PARAGUAY.

LUNES, 30 DE JULIO DE 2012 
El círculo se cierra Javier Rodríguez 
(PL) 
Muy poco valor real parece tener el proclamado optimismo del gobierno paraguayo de Federico Franco, surgido del juicio político y destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, sobre el pronto cese del aislamiento internacional al cual se ve sometido. 


El irregular proceso utilizado para provocar una fractura en la institucionalidad democrática del país, utilizado para sacar del poder al mandatario electo por la población en el 2008, sigue pesando como una enorme loza sobre la multiplicidad de gestiones destinas a conseguir un cambio en su débil situación en el seno de la comunidad exterior.


A la firme sanción aplicada a Paraguay por los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que lo suspendieron de su membresía en esos bloques integracionistas, fueron apareciendo, especialmente en las últimas semanas, otros fracasos en el esfuerzo por conseguir reconocimiento en otras instancias importantes. 


La retirada de Asunción de los embajadores de las naciones de Mercosur y Unasur no sólo se mantiene, sino que fue seguida por la de otros Estados no signatarios de dichos acuerdos y acompañada de condenas al golpe contra Lugo por países sin representación diplomática física en la capital paraguaya.  


Resultado alguno tuvo la apelación, con la ayuda de Estados Unidos, en busca de que un informe piadoso e interesado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, intentara lograr un apoyo explícito, todavía sin llegar, de ese órgano regional, por cierto bastante ausente de un sólido prestigio. 


Las esperanzas se cifraron entonces, en forma bastante desesperada, en la visita de una misión del Parlamento Europeo, de la cual sólo obtuvieron el tácito desagrado por las características del juicio político utilizado para destituir a Lugo, el cual calificaron de expedito, y el anuncio de tal vez volver a analizar la situación paraguaya en su reunión plenaria del próximo septiembre. 


Otro fracaso fue la demanda presentada por Franco ante el Tribunal de Revisión del Mercosur, pidiendo se anulara la sanción dictaminada por ese bloque e incluso reaccionando ásperamente por la inclusión de Venezuela ya dispuesta en la última cumbre presidencial y durante varios años obstaculizada por el Parlamento de Paraguay. 


La respuesta del Tribunal, adoptada por unanimidad por los jueces, incluyendo el que representa en su seno a Paraguay, fue negativa y desató nuevamente la ira de los noveles gobernantes de la nación guaraní. Casi si terminar el episodio del Tribunal del Mercosur, saltó a la actualidad el debate en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que inició el análisis de propuestas para suspender también a Paraguay en protesta por la destitución de Lugo y la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso. 


El propio representante del gobierno acusado ante la Aladi debió reconocer, a la hora de escribir estas líneas, que resulta prácticamente imposible evitar algún tipo de sanción por ese grupo de países integrantes de la Aladi. No terminaron las desventuras de los neogobernantes paraguayos que continuaron palpando el tremendo aislamiento provocado por el derrocamiento de un presidente legítimo, apenas a nueve meses de celebrarse elecciones generales en el país. 


Fue entonces cuando una delegación de parlamentarios suramericanos, todos miembros de sus Parlamentos nacionales, visitó Paraguay para informarse sobre la situación actual. 


El grupo estuvo integrado por las argentinas Araceli Ferreyra y Julia Perié, los uruguayos Jorge Mazzarovich y los brasileños Rubens Diniz y Paulo Schueler, quienes se entrevistaron con organizaciones políticas y sindicales, legisladores, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los campesinos y pobladores de la zona de Curuguaty, escenario en junio pasado de un choque de labriegos y policías durante un intento de desalojo de los sin tierras.


El parlasuriano Ricardo Canese, quien acompañó a la delegación en su recorrido, reveló que esta comprobó en Curuguaty numerosas violaciones de los derechos humanos contra los campesinos y en el resto del país despidos masivos injustificados contra trabajadores y funcionarios del gobierno de Lugo. 


En conferencia de prensa, los visitantes dejaron claro que la salida de Lugo del poder constituyó un golpe de Estado y por ello se habían negado a entrevistarse con Federico Franco, por considerarlo un presidente de facto y encabezar un gobierno no reconocido por numerosos países, incluyendo los integrantes del Mercosur y de Unasur.


Aunque las conclusiones de los parlamentarios de Brasil, Uruguay y Argentina provocaron gran malestar en el aparato estatal y una serie de protestas de sus funcionarios, las vicisitudes de orden internacional no terminaron ahí para Franco y su gobierno. 


Pocas horas después se conocieron en Asunción las declaraciones del ministro del Exterior de España, José Manuel García-Margallo, quien dijo a la prensa que su nación, como organizadora de la próxima Cumbre Iberoamericana, prefería la no asistencia de Paraguay a dicha cita. 


Según el ministro, la abstención paraguaya a ese evento era mejor para España como organizadora, para el propio Paraguay y, por supuesto, para todos los demás Estados asistentes. 


Se trataba de la seguridad española de que el intento del gobierno no reconocido de Paraguay en ese entorno iberoamericano provocaría serios conflictos incluso para su propia celebración dado el rechazo internacional a lo ocurrido allí. 


Todo indica que el gobierno de Federico Franco poco tiene que buscar en el escenario internacional, donde el criterio generalizado es el de la necesidad urgente de la vuelta de Paraguay a su anterior proceso democrático.


LUNES, 30 DE JULIO DE 2012 
Puerta abierta a inversión extranjera sin control 
Por Natalia Ruiz Díaz (IPS) 
La apertura a firmas transnacionales en la mira por temas ambientales pauta el primer mes de gobierno de Federico Franco en Paraguay, que sigue sin romper el aislamiento internacional. 


Entre las medidas cuestionadas se cuentan la habilitación exprés de algodón transgénico y de una planta de aluminio. "Preocupa que un gobierno no elegido por el voto popular brinde la venia a estas inversiones (de capitales foráneos), sin ningún control", dijo a IPS el economista Luis Rojas, de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales. 


Rojas señaló, a modo de ejemplo, el permiso otorgado para utilizar semillas de la variedad de algodón genéticamente modificado Bollgard, de la multinacional Monsanto, dejando sin efecto los estudios preliminares requeridos para el otorgamiento de ese tipo de licencias. 


Franco designó al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) al empresario de agroquímicos Jaime Ayala, quien no tardó en inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) la semilla Bollgard, rechazada por la misma entidad semanas antes debido a que la empresa no reunía los requisitos. 


Según Rojas, la aprobación se dio de manera ilegal dado que aún no se contaba con el dictamen técnico de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Salud, como lo exige la ley. Con Tinto no es mejor También se cuestiona desde la sociedad civil la posible instalación de la empresa transnacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la construcción de una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares. 


"La negociación comenzó prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno, el cual muestra total apertura para que se instale en Paraguay", dijo a IPS el analista José Carlos Rodríguez. El presidente Fernando Lugo, destituido por un juicio político sumarísimo el 22 de junio y sustituido horas después por Franco, había conformado un equipo técnico para el estudio del proyecto. 


Sin embargo, Franco autorizó el comienzo de las negociaciones de inmediato sin esperar los resultados de ese estudio. Rodríguez cuestionó que las nuevas autoridades no estén haciendo ningún cálculo costo-beneficio de las consecuencias económicas y ambientales del enclave en este país de una empresa con la potencialidad contaminante que tiene la fabricación de aluminio. 


El actual gobierno se defiende con el argumento de que la fábrica generaría unos 4.000 puestos de trabajo en forma directa, pero en diciembre pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, aseguró que solo harían falta 1.250 trabajadores para llevar adelante esa producción. Pérez Bordón explicó, en su informe presentado a una audiencia pública, que todas las materias primas e insumos serían importados, excepto la energía eléctrica. 


También indicó que RTA utilizaría en forma constante 1.100 megavatios (MW), equivalentes a 9.000 gigavatios/hora (GWh) por año, y pretende un contrato de consumo de 2016 a 2045 y renovable. Paraguay demanda en la actualidad 11.000 GWh anuales de energía y produce unos 56.000, con una potencia cercana a 7.500 megavatios, sumando la central de Acaray y el 50 por ciento que le corresponde de los complejos binacionales de Itaipú, compartido con Brasil, y Yacyretá, con Argentina. 


La instalación de RTA exigiría más del doble de la energía que hoy consume el país. El entonces ministro hizo hincapié en no subsidiar el costo de la energía, sino que recomendaba que la empresa pagara el costo real del servicio eléctrico que era de 59,7 dólares por megavatio/hora en 200 kilovatios. 


"Si se le vende energía a RTA a 38 dólares el megavatio/hora por 30 años o más, Paraguay perderá entre 195 millones y 1.008 millones de dólares anuales, con lo cual deberá subir la tarifa para los demás usuarios, incluido el uso doméstico, aumentar los impuestos o reducir la inversión pública", explicó Pérez Bordón. Golpes por dentro y por fuera Frente a este escenario, las organizaciones sociales aumentan su rechazo al gobierno de Franco y sostienen que la destitución de Lugo tuvo como objetivo facilitar el ingreso de las firmas transnacionales. 


"El gobierno no es un interlocutor válido porque no le interesa conversar con la sociedad civil, solo lo hace con el empresariado", indicó Rojas. Por su parte, el analista y político Bernardino Cano Radil señaló que su partido no ha discutido a profundidad este caso como para tomar una postura. La inversión extranjera en general es positiva, pero se tienen que estudiar al detalle los beneficios para las empresas locales y los trabajadores, apuntó Cano Radil, dirigente del derechista Partido Colorado, principal promotor del juicio político a Lugo a poco de comenzar su mandato en 2008, cuando el exobispo católico acabó con 60 años de gobierno hegemónico de este color. 


Pero el escaso reconocimiento hacia Franco no se detiene en las fronteras, ya que el mandatario sigue contando apenas con el visto bueno oficial de Taiwán y del Vaticano. Tampoco pudo hacer prosperar el recurso presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Mercado Común del Sur) para que levantara su suspensión como miembro del bloque, decidida por sus tres socios, Argentina, Brasil y Uruguay, en la cumbre de fines de junio en Mendoza, Argentina. Ahora las expectativas están solo puestas en la Organización de los Estados Americanos, cuya misión de observación recomendó al cuerpo no suspender a Paraguay. 


Pero esa decisión también se hace esperar. La casa en orden A ojos de los analistas, Franco encontró la casa ordenada en términos económicos y ahora se destrabaron proyectos de inversión, donaciones y otros fondos por al menos 500 millones de dólares, no permitidos mientras Lugo estuvo en el gobierno. 


A esto se añade la entrada en vigencia, tras años de postergación, del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con una tasa fija de 10 por ciento para quienes perciben más de 120 salarios mínimos al año, que equivalen a unos 45.000 dólares. Un proyecto para imponer este tributo había sido trabado en el parlamento en la última etapa del gobierno de Lugo, con el agravante de que no sería tratado hasta 2015. Sin embargo, el 5 de este mes fue aprobado y Franco lo promulgó esta semana. 


El IRP se imputará al ejercicio profesional o prestación de servicios personales, desempeño de cargos públicos, e ingresos por la venta ocasional de inmuebles, entre otras actividades. 


También deben aportar los socios o accionistas que obtengan dividendos de las empresas, pero solo sobre 50 por ciento de esos ingresos. "Se trata solo del 10 por ciento de excedente para gente que gana mucho dinero", un universo muy pequeño en este país, expresó Rodríguez. 


En una primera etapa, este impuesto alcanzaría a 12.000 contribuyentes en una población de 6,4 millones de habitantes.
Fuente:Argenpress