Una política de la memoria armada de retazos y media verdad
Aunque los archivos de la Jefatura no contengan ningún escrito de los años de la dictadura, la decisión política de frenar cualquier investigación demuestra la trama ideológica del poder local por ocultar lo ocurrido y no debatir sobre esos años.
Norberto G. Asquini
Durante esta semana nuevamente el tema de los "archivos de la dictadura" fue materia de cuestionamiento y debate. Puntualmente, no se conoce aún la información que hay, o habría a ciencia cierta, ya que hay un ocultamiento no declarado sobre el material que alberga la Jefatura de Policía.
Casi no se entiende el por qué de la negativa a que los querellantes en la causa que investiga secuestros y torturas en La Pampa durante la dictadura puedan conocer ese material documental. Hay cuestiones burocráticas que son utilizadas como excusas para trabar el acceso. Por supuesto que hay leyes que amparan toda documentación personal de policías y civiles -por ejemplo, legajos-, y que están resguardadas. Pero hay otro tipo de información institucional que puede darse a conocer.
También se indica como freno que no hay un listado sobre el material de esos años en la Jefatura, y por lo tanto no se conoce lo que se puede consultar. Otra excusa para frenar cualquier pretensión de investigar.
¿Qué hay?
Seguramente, se puede inducir, no habrá en la Jefatura Policial demasiado material documental que pueda develar el accionar represivo de la fuerza durante la dictadura militar. Pasaron ya 28 años de democracia, tiempo suficiente en el que sus autoridades pudieron retirar cualquier prueba que hubiera quedado de la primera destrucción realizada en 1983.
Además, la información que recolectaba la Subzona 14 era materia de Inteligencia del Ejército. La policía tuvo por un lado una estructura legal a la que le superpuso otra, ilegal, que fue la que actuó para "combatir a la subversión" con los grupos de tareas. La información legal es la que quedó, la ilegal seguramente fue destruida.
Pero la apertura de esos archivos que quedaron, aunque no se encuentre nada de utilidad judicial en su contenido, es en esencia una decisión política de avanzar sobre la memoria, la verdad y la justicia de lo ocurrido durante esos años. Eso es lo reprochable al gobierno de la provincia: su falta de compromiso con la búsqueda de la verdad, por promover el debate histórico, la complicidad implícita de estas medidas con los actores de esos tiempos y con el olvido sobre lo ocurrido, y promotor de una política de la memoria limitada y vacía.
Agenda impuesta.
La política de la memoria en La Pampa es apenas una consecuencia de la imposición de la agenda nacional de los gobiernos de los Kirchner a partir de 2003. Si desde Nación no se hubieran implementado esas directivas tendientes a la reconstrucción de la memoria sobre esos años y no se hubieran impulsado los juicios a los represores de la dictadura militar, la provincia hubiera continuado su estado permanente de "deber del olvido".
Así, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos fue parte de la imposición de una agenda nacional en materia de DD.HH. Sin embargo, y a pesar de los avances que hubo por fuera del gobierno provincial -por ejemplo en la cuestión de género y de la discriminación, entre otras-, la política de la memoria a nivel provincial está dada por retazos que ocultan más de lo que revelan.
En esta columna ya se ha hablado de la "media verdad" que promueve el Estado provincial sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar. En la provincia se recuerda a los desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado pampeanos, pero como una muestra del horror que se vivió afuera de su territorio. Apenas se toca lo ocurrido en la represión ilegal en la Subzona 14, temas que recién ahora son materia de estudio y discusión.
Trama ideológica.
Tal vez no haya una orden explícita del gobernador Oscar Mario Jorge para impedir el ingreso y conocimiento del archivo de Jefatura. Sin embargo, el poder político, más allá de sus declaraciones, no está comprometido con esta búsqueda de la verdad. La memoria ha sido un tema secundario, incómodo y mera cuestión de efeméride. "Es un tema del que no me interesa hablar", dijo al ser consultado esta semana el ministro de Gobierno, César Rodríguez, sobre el porqué del impedimento de conocer sobre los archivos de Jefatura. Ni siquiera esbozó una justificación anclada en temas burocráticos.
¿Qué hay detrás de esta respuesta? Un complejo entramado ideológico de la clase gobernante local en el que priman las medias verdades para no avanzar en la discusión de los años de la dictadura militar, y tampoco sobre las responsabilidades de la violencia política en la etapa previa, que toca al peronismo. Un difícil equilibrio entre sus dirigentes para no debatir qué papel y responsabilidad ocuparon algunos actores de esa época que hoy mantienen su vigencia en el campo político, pero también dirigentes fallecidos o familiares. Y en el que están todos comprometidos, hasta buena parte de la oposición, sino recordar el discurso del intendente Francisco Torroba y la "teoría de los dos demonios". Una trama de relaciones personales e ideológicas que tiende su manto de olvido sobre lo ocurrido.
Avances.
Sin embargo, hay espacios para avanzar. La Justicia Federal, sus funcionarios, también es parte del impulso por la memoria y la verdad. Por un lado, el histórico juicio a nueve represores realizado en 2010 muestra hasta dónde avanzó la búsqueda de justicia. La condena y las consecuencias jurídicas a futuro que deparó el proceso dan cuenta de esto.
Este año, se instruyó la segunda parte de la investigación sobre los crímenes del grupo de tareas de la Subzona 14. La fiscal federal Marta Odasso incluyó más de 300 nombres de supuestas nuevas víctimas, pero además "avanzó" sobre secuestros y torturas ocurridos en los meses previos al golpe de 1976. Algo que no se ha dado en otras jurisdicciones.
En materia de "políticas de la memoria" el Juzgado Federal de Santa Rosa, y sus funcionarios -que quede bien aclarado- han sido además de los archivos más importantes para develar lo que ocurrió en esos años.
Memoria colectiva.
El pasado es de todos, un campo conflictivo y un lugar para la política y el debate en el presente. Desde el poder y desde la sociedad, con sus múltiples puntos de vista, le dan forma al pasado recordado. Estarán quienes justifiquen, ya casi sin argumentos ante el estado actual de cosas, la acción represiva y sus horrores "por el bien de la Nación". Y los que en torno a la defensa de los derechos humanos conviertan a la memoria en un arma de lucha o en la base para promover el respeto a la ley y la tolerancia. Quienes apliquen los métodos de denuncia pública a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y los que los usen contra aquellos con quienes se disiente políticamente.
Sin embargo, el Estado provincial, sobre todo frente al impulso del gobierno nacional, debería promover una política de la memoria suficientemente amplia, y con elementos suficientes para la discusión. Pero, como se dijo, cuando el pasado incomoda, es mejor dejarlo reposar.
Fuente:laArena
No hay comentarios:
Publicar un comentario