CONFIRMAN PROCESAMIENTOS Y PREVENTIVAS PARA REPRESORES
13 de marzo de 2012
La Cámara Federal confirmó los procesamientos, con prisión preventiva, de cuatro represores imputados de centenares de secuestros y torturas en perjuicio de personas que estaban ilegítimamente cautivas durante la dictadura.
En una resolución de 50 carillas, a la que Télam tuvo acceso, la Sala I del tribunal de apelaciones confirmó los procesamientos de Héctor Horacio Marc, Eduardo Angel Cruz, Juan Miguel Méndez y Raimundo Oscar Izzi, cuyos bienes fueron embargados en sumas de que van desde los dos a los seis millones de pesos.
La medida, firmada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, confirma lo resuelto por el juez federal Daniel Rafecas en la causa en que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
Marc irá a juicio por "privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas, reiterada en 207 ocasiones de las cuales 122 se encuentran agravadas por haber durado más de un mes".
También será juzgado por la "imposición de tormentos, agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un preso que guarde" en más de dos centenares de casos.
En cuanto al embargo, se fijó la suma de seis millones de pesos sobre sus bienes.
Por su parte, a Cruz se le atribuye la "privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas, reiterada en 177 ocasiones de las cuales 122 se encuentran agravadas por haber durado más de un mes" y por torturas en 177 oportunidades.
Además, se lo embargó en cuatro millones y medio de pesos, al igual que al represor Méndez, a quien se le atribuye la misma cantidad de hechos .
Finalmente, a Izzi se lo responsabiliza por "privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas, reiterada en 50 oportunidades y por el mismo número de "tormentos, agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un preso que guarde", en tanto en este caso el embargo fue de $ 2 millones.
Los hechos analizados "habrían tenido lugar dentro del contexto del plan sistemático de represión ilegal, marco en el cual los nombrados habrían ocupado según el caso distintas posiciones en el centro clandestino de detención que funcionó primero como `El Atlético`, luego, como `El Banco` y, finalmente, bajo el nombre `El Olimpo`, dependiente de la Zona I (Primer Cuerpo del Ejército)", recrearon los camaristas.
Los magistrados efectuaron un detalle completo de todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención y torturas donde operaba "el sistema represivo orquestado por la última dictadura militar" que "procuró, desde su génesis, lograr la impunidad de sus integrantes fundamento, entre otros, de los tabicamientos de los detenidos y de la utilización de apodos por parte de los represores-".
Los jueces evaluaron, además, las "características del hecho y la modalidad de comisión que conforman la base de la imputación, la clandestinidad con que se llevaban a cabo los hechos por los que se los investiga (uso de apodos, el tabicamiento de las víctimas para impedir luego el reconocimiento, la falta de registros, zonas liberadas, negativa de información)".
También hicieron referencia "la complicidad de innumerables personas" que "ha impedido que, a pesar del tiempo transcurrido desde los sucesos, se cuente con las pruebas que permitirían reconstruir todos los aspectos penalmente relevantes del aparato de poder represivo del que los imputados habrían sido parte".
Fuente:Telam
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