Un momento de sensaciones encontradas
Tenía nueve meses cuando el Ejército secuestró a sus padres. Fue enviado a un orfanato, donde sus abuelos maternos fueron a buscarlo. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en Rosario.
Por Sonia Tessa
"Quisiera tener a mi viejos", se sincera Fernando, científico e investigador del Conicet.Imagen: Alberto Gentilcore
Fernando Alvira tenía nueve meses el 5 de mayo de 1977, cuando un grupo de tareas del Ejército irrumpió en la casa de San Nicolás en la que vivían su mamá, María Cristina Alvira; su papá, Horacio Arístides Martínez, y donde estaba de visita Raquel Alvira, hermana de su madre. Cuando las fuerzas bajo las órdenes de Manuel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, secuestraron a los tres militantes, dejaron al bebé a cargo de un vecino, Juan Perazzo, con estrictas órdenes de llevarlo a un orfanato. El vecino cumplió, y el bebé permaneció muchos días en la institución, hasta que los abuelos maternos fueron a buscarlo. Allí, el sacerdote Miguel Regueiro les exigió a Carlos Alberto Alvira y su esposa que firmaran un documento incriminando a los hoy desaparecidos por actividades que entonces se denominaban "subversivas". Desesperados por recuperar al niño, el documento fue firmado. "Solamente bajo esa coerción me entregaron", dijo ayer, en la puerta de los Tribunales federales, Fernando, aquel bebé. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Con un cúmulo de "sentimientos encontrados", Fernando llegó ayer para escuchar la audiencia, pero no pudo entrar porque comenzó la etapa del juicio en la que no ingresan testigos ni querellantes. En su caso, también estaban procesados Regueiro y Diego Ricardez, que murieron.Fernando tiene 35 años y será papá por primera vez en setiembre. Cuando tenía nueve meses, la vuelta con su familia demoró. "Estuve unos cuantos días, hasta que mis abuelos maternos se enteraron de lo que pasó. En esa época no había internet, celulares, no había teléfonos prácticamente", sitúa el relato. La familia Alvira vivía en una pequeña colonia agrícola del norte santafesino, Colonia San Roque, cerca de Reconquista. Entonces, las familias materna y paterna se pusieron de acuerdo para que el niño creciera en la ciudad de Santa Fe, donde vivían los padres de Horacio Martínez. "Con la expectativa de que mis viejos se convirtieran en presos legales, y quedaran detenidos en Coronda o Las Flores, decidieron que me criara en Santa Fe con la familia de mis abuelos paternos", continúa su relato. La relación con los Alvira fue siempre fluida. De hecho, ayer, en la puerta de los Tribunales Federales, Fernando ?que vive en La Plata? aprovechó para "ponerse al día" con su tía Adriana Alvira ?hermana de María Cristina y Raquel? y sus primos. Todos ellos residen en Romang, y vienen a las audiencias a presenciar el esperado juicio.
"Este momento genera un cúmulo de sensaciones completamente encontradas. La satisfacción de algo que por fin se logró, que me parece increíble, pero por otro lado está la sensación de que quisiera tener a mi viejos", se sincera Fernando, que se crió con la firme advertencia de sus abuelos de evitar cualquier participación política ya sea en la escuela secundaria, la Industrial de Santa Fe, como en la Universidad Nacional del Litoral, donde Fernando estudió Ingeniería química. "Estaba pensando en el viaje hacia acá que esta pequeña lucha personal hace que el país que les dejemos, o que yo le deje a mis hijos, sea un poquito más justo. Es otro motivo para decir yo tengo que estar acá", dijo en la mañana fría de ayer, este científico, que es investigador del Conicet, del Centro de Investigaciones Opticas, donde trabaja con láseres de alta potencia, y también es docente de la Universidad Nacional de Quilmes.
Lectura de testimonios
La fiscalía y las querellas pidieron la incorporación por lectura de testimonios de distintas personas fallecidas. El defensor oficial Fabio Procajlo se opuso por considerar que no cumple con el requisito constitucional del control de prueba por parte de la defensa y el abogado de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarniello Ibáñez fue contundente, al argumentar que esos testigos murieron sin poder declarar ante la justicia en un proceso oral porque el Estado argentino denegó justicia durante más de 30 años. Los jueces Jorge Venegas Echagüe, esta semana a cargo de la presidencia, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Baravani dictaminarán mañana si hacen lugar.
Fuente:Pagina12
Juicio a los represores de San Nicolás
El miércoles comienzan las indagatorias
30/07/2012
En diálogo con Redacción Rosario, Álvaro Baella, abogado de HIJOS Rosario y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó que “en las cuestiones preliminares tratadas en la audiencia de este lunes la defensa del coronel retirado Antonio Federico Bossié planteó una nulidad, sobre la cuestión de las garantías del juez natural, en la cual este mismo tribunal ya sentó posición en otros juicios”.
El abogado indicó que “el próximo miércoles el tribunal resolverá el planteo” y que “ese mismo día comenzarán las declaraciones indagatorias de los imputados”.
Los imputados son el coronel retirado Manuel Fernando Saint Amant, en aquel entonces jefe del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones de la zona; y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz.
Según las estimaciones de Baella, “la semana próxima podrían estar comenzando las testimoniales”.
Datos de la causa
El proceso iniciado el 3 de julio pasado integra tres expedientes que tramitaron por separado y fueron unificados para su elevación a juicio oral y público.
Seis de las quince víctimas del juicio corresponden a lo que se denominó la Masacre de Juan B. Justo, un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales que asaltó una vivienda ubicada en esa calle a la altura del 600, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 y mataron una familia entera: el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus dos pequeños hijos, Fernando (5) y María Eugenia (3). Esta misma causa también contempla el asesinato de Ana María Granada, madre de Manuel Gonçalves, el único sobreviviente de la mencionada masacre y a quien se le restituyó su identidad luego de 19 años gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
Otro de los casos incluye a ocho militantes de la Juventud Peronista desaparecidos entre abril y mayo de 1977 en los nicoleños barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa: María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luís Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira, Raquel Rosa Alvira, Víctor Gustavo Almada y Martín Adrián Almada.
El tercero de los expedientes integrados al juicio, es en el que se investigó el secuestro de José María Mastroberardino, quien fuera víctima de la dictadura por alquilar su vivienda al matrimonio Almada-Spotti.
Campaña de acreditaciones
Desde el espacio Juicio y Castigo Rosario convocaron a “acreditarse para participar de las audiencias”. Con una campaña que comenzó este sábado en la peatonal de Rosario, testigos, querellantes y organismos de derechos humanos invitan a los rosarinos a “se parte de este proceso histórico de condenas a los genocidas”, y recordaron que “para acreditarse deben llevar una fotocopia de su dni los jueves o viernes”.
Fuente:RedaccionRosario
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