El fiscal federal Horacio Azzolin dijo que se están relevando en el país más de 500 CCD
Bahía Blanca.-El fiscal Horacio Azzolín señaló que según datos del Archivo Nacional de la Memoria en la actualidad se "están relevando más de 500 centros clandestinos a lo largo del país", y precisó que como "La Escuelita" de Bahía Blanca "en general estaban emplazados dentro de los predios de las unidades militares o en dependencias controladas directa o indicrectamente por el Ejército o alguna de sus otras fuerzas armadas". En el marco de los alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo del Ejército, Azzolín, quien acompaña a su par Abel Darío Córdoba como representantes de la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, agregó que "también la Cámara Federal de la Capital, tanto la causa 13, que fue el juicio a las Juntas, como la 44, conocida como la "causa Camps" se detuvo específicamente sobre la existencia misma de los centros clandestinos".
Azzolín recordó que los jueces de la Cámara Federal sostuvieron en las sentencias de las dos causas que "una de las características de la dictadura militar fue la metodología generalizada en la utilización de los centros clandestinos como primer paso de la desaparición de las personas". En el marco de los alegatos, el funcionario judicial brindó detalles sobre los centros clandestinos que funcionaron en Bahía Blanca como "La Escuelita".
"Era una construcción precaria que funcionaba en el predio del V Cuerpo de Ejército, en las habitaciones se mantuvieron cautivas a cientos de personas merced a la ferocidad de los guardias y la atrocidad planificada de los torturadores interrogadores", dijo.
Además, Azzolín citó el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 donde "los cautivos estuvieron recluídos durante meses y sometidos a interrogatorios, impedidos de cualquier contacto con el exterior".
"Sobre el predio donde funcionó La Escuelita se han realizado dos inspecciones oculares durante el debate, y la segunda fue la que se realizó con presencia de víctimas a pedido de la Fiscalía y fue sumamente esclarecedor porque ha permitido que ellas ubiquen físicamente el lugar adonde estaban alojadas y referencien puntos donde circularon o que detectaron durante su cautiverio", dijo el fiscal.
El representante del Ministerio Público citó otros lugares de detención como la delegación Cuatrerismo de la Policía Bonaerense en los galpones ferroviarios de Chile y Donado.
"Se usaron como centros clandestinos dependencias de esas instalaciones como también uno o varios vagones de madera en desuso adaptados para depositar en ellos a personas secuestradas", comentó.
Además detalló sobre las instalaciones ferroviarias de la calle Parchape, próxima a la Estación del Sud, que eran "utilizadas para mantener en cautiverio a personas que fueron objetos de interrogatorios y torturas".
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agndh
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Señalización de La Escuelita
El próximo viernes 6 de julio a las 10 se inaugurará el cartel de señalización del lugar donde funcionó durante el terrorismo de Estado el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita en dependencias del ex Comando del V Cuerpo de Ejército sobre Camino La Carrindanga.
Según se informó desde el Archivo Nacional de la Memoria participarán autoridades nacionales, provinciales y municipales junto con sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y otras organizaciones políticas y sociales.
En este campo de concentración permaneció la mayoría de las víctimas del juicio que está llegando a su fin. La edificación fue demolida durante la dictadura y, si bien el predio fue inspeccionado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, recién en 2011 se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos a partir del relevamiento arqueológico ordenado por la justicia y realizado por peritos de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur.
El cartel de señalización de 7 x 3 metros se ubica precisamente en el sector del Comando del V Cuerpo de Ejército donde se realizó la excavación y visualiza el lugar donde funcionó el centro de detención desde camino lindero.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal visibiliza la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes (en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables) para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares.
La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y municipios de todo el país, con eje en las iniciativas de investigación, educación y comunicación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención y otros espacios relacionados con el accionar del terrorismo de Estado.
Con esta nueva señalización ya son 31 las instaladas en todo el país y próximamente se prevé la marcación de otros espacios emblemáticos del accionar criminal durante la última dictadura cívico-militar y el “Operativo Independencia”: “La Escuelita de Famaillá” en Tucumán; la empresa Ledesma y la Comisaría N° 24 de Libertador General San Martín (ex Ingenio Ledesma), la Sección Ledesma de Gendarmería Nacional y la Comisaría de Calilegua, todas ellas en Jujuy; la cárcel de Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Campo San Pedro, predio del Ejército donde se realizaron enterramientos clandestinos de personas en la provincia de Santa Fe.
La inauguración en Bahía Blanca está organizada por la Red Federal de Sitios de Memoria conjuntamente con la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, el Programa de Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la dirección de Derechos Humanos del Municipio.
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Fuerzas vivas ensangrentadas
Mañana desde las 16 continuará el alegato del fiscal Abel Córdoba en la sede del rectorado universitario de Colón 80. También habrá actividad miércoles y jueves desde las 9. En la primera etapa de la exposición que desarrollaron junto a Horacio Azzolin, analizaron el marco general de la aplicación del plan represivo en la ciudad y comenzaron con el repaso de los hechos juzgados apoyándose en documentación de partes de inteligencia y otros documentos.
Además, dedicaron un capítulo especial al rol desempeñado durante la dictadura por distintos sectores civiles como el empresariado, la prensa, la Iglesia Católica, el poder judicial y las autoridades de la Universidad Nacional del Sur. En este informe podrán conocer algunas de sus acciones.
Desfile de botones
Revista de la Corporación del Comercio
En cuanto a las corporaciones políticas y empresariales el fiscal recordó la declaración del general Vilas reconociendo que el Ejército “incentivaba la delación como parte de la acción psicológica” e instaba a la comunidad a llamar al Comando para delatar “subversivos”.
“Vilas recordó que el perfil de esta región produjo tantos llamados que tuvieron necesidad de filtrarlos, principalmente de empresarios que acusaban a sus empleados por las actividades gremiales. Y aquí mismo, el ex conscripto Cevedio explicó que tenía la oficina cerca de la de Vilas y veía desfilar a los empresarios yendo a delatar a sus empleados para sacárselos de encima y pedirle a Vilas que actúe. Sabemos lo que implicaba”, dijo Córdoba.
Citó también un pronunciamiento de la Corporación del Comercio y la Industria de 1977 donde con firma de los empresarios Di Meglio y Ramírez, manifestaba “su espíritu de sacrificio y colaboración con el Proceso de Reorganización Nacional” y “la patria” y destacaban que “el empresariado sufrió los embates de la subversión que pretende destruir la Nación”.
Como ejemplo de la “consustanciación de los sectores productivos y los represivos” el abogado comentó la Operación Trigo. A partir de una iniciativa de productores de Tres Arroyos, Vilas ordenó el cercado de la localidad bonaerense al mando del imputado Osvaldo Páez y la Agrupación Tropas ante la supuesta amenaza de atentados contra sembradíos.
Católica Apostólica y Romana
Monseñor Ogñénovich
Respecto a la Iglesia Católica el fiscal resaltó la necesidad de contrastar, por un lado, la complicidad de la jerarquía eclesial con el régimen genocida y por otro, la pertenencia de muchas de las víctimas a las líneas tercermundistas impulsadas por curas y jóvenes que militaban por la justicia social.
“Mayer por ejemplo bendecía las medallas que el Ejército les daba a Corres o a Méndez por el fusilamiento de Hidalgo y Souto Castillo. También son significativas las respuestas que daban a los familiares. Eran invariables, el discurso de Mayer uno lo podría sintetizar en tres o cuatro frases: ‘en algo andarán’, ‘los buenos no son para este mundo’ y la culpabilización de los padres como responsables de las conductas de las fuerzas armadas”, explicó Córdoba.
No quedó fuera del análisis la conducta del vicario general Emilio Ogñénovich quien el 25 de mayo de 1976 decía que “los profetas de una moral sin dios -las víctimas- están recogiendo las consecuencias lógicas, la muerte”, o advertía a los familiares que reclamaban que “mi auto ya va solito al V Cuerpo”.
El representante del Ministerio Público agregó como ejemplo del vínculo de la Iglesia Católica con el V Cuerpo el hecho de que haya sido monseñor Tórtolo quien anunció a Vilas que había sido pasado a retiro. “También Vilas contó que la Iglesia Católica le pedía ayuda para relevar o nombrar diferentes sacerdotes”.
Como contracara de Mayer y Ogñénovich, Córdoba mencionó a Jaime de Nevares y Miguel Hesayne quien vino a Bahía Blanca desde Neuquén para reclamarle a Catuzzi por el entonces desaparecido Eduardo Mario Chironi y cuestionó abiertamente ante el comandante el uso de la tortura.
De ese encuentro se recuerda que Catuzzi dijo a la familia de Chironi que el dolor purificaba. “La teoría originada en Nietzsche es que el dolor y el sufrimiento forjan un carácter de un héroe bélico, de un ser superior formado y forjado en su carácter en la lucha. Pero estas personas que invocaban esas filosofías hacían una pequeña distinción, el dolor tenía que ser el del otro y eso los convertía no solo en criminales sino en una especie de nietzchenianos rengos. Siempre la purificación la pensaban obtener con el dolor ajeno”.
Periodismo militante
Avisos en las páginas del diario
“La última dictadura militar arrasó con la libertad de expresión. Por lo menos un centenar de periodistas fueron desaparecidos y asesinados. Los grandes medios, incluido obviamente La Nueva Provincia, fueron acríticos y reverentes y también se beneficiaron económicamente. La resonante causa de Papel Prensa está en investigación actualmente”, expresó el fiscal.
En ese sentido, pasó a detallar la “relación de intimidad y consustanciación difícil de superar” entre La Nueva Provincia y las fuerzas armadas. “En Bahía Blanca se siguen escribiendo los editoriales más autoritarios de la lengua española. Hace unos días se podía leer en tapa la ‘subversión felizmente aniquilada’”.
Comentó al tribunal que en octubre de 1976, en la 37º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), La Nueva Provincia representada por Federico Massot informó que en Argentina “había libertad de prensa, no hay problemas para informar, opinar y criticar al gobierno” y admitió solamente que “lo que no se puede hacer en Argentina es una apología del crimen”.
En marzo del 77, el actual director del diario Vicente Massot informó lo contrario. Dijo: “Es lógico que ante la escalada del marxismo internacional las autoridades argentinas se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de algunas libertades en salvaguarda de la integridad de la Nación”.
El fiscal no dejó pasar que cada autoridad militar que asumía visitaba la dirección del diario como el imputado ex titular de la Unidad 4, Héctor Selaya -”pensemos en el mensaje político que implicaba”-, ni la nostálgica despedida al bestial Vilas: “Era uno de los ejemplos del país que queremos ganar para futuras generaciones’.
La familia Massot y sus plumas no sólo fueron anfitriones y voceros de los criminales de uniforme sino también generosos informantes sobre sus conflictos internos con los trabajadores para con los comandos del Ejército y la Armada. Allí están los secuestros y fusilamientos de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
“Eso está documentado en un informe de Prefectura donde indicaba el personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental. Obviamente la información salía de la propia empresa. Pero antes de este informe, tanto Heinrich como Loyola habían sido convocados por un capitán del Ejército y amenazados en el V Cuerpo para que se dejen de joder. Ese era el planteo constante, textual, que les hacían”, alegó Córdoba.
Por ende, “el jefe de Operaciones del V Cuerpo de Ejército, Juan Manuel Bayón, no puede estar ajeno respecto a dónde transcurrió el cautiverio de cuatro días de estos trabajadores antes de ser fusilados y tirados al lado de una ruta y tampoco debe ignorar ante quién fueron interrogados o a quién se los mostraron atados y amordazados como trofeos de guerra”.
“El juez era uno de los captores”
Guillermo Madueño
El análisis del comportamiento del poder judicial durante la dictadura se centró en lo actuado desde el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Guillermo Federico Madueño con la colaboración de sus secretarios Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.
Los expedientes muestran que cuando un fusilamiento era presentado como enfrentamiento en un contexto bélico “ni siquiera había una acción orientada a encubrir esos hechos sino que, por el contrario, el investigado era la víctima”.
Los habeas corpus eran sistemáticamente rechazados, incluso cuando había respuestas afirmativas: “Hay un habeas corpus de María Emilia Salto y Laura Manso en el cual las mismas autoridades militares responden que sí estaban a disposición, que habían sido detenidas. Aun en ese caso fue rechazado”.
Córdoba se refirió al significado que tenía para las personas cautivas el hecho de ser llevadas ante el juez. El testigo Mario Medina dijo que “la aparición del juez del otro lado de las vendas y rodeado, secundado por ametralladoras del V Cuerpo de Ejército fue la confirmación de que no había plan B. Medina confirma no solo que el juez estaba con sus captores sino que el juez era uno de sus torturadores”.
Finalmente comentó un documento “estrictamente secreto y confidencial” de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval Argentina de abril de 1978 donde el informante comunica a sus superiores que “el 4 de abril se tomó conocimiento que el actual juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Federico Madueño, estaría realizando gestiones para que se lo traslade a la Capital Federal para ocupar un puesto similar. Esta pretensión de Madueño se sustentaría en un sentimiento de frustración al considerar que no se le han reconocido debidamente sus esfuerzos en pos de la depuración ideológica de la Universidad Nacional del Sur”.
“Ahí está la prueba, más allá de las numerosas actuaciones, de la magistratura puesta no solo en un afán de progresar en su carrera judicial sino de formar parte de cuanto plan criminal hubiera y ese reconocimiento que Madueño decía no haber tenido, luego lo tuvo siendo juez de instancias superiores hasta bien entrado el año 2000″, remató Córdoba.
Golpe anticipado
Por último, el titular de la Unidad Fiscal se dedicó a la Universidad Nacional del Sur insistiendo en que el golpe de Estado comenzó un año antes en Bahía Blanca cuando en febrero de 1975 asumió el rectorado Remus Tetu, rostro local de la Misión Ivanisevich en el Ministerio de Educación.
Otra vez La Nueva Provincia señalaba el camino al rumano días después de su asunción: “Si hay factores nocivos en la Universidad del Sur, que la adulteran o la perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
El alegato del fiscal detalló que la gestión de Tetu significó la cesantía de docentes y no docentes, la prohibición de asambleas, juicios académicos, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre de carreras -algunas que nunca reabrieron- y la persecución de la “subversión ideológica” sobre todo en los Departamentos de Economía y Humanidades.
Recurriendo a los informes de inteligencia y las listas de cesanteados puede leerse: “Bermúdez Oscar Amílcar. Argentino, -todos sus datos-. Considerado como trotskista en el ámbito en que actúa. Se desempeña como administrativo en la biblioteca de la UNS. Estaría relacionado con el ERP”. “Esto es abril del 75, quince meses después estaba en La Escuelita”, acotó el letrado.
Otros ejemplos son los de Néstor del Río, “sindicado activista de izquierda que pertenece a la Juventud Universitaria Peronista”. Meses después acribillado en una sala de internación del Hospital Municipal. Hugo Sing Chuan, “sindicado como activista de izquierda, era la pareja de Mónica Morán”. “Daniel Callejas, integrante de la Juventud Universitaria Peronista”, también al poco tiempo secuestrado en La Escuelita. O Daniel Bombara “sindicado como activista izquierdista”, desaparecido durante las últimas horas de 1975.
“Esto es el informe de abril del 75 y omitieron de la lista de cesanteados a Carlos Roberto Rivera quien luego de ser cesanteado, a los pocos meses sería víctima de la represión por parte del Ejército”, concluyó Abel Córdoba.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
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