigente al insistir en que el Plenario debe ser postergado.
Empero, el tema será debatido mañana en la Mesa Política del FA, luego de conocer la decisión que adopte la Alianza Progresista.
El senador Rodolfo Nin Novoa coincidía con los dos compañeros de bancada que no votan el proyecto. No obstante, su posición definitiva se conocerá mañana.
"Aceptar resultado"
En tanto, el diputado Carlos Gamou de la CAP-L dijo a LA REPUBLICA que su sector no "acepta la ley interpretativa con las modificaciones", que se introdujeron en base a la propuesta de Korzeniak.
El legislador informó que al término de la reunión de la Dirección de la CAP-L, Fernández Huidobro le comunicó a Brovetto la decisión del grupo.
"Nosotros nos ajustamos a la declaración del 14 de noviembre. Cualquier solución debe pasar por el pronunciamiento popular", advirtió.
Gamou recordó que ya hubo dos pronunciamientos de la ciudadanía sobre la Ley de Caducidad. "Hay que aceptar el resultado de los dos pronunciamientos anteriores", expresó.
El sector no acepta la propuesta del FA que apunta a que la iniciativa que se impulse contempla la "retroactividad", por considerar que es "inconstitucional".
En la declaración de noviembre, la CAP-L instó a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
"Tomando en cuenta las últimas sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, convocamos públicamente a todas aquellas víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, que así lo entiendan pertinente a que presenten los recursos legales correspondientes, ya sea aquellos que no se hayan presentado o lo hayan hecho y por efecto de la ley de Caducidad no hayan sido atendidos sus reclamos", puntualiza el texto.
Fuente:laRepublica
Fuente:Agndh
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