SECRETARIO DE PJ LOCAL DECLARO EN JUICIO DELITOS LESA HUMANIDAD
Bahía Blanca, 6 de septiembre (Télam).- El secretario general del PJ en Bahía Blanca, Jorge Scoccia, declaró hoy en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Comando en V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Scoccia, de 65 años, brindó su testimonio en torno al caso de Néstor “Coco” José del Río, quien se desempeñó en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y que además comenzó a participar del gremio de los no docentes de la alta casa de estudios bahiense.
Además, el ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) relató su paso en la Universidad y los momentos por los cuales fue torturado y detenido en una comisaría para luego ser trasladado a la Unidad Penal de Villa Floresta donde quedó detenido por disposición del Poder Ejecutivo Nacional en 1975.
Scoccia dijo que “Coco del Río trabajaba conmigo, vivíamos en el mismo barrio y transitamos juntos conducciones en el gremio no docente, era un hombre trabajador, responsable, con mucho humos más allá de esos momentos difíciles”.
El dirigente peronista, al recordar a su compañero, afirmó entre lágrimas que “esto me produce mucho dolor porque era un amigo”.
“Era muy solidario como compañero, respetuoso dentro del empuje gremial que tenía, muy trabajador y gremialmente tenia la misma actitud de estar con compañeros y ser solidario”, afirmó.
En ese contexto, Scoccia dijo que la actividad “era la propia de cualquier gremio y los planteos se realizaban ante el rectorado y también ante el ministerio de Educación de la Nación relacionado al mejoramiento del trabajador dentro de la UNS y tener participación para la construcción de un modelo universitario”.
Del Río fue asesinado de ocho disparos el 21 de marzo de 1976 en momentos en que se encontraba internado en el Hospital Municipal de la ciudad de Bahía Blanca luego de haber sido atacado días antes por un grupo de personas que ingresaron por la fuerza a su vivienda en momentos en que se encontraba junto con su familia.
En la madrugada de ese día desconocidos ingresaron al centro asistencial y tras amenazar al telefonista se dirigieron a la sala de neurología, encerraron a las enfermeras, y asesinaron a Del Río de ocho disparos.
Scoccia además relató la situación vivida en la universidad en momentos en que el rumano Dionisio Remus Tetu era el rector interventor de la casa de estudios de Bahía Blanca.
“En abril de 1975 fui dejado cesante por el rector Remus Tetu, a quien recuerdo sus palabras de este señor, si se puede decir señor”, agregó.
En ese sentido, Scoccia afirmó: “me dijo `puede trabajar conmigo, usted tiene prestigio, pero si es necesario habrá que matar`” al agregar que “yo ese modelo no lo acepto por lo que me retiré a mi actividad privada como bioquímico”.
“Después de ese episodio se generó en la universidad un ambiente de represión muy conocido por la actividad bahiense y universitaria”, dijo.
El dirigente peronista agregó además que “Remus Tetu tenía una patota conocida por los docentes y no docentes, que andaban de civil y armados en la universidad”.
Durante su declaración el dirigente peronista recordó el momento que fue secuestrado y detenido en 1975.
“Me sacaron de mi casa encapuchado y me llevaron a la Policía Federal, posteriormente a otro lugar donde después supe que era la comisaría primera ubicada en la calle Beruti”, expresó y detalló "hubo interrogatorio, me pusieron desnudo y me pasaban corriente eléctrica”.
Scoccia dijo que “me preguntaban por qué era peronista, yo les decía que soy y seguiré siendo peronista, y no era necesario que me hubiesen secuestrado”.
El secretario general del PJ precisó que “estuve detenido 11 días y luego fui trasladado a la Unidad de Villa Floresta donde en enero de 1976 recuperé la libertad”.
Por último, Scoccia dijo ante la Fiscalía y el Tribunal que “más allá del tiempo los muertos no vuelven salvo los recuerdos y los felicito por esta decisión en participar de algo que es histórico”.
Fuente:ElPatagónico
“La masacre de Catriel”, un falso enfrentamiento que encubrió el asesinato de cuatro jóvenes
La “Masacre de Catriel” se cometió cerca de la medianoche del sábado 4 de septiembre de 1976 en una casa abandonada, ubicada en el número 321 de la calle homónima de Bahía Blanca.
Allí fueron asesinados Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Mario Manuel Tartchitzky. La pericia del prestigioso médico forense Mariano Castex determinó que las víctimas fueron acribilladas estando tendidas boca arriba en el piso.
El caso comenzó a ser ventilado en el marco del juicio oral y público a 17 represores, once militares retirados, cuatro policías y dos agentes penitenciarios, por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, que se realiza en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
El 25 de agosto testimonió Susana Matzkin, hermana de la asesinada Zulma y una activa impulsora de la realización del juicio, que debió atravesar muchas dificultades para iniciarse en una ciudad muy conservadora y en la que su principal medio periodístico, el diario La Nueva Provincia, continúa reivindicando a la dictadura que asoló el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
Susana Matzkin integra la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad. Que, entre otras cosas, consiguió que el Concejo Deliberante de Bahía Blanca le haya impuesto el nombre “Cuatro de septiembre” a una plaza en conmemoración de la matanza.
Zulma Matzkin tenía 24 años al ser asesinada. Había estudiado Economía en la UNS dónde había militado en la JUP. Estaba casada con Alejandro Mónaco, que también fue asesinado por la dictadura.
Su hermana dijo que Zulma estaba clandestina antes del golpe cívico-militar de marzo de 1976, y que la casa paterna, en Pehuajó, había sido reiteradamente allanada en 1975.
Pablo Francisco Fornasari, otro de los jóvenes asesinados, había sido compañero de militancia de Néstor Kirchner en La Plata, confirmaron a Télam Investiga fuentes de la justicia federal de Bahía Blanca.
“Fornasari tenía 28 años y había sido compañero de Kirchner y de los diputados nacionales Carlos Kunkel y Carlos ‘Cuto’ Moreno en la Federación Universitaria por la Revolución Nacional (FURN) de La Plata a comienzos de los años ‘70”, ratificó la fuente.
"Fue secretario de prensa de la Universidad de La Plata y fundador de la Radio Eva Perón, que fue como se llamó originalmente Radio Universidad de La Plata", agregó el periodista Fernando Amato, subdirector de la revista Caras y Caretas.
La de Amato es una voz autorizada por ser coautor, junto a Christian Boyanovsky, del libro "Setentistas. De La Plata a la Casa Rosada" (Sudamericana) que se centra en la prehistoria platense de Néstor y Cristina Kirchner, y particularmente en la historia de las FURN, el grupo más antiguo de todos los que terminarían confluyendo y conformando la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Télam Investiga ofrece un relato de los hechos según consta en la requisitoria de elevación a juicio. Para su reconstrucción fue clave el testimonio de un sobreviviente del horror, Juan Oscar Gatica, entonces de 29 años y hoy de 64.
La masacre de Catriel” (II)
En la tarde del viernes 25 de junio de 1976 Juan Oscar Gatica fue secuestrado junto a Pablo Francisco Fornasari y Juan Carlos Castillo. Los tres jóvenes entraban a Bahía Blanca por la Ruta Nacional 22 en la camioneta del primero cuando fueron interceptados por un retén del Ejército al mando del capitán Raúl Oscar Otero.
Los tres, militantes peronistas, regresaban desde el pueblo de Médanos, partido de Villarino. Gatica recordaría que el capitán Otero y Fornasari se conocían porque el militar revistaba en el Batallón de Comunicaciones 181 con asiento en Bahía Blanca, dónde Fornasari había hecho el servicio militar.
Otero detuvo y llevó detenidos a los tres militantes al Batallón 801 tras constatar que Castillo figuraba en una lista que llevaba consigo. Puestos en el mismo calabazo, a la mañana del sábado se llevaron a Castillo. El domingo por la mañana cambiaron de celda a Fornasari y Gatica, confinándolos con otras personas.
El lunes Gatica y Fornasari fueron interrogados por dos hombres, sin sufrir apremios. Sus interrogadores los indujeron a escribirle una carta a sus familias. Luego, fueron fotografiados.
El jueves primero de julio fueron llevados a la guardia del batallón dónde se les hizo suscribir que el trato recibido había sido correcto y se les dijo que su liberación era inminente.
El viernes Fornasari fue trasladado a la “Escuelita”, el centro clandestino de detención establecido dentro del predio que ocupaba el V Cuerpo de Ejército. Allí había sido llevado antes Castillo un ex estudiante de ingeniería del petróleo en la Universidad de Comahue de 35 años. Castillo estaba casado con Ericilia Ángela Kooistra quien permanece desaparecida.
Sobrevivientes de “La Escuelita” vieron a Castillo de pie, desnudo y con los testículos atados a una reja después de una feroz sesión de picana. También vieron a Fornasari luego de ser sometido al mismo suplicio, desnudo, con los ojos vendados, obligado a permanecer de pie a la intemperie en pleno invierno, en medio de los perros que los guardias usaban para asediar a los secuestrados.
A todo esto, la madre de Fornasari, Elba Nicoletti, buscaba afanosamente su hijo. En el Batallón 801 de Comunicaciones negaron que hubiera estado detenido, al igual que en el V Cuerpo de Ejército.
Sin embargo, ya entrado julio, el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber le dijo que Pablo Franciso había estado detenido “entre los presos comunes” pero que había sido liberado en la víspera. Y a continuación le mostró el escrito que su hijo había firmado en la guardia del cuartel.
No tuvo más noticias de Pablo hasta que le informaron que había sido “abatido en un enfrentamiento” por la “Agrupación Tropas” en una casa de la calle Catriel.
Una comunicación cursada por el mayor Bruzzone desde el Centro de Operaciones Táctico (COT) del V Cuerpo de Ejército a las dos de la madrugada del domingo 5 de septiembre hacia el subcomisario Félix Alejandro Alais de la Delegación de la Policía Federal, dio pie a la difusión de un “enfrentamiento”.
Bruzzone le comunicó formalmente a Alais que “a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar fuertemente armada fue comisionada para rodear y reducir a las personas armadas que con actitud sospechosa estaban en el inmueble de Catriel 321”, dice la requisitoria de elevación a juicio hecha por la acusación.
Alais no era un policía del montón, cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, había sido denunciado hacia ya más de un año por Rodolfo Walsh como un conspicuo miembro de los escuadrones asesinos de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o “Triple A.
Félix Alais era hermano de Ernesto, un general que se hizo famoso en enero de 1988 por su extrema lentitud para desplazarse a Monte Caseros, donde se había sublevado Aldo Rico. Debía reprimir el segundo alzamiento carapintada liderado por Rico, quien se había hecho fuerte en el Regimiento de Infantería 29 de esa localidad correntina. Las tropas comandadas por Ernesto Alais jamás llegaron.
El general Alais, quien participó en la feroz represión ejecutada en la provincia de Tucumán, llegó a presidir el RENAR (Registro Nacional de Armas) antes de ser procesado como presunto autor de delitos de lesa humanidad. Su hermano Félix Alejandro se afincó en Bahia Blanca, dónde, al menos, hasta el 2007 prestó servicios con su agencia de seguridad Fast en la Facultad de Agronomía de la UNS.
“La masacre de Catriel” (III)
Fue el subcomisario Alais quien, a partir de la comunicación de Bruzzone, puso en circulación la falsa noticia de que en la calle Catriel los militares habían sido recibidos con fuego de armas automáticas, y que tras repeler la agresión durante media hora “resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y el secuestro de armas.
El lunes 6, el diario “La Nueva Provincia”, bajo el título “Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad” aseguró falsamente que Castillo y Fornasari eran “cabecillas de la organización ilegalizada en primer término”, en referencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyo nombre estaba prohibido decir y escribir (lo mismo sucedía con Montoneros, “la organización ilegalizada en segundo término”).
Citando un comunicado de la Subzona de Defensa 51 del V Cuerpo de Ejército, el diario identificó a Pablo Francisco Fornizari (sic) como “Lito” un “oficial segundo” (rango que utilizaba Montoneros, no el ERP) y supuesto “jefe de destacamentos” de Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata.
Dicho comunicado acusaba al acribillado Fornasari de pertenecer a “la organización” desde 1969 (cuando ni Montoneros ni el ERP se habían presentado en público ni se conocía su existencia) y de haber militado varios años en La Plata.
También lo acusó de haber intervenido en el asesinato de un subcomisario en marzo de 1975, así como de haber planeado y dirigido una emboscada a una patrulla de la Compañía de la Policía Militar 181 en diciembre de 1975, ocasión en que fueron asesinados un suboficial y un soldado conscripto, rematando la serie con otra falsedad: “El delincuente Fornazari habitó la finca ubicada en Sarmiento 1502, del barrio Palihue, hasta fines de julio del corriente año, debiendo abandonarla precipitadamente en oportunidad de ser allanada la vivienda por fuerzas del Ejército”.
Se refería a un hecho ocurrido en la noche del 24 de julio, cuando Fornasari y sus compañeros iban a cumplir un mes como detenidos-desaparecidos.
En el ínterin, la camioneta de Castillo, robada por quienes lo habían secuestrado junto con Fornasari y Gatica, era utilizada por el subteniente Julián Oscar “El Laucha” Corres, quien se hizo conocido por fugarse de la Delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca y luego recapturado. Corres estaba en el grupo de quienes están siendo juzgados, pero falleció el lunes 8 de agosto.
En cuanto al cuarto asesinado, Manuel Mario Tartchitzky, de 26 años, era un físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y al igual que Matzkin había militado en la JUP.
Juan Oscar Gatica, sobreviviente de la masacre de Catriel y testigo de la causa, padeció el secuestro de su pareja, Ana María Caracoche y de los dos hijos de ambos. María Eugenia Gatica Caracoche, con apenas un mes de vida, había sido secuestrada desaparecida en el mes de marzo de 1977 junto con Susana Falabella y su compañero José Abdala, quienes la tenían a su cuidado junto con un bebé de la pareja de nombre José Sabino.
En el mes de abril de 1977 Ana María Caracoche fue secuestrada con su hijo Felipe Martín. Al intentar impedir que le quitaran el bebé, fue brutalmente golpeada en la cabeza y sufrió fractura de un brazo.
Permaneció detenida-desaparecida en los centros clandestinos de detención “La Cacha y “Pozo de Banfield”. Posteriormente fue liberada.
Felipe Martín fue recuperado recién en 1984, a la edad de 7 años. Su hermana, María Eugenia, con 9 años de edad, un año más tarde.
José Sabino Abdala Falabella fue localizado en 1993. Los padres de José Sabino continúan desaparecidos.
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agndh
Lesa humanidad: jueces encabezaron una inspección ocular en Bahía Blanca
El reconocimiento se llevó a cabo sobre la calle Catriel de aquella ciudad, en donde habría ocurrido el homicidio de cuatro personas. En el proceso son juzgados 17 imputados en total, por crímenes cometidos en perjuicio de 90 víctimas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca realizó la semana pasada una inspección ocular en el marco del juicio oral que se realiza en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Así, los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava encabezaron el reconocimiento sobre la calle Catriel de aquella ciudad, donde habría ocurrido el homicidio de cuatro personas en 1976.
Es en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército.
Se encuentran acusados los ex militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel; los ex policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex agentes del Servicio Penitenciario Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya.
En la causa se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado.
El debate se realiza en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca.
FuentedeOrigen:CIJ.gov.ar
Fuente:Agndh
FuenteFoto:Web
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