UNA SOLUCION PARA YPF ANTES DE QUE LLEGUE EL FRIO
El general Invierno
Antes de que llegue el frío el gobierno se propone retomar el control de YPF. Pero todavía no decidió el modo. Una hemorragia en la balanza comercial que compromete las ventajas comparativas del país. Junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es la principal medida del segundo mandato de CFK. El modelo argentino visto con ojos brasileños. El ministro Casal implora que Dios lo salve.
Por Horacio Verbitsky
No es casual que los dirigentes sindicales que se reunieron con Dilma Rousseff le hayan mencionado el ejemplo argentino, como reverso de la política económica que sigue Brasil. En 2011 la economía brasileña creció algo menos que el promedio de los países que integran el Grupo de los 20 (2,7 por ciento de Brasil contra 2,8 por ciento del G-20). Pero la diferencia se agiganta con los tres países del Grupo que más crecieron: la Argentina (9,5 por ciento), China (9,2 por ciento) y la India (7,3 por ciento). Dilma se reunió por más de dos horas con los dirigentes de las seis centrales sindicales de su país, quienes se quejaron por la desindustrialización, consecuencia de la apertura financiera y el flujo masivo de capitales especulativos, que produjo un persistente atraso cambiario, al estilo argentino de la década pasada. Los sindicalistas le opusieron el ejemplo de la Argentina, donde el mayor crecimiento se da en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Uno de los asistentes dijo que Dilma replicó: “¡Pero la Argentina tiene 20 por ciento de inflación!”. Esa referencia a la inflación fue el eje de la cobertura en la prensa argentina que, en cambio, ignoró el encomio sindical al modelo argentino. Dilma “nos dio una clase sobre lo que está haciendo, pero todas las medidas son lentas y el país está quebrado”, dijo Paulo Pereira da Silva, el líder de Força Sindical, la central obrera creada por Lula.
Verdad y consecuencia
El gobierno brasileño desmintió la frase transmitida por los sindicalistas, alegando que la presidente nunca hablaría de asuntos internos de un país hermano y para más presidido por una amiga. Se comprende, porque Brasil no sale favorecido ni en el cotejo de 2011 ni en las previsiones para 2012. Que Dilma haya dicho o no lo que le atribuyen tiene así una importancia menor, si se compara con la no desmentida posición sindical. Esto no debería ser motivo de jactancia sino de preocupación, ya que no hay forma de impedir que el flojo desempeño de la economía brasileña provoque también una desaceleración de la argentina dado que Brasil absorbe un tercio de nuestras exportaciones. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC, la tasa de crecimiento interanual argentina en diciembre fue del 5,5 por ciento. Similar efecto se percibe en los datos de enero del comercio exterior y en la recaudación tributaria. Entre agosto de 2011 y enero de 2012, el valor de las exportaciones se redujo un 28,4 por ciento. Pero el valor de las importaciones tuvo una caída aún más pronunciada, del 29,6 por ciento. Esto permitió mantener en enero un superávit comercial de 550 millones de dólares, pero el Centro de Investigaciones de la CTA, CIFRA, entiende que este impacto incipiente de la crisis global en nuestro país explica en parte el menor nivel de actividad económica local en los últimos meses. Para estimar cuál será el resultado anual de la balanza no sirve multiplicar por 12 esos 550 millones de superávit de enero, ya que las restricciones aplicadas por el gobierno equivalen al freno de un mes de importaciones, unos 8.000 millones de dólares. La flexibilización posterior, que está serenando algunos ánimos exaltados, implica el compromiso de los importadores de retomar el ritmo normal pero sin recuperar ese atraso. El gobierno sigue confiado en que el saldo comercial del año rondará los 8.500 millones de dólares. En esta semana ha habido buenas y malas noticias para sumar a este cuadro. Las buenas son que la tonelada de soja que la Argentina exporta superó los 500 dólares, el doble de lo que vaticinaban los vinagres de siempre; las malas, que el barril de petróleo que la Argentina debe adquirir en el exterior subió más allá de los 120 dólares.
Del banco al pozo
Este contexto ayuda a entender las principales medidas económicas adoptadas por CFK en su segundo mandato: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la derogación de varios artículos remanentes de la ley de convertibilidad y la decisión de tomar el control de la mayor empresa petrolera del país, YPF. La oposición sostiene que la motivación principal del gobierno para modificar la Carta Orgánica sancionada en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem y el ministerio de Domingo Cavallo es acceder a las reservas del Banco Central para seguir pagando los compromisos externos. Lo más llamativo es que lo diga como una crítica, cuando se trata de la medida más apropiada posible en el ya descrito marco internacional. Las reservas son un seguro y éste es el momento de acudir a ellas para atenuar los embates de la crisis global. Si ésta creciera y se prolongara, no habría ningún nivel de reservas capaz de poner a salvo a un país medio como la Argentina. La alternativa es recurrir una vez más al endeudamiento externo, con las condiciones que implica, o practicar el ajuste brutal sobre las necesidades populares que postula la derecha pura y dura. Por cierto que hay mucho más en el proyecto que el Senado convertirá en ley esta semana. También servirá para que el Estado prosiga la tarea de disciplinamiento del sistema financiero, que comenzó con la recuperación del sistema previsional y continuó con el tope a las tasas que pueden percibirse por créditos sin riesgo a jubilados, con descuento automático por código de la ANSES. No lo hará reformulando la ley de entidades financieras que Martínez de Hoz dictó en 1977, sino incorporando uno de sus artículos a las facultades del Banco Central. En defensa del nivel de actividad y el empleo, faculta a la autoridad monetaria a “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencia de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”. CFK y Mercedes Marcó del Pont trabajaron desde diciembre en la reforma.
Otoño caliente
Antes de que comiencen los fríos del invierno, el gobierno nacional planea asumir el control de YPF. La expresión es imprecisa, porque está menos definido el procedimiento que la meta: obturar una gigantesca hemorragia de recursos que se van en el pago de una creciente factura energética, como consecuencia de un movimiento de pinzas. Por un lado, el sostenido crecimiento del precio del barril de crudo que esta semana rozó los 125 dólares; por otro la caída de las reservas, de la exploración y de la producción de petróleo y gas, como consecuencia de decisiones deliberadas de YPF dirigidas a maximizar ganancias y obligar al Estado nacional a modificar su política de precios. La Argentina no puede modificar la primera parte de la ecuación, influida por la geopolítica mundial y que con alta probabilidad seguirán su marcha ascendente, dados los preparativos bélicos contra Irán. Pero sí puede actuar sobre la segunda, ya que tiene en su territorio el petróleo y el gas imprescindibles para sustentar el crecimiento económico y la inclusión social. Esa es una ventaja comparativa que debe aprovechar. La YPF privatizada a fines del siglo pasado exacerbó la exportación de hidrocarburos ya explorados por la YPF estatal, sin reponer ni siquiera uno de cada cinco barriles extraídos. Esta racionalidad empresarial permitió monetizar reservas, que la compañía de accionistas españoles utilizó para invertir en otros países de Norte y Sudamérica y en el norte de Africa. Dentro del país concentró todas sus inversiones en yacimientos no convencionales. Las retenciones que Néstor Kirchner impuso a esas exportaciones desacoplaron el precio interno del petróleo de los niveles internacionales. Según el investigador de la Fundación Bariloche, ingeniero en petróleo Nicolas Di Sbroiavacca, además de contener una escalada de precios estas medidas permitieron al Estado apropiarse de una parte de la renta extraordinaria que la devaluación les produjo a las petroleras por la diferencia entre los costos de producción aquí y el precio internacional. “Esta proporción de la renta petrolera que quedó en el país fue luego redistribuida entre la sociedad (los verdaderos dueños del recurso), ya sea en forma de subsidios o planes asistenciales, evitando que se convirtieran en dividendos empresariales de privados, que luego hubieran sido remitidos principalmente al exterior.” También garantizó la competitividad de la economía.
Una matriz importada
A pesar de las inversiones estatales de largo plazo para reactivar las industrias nuclear e hídrica y desarrollar nuevas fuentes de energía, la participación de los hidrocarburos en la matriz energética argentina aún se acerca al 90 por ciento y no es previsible que baje del 80 por ciento en los próximos veinte años. Para colmo, esto ocurre con preponderancia del gas, que es donde la caída de la producción local ha sido más dramática, forzando la importación de combustibles líquidos para quemar en las centrales térmicas. En sus discusiones con el gobierno el financista catalán que preside YPF, Antoni Brufau, dijo que las reservas no convencionales identificadas en la cuenca neuquina son las terceras del mundo y que si el gobierno liberara los precios, podría llevar al autoabastecimiento del país en no más de tres años, como ocurrió en Estados Unidos. Pero Di Sbroiavacca señala que una cosa son los recursos identificados y otra las reservas comprobadas que, en el principal yacimiento, el de Vaca Muerta, es del 0,15 por ciento de aquellos recursos “según el informe de la consultora Ryder Scout realizado recientemente para YPF”. Es decir que las soluciones con hidrocarburos no convencionales son de mediano y largo plazo, cuando casi todos estaremos muertos. Disciplinar a YPF (como antes a Techint para que invierta en el país parte de las ganancias obtenidas aquí, a Telecom para que no remita sus utilidades a la casa central o a Clarín y La Nación para que quienes compiten con ellos en el mercado de diarios puedan acceder al papel prensa a precios razonables), es imperioso ya.
La parte del león
En su pugna por mayores márgenes, YPF se sentó sobre los pozos y así forzó sucesivas ventajas, como los planes Petróleo, Gas y Refino Plus, que a partir de 2008 y hasta hace 45 días cuando CFK los suspendió, mejoraron sus ingresos. (Los incentivos que el Estado otorgaba cada año a todas las compañías por esos planes superaban los 2000 millones de dólares e YPF se llevaba la parte del león.) A fines del año pasado el gobierno temía que el déficit de la balanza comercial energética se acercara en 2012 a los 5000 millones de dólares. A los precios actuales, ya sabe que superará con holgura esa imponente cifra. Hasta 2007, YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas. Desde entonces se acerca a duplicar esa suma, con la particularidad de que la empresa paga dividendos superiores a su utilidad neta. Pese a la contención de precios que le impone el Estado nacional, YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años ganancias anuales extravagantes, que se acercan al 20 por ciento sobre sus activos (RAE) y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto (ROE). En el mismo lapso, ha contraído deudas que se aproximan a los 4.000 millones de dólares. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el método del vaciamiento. Según cuánto crezca el Producto Interno Bruto, la factura energética para los cuatro años del mandato presidencial de Cristina oscilaría entre 28.000 y 38.000 millones de dólares. Este costo golpearía en forma directa las cuentas públicas, porque si se trasladara a quienes consumen ese combustible, sólo la producción agropecuaria resultaría competitiva en el mercado mundial, pero con un vertical proceso de concentración.
¿Y la solución?
El gobierno tiene en claro que éste es el problema, lo cual no equivale a decir que sepa cuál es la solución. Cristina ha recibido distintas propuestas y debe decidir entre ellas. Sin dogmatismo, preferiría que YPF se comprometiera a realizar las inversiones que no hizo hasta ahora. De no hacerlo, habría otros interesados en hacerse cargo. Pero también hay funcionarios que se inclinan por una salida estatal, y existen varias de diferente intensidad, empezando por una intervención. Los remedios aplicados hace unos años, tuvieron un efecto paradojal. Kirchner impulsó el ingreso a la sociedad de un socio argentino, al que Brufau describió en una irónica declaración como experto en mercados regulados. El Grupo Petersen (elegante denominación con la que giran Papá y Baby Eskenazi), carecía de recursos para adquirir la participación accionaria que Repsol quería ceder y por eso se convino una ingeniería financiera para que la pagara con futuras ganancias. Gracias a eso, lejos de propiciar la reinversión se convirtió en el principal interesado en la distribución de dividendos, y acompañó cada planteo de Repsol a favor de aumentos en los precios del petróleo y del gas que produce. Esta es la línea de los ex secretarios de Energía acaudillados por Daniel Montamat, para quienes la utopía del autoabastecimiento sólo se alcanzará caminando hacia el horizonte de precios del mercado mundial, en cuyo caso caería el consumo local y volverían los abundantes saldos exportables. El gobierno obtuvo algunos éxitos, como la rebaja de un 30 por ciento en el precio del combustible aéreo, que YPF le facturaba al precio internacional a Aerolíneas Argentinas. Como le falta información y el análisis de costos no es su fuerte, el gobierno acudió a una fórmula importada: como en Estados Unidos, el precio del JPI para aviones no podrá exceder en más de 2,7 por ciento el de la nafta especial en la estación de servicio más próxima al aeropuerto. Pero Brufau rechazó la pretensión oficial de importar el faltante de producción propia de hidrocarburos y venderlo al precio de producción local. Y ante la decisión de las provincias de revertir las concesiones allí donde la inversión y la producción no fueron los comprometidos, YPF muestra voluntad de judicializar la relación, con lo cual no habría una solución inmediata. Que el Estado le limpie los pozos muertos o agonizantes no le preocupa mientras mantenga las reservas no convencionales de Vaca Muerta. Por eso, luego de las reversiones dispuestas por Chubut y Santa Cruz, la acción de YPF subió de precio. Con el respaldo del Reino de España, Repsol tiene más espaldas que Eskenazi para resistir una ofensiva del Estado en toda la línea. El discurso de la nacionalización suena muy bien, pero esconde grandes riesgos, como acaba de advertir Hugo Moyano. El barril de petróleo es mucho más caro que en el momento de la privatización pero las reservas son mucho menores. Tal vez si el Congreso declarara la utilidad pública de YPF, la merma en su capitalización la pondría más al alcance de una toma hostil en el mercado. Como se ve las alternativas son varias. Más difícil parece modificar el plazo. El autoabastecimiento a precios locales no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia.
La mano de Dios
Por Horacio Verbitsky
“Afortunadamente no hubo más víctimas porque Dios paró las balas” dijo el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, al referirse al tiroteo en casa del locutor Angel Etchecopar. También dijo que las estadísticas sobre delitos “siguen marcando una tendencia a la baja”. No quiso exponer cuáles eran esas cifras pero dijo que eran originadas en la Procuración General a cargo de María Falbo. Casal premió a Falbo por segunda vez en una semana, como ratificación de la alianza en defensa del compartido modelo de demagogia punitiva y concentración de poder y recursos. También modificó el proyecto de ley de creación de la Policía Judicial elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, de modo de erradicar cualquier cláusula de control y transparencia. Falbo respalda todas las enmiendas de Casal y al mismo tiempo considera inconstitucional la autonomía de la Defensa Pública, que hoy es postergada en forma sistemática respecto de los fiscales. Sigue así un dictamen elaborado por el jefe de Casal, el ex Procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha, durante la gobernación de Felipe Solá. Los datos que invoca Casal no se refieren a delitos cometidos, sino a investigaciones penales preparatorias (IPP) ingresadas por los fiscales a la base de datos de la Procuración. La propia Falbo ha aclarado que ese registro administrativo, útil para controlar la actividad del Ministerio Público, no es un programa para cuantificar delitos. Por ejemplo, en un robo de auto, con privación ilegítima de la libertad de su propietario, resistencia a la autoridad que quiso impedirlo y muerte de alguna persona interviniente o no en el hecho, quien carga los datos en la base sólo ingresa el delito que primero se menciona en la carátula de la IPP, que inicia la policía sin seguir ningún criterio prefijado. Sobre esas hojas secas de la estadística administrativa, el primer agente penitenciario que llegó al gabinete provincial se canta y se celebra a sí mismo. Las cifras reales de la Procuración marcan para el último año un incremento de 1,7 por ciento de IPPs. Hubo una disminución del 2 por ciento en aquellas de autor desconocido, pero un aumento del 6 por ciento de IPPs con imputados; se redujo 6 por ciento la cantidad de investigaciones sobre homicidios consumados, pero aumentó 7 por ciento la de tentativas, con lo cual el número final no difiere: 1660 un año, 1662 el otro. Por eso Casal no difunde las cifras de las que se jacta, en otro de sus habituales operativos de desinformación, como el arresto que nunca existió de uno de los jefes del Cartel de los Zeta o la banda inexistente que no hizo descarrilar el tren en José León Suárez para saquearlo. En cambio, siguen prófugos los cuatro camaradas penitenciarios de Casal, que mataron a golpes y patadas a Patricio Barros Cisneros en la U46 de San Martín, una evasión a la Justicia que no sería posible sin la protección corporativa. La mano de Dios también intervino en la actuación policial por el robo y la golpeadura que le dieron en su casa de Gonnet a la madre de Plaza de Mayo Nora Centeno. Casal informó el jueves que “hemos encomendado el máximo rigor en la investigación” y el viernes su policía dio el caso por resuelto, con otro procedimiento ilegal. El máximo rigor se lo aplicaron a la estudiante GNV, de 16 años, insultada y golpeada en la comisaría 13ª de Gonnet, donde también la dejaron en corpiño y la filmaron, acusándola del robo a Nora Centeno. GNV pasó seis horas en manos de esos hombres policías, pese a la prohibición judicial de conducir chicos a las comisarías. “Negra sucia”, le dijo un policía. “Ahora vas a saber lo que es una buena paliza.” Su detención se produjo como consecuencia de una declaración del oficial de la bonaerense Carlos Omar Avalos, según quien “vecinos de la zona” le dijeron que los autores del asalto eran la chica y los hermanos Vicente y Sergio Morales, cuya vivienda fue allanada sin orden judicial, donde se secuestraron “elementos vinculados con el robo”. Pero según Nora, quienes la golpearon “no eran marginales” como estos hermanos. Su yerno no reconoció ninguno de los objetos que le mostraron. En cambio la policía también les entregó un LCD y una cámara de fotos de Nora, que según los vecinos nunca identificados, les habrían vendido los hermanos Morales. Este grosero intento de mostrar eficacia mediante el empleo de tácticas propias de la dictadura es una burla a la madre de un detenido desaparecido. Para sofocar el disgusto que cunde en las propias filas policiales, Casal ordenó iniciar un sumario administrativo al sargento Esteban Javier Arriada por hablar con la prensa. Fundador de un Movimiento Policial Democrático, Arriada lo concibe como germen de un sindicato. Sostiene que Casal y el gobernador Daniel Scioli arrasaron con la “ley democrática” del ex ministro Carlos Arslanián, para volver “a la ley militar aunque disfrazada con otro nombre”, que “avasalla derechos de los trabajadores”. Entre ellos, el de expresarse con libertad sin temor a sanciones.
El negocio del siglo
Por Horacio Verbitsky
Entre los papeles que maneja el Ministerio de Planificación figura un cálculo sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por Repsol con la compra de YPF, en 1999, por 13.158 millones de dólares. Desde entonces la empresa española percibió dividendos por 13.423 millones de dólares. Vendió en 3.625 millones de dólares el 25,5 por ciento del paquete accionario al Grupo Petersen y por 2.704 millones de dólares colocó otro 17,1 por ciento de sus acciones en Bolsa y todavía retiene en su poder el 57,5 por ciento de las acciones, que según su capitalización a diciembre de 2011 valen 10.173 millones de dólares. Su utilidad habría sido así de 16.767 millones de dólares en doce años.
Fuente:Pagina12
Un paso clave para una cuestión de Estado
Año5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
politica@miradasalsur.com
Chubut y Santa Cruz dieron el puntapié inicial. Otras provincias se sumarían en los próximos días.
La decisión de revertir contratos de YPF marca un punto de inflexión en la política de hidrocarburos. El rol del Grupo Eskenazi, las presiones del gobierno español y las posibilidades de un nuevo paradigma.
La determinación de los gobiernos de Chubut y Santa Cruz –a la que podrían acoplarse Mendoza y Neuquén– de revertir cuatro áreas concesionadas a la petrolera YPF por incumplir con las metas de inversión y producción marca un antes y un después en el posicionamiento de las provincias y de la Nación de cara a la estratégica cuestión del abastecimiento energético. No es casual que las decisiones llegaran en un año en que las divisas se han convertido en una cuestión de Estado y en tiempos en los que el control de los recursos naturales se avizora como herramienta central en el horizonte global. En efecto: el peso cada vez mayor de las importaciones energéticas en la balanza comercial y las perspectivas mundiales apuraron decisiones que venían madurando desde tiempo atrás y en las que tuvieron una relevancia determinante la impasible postura de la española Repsol y del Grupo Eskenazi frente a la creciente demanda de un mercado interno en expansión.
Lo que está en juego. “Los intereses de YPF no pueden estar disociados del desarrollo nacional porque es una empresa argentina con accionistas argentinos”, aseguró esta semana el ministro de Planificación, Julio De Vido. Fue en respuesta a su par español de Industria, José Manuel Soria, quien sostuvo desde Madrid que “los intereses de YPF son los de Repsol y los de España”. En la práctica, la afirmación de Soria no hizo más que poner de relieve el valor estratégico que para el Estado español tiene YPF, controlada por Repsol a través del directorio que dirige Antonio Brufau, uno de los empresarios peninsulares mimados por socialistas y conservadores, caso similar al de Emilio Botín –presidente del Banco Santander– y al de otra decena de “emprendedores” nacidos de las privatizaciones que comenzó Felipe González en el ’89 –entre ellas Repsol– y que completó José María Aznar en el ’97.
A pesar de que el Estado español no tiene participación accionaria en Repsol, ni en ninguna otra de las grandes privatizadas, no duda en hace lobby a favor de ellas. Endesa, Iberdrola, Aguas de Barcelona y Telefónica, al igual que bancos como el Bbva, Bankinter y Santander, gozan de sus favores. La razón es simple: son la clave de la economía del país en la medida en que buena parte de sus beneficios globales provienen de países latinoamericanos donde controlan sectores estratégicos. No es extraño que el propio rey Juan Carlos deje los ropajes reales para calzarse el traje de operador político de los holdings. Tampoco que conservadores y socialistas, con el apoyo de las confederaciones sindicales UGT y Ccoo, muestren los dientes, por ejemplo, cuando las energéticas rusas Lukoil y Gazprom intentaron hacerse de Repsol, o cuando la petrolera mexicana Pemex, en alianza con Sacyr, buscaron controlar la compañía.
Punto de inflexión. Quienes conocen el tablero aseguran que el punto de inflexión debe medirse en términos cualitativos y que no habrá soluciones mágicas. Son los que señalan que las áreas alcanzadas hasta ahora por las caducidades resueltas por los mandatarios Daniel Peralta y Mario Buzzi no son las que mayores volúmenes de producción y ganancias aportan a YPF. En el caso de Santa Cruz, los yacimientos de Los Monos y Cerro Piedras-Cerro Gaudal representan sólo el 0,7% de la producción de la compañía. Un golpe, sin duda, más duro en el caso de Chubut, donde las caducidades decretadas involucran los yacimientos El Trébol Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, áreas que reportan a la firma casi el 7% de su producción local.
Las reversiones, no obstante, operan como un aviso de lo que podría convertirse en una verdadera catarata de reversiones si YPF y otras empresas del sector no aumentan sus inversiones en exploración y explotación. Una cuestión que dejaron en claro Buzzi y Peralta durante el acto en el que firmaron los decretos de caducidad. En los hechos, que Mendoza y Neuquén –las dos principales provincias petroleras– se sumen a Chubut y Santa Cruz daría una cohesión tal a la estrategia que obligaría a Repsol a revisar su política. En los planes del gobernador mendocino Francisco Pérez están los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar Norte; al tiempo que su colega neuquino, Jorge Sapag, avanzaría sobre Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón de Mangrullo.
Sin embargo, YPF no es la única petrolera cuestionada por el Gobierno Nacional y los gobernadores en materia de explotación y exploración. En Neuquén son varios los yacimientos que estarían rindiendo por debajo de su potencial. Rincón de Aranda y Veta Escondida, operados por la brasileña Petrobras son ejemplos de lo apuntado. En una situación similar estarían Aguada Villa Nueva, Meseta Buena Esperanza y Ojo de Agua, en los tres casos concesionados a la estadounidense Apache. El listado, que circuló durante el acto encabezado por Peralta y Buzzi, incluye Fortín Picun –a cargo de Tecpetrol, del Grupo Techint–, Paso Aguirre –explotado por Cima Petrol– y Covunco Norte –en manos de Argenta Energía–.
El grupo Eskenazi. Que el gobernador Buzzi deslizara que YPF funcionaba mejor antes del ingreso del Grupo Petersen a la petrolera (ver entrevista) revela en alguna medida los límites de la estrategia diseñada para “argentinizar” la compañía. Pero también la decepción del Gobierno Nacional ante lo actuado por el holding familiar que encabeza Enrique Eskenazi. En la práctica, el grupo quedó habilitado para entrar en el negocio por el interés del Ejecutivo nacional, pero también por el bajísimo costo de una operación que no cubrió con fondos propios, sino con un préstamo del vendedor concedido por la propia Repsol, ingeniería que se financia todavía hoy con los dividendos que reparte de la propia petrolera y los créditos otorgados por la banca internacional.
En el mercado aseguran que el Grupo Petersen no sólo no debió desembolsar suma alguna para hacerse del 25% del paquete accionario de YPF. También señalan que se benefició indirectamente con la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones de crudo, esquema que entró en vigencia en 2007 y que redujo el precio de venta de las acciones transferidas. Un panorama de por sí atractivo que mejoró aún más a partir de la sostenida alza en las cotizaciones del crudo y de los combustibles líquidos, que recuperaron terreno en los mercados internacionales y revitalizaron las utilidades obtenidas por la compañía. A la luz de los resultados, una clara muestra de la incapacidad de la burguesía nacional para asumir, a partir de los espacios que pone a su disposición el escenario local y global, un rol dinámico y autónomo de los capitales multinacionales.
Cambio de paradigma. Para no pocos observadores, las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales y articuladas por el Estado nacional podrían constituirse en el primer paso hacia un cambio de paradigma. Por lo pronto suponen un retorno efectivo a la concepción que califica a los hidrocarburos como un recurso estratégico e implican una clara intención de modificar el accionar que exhiben desde hace dos décadas las compañías petroleras. En los hechos, el desempeño de YPF demuestra el fracaso del modelo privatista; un agotamiento que es directamente proporcional a la caída de la producción y de las “reservas baratas”, aquellas que descubrió la YPF estatal y que facilitaron la estrategia maximizadora de ganancias desarrollada por el capital privado.
Si la nacionalización de YPF no parece la herramienta ideal para que el Estado retome el control de un sector estratégico, la pregunta cae de maduro: ¿cuál es la mejor alternativa? Desde algunos sectores, que no son obviamente los ligados a las empresas, ensayan como respuesta la creación de una empresa estatal mixta integrada verticalmente por la Nación y las provincias. Se trataría, entonces, de operar las áreas provenientes de las reversiones de los contratos. Quienes alientan esta idea agregan la necesidad de derogar el Decreto 1.212 del ’89 y el artículo 3º de la Ley 24.145 que permitieron a la YPF privatizada conservar el control de todas las áreas que explotaba la YPF estatal. De esta forma, las empresas que excedan la cantidad de concesiones y permisos de exploración estipulados por la Ley 17.319 deberían revertirlos a las provincias.
Quienes así piensan sostienen que la estrategia le permitiría al Estado nacional y a las provincias comenzar a operar mediante una empresa testigo sin necesidad de concretar inversiones de gran envergadura. Algunos agregan al esquema a la estatal Enarsa, empresa que hasta el momento opera importando combustibles para abastecer la demanda interna que no cubre el sector privado. Obviamente, el desafío es grande. En definitiva se trata de revertir una lógica de acumulación, basada en la subexploración y la sobreexplotación, que comenzó con las privatizaciones periféricas de la última dictadura y que profundizó la política neoliberal de los años ’90. Un paso esencial para recuperar un recurso estratégico.
Fuente:MiadasalSur
Entrevista a Martín Buzzi. Gobernador de Chubut.
Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
politica@miradasalsur.com
(TELAM)
El mandatario provincial analizó el desempeño de las compañías petroleras y defendió la decisión de revertir algunas de las concesiones operadas por Repsol-YPF. La falta de inversión y la caída de la producción, en el centro de la escena.
A partir del día en que firmamos la reversión de las áreas en cuestión, le dimos a la empresa un plazo máximo de noventa días para entregar los yacimientos. Nosotros ya estamos en condiciones de ingresar y, de manera simultánea, concretar las auditorías ambientales, de reservorios y de producción. Es lo que corresponde. Llegamos a este punto por la falta de inversión y por la caída en los volúmenes de producción de las áreas revertidas”, asegura Martín Buzzi, gobernador de Chubut. En diálogo con Eduardo Anguita y Francisco Bálazs, durante el programa Hoy más que nunca, que se emite por Radio Nacional, el mandatario confirmó que la empresa estatal Petrominera se hará cargo de las cuencas. “De esta manera, seguiremos adelante con nuestra política de incrementar la producción, de poner en valor los recursos naturales. Obviamente, cuando las empresas hacen las cosas bien, nosotros las apoyamos. Queremos ser parte de la solución. Pero le reitero que si hay incumplimientos reiterados y una política empresaria que no acompaña el desarrollo nacional como corresponde, a esas empresas les cabe las generales de la ley que, en este caso, es la reversión de las áreas”, explica Buzzi.
Eduardo Anguita: –¿Cuándo comenzó a madurar la idea de revertir las áreas?
–No es una medida que hayamos tomado de un día para otro. Tiene que ver con un análisis detallado de la trayectoria que viene llevando adelante Repsol-YPF. Además, no es casualidad que durante el acto en el que se firmó la reversión hubiera catorce mil personas de los más diversos sectores ligados el sector petrolero. Es una decisión que tiene un amplio consenso social. Con Repsol-YPF se llegó al punto límite.
E.A.: –La actividad de Repsol en la provincia lleva ya varios años, más exactamente desde la privatización de YPF. ¿El comportamiento de la empresa fue siempre el mismo?
–Hemos pasado por diferentes etapas, pero nunca con el nivel de deterioro al que hemos asistido en estos últimos tiempos. El nivel de deterioro actual no tiene ninguna comparación con lo sucedido anteriormente. Creo que la empresa funcionaba bastante mejor antes de la llegada Grupo Esquenazi. Han tenido una estrategia de maximización de ganancias en todos los frentes y extremadamente bajos niveles de inversión.
E.A.: –Me imagino que esta medida funciona también como una advertencia para otras empresas. Eso por un lado. Por el otro, me pongo en el lugar de quienes deben gestionar políticas y pienso que no se puede pelear con todos al mismo tiempo. Se trata, en definitiva, de conciliar exigencias y diálogo…
–Somos sumamente racionales con las medidas que tomamos. Las cosas se sienten en el corazón, pero se deciden con la cabeza. A ninguna empresa haga las cosas de la manera correcta se le va a tocar áreas o yacimientos que están en plena producción. Le digo más: los estados provinciales somos parte de la solución de los problemas. Somos concientes de nuestras responsabilidades. En la cuenca del Golfo San Jorge, donde operan seis o siete compañías, trabajan diecinueve mil personas. Y no se trata del tamaño de las empresas. Le doy dos ejemplos. Pan American Energy es una compañía grande que funciona muy bien. Otras compañías de menor envergadura, como Cabsa S.A., también funcionan fantásticamente bien. La cuestión pasa por la capacidad de gestión y por la forma en que se involucran en la producción. Las áreas que revertimos tienen muchísimo para dar. En ninguno de estas áreas, durante el último año, se incrementó la producción ni ingresó en producción pozo nuevo alguno.
Francisco Bálazs : –Usted mencionó empresas de energía extranjeras y me viene a la memoria la prórroga de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, que se hizo hace unos pocos años atrás hasta el año 2047. Allí opera Panamerican Energy. Considerando el potencial de este yacimiento y en virtud de las dificultades que usted señala, ¿cómo analiza esa prórroga que se dio hace muy poco por casi treinta años?
–Habrá sido la decisión correcta en ese momento. Obviamente, no fue un tema menor. Se prorrogó una concesión con una empresa que ya venía operando desde hacía mucho tiempo y que lo venía haciendo en forma correcta. Cerro Dragón es algo así como el yacimiento emblema. Es un yacimiento maduro que está, en gran parte, en proceso de recuperación secundaria y que tiene un crecimiento anual del 2%; incremento similar al que registran otros yacimientos maduros. Cerro Dragón garantiza un volumen de producción importante. Algo similar sucede con firmas de menor tamaño que tienen yacimientos muy maduros y también han están haciendo trabajos de recuperación secundaria y terciaria que implican distintas tecnologías. Obviamente, conocemos a las compañías y las compañías nos conocen. Cuando tienen un problema estamos para ayudarlas a resolverlo. Lo que no vamos a aceptar son trabajos o líneas de acción duraderas que pongan en riesgo el patrimonio, la explotación, el desarrollo y el autoabastecimiento. Dentro del pedacito de país que me toca administrar voy a seguir tomando las decisiones que correspondan. Porque esto no se hace en soledad, sino que se hace en un marco de país.
E.A: –Si Repsol-YPF tomara la decisión de abandonar en forma inmediata los yacimientos que fueron objeto de reversiones…
–Podemos hacernos cargo ni bien ellos decidan retirarse. De todas maneras, le quiero decir que a Repsol-YPF le quedan áreas que son muy importantes. Puntualmente, en la cuenca del Golfo de San Jorge.
Fuente:MiradasAlSur



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