EL SALVADOR.

jueves, 17 de mayo de 2012 
La resolución de la Corte es darle continuismo a la impunidad, dice UCA 
CERIGUA
Segundo Montes, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en 1989, hubiese cumplido ayer 79 años. La ocasión fue aprovechada por las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) para condenar el reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia con el que se denegó la solicitud de extradición de 13 militares solicitados por la Audiencia Nacional de España, acusados del asesinato de montes y cinco jesuitas más.

El 16 de noviembre de 1989, en medio de la última ofensiva armada que vio la guerra civil en nuestro país, Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, y dos de sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos, fueron ajusticiados dentro de las instalaciones de la UCA, crimen en el que se señala a elementos de la Fuerza Armada como sus autores.

Desde entonces, los intentos por llevar ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales de esos crímenes han chocado contra una serie de obstáculos puestos por el mismo sistema judicial salvadoreño.

El último revés se dio la semana pasada, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la extradición de 13 militares solicitados por la Audiencia Nacional de España para enjuiciarlos por esos delitos.

Las autoridades de la UCA aseguraron que el fallo es muestra de que en el país aún hay sectores que se empeñan por mantener impunes los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

De acuerdo a José María Tojeira, ex rector de la UCA (y una de las personas que más ha pujado porque se haga justicia en el caso), la Corte ha caído en una especie de “prevaricato en un campo ético” con la decisión tomada con respecto a la extradición de los militares.

“Prevaricato es emitir sentencias injustas a sabiendas. Yo creo que estos (magistrados) dan sentencias injustas a sabiendas porque su procedimiento suele ser: primero se toma la decisión y luego le piden a sus asesores de la Corte que fundamenten las decisiones que han tomado”, aseguró Tojeira.

Las evidencias de esta forma de proceder, según el ex rector, pueden encontrarse en algunas de las actas de las resoluciones tomadas por la Corte y que, en algunos casos, han sido publicadas en el sitio web de la CSJ.

“Es un procedimiento totalmente absurdo en alguien que se pretende jurista”, añadió. Los magistrados de la Corte en Pleno, que por mayoría acordaron denegar la extradición de los militares, basan su resolución en que, al momento de cometerse los asesinatos, la Constitución vigente en aquel entonces no contemplaba la extradición.

Este argumento para Tojeira es inválido. “Como si las Constituciones pasadas dieran derechos a las personas. Evidentemente las Constituciones pasadas son pasadas, cualquier estudiante de derecho sabe que la Constitución es un punto cero, la Constitución vigente es la que da todos los derechos a todas las personas o las que se los niega”, explicó el sacerdote jesuita. Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, expresó que el fallo emitido por la Corte en pleno era algo que ya veían venir.

“Es una sentencia anunciada, ya lo esperábamos porque la Audiencia Nacional española en diversas ocasiones pidió colaboración e información sobre los militares involucrados y nunca la CSJ quiso dar esa información”, dijo.

Los resultados obtenidos en anteriores intentos por conseguir justicia en el sistema judicial salvadoreño también permitieron tener cierta clarividencia sobre el resultado de la solicitud de extradición hecha a la CSJ.

Según Serrano, en todos esos intentos hubo excusas para no proceder con el enjuiciamiento de los militares acusados.

“Primero dijeron que eran cubiertos por Ley de Amnistía, en el 2000 nos dijeron no, no los cubre la Amnistía pero ya prescribió el delito”, recordó el vicerrector.

“Ahora que se dice ‘no’ a la petición de extradición expresa de España, nosotros consideramos que se sigue encubriendo a militares, a gente que tuvo que ver directamente con asesinatos y crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Serrano.

El fallo también ha sido condenado por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien ayer se pronunció al respecto.

“La decisión de la mayoría de los magistrados y magistradas de la CSJ muestra a la comunidad internacional la renuncia del Estado de El Salvador a cumplir con sus obligaciones de investigar y castigar aquellos hechos que configuren violaciones a derechos humanos y abusos de poder, tal como se lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dijo el procurador. 

Luna recordó que el caso ya había sido declarado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “una violación al derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas”. En esa oportunidad Luna aseguró que aquello debía verse como “un desafío para que las instituciones públicas del país respondan al mandato constitucional y legal para el que han sido creadas”.

Con el fallo de la Corte, ese mandato no se ha cumplido, aseguró Luna.

Por su parte, Serrano también criticó el incumplimiento de las recomendaciones que la CIDH hiciera al Estado salvadoreño en 1999 en el caso de los jesuitas. La “CIDH recomendó al Estado salvadoreño que procesara, investigara, que juzgara a los autores intelectuales y materiales, y que acondicionara la Ley de Amnistía a parámetros internacionales, y 13 años después no se ha hecho”, señaló.

Pese a que el fallo ha imposibilitado que los 13 militares acusados de asesinar a los jesuitas y sus colaboradoras sean enjuiciados en España (de hecho el caso está por archivarse en la Audiencia Nacional de ese país), las mismas personas que hasta el momento han promovido la justicia ante los asesinatos aseguran que seguirán adelante con ese esfuerzo.

“En la UCA esto no nos desmaya, esto nos compromete a seguir luchando porque el sistema de justicia de El Salvador funcione a través de las orientaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró Serrano.

Tojeira hizo énfasis en un elemento sin el cual la reparación y justicia no puede consolidarse: el reconocimiento de la verdad. Para el ex rector de la UCA en este caso “no ha habido reconocimiento de la verdad, es un crimen planificado desde las más altas esferas de la Fuerza Armada y en ese sentido es un crimen institucional, de responsabilidad estatal, es una verdad que hay que reconocer”.

La Fuerza Armada, según dijo, es la principal responsable en el esclarecimiento de esta verdad, y agregó: “nosotros creemos que después de una guerra civil el castigo debe ser perdonado pero debe tener modos de ser perdonado, creemos que no al principio, si no al final del proceso, no antes de la verdad, si no después de la verdad y después de la justicia”.
Fuente:Argenpress