Obstáculos a la paz
Por Juan Diego García
Cuando el poco dinamismo del proceso produce desaliento en los amigos de la paz se sugiere la existencia de contactos (muy discretos) entre gobierno y guerrilla y se explica el duro lenguaje oficial como parte inevitable de la escenificación, normal en estos casos. Tampoco faltan los muchos que apenas creen en el discurso oficial, enfatizan en el mantenimiento de la estrategia de gobiernos anteriores y piensan que - como en otras ocasiones - las autoridades tan solo están realizando una nueva jugada política para ganar tiempo puesto que en el seno de la clase dominante no existe un propósito serio de terminar la guerra y sobre todo de aceptar que se afecten sus intereses en una hipotética negociación con la guerrilla.
La propuesta guerrillera sorprende por el nivel intelectual de su lenguaje y la dimensión reformista de sus reivindicaciones (todas ellas admisibles dentro de un capitalismo democrático); y sorprende porque contrasta con la imagen de criminales irredentos que han creado de los insurgentes éste y anteriores gobiernos; la misma que han difundido generosamente los medios de comunicación nacionales y extranjeros, mientras se produce al mismo tiempo el desgaste de la imagen del país como una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos. Sobre todo debido a la corrupción generalizada y a la guerra sucia durante la administración de Uribe Vélez, una herencia de la cual Santos no logra desprenderse.
Los gestos que el gobierno exige a la guerrilla como condición para iniciar los diálogos de paz han sido parcialmente satisfechos por el movimiento guerrillero sin que hasta el momento se sepa de alguna iniciativa oficial en la misma dirección. Es comprensible que las autoridades eleven en extremo sus exigencias a los rebeldes, tanto como que éstos hagan lo propio. Desde esta perspectiva y dada la actual correlación de fuerzas la guerrilla no puede esperar que Santos haga la revolución que ellos ansían. Pero, por parte del gobierno, exigir sin más la rendición de los insurgentes no solo es irreal sino que afianza el convencimiento de quienes no creen que existan condiciones para alcanzar las reformas mediante la negociación; ni siquiera para que la clase dominante permita competir lealmente con ella en el marco de su propia legalidad. El exterminio de la UP no se olvida.
Todos los gobiernos han aceptado al menos formalmente la posibilidad de hacer la paz con las guerrillas, pero a partir de su rendición en toda regla. Sin embargo, si las fuerzas armadas oficiales no son capaces de ganar la guerra ni ahora ni en un plazo previsible, solo una guerrillera muy debilitada o extremadamente ingenua estaría dispuesta a firmar su rendición. Y éste, evidentemente, no es el caso de la guerrilla colombiana. Si el gobierno persiste en la estrategia de siempre el único escenario posible es la prolongación del conflicto.
En realidad, el actual mandatario enfrenta el mismo dilema de sus antecesores en el cargo: aunque las reivindicaciones guerrilleras no son en principio incompatibles con el sistema capitalista, sus exigencias si constituyen un serio obstáculo en la medida en que afectan los intereses de las capas dominantes que monopolizan riqueza y poder. Más que las declaraciones altisonantes de Uribe Vélez y sus partidarios que llaman “traidor” a Santos y denuncian una especie de agenda secreta mediante la cual el actual gobierno estaría abriendo las puertas a un triunfo de los subversivos, al actual presidente se le oponen muy poderosos grupos de intereses a los cuales está supeditado. Su actitud prepotente frente a la guerrilla se convierte en estéril lamento frente a los verdaderos dueños del país, a los que se debe.
Las airadas reacciones del gremio ganadero por ejemplo, coinciden con el recrudecimiento de la violencia contra los campesinos, en particular contra aquellos que se beneficiarían de la llamada “ley de tierras” de Santos que devolvería tierras a los desplazados. A pesar de sus muchas limitaciones - una norma vista por algunos como simple demagogia del ejecutivo- la reacción de los grandes terratenientes (tradicionales y modernos) no se ha hecho esperar. Si ante una medida de tan cortos alcances se recurre de nuevo a la violencia cruda, ¿qué ocurriría si Santos afecta de veras la propiedad rural?. Seguramente que la violencia alcanzaría entonces los mismos niveles de horror que siempre han generado el levantamiento defensivo de los campesinos mediante la lucha guerrillera.
Tampoco existe un respaldo claro a las propuesta de paz de Santos por parte de la gran empresa - nacional y extranjera- tan beneficiada del exterminio del sindicalismo (el asesinato de miles de dirigentes a manos de fuerzas oficiales y paramilitares, tal como lo registra la OIT). Es dudoso que los grandes empresarios vean con buenos ojos una mesa de negociación en la cual tengan asiento las organizaciones sindicales exigiendo, por ejemplo, una revisión a fondo de la legislación laboral.
Ni antes ni ahora un proceso de paz despierta el alborozo de los militares. Es posible que algunos oficiales y tropas vean con alivio el fin del conflicto pues son ellos quienes van al campo de batalla y exponen sus vidas. Pero nada indica que la alta oficialidad tenga especiales urgencias en poner fin a un conflicto que para las fuerzas armadas supone una tajada monumental del gasto público. Si es cierto además, que al menos una parte de los altos mandos militares se han convertido a su vez (como sucedió en Centro América) en grandes hacendados, se comprende el nerviosismo de muchos cuyas propiedades podrían ser afectadas por un proceso de paz que investigue el origen de las mismas. Además, esclarecer la violación masiva de los derechos humanos en una negociación del conflicto armado mediante limitaciones claras al llamado “fuero militar” (que les asegura casi total impunidad) despierta enormes inquietudes en los cuarteles. Y no les faltan razones para ello.
Los nunca desaparecidos paramilitares tienen el respaldo social de sectores de la clase dominante y cuentan con la complicidad de funcionarios civiles y militares a todos los niveles. Pero si existe voluntad política y, ante todo, si el ejecutivo tiene de su parte a las fuerzas armadas y de policía, su desmantelamiento es posible. Los paramilitares son la expresión más genuina de la práctica tradicional de la burguesía colombiana de asegurarse el dominio mediante el terror; una forma muy primitiva de afianzamiento de la hegemonía que nunca les reporta legitimidad y por ende convierte su democracia en una farsa sangrienta.
Tanto paramilitares como narcotraficantes resultan sobradamente conocidos. Tienen una manifiesta y consolidada presencia social, económica y política y en buena medida no son un secreto para nadie. Pero la inveterada hipocresía de la clase dominante del país le permite aparentar su completa inocencia en el surgimiento, desarrollo y consolidación de estas formas mafiosas que tantos servicios han prestado al sistema en las últimas décadas. Como aprendices de brujo, ahora tienen la necesidad imperiosa de meter en cintura a los monstruos creados al calor de la “libertad” neoliberal, el debilitamiento del estado y la filosofía perversa de la guerra sucia. No es fácil someter a la extrema derecha y renunciar a la violencia como respuesta sistemática, pero sería un gesto decisivo del gobierno: cancelar su manera particular de “utilizar todas las formas de lucha” ateniéndose de forma incuestionable a las reglas del juego democrático. Hacer lo mismo que le piden a la guerrilla.
Y claro, está el obstáculo de la embajada de marras para la cual poner fin a la guerra contraviene grandes intereses estratégicos. Un hueso duro de roer, aunque no imposible de neutralizar. Los tiempos han cambiado favorablemente.
martes 17 de abril de 2012
¿Quién paga en Colombia las fuertes alzas en la gasolina?
Por Jorge Enrique Robledo (MOIR)
Los colombianos pagamos gasolina dos mil pesos más cara que en Estados Unidos. Nos cobran los combustibles como si se importaran desde el Golfo de México. Por cada galón de gasolina o ACPM, el ciudadano del común paga impuestos confiscatorios. Tres o cuatro funcionarios convirtieron impuestos en ganancias de Ecopetrol, incluidas las de los accionistas privados. El señor ministro de Minas viene de representar a los privados en la junta directiva de Ecopetrol. Es a la gente del común a quien afectan las alzas de los combustibles. El 75% de los carros particulares que se mueven por las calles pertenecen a ciudadanos de los estratos 1, 2, 3 y 4. Los poderosos no pagan los impuestos que debieran.
Se ha levantado un escándalo nacional porque estamos pagando gasolina más cara que en Estados Unidos. Las cifras de antier o ayer indican que aquí pagamos gasolina a 5,11 dólares el galón y en Estados Unidos, a 3,94 dólares. En pesos, 9.040 en Colombia contra 6.965 en Estados Unidos, diferencia bien considerable. Con una advertencia: una parte significativa del petróleo que consume Estados Unidos se lo exporta Colombia. Cómo se explica entonces qué comprando Estados Unidos el petróleo de Colombia, su gasolina tenga unos precios inferiores a los nuestros.
En Colombia, los precios de los combustibles vienen subiendo de manera muy escandalosa. Ilustrémoslo de esta manera: en 1999, con un salario mínimo mensual se compraban 147 galones de gasolina corriente; este mes, solo 63 galones. Una barbaridad, porque al comparar el volumen con el salario mínimo, queda de manifiesto cuál es el impacto que sobre el ciudadano han venido generando las alzas en los combustibles. Podría darles más indicadores, pero creo que no vale la pena porque es un hecho bastante notorio. Interesa más insistir en un debate que venimos haciendo en esta Comisión desde los días de Hugo Serrano: por qué son tan caros los combustibles en Colombia. ¿Es un castigo del cielo, una especie de maldición gitana que nos cayó, distinta a la de los gobernantes?
Expliquémoslo entonces de una manera simple. Nos cobran los combustibles como si el petróleo de Ecopetrol se importara desde el Golfo de México, es la primera razón. Nos los cobran a precios internacionales, cuando resulta que a Ecopetrol no le cuesta tanto producirlo, o sea, que ahí Ecopetrol hace una ganancia inmensa. Con un hecho nuevo. Parte de ella, cerca del 12% les está llegando es a los privados. Antes podría decir alguien que se quedaba en manos del Estado y entonces no importaba. No. Ahora el 12% y de pronto más el día de mañana les llega a los privados.
Impuestos transformados en ganancias privadas
Segunda razón, porque pagan cuantiosos impuestos. En el caso del ACPM, equivalen al 16% de lo que se paga por galón y en el de la gasolina, al 26%. Son impuestos confiscatorios. No hay, pienso yo, empresa trasnacional o gran monopolio que pague impuesto de 26%, nominales de 33%, pero reales, todos sabemos que son bastante menos. Y son impuestos que recaen fundamentalmente sobre los pobres, sobre el ciudadano del montón. Llamo además la atención sobre un asunto y voy a pedir al doctor Arbeláez, delegado de la contralora general, que lo examine con detenimiento, un llamado que les hago también a los alcaldes y a los gobernadores, para que miren cómo ha cambiado la composición de los impuestos que pagan los combustibles y el llamado ingreso al productor, que es el ingreso de Ecopetrol, adonde van las ganancias de Ecopetrol, incluidas las ganancias privadas. Por el año 2005, cuando empezamos a hacer aquí los debates con Hugo Serrano, recuerdo que la cifra que dábamos del impuesto a la gasolina era del 40%. Bajó al 26%, y uno diría, qué bueno. ¿Pero qué sucedió? Que la plata le subió a Ecopetrol de 40% al 59%, es decir, que tres o cuatro funcionarios cogieron impuestos y los convirtieron en ganancias de Ecopetrol. Creo que es ilegal o por lo menos abusivo, porque la norma mínima de la democracia dice que solo los congresos pueden mover los impuestos de uno a otro lado. No puede haber impuestos sin representación, proclamaron los parlamentos durante la transición del Medioevo a la Modernidad. Bueno, aquí en Colombia se reúnen tres o cuatro ministros y cambian los impuestos como se les da la gana, sin consultarle a nadie. Pero con este agravante, doctor Arbeláez, aquí lo que están haciendo es aumentándole las ganancias a Ecopetrol, incluidas las de los accionistas privados. Si esto no genera un debate, qué lo genera. Lo que era impuesto para municipios y departamentos se volvió ganancias para los privados. Y qué coincidencia. El señor ministro de Minas viene de representar a los privados en la junta directiva de Ecopetrol. Pido formalmente a la Contraloría que en este caso de transformación de los impuestos, investigue primero la legalidad y segundo la conveniencia. ¿Aquí dos o tres ministros le aumentan a su gusto las ganancias al gran capital financiero accionista de Ecopetrol? Estamos hablando de hechos demasiado graves que están sucediendo en el país.
¿Quién paga los combustibles? Es también un debate de toda la vida. Aquí siempre se ha propalado una gran mentira y es que son los ricos de Colombia quienes los pagan. Y cuando dicen ricos quieren sugerir magnates, que supuestamente, según el populismo del gobierno, se merecen todas las desgracias, como la de pagar gasolina cara. ¡Para lo que le importará a un magnate que le cobren 9 mil ó 15 pesos por un galón de gasolina! Es menos que quitarle un pelo a un gato. Pero resulta que a las gentes del común y a las capas medias sí los afectan los precios de los combustibles, como lo voy a detallar. La UPME reveló en el 2002 que era el transporte público de carga y de pasajeros el que pagaba el 80% de la gasolina regular en Colombia, o sea, el ciudadano raso. Porque no sé cuántos magnates habrá en Colombia, señor ministro. ¿Mil, dos mil, cinco mil, un millón? ¿Y qué son los otros 44 millones, los del transporte público de carga y de pasajeros? En 2005 la UPME publica otro estudio, mediocre como normalmente son las cosas de la estadística nacional, porque es con una inferencia del de 2002, y concluye que ya es 56% el combustible que consume el transporte público de carga y pasajeros.
Sigue siendo una cantidad inmensa la que está pagando el ciudadano del común.
Demostrémoslo de otra manera. Dice un estudio del Banco de la República, de 2008, que por cada 10% que aumenta el precio de los combustibles aumenta en 0,85% la inflación, el costo de la vida, el IPC. Y ese porcentaje lo pagamos todos los colombianos, incluidos los más pobres, los habitantes de Ciudad Bolívar o del Distrito de Aguablanca. Al ciudadano que vive debajo de un puente también le cobran este impuesto cuando consume una panela o cuando compra un pan. Demos detalles. Por ejemplo, en el pasaje de Transmilenio, el conocido transmilleno, del que no se puede decir que sea un sistema de transporte de los magnates y que con razón irrita tanto a los bogotanos, 15 pesos de cada 100 son precios de combustibles. En el caso de la producción de leche, 7% son costos de combustibles, y lo podemos seguir detallando hasta la náusea. Les pediría entonces a los representantes del gobierno que no fueran a caer hoy aquí nuevamente en la desproporción de argüir que son los magnates y los ricos de Colombia quienes pagan los precios de los combustibles porque no es cierto, es una afirmación que no se corresponde con la realidad. Podría costarles incluso el retiro de su título de economistas si persistieran, porque se trata de una verdad universalmente sabida que los precios de los combustibles afectan la inflación, afectan la tasa de interés del crédito y afectan el precio del dólar y por esa vía afectan a todos los colombianos. Luego no insistan. Lo mínimo que uno pediría es que se reconozca que el debate se hace entre personas ilustradas a las que no se les pueden echar cuentos. Claro que aquí hay dos o tres magnates, los hay en Colombia, que cuando le suben el precio de la gasolina algo pagan más, pero les importa un pepino, mientras que al ciudadano del común le afecta el costo de la vida y por esa vía, en su pobreza, le afecta sus ingresos en materia gravísima.
Miremos quiénes son los que poseen carro en Colombia, a ver si es verdad que cualquiera que lo tenga se vuelve una especie de indeseable que merece ser castigado con un mayor precio en el combustible. Les doy este dato: en Bogotá, el 75% de los carros particulares que se mueven por las calles pertenecen a ciudadanos de los estratos 1, 2, 3 y 4. Y el 50% de los vehículos particulares, a ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3. No sé si ustedes hayan tomado nota, pero en Colombia los vehículos no se chatarrizan. Son como eternos, unos pichirilos que los pobres sostienen con mil esfuerzos y venciendo mil escollos, uno de ellos, los precios astronómicos de la gasolina.
El costo de oportunidad
No en todos los países del mundo, senador Mora, se le cobra al ciudadano el llamado costo de oportunidad, es decir, el barril de petróleo de acuerdo con los precios internacionales. Es una decisión en buena medida arbitraria de los gobiernos. Unos toman esa decisión, otros no. Les doy datos. Ni en México lo cobran, ni en Ecuador, ni en Angola, ni en Rusia. Porque hay hecho fácil de reconocer. Si tengo combustibles más baratos, estimulo la economía de muchas maneras, la industria, la producción agropecuaria. Ciertos procesos industriales suelen depender de combustibles baratos, y es una manera de estimular la economía. Luego la idea de que es una genialidad a toda prueba clavarse al ciudadano, aprovechándose además de las condiciones de monopolio, vendiéndole combustibles costosos, es una teoría bien discutible, incluso en los propios términos de las conveniencias del crecimiento económico. Ahí están rezando en toda Europa y en Estados Unidos y en Japón para que ojalá no suban más los precios de los combustibles, porque sus economías pueden terminar colapsando por la vía de la recesión que los acosa, afectada por los altos precios de los combustibles. Altos precios que además ya no tienen nada que ver con la producción y que son pura especulación. Todos los banqueros del mundo están dedicados a especular con los precios de los combustibles.
¿Por qué son tan altos los precios de los combustibles en Colombia? Porque hay rentas e impuestos sobre ellos. Unas rentas para la parte pública de Ecopetrol, que terminan en el gobierno nacional, y otras rentas para los privados que se están beneficiando de todos estos negocios, incluido el gran proceso de especulación con las acciones de la empresa. Y espero que haya gente rezando para que no se vaya a colapsar el precio de las acciones.
Resulta interesante señalar además, porque es el debate sobre la privatización –y no es que moleste la palabra, es que privatizar genera consecuencias–, que en el Código de Buen Gobierno de Ecopetrol se encuentra establecido que la empresa tendrá que cobrar su petróleo a los costos de oportunidad. El fenómeno empieza principalmente del 2005 para acá, y es más o menos natural que sea así, porque a un accionista privado lo único que le importa de Ecopetrol es que le rente. Por qué entonces no cobrarles el petróleo a los colombianos a precios internacionales, como está sucediendo. El exministro de Minas, José Fernando Isaza, explicaba parte del problema en El Espectador: qué dirán los accionistas de Ecopetrol si se toca de alguna manera lo que pueden ser sus utilidades.
Pero también digamos que más del 80% de Ecopetrol es del Estado colombiano, que con esta mayoría podría actuar con otra lógica, porque no tiene que obedecer a los intereses de los accionistas privados, sino que supuestamente puede pensar en el interés de la nación.
Los poderosos no pagan los impuestos que debieran
Y digamos una última cosa que puede ser aún más grave. Si algo ya empieza a generar un consenso en Colombia es que la gente más poderosa no está pagando los impuestos que debiera pagar. Las tasas reales de tributación de los grandes capitales son ridículamente pequeñas. Los impuestos están cayendo sobre los pobres, sobre las capas medias, sobre los que no pueden evadir, sobre los que no tienen zonas francas ni abogados tributaristas que les esfumen sus utilidades. Es un gran debate nacional y espero que cuando llegue la presentación de la reforma tributaria, adelantemos el debate con todo rigor y con toda seriedad. En buena medida esta exacción sobre los combustibles, que son impuestos pagados por los pobres –porque también está en el abecé de la literatura económica que los impuestos indirectos son cargas impositivas principalmente contra los débiles–, está reconocido de mil maneras distintas. Entonces, claro, es muy cómodo para los gobiernos que la banca, las petroleras, las mineras, todos los poderosos de verdad, que ya hoy son los poderosos del mundo, ni siquiera son los poderosos de Colombia, no paguen lo que deberían pagar, porque ahí está Pedro Pueblo para clavárselo hasta el alma con los precios del ACPM y de la gasolina y porque además Pedro Pueblo no se da cuenta. Como es en el pasaje, va escondido.
Aquí hay un debate de mucho fondo, al que le termino agregando que es muy grave que el ciudadano del común no tenga más dinero en el bolsillo para gastar, porque ese es en buena parte del problema del país. Como la gente es tan pobre, no tiene cómo gastar, luego la industria y el agro no tienen cómo vender, porque la gente no tiene con qué consumir. Estoy seguro de que si la gente no fuera tan pobre, se podría vender más leche, más panela, más camisas, más telas y eso por supuesto estimularía la economía en su conjunto. Lo que pasa es que la economía nacional no está pensada así. Aquí lo que importa es que a tres o cuatro, particularmente trasnacionales, les vaya bien, así el resto del país viva en la barbarie. Que es en lo que estamos, porque parte del problema es que nos vienen imponiendo estas teorías neoliberales tan peregrinas desde hace más de dos décadas, 22 años ya, y no funcionan, no sirven, fallan, el país está en un estado lamentable, los problemas no se resuelven, tenemos el tercer país con la mayor desigualdad social de la tierra en el Continente más desigual del mundo y esto no genera siquiera el más mínimo debate.
El Código de Buen Gobierno de Ecopetrol me recuerda esas viejas películas de vaqueros por allá de los tiempos del blanco y negro, donde el guapo de la película libraba en las cantinas unos combates terribles con delincuentes de todas las pelambres y al final ni se le caía el sombrero. Como a los gurús de nuestra economía. Aquí pasa de todo, esto es el desastre, pero ni se despeinan. Las cosas para ellos tienen que seguir siendo así, porque ay de aquel que se atreva a plantear alguna modificación.
Réplica a la intervención del minminas
Le pido al ministro de Minas, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, no echar en el mismo saco a minoristas y a mayoristas en el negocio de combustibles, porque son dos casos completamente distintos. Y si se trata de mirar cómo se está repartiendo la torta, resulta clave diferenciarlos. Entre otras cosas, porque los mayoristas se están quedando con el negocio minorista, usted lo sabe, ministro, y pienso que no es una tendencia positiva. Está tan bueno el negocio para los mayoristas, que están dedicados a liquidar a los minoristas.
Nada de lo que yo digo sobre las utilidades de Ecopetrol se refiere a que Ecopetrol no deba mantener estándares de inversión. Estoy mirando es lo que Ecopetrol le transfiere al gobierno nacional y se vuelve gasto. Es más, creo que uno de los errores históricos, con dividendos como estos de los que se está hablando, es que se ha exprimido demasiado a Ecopetrol, lo que en parte explica todos los atrasos tecnológicos de esa empresa, que no han debido generarse si se le hubieran dejado a Ecopetrol más recursos. Es una exigencia que planteamos aquí con Hugo Serrano muchas veces.
El ministro Cárdenas afirma que esta es una discusión sobre la desigualdad. El punto es que en la discusión, usted, ministro, siempre tiene que mirar en qué se gastan los recursos, si contribuye o no a reducir la desigualdad, pero primero tiene que mirar quién pone la plata. Y entonces ahí el gobierno, digámoslo en términos coloquiales, está muerto, porque la plata se la están sacando a los más pobres. Entonces sea que la plata se gaste en los más pobres o en parte de ellos, o se gaste en los que no son los más pobres, la discusión se mantiene y es por qué son los más pobres quienes terminan pagando los gravámenes. Que es el caso que tenemos aquí de manera clásica.
Una de las tragedias de la desigualdad de Colombia, y está suficientemente documentada, es que, por ejemplo, en Europa y en algunos países de Latinoamérica, después de impuestos, se reduce la desigualdad. En Colombia, después de impuestos, la desigualdad se mantiene. Y eso en parte tiene que ver con temas como el que estamos tratando aquí. Entonces sí, muy bien, vamos a hablar de desigualdad, ese es mi debate: quién paga los impuestos, los gravámenes, los impuestos, las cargas. Y en este caso, dada la naturaleza de estas cargas impositivas indirectas o de utilidades que el Estado distribuye, se está cargando sobre los más débiles. Es el punto central del debate. Pero ahí también insisto en que el gobierno nacional no tiene la razón.
martes 17 de abril de 2012
¿Hay esperanza de paz para Colombia?
Por Vicky Peláez (RIA NOVOSTI)
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
La liberación de los 10 secuestrados, de los cuales seis son policías y cuatro militares, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la renuncia de esta organización al secuestro con fines de extorsión, son noticias que vislumbran la posibilidad del inicio de un diálogo y de la negociación política entre el gobierno y la guerrilla.
Pero no va a ser nada fácil superar estos sangrientos 64 años de la guerra interna, igual como diferencias ideológicas. Todo indica que las FARC jamás van a desmantelar su organización mientras existan miles de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el bien ensamblado aparato represivo estatal que mantiene en sus cárceles unos 7,500 prisioneros políticos y de guerra.
Pero de esperanzas vive el hombre.
La experiencia de los años 1980, cuando durante los gobiernos de Belisario Betancourt (1982-1986) y Virgilio Barco Vargas (1986-1990) fue anunciado el "proceso de la paz", se convirtió en la tragedia para los guerrilleros de las FARC que decidieron dejar las armas y adherirse a este proceso formando en 1985 un partido de la izquierda con fines electorales bajo el nombre de la Unión Patriótica (UP) junto con varios otros movimientos y partidos colombianos y entre ellos el Partido Comunista.
Pero la paz siempre ha sido una criatura furtiva en la historia de Colombia. El aparato represivo del Estado y los paramilitares a su disposición asesinaron a dos candidatos presidenciales de esta organización: Jaime Pardo Leal en 1987 y a Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. El mismo destino corrieron ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y unos 4,000 dirigentes de base, poniendo así el punto final a aquel "proceso de paz" que inundó de sangre a Colombia. Los que dudan de eso tienen que ver el documental "Memoria de los silenciados: El Baile Rojo”.
Otro movimiento insurgente, El Movimiento 19 de Abril (M-19) que surgió en 1970 tuvo un destino parecido después de entregar sus armas el 8 de Marzo de 1990 y convertirse en un partido político que se conoció como Alianza Democrática M-19. En un mes y medio su candidato a la presidencia Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado dentro de un avión de pasajeros en pleno vuelo, al parecer por órdenes del servicio secreto de Estado (DAS). Miles de ex militantes del M-19 también fueron ultimados por los escuadrones de la muerte de Estado, los paramilitares o narcotraficantes. Así fue la historia de paz anunciada por el estado colombiano en los años 1980 y 1990.
Con estos antecedentes no hay mucho optimismo para una inmediata paz cuyo marco no está definido por el Estado colombiano. Recién en el Congreso están tramitando una reforma constitucional que facilite la incorporación de los líderes de las FARC y de los paramilitares a la vida civil y política. En las actuales condiciones es una tarea muy difícil que requiere una verdadera voluntad del gobierno, de los guerrilleros, de los paramilitares y de todo el pueblo cansado de la violencia, sangre e injusticia. Los cinco millones de desplazados y los 16,907 secuestrados desaparecidos, según un informe del registro Nacional de Desaparecidos, son testimonios del sufrimiento de los habitantes de Colombia.
Tampoco ha sido muy promisoria la respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos a este gesto de buena voluntad de las FARC de anunciar el fin de los secuestros y liberar a los 10 militares y policías secuestrados. Dijo que valora esta iniciativa de la guerrilla pero considera que no es suficiente para comenzar un diálogo.
Remarcó que "es un paso que valoramos. Valoramos en su dimensión pero como lo dije también ayer, no es suficiente. Queremos unas muestras más fehacientes de su verdadera voluntad de terminar con el conflicto". Es decir que para el presidente Santos prácticamente no ha pasado nada y no cabe duda que en el próximo comunicado las FARC pedirán al gobierno mostrar también su voluntad de paz que en este momento no muestra señales de la vida.
En el país, de acuerdo a la líder de la organización Mujeres por la Paz, Piedad Córdoba, existen 7.500 "presos políticos" o "prisioneros de guerra" que el gobierno no admite y cuyas condiciones humanitarias en la cárceles colombianas son completamente desconocidas ya que se les negaron todas las visitas de familiares. Muchos de ellos están condenados a 40 años de cárcel o más. Todas las promesas del gobierno de mostrar su buena voluntad permitiendo visitar presos políticos se los está llevando el viento y la llave de la paz, de la que habla frecuentemente el presidente Santos está bien resguardada en los cuarteles militares.
Desde que entró en vigencia el Plan Colombia en el año 2000 suscrito por Colombia y los Estados Unidos, tanto el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) como el actual presidente Juan Manuel Santos, que asumió el poder en 2010, descartaron el diálogo, prefiriendo poner fin a la guerrilla por la vía militar. Y no hay que olvidar que la famosa política criminal de "falsos positivos" se instauró en Colombia cuando el actual presidente ocupaba el puesto del Ministro de Defensa. Fue escándalo mundial cuando se descubrió que la policía, los paramilitares o los militares mataban a jóvenes e inocentes campesinos en lugares alejados y los vestían posteriormente con el uniforme de la guerrilla para recibir un incentivo financiero por cada supuesto guerrillero abatido. Varias fosas comunes con cadáveres de jóvenes disfrazados de guerrilleros, llegando hasta unos 2.000 cuerpos en una de ellas, son producto de aquella política.
El reciente anuncio de la llegada de mandos militares norteamericanos fogueados en los combates en Irak y Afganistán para apoyar la lucha contra las FARC no es ningún signo de paz sino un aviso de la continuidad de la guerra. Los asesores militares norteamericanos operan en Colombia desde 1952 y actualmente ocupan siete bases militares en los lugares más estratégicos de Colombia que les dan facilidad del control de prácticamente toda América Latina.
¿Y qué es lo que pueden enseñar a los militares colombianos o que "capital intelectual" pueden aportar a sus colegas colombianos que operan en la selva mientras que Afganistán e Irak están ubicados en las zonas montañosas o desérticas? Quizás cómo matar con más eficacia a los civiles y masacrar impunemente pueblos enteros. Los 100.000 iraquíes entre hombres, mujeres, niños y ancianos muertos son testimonio de este "capital intelectual" del ejército norteamericano, como lo llamó el Jefe del estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Martin Dempsey durante su reciente visita a Colombia.
El anuncio del presidente Juan Manuel Santos que coincidió con la visita del general Dempsey de que acabará con la guerrilla en el 2014 lo dice todo y borra de un tajo lo que se llama la voluntad de la paz. Lo que no toma en cuenta el presidente Santos es la advertencia del filósofo Pierre Joseph Proudhon que alguna vez dijo que "la paz obtenida con la punta de la espada no es más que tregua".
Fuente:Argenpress
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