Corrupción de grueso calibre: 38 policías investigados por enriquecimiento ilícito
Asuntos internos, problemas externos
La Dirección Provincial de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad elevó a la Justicia las actuaciones referidas a un caso de presunto enriquecimiento patrimonial –no justificado– de un oficial de la Policía santafesina. Se trata del comisario mayor Daniel Gerardo Moscatelli, que cumplía funciones como subjefe de la Unidad Regional 3 (departamento Belgrano) y no pudo explicar patrimonialmente la adquisición de una propiedad inmueble y un automóvil. El oficial es uno de los más de treinta policías santafesinos que tienen investigaciones abiertas sobre posibles hechos de corrupción ‒entre los que se cuenta el actual jefe de Rosario, Néstor Arizmendi‒. La causa quedó en manos del juez de instrucción nº 8, Juan José Pazos.
Pazos deberá refrendar en el plano judicial lo que se insinuó por vía administrativa: que el comisario Moscatelli no pudo explicar de manera convincente cómo hizo para construir una casa de más de medio millón de pesos y comprar un auto de alta gama con su sueldo policial.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la medida fue adoptada en el marco de lo establecido por ley provincial Nº 12.238 de “Procedimiento para la Investigación de Enriquecimiento Ilícito del Personal Policial”.
Las referidas actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la 8ª Nominación de la ciudad de Rosario, a los fines de llevar a cabo el necesario control jurisdiccional.
Moscatelli supo ocupar cargos de importancia en distintas regionales, como la jefatura de Investigaciones en la Unidad Regional IV, del departamento Caseros, previo a su designación como subjefe de la UR III, de Belgrano, con sede en la ciudad de Las Rosas. En ese lugar fue donde en diciembre pasado se tomó licencia porque la jefatura provincial le avisó que no sería tenido en cuenta para otras funciones. Se retiró junto a su superior, el comisario mayor Fernando Torres.
Moscatelli había comenzado a ser investigado en 2009, luego de que una denuncia anónima alertara en dependencias del ministerio de Seguridad sobre dos operaciones que el comisario hizo a pesar de su salario, por debajo de los 7 mil pesos: Moscatelli adquirió en 2008 una casa valuada en 565.000 pesos y un Citroen Xsara SX.
"La conclusión de la investigación realizada por Asuntos Internos fue que el comisario no pudo justificar adecuadamente su expansión patrimonial; por eso cerró las actuaciones y lo derivó a la justicia penal, tal como dispone la ley 12238, de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito del personal policial", indicó el ministro de Seguridad, Leandro Corti.
Según publicó este miércoles Rosario 12, cuando Asuntos Internos citó a Moscatelli en agosto del año pasado para que explique la situación, él argumentó que la vivienda de Casilda la compró con el fruto de la venta de otro inmueble en la localidad de Sanford. Dijo que invirtió la primera cuota en la compra del terreno, y que para construir la casa se valió de una indemnización por despido que percibió su esposa y un crédito bancario. Moscatelli aseguró que la vivienda que edificó sólo vale 90 mil pesos, algo que el peritaje de una arquitecta para Asuntos Internos desmintió. La cotización del inmueble asciende a 565 mil pesos.
En cuanto al auto, el comisario dijo que pudo adquirirlo con otro préstamo bancario y el dinero que le reportó la venta de otro auto, aunque no presentó documentación que avale esta transacción.
Los investigadores averiguaron que el supuesto comprador de la casa de Sanford que Moscatelli habría vendido para construir en Casilda es su cuñado. Un detalle que avivó la sospecha de Asuntos Internos es que este cuñado es transportista, aunque se inició en esa actividad tres años después de haberle comprado la casa a su cuñado Moscatelli. Los peritos consideraron además que el comisario no debería haber tenido capacidad de ahorro, teniendo en cuenta que su salario era el único ingreso familiar y que en los diez años anteriores nunca cobró más de 2000 pesos de sueldo. "El incremento patrimonial de Moscatelli es injustificado", aseguró Corti.
El ministro reveló que, en estos momentos, son 38 los jefes policiales de la provincia investigados por enriquecimiento ilícito por parte de Asuntos Internos. Según explicó en declaraciones a Radio 2, las investigaciones se activaron desde el inicio de su gestión, el 11 de diciembre de 2011, cuando “con la renovación de las autoridades de Asuntos Internos” se planteó “el firme propósito de ir trabajando estas causas que son emblemáticas”.
En rigor, hay que recordar que el 14 de diciembre de 2011, trascendió públicamente que el entonces recién designado jefe de policía de Rosario, Néstor Arismendi, tenía abierta una denuncia por enriquecimiento ilícito en Asuntos Internos.
El reconocimiento que hace Corti, de que recién desde diciembre de 2011 se activaron las investigaciones, es una elíptica acusación a la gestión de sus antecesores ‒huelga decir que del mismo Frente Progresista‒ en el ministerio de Seguridad; para los cuales dejó flotando la pregunta sobre ¿qué se investigó o por qué no se investigó en Asuntos Internos durante esos mandatos?
Pero también caber recordar que el nuevo jefe de Asuntos Internos, Néstor Gilberto Zapata, fue presentado en sociedad recién el 15 de diciembre del año pasado, un días después de que se conociera la denuncia que el flamante titular de la fuerza en Rosario arrastraba desde 2008 y que no había sido movida.
La idea, dijo Corti este miércoles, es avanzar con firmeza en este tema y derivar a la Justicia los casos que “así lo ameriten”.
El funcionario explicó además que esto acaba con la sensación de que “el hilo se corta por lo más delgado”, es decir que sólo se investiga a efectivos que pertenecen a las “jerarquías menores”. La intención, expresó, es también dar un mensaje al personal que “trabaja con seriedad” dentro de la fuerza.
Arismendi
El 14 de diciembre de 2011, el diario La Capital ‒que suele ser un escenario de operaciones de prensa utilizado por las internas de la propia fuerza‒ reveló que “existía información sumaria en la Dirección Provincial de Asuntos Internos contra Arismendi por averiguación de enriquecimiento ilícito presunto, abierta en el año 2008 y de trámite vigente”.
“Se trata de un señalamiento no judicial generado a partir de una denuncia anónima de aquel año contra varios oficiales”, informaba el Decano de la Prensa, y agregaba: “Ni siquiera es un sumario administrativo ni, menos aún, una causa judicial penal. Al abrirse el trámite, el número 13 del año 2008, se comisionó al juzgado de Instrucción Nº 4 de Rosario para que interviniera como órgano de apoyo a fin de requerir información a organismos tributarios y entidades bancarias, dado que éstos sólo responden sobre datos de patrimonio al requerimiento de un juez”.
“Desde el Ministerio de Seguridad ‒proseguía el matutino propiedad del Grupo Uno‒ confirmaron que el trámite en Asuntos Internos existe y que el titular de esa cartera lo solicitó para evaluarlo en manos propias. Aunque no implique que el funcionario policial señalado sea culpable ni que se haya enriquecido de modo ilegal, la situación es incómoda para el gobierno porque se trata del hombre elegido para dar el ejemplo dentro de la fuerza policial. Eso fue, en sentido estricto, lo que Corti reclamó a la oficialidad en su primer acto como ministro en Rosario”.
“Corti ‒concluía el artículo‒ dijo que no debe tomarse la denuncia contra Arismendi como una imputación. «Están en curso los pedidos de informes bancarios y patrimoniales que demoran tiempo. Esto le pasó a otros funcionarios sobre los que no se probó nada. No obstante si entendemos que (el jefe nombrado) no puede justificar su expansión patrimonial indudablemente se adoptarán las decisiones que requiera el caso»”.
La mala estrella de Arismendi
La “mala estrella” de Arismendi no se terminó con esa denuncia que todavía sigue abierta, sino que tuvo otros puntos de exposición polémicos luego de la denominada masacre de villa Moreno, la cual lo ubicó en el centro de los acontecimientos con un tardío reconocimiento de que en la cadena de hechos ‒que desembocaron en el fusilamiento de los tres jóvenes militantes‒, aparecía implicado uno de sus hombres: un policía de la guardia del Hospital de Emergencias que protegió al hijo de uno de los asesinos baleado horas antes del trágico episodio del 1 de enero de este año.
Fuente:RedaccionRosario
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