Más solidaridad y menos privilegios
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que entró en vigencia en el 2009 luego de la decisión trascendental de terminar con el negocio inescrupuloso de las AFJP, tiene como bases fundamentales la inclusión y la solidaridad. Así en su corto tiempo de vigencia se aumentó la cobertura previsional del 75% al 95%, se efectivizó la Ley de Movilidad Jubilatoria y se puso en marcha el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para brindarle solvencia y respaldo al sistema. Pero este panorama choca contra lo que Diego Bossio llamó “situaciones de abuso y privilegios”, en su presentación ante la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.
Ante el esfuerzo del Estado Nacional para recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones se hace indispensable terminar con los regímenes de privilegio y especiales.
Los dos ámbitos que perciben bajo este sistema son el Poder Judicial y Servicio Exterior, cobrando en promedio $22 mil por mes y $27 mil por mes con máximos de $67.937 y $58.312 respectivamente y cuya suma total de beneficiarios son 173.519 que provocan una déficit anual de $856,70 millones al sistema. En ambos casos se logra el beneficio porque el régimen especial no tienen los topes para aportar y cobrar que rigen para el sistema general. Además se suman los pagos que debe afrontar el organismo ante las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que en un caso expuesto por el Director de ANSeS logra un reajuste por $112 mil al mes. La industria del juicio está lejos de beneficiar al titular en la mayoría de los casos y pone al sistema en un situación de inestabilidad provocando una sangría de $272 millones.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con fuerte decisión política pretende terminar a corto plazo con estas irregularidades que no hacen más que atentar contra un sistema solidario y de inclusión que da sobradas muestras de su buen funcionamiento, no solo en lo que respecta al sistema en sí sino también respecto a otras metas que perseguimos desde ANSeS: en esto años se incluyó un derecho fundamental como la Asignación Universal por Hijo y se inició el Plan Conectar Igualdad para reducir la brecha tecnológica y darle la posibilidad a cada niño y niña de nuestro país que tenga su netbook. La justicia social y la igualdad son conceptos aplicables a la realidad a partir de llevar adelante acciones que terminen con los privilegios y los abusos y resulta fundamental el rol del Estado para aplicar dichas acciones. Compartimos el objetivo de terminar con las desigualdades y creemos que ésta es una medida que ratifica el camino de la sintonía fina.
Fabio Gentili
ANSeS UDAI Rosario Zona Norte
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