Por “razones de salud” pidieron apartar a Díaz Bessone del juicio que lleva su nombre
Mi pobre dinosaurio
Por Juane Basso.
Gonzalo Miño, el polémico abogado del jerarca de la dictadura Ramón Genaro Díaz Bessone, presentó un nuevo escrito ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de Rosario, en el que solicitó que su defendido sea apartado del proceso –donde se juzga a buena parte de la patota que comandó el gendarme Agustín Feced–, por “razones de salud” . Por su parte el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, informó que el viernes 10 de febrero pudo comprobar que el genocida "puede soportar el proceso". "Estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la Justicia federal de Paraná, y el acto se desarrolló con normalidad”, dijo Stara.
Una vez más, Miño volvió a la carga con el tema de la salud del máximo responsable –vivo, diría Susana Giménez– del terrorismo de Estado en Rosario y la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, de ls cual fue comandante hasta octubre de 1976. Las chicanas del letrado fueron una constante del proceso que se inció en julio de 2010 y que ya corre por el guinnes.
En el marco de una nueva audiencia del juicio que lleva el nombre de su cliente, y justo cuando le tocaba iniciar su alegato, el abogado de Díaz Bessone solicitó por escrito que su defendido “no siga siendo sometido a proceso”, por su complicado “estado de salud”.
El escrito del defensor más entusiasta de los represores –esta semana apareció en los medios como representante legal de Juan Ámelong en el Colegio de Abogados–, retomó trazos del informe del médico de la Policía Federal leído días atrás, en el que se justificaba que en esa dependencia no contaban con el dispositivo de cuidados que necesita Díaz Bessone para estar alojado allí, ya que el represor requería “atención médica, psicológica y terapia ocupacional”, y porque se encontraba “muy angustiado”.
La semana pasada, desde el tribunal le otorgaron nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, a apenas horas de habérsela quitado por incumplir las condiciones estipuladas para un preso bajo ese régimen.
En respuesta al pedido realizado este martes por Miño, los jueces dispusieron que la audiencia se suspenda hasta el miércoles de la semana que viene. Si bien el tribunal no hizo lugar al pedido del abogado, sí solicitó que le sean remitidos nuevos informes de los médicos de la policía federal, y convocó al cuerpo médico forense de la Corte Suprema de la Nación para que realice una nueva junta médica que analice la salud de Díaz Bessone.
El fiscal de la causa, Gonzalo Stara, planteó una revocatoria a la decisión del tribunal de suspender la audiencia, por entender que Miño podía comenzar igual con su alegato, ya que no se requiere la presencia de Díaz Bessone para esta instancia, por no ser “un acto personalísmo”. Pero los magistrados no le hicieron lugar.
En contacto con Redacción Rosario, Stara informó que “el viernes pasado pude ver que Díaz Bessone puede soportar un proceso, ya que estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la justicia federal de Paraná y que se hizo en su casa”.
El fiscal recordó además que Díaz Bessone ya “fue dado de alta por el Hospital Militar" de Buenos Aires, en el que estuvo durante enero.
Antes del revuelo armado por Miño, al inicio de la audiencia de este martes, había concluido su alegato el abogado de oficio del ex detenido político acusado de “colaboracionista”, Ricardo El Cady Chomicky, quien solicitó la absolución de su defendido.
En el proceso son juzgados además Díaz Bessone y Chomicky, los ex policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini.
A lo largo de un año y medio largo de audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.
La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.
14/02/2012
Juicío Díaz Bessone
Otro día de alegatos
Este lunes el abogado defensor de Ricardo Chomicky, Héctor Galarza Azzoni, prosiguió con su alegato en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina durante la dictadura. Pidió “la absolución" del imputado.
En el proceso son juzgados, además del civil Chomicky, el ex jefe del Segundo Cuerpo Ramón Díaz Bessone, los ex policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini.
En la continuidad de su alegato, Galarza Azzoni se dedicó a desplegar los principales argumentos enumerados en la audiencia de la semana pasada.
La nulidad de la acusación del la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ‒única de las querellas que acusó a su defendido‒, y “la revictimización” a la que consideró que Chomicky está siendo sometido al haber sido primero “detenido y víctima del terrorismo de Estado” y ahora enjuiciado junto a sus captores, fueron las principales ideas fuerza de su discurso.
El abogado volvió a recordar que el fiscal del juicio, Gonzalo Stara, pidió la “absolución de Chomicky”. Desde esa óptica ‒y si bien no logró concluir su alegato‒, reclamó varias veces que los jueces estén en línea con su planteo y el de la fiscalía.
Tras la defensa de Chomicky, que se espera termine durante la audiencia de este martes ‒o el miércoles a más tardar‒, será el turno del abogado del principal acusado de la causa, el general retirado, Ramón Díaz Bessone, por quién las querellas pidieron la pena de prisión perpetua.
Fuente:RedaccionRosario
TRANSMISION
De común acuerdo con el gobierno de la provincia, la Cámara de Diputados de Santa Fe también transmite por Internet los alegatos de la causa Díaz Bessone. Así, los ciudadanos podrán acceder a la transmisión en directo a través del sitio oficial de la Cámara: www.diputadossantafe.gov.ar El diputado kirchnerista Gerardo Rico -impulsor de la iniciativa- lo definió como "un histórico juicio, que comenzó en julio de 2010 y se encuentra en su etapa final".
Fuente:Rosario12
PIDEN ABSOLUCION PARA EL UNICO IMPUTADO CIVIL EN LA CAUSA DIAZ BESSONE
14 de febrero de 2012
La defensa de Ricardo Miguel Chomicky, un civil acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la causa Díaz Bessone que se tramita en Rosario, pidió hoy la absolución de su cliente por actuar en estado de necesidad justificante.
Si hay algo fácil de probar en esta causa es el estado de necesidad, que es un instituto propio del derecho penal liberal, en cuanto a que no son punibles las acciones que no se realizaron en un ámbito de libertad, dijo el abogado Héctor Galarza Azzoni, defensor del imputado.
Además, el letrado señaló que durante el juicio se produjo un proceso de revictimización de su defendido por lo que solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario la absolución del acusado.
A diferencia de los otros cinco imputados, el ex comandante del II Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone, y los ex policías santafesinos José Lo Fiego, Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara, Chomicky es el único civil acusado en este juicio oral.
Militante de la Juventud Peronista durante los años 70, Chomicky fue detenido en el 1 de diciembre de 1976 y llevado al Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, según declaró el 6 de octubre de 2011 ante el TOF2.
De acuerdo a su testimonio, fue sometido a torturas y vejámenes propios de los centros clandestinos de detención.
Luego pasó a colaborar con sus verdugos, según algunos testimonios brindados por sobrevivientes durante el desarrollo del juicio, que incluso señalan que el ahora imputado fue detenido en setiembre del 76 y no diciembre.
Por su doble condición de víctima y victimario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no lo querelló, al igual que la agrupación HIJOS Rosario.
En cambio, sí levantó cargos contra Chomicky, alias el Cady, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
El caso de los detenidos en los campos de concentraciones son todos casos de manual; en el caso de mi asistido es un caso evidente, palmario de la aplicación del estado de necesidad, ya sea justificante o exculpante, dijo hoy el abogado Galarza Azzoni durante el alegato final del juicio.
En esa línea argumental, subrayó la presión psíquica de tal intensidad sufrida por su cliente que "no se le puede exigir una conducta conforme a derecho.
No se le podía exigir ser un mártir o un héroe, abundó el defensor del Chomicky.
También recordó que la Fiscalía federal de la causa, a cargo del fiscal Gonzalo Stara, pidió la absolución del imputado a la hora de su alegato.
El mal al que se amenazaba a mi asistido es el mal mayor, que es la amenaza de muerte, sostuvo el abogado Galarza Azzoni en otro párrafo de su alegato.
Además, leyó un documento de la LADH fechado en Buenos Aires en agosto de 2010, que señala que al terrorismo de Estado es a quienes juzgamos y no a las víctimas, porque jamás avalaremos la teoría de los dos demonios.
Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados equiparándolos a los jefes del genocidio, no sólo jurídicamente es insostenible porque el Código Penal no se rige por los códigos de honor del militante, sino que políticamente es muy peligroso, leyó el abogado en busca de marcar la contradicción de la querella.
Fuente:Telam
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