Un fallo con elogios y también críticas
“Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” al dictador Jorge Rafael Videla, señaló Abuelas. Abel Madariaga anunció que apelará la pena que recibió la apropiadora de su hijo.
“Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha en un reclamo de toda la sociedad”, señaló H.I.J.O.S. Córdoba.Imagen: Leandro Teysseire
Abuelas de Plaza de Mayo celebró la “sentencia histórica” por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, causa que comenzó a impulsar formalmente hace 16 años, aunque admitió que le queda “un sabor amargo” por las bajas penas que recibieron los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela. Su padre, Abel Madariaga, secretario del organismo, anunció que apelará el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 6 que sentenció con quince años de prisión al apropiador Víctor Gallo, ex capitán del Batallón de Inteligencia 601, y a cinco años de cárcel a su mujer, Susana Colombo. “Me robaron a un hijo durante 32 años y le dieron cinco años a la apropiadora”, resumió Madariaga para explicar su disconformidad. La sentencia fue celebrada mediante comunicados por H.I.J.O.S. Córdoba, Amnistía Internacional y la agrupación Kolina.
“Un tribunal de la democracia condenó a algunos de los mayores responsables” del plan sistemático y “reconoció que hubo una ‘práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores en el marco de un plan general de aniquilación’”, celebró Abuelas. “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” a Videla, aunque “entendemos que otros represores no fueron sancionados de acuerdo con la magnitud de los crímenes gravísimos que cometieron y que aún perduran en el ocultamiento de la verdadera identidad de casi 500 hombres y mujeres que continúan siendo esclavos del alma”, explicó. Repudió las “bajas condenas” a Gallo y Colombo, y advirtió que “seguiremos exigiendo que los apropiadores sean considerados autores de delitos de lesa humanidad y reciban penas más severas”.
Abel Madariaga, quien recién dos años atrás pudo encontrar a su hijo Francisco, dijo que “en forma global (el fallo) fue ejemplar”, pero cuestionó la condena a cinco años a Colombo porque “me robaron a un hijo durante 32 años”. “Pudimos probar que hubo robo de bebés, que nacieron en Campo de Mayo y en la ESMA, y que no fueron a parar a cualquier lugar sino que fueron apropiados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601”, señaló. “Trabajamos 16 años para demostrar esto (el plan sistemático), porque en el Juicio a las Juntas se había dicho que no se podía hablar de robo sistemático de bebés”, remarcó.
H.I.J.O.S. Córdoba valoró que “a 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, por fin la Justicia condenó a los máximos responsables” y calificó las condenas de “ejemplares”. “Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, remarcó la entidad. Recordó que los niños, “después de ser separados de sus familias, eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías, o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos, con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”. “En la Argentina se implementó desde el Estado un plan sistemático de robo de bebés. El objetivo era sustraerles su identidad, negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, sintetizó, y valoró como “inédito” que el fallo ordene ampliar las investigaciones en torno del ex capellán de la Armada y secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, y a ex miembros del “Movimiento Familiar Cristiano que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”.
Amnistía Internacional calificó el fallo como “un paso histórico hacia la justicia”. Se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina para juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar”, sostuvo en un comunicado, y llamó al Estado a “continuar avanzando en las investigaciones para que recuperen su verdadera identidad las personas que, al día de hoy, todavía siguen siendo víctimas de estos delitos”. “La condena contra Videla y Bignone demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía en el país. Kolina, la agrupación de la ministra Alicia Kirchner, destacó que la sentencia “se debe a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, al apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y a la política de Estado iniciada por el compañero Néstor Kirchner y profundizada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.
UNA NOTICIA QUE RECORRIO EL MUNDO
Justicia universal
Las condenas por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura fueron noticia en medios de todo el mundo. El gesto adusto del dictador Jorge Videla ilustró la mayoría de los artículos, desde Globo 1, de Brasil, hasta Deutsche Welle, de Alemania, pasando por diarios de Bélgica o Finlandia. En varias notas se, destaca a su lado la figura del último dictador Reynaldo Bignone, que sentado y de brazos cruzados luce menos deteriorado que en persona. Varios medios incluyeron videos con la lectura de la sentencia y los festejos en Comodoro Py (con corresponsal incluida en el caso de la cadena árabe Al Jazeera), y también el beso con lágrimas de Carla Rutila Artés con su compañero mientras escuchaba las condenas.
La familia
Por Luis Bruschtein
Imagen: Leandro Teysseire
La mayoría de los niños nacidos en cautiverio clandestino durante la dictadura fueron entregados a familias de apropiadores y una minoría fue entregada en adopciones sinceras. La gran mayoría de los niños nacidos en los centros clandestinos no fueron devueltos a sus verdaderos familiares. Todas las mujeres que fueron secuestradas embarazadas fueron mantenidas con vida en condiciones infrahumanas hasta el parto e incluso fueron torturadas. La gran mayoría de las secuestradas que dieron a luz en los centros clandestinos, posteriormente fueron asesinadas.
Esa secuencia, en la que se apuntan las pocas excepciones a la regla, sólo se puede enumerar porque hubo un plan sistemático para ponerla en marcha. Por esa razón, las condenas por el plan sistemático por la sustracción de niños durante la dictadura tienen una carga simbólica que va más allá de los otros juicios que se están llevando a cabo. No hay una escala para medir las violaciones a los derechos humanos, pero este caso resume a la mayoría.
Las condenas certificaron que hubo un plan y un sistema para producir bebés como si fuera ganado y al mismo tiempo trofeo preciado en el mercado negro de una matanza inconfesable. Después que nacía el niño, asesinaban a la madre y el bebé era destinado a los que estaban anotados en una selecta lista integrada en su mayoría por represores que habían colaborado en la desaparición de los padres de esos niños. Estaba concebido que esos niños-trofeo fueran condenados a amar a los asesinos de sus verdaderos padres cuyas memorias estaban obligados a odiar. Ese era un premio al soldado victorioso y al mismo tiempo castigo de los derrotados. Recuerdo viviente de la victoria sobre un enemigo al que le amputaban, ya después de muerto, hasta la posibilidad de continuarse en sus hijos. De esta manera, los apropiadores conformaban la familia. Es una idea de familia.
Pueden agregarse muchas cosas sobre este dispositivo montado por la dictadura, pero la mayoría está dicha. Es una escena que no tolera la hipocresía. No hay en ese relato un sujeto que llegó de Marte, un actor desconocido. Ni siquiera resulta extraño el armado de ese sentido común con el que se quiso naturalizar la aberración, un sentido común que fue hegemónico hasta muchos años después de la dictadura. Podría decirse, incluso, que fue parte de una intensa disputa en el plano de la justicia y lo simbólico, por lo menos desde 1996, cuando las Abuelas presentaron la denuncia, y 1998, cuando empezaron las actuaciones, hasta esta semana en que se conocieron las condenas.
Porque ese relato aberrante encontró un espacio relevante en el seno de la sociedad, anidó en una de sus instituciones de poder, fue inducido por un contexto civil empresario y político y estimulado por un factor eclesiástico y mediático. No hay una sociedad ajena, hay una sociedad involucrada, protagonista.
Pero también es cierto que en el seno de esa misma sociedad estaba la fuerza que podría llevar esos delitos a la Justicia. Era una sociedad que llevaba en su seno el impulso hacia el plan sistemático de sustracción de bebés y también la fuerza contraria, la que resistiría, la que finalmente podría llevarlo a la Justicia luego de muchos años de esfuerzos, la mayoría de ellos en minoría y soledad.
La condena que se conoció esta semana fue la expresión de que en esa disputa social, cultural-mediática, política y legal, se desplegó finalmente a partir del 2003, cuando se anularon las leyes de impunidad, en un ámbito nacional donde adquirió preeminencia la pulsión de vida, la fuerza que resistió y que está mayormente representada por las Abuelas, por las Madres y por los Hijos, frente a la pulsión de muerte que está representada en los represores.
Abuelas, Madres e Hijos son los nombres que forman una familia. No una familia en el sentido conservador de la tradición y el orden, sino en el sentido del amor, del vínculo capaz de vencer a la muerte porque pone a un otro por encima del mismo ser. En ese sentido de familia, de solidaridad profunda, esta sociedad encontró la fuerza para redimirse frente a otro impulso contrario con base autoritaria o de soluciones represivas.
Ha sido, en última instancia, la confrontación de dos ideas de familia: la que fue desplegada en las plazas y en las calles por las Abuelas, las Madres y los Hijos y la practicada en los estados mayores de la represión, asistidos por jerarquías eclesiásticas y empresarias: una familia montada sobre la destrucción de otras familias que une a sus miembros sobre la base del predominio de la fuerza jerárquica con que fueron sustraídos y agregados los bebés. Nadie tiene el derecho de condenar a un niño a amar a los asesinos de sus padres.
Esos dos conceptos de familia actúan también como metáforas de la comunidad. Conforman valores sobre los cuales se construyen las relaciones entre los seres humanos.
Por eso, en las condenas se expresa una sociedad que salda sus lacras y en ese contexto constituyen a la Justicia como acción reparadora. Pero ojo, más que para las víctimas directas, la reparación es esencialmente para la sociedad en su conjunto, que de esa manera puede reafirmar caminos de “nunca más” un plan como el que fue juzgado. Por supuesto, las víctimas directas también se benefician de esa acción reparadora porque los incluye en términos de ciudadanía, les da verdad y les devuelve identidad. Pero el daño de fondo, con su drama de ausencias y lealtades irremediablemente antagónicas, es muy grande y es irreparable.
Todos los contenidos de este juicio tienen reminiscencias de cuestiones que ya son conocidas. Pero en este caso, por los hechos extremos de las situaciones planteadas y porque además la sociedad ya ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ellos, aparecieron con claridad algunas de las trampas con que la dictadura dejó minado al país cuando se retiró.
En el discurso que leyó Videla en su defensa, asombrosamente el ex dictador usó los mismos recursos que había usado cuando estaba en el poder. Y es asombroso porque no intentó renovarlo, fue el mismo, calcado de aquel en el que se refirió a los desaparecidos.
Pese a todas las evidencias, por un lado negó que hubiera un delito y por supuesto negó también haberlo cometido. Pero fue más allá porque si por un lado oculta un horror que es imposible blanquear, por el otro, lo justificaba. Videla dijo que no hubo un plan sistemático de robo de bebés cuando él se desempeñó como presidente de facto del país. Y además dijo que las embarazadas eran guerrilleras que usaban sus embarazos como escudos para evadir a las fuerzas represivas. No hubo lo que hubo, pero estaría bien que lo hubiera habido. Oculta el horror, pero al mismo tiempo lo justifica.
Esa negación deja constancia de que los militares fueron conscientes de la gravedad de los delitos que estaban cometiendo. Fueron tan conscientes que nunca se atrevieron a asumirlos en forma pública. Son tan graves que son imposibles de justificar abiertamente, por eso los niegan. Niegan que hayan existido, de la misma manera que los neonazis niegan la existencia de los campos de concentración del nazismo. Pero al mismo tiempo los justifican en el caso de que hubieran ocurrido. Esa modalidad de secuestro, desaparición, tortura y asesinato en la clandestinidad, de ocultar el horror, pero al mismo tiempo justificar lo oculto, tiene muchas causas. En principio, el principal motivo fue la cobardía de los mismos represores, que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad por los actos que cometían y por lo tanto abandonaron a su suerte a los cuadros de menor jerarquía que fueron los culpables directos.
Pero más allá de los motivos, la consecuencia fue un discurso de terror profundo. Se le puede tener miedo a muchas cosas, pero lo que produce más terror es la amenaza de lo desconocido, porque en ese desconocido, cada quien mete a lo que más miedo le tiene. Así era Videla hablando de los desaparecidos, sugiriendo un horror oscuro pero inexorable como una condena divina o castigo natural a determinadas acciones. Durante muchos años la sociedad recibió ese mensaje de horrores ocultos pero justificados, horrores que le podían suceder a cualquiera, un mensaje de castración. Se puede reclamar, pero no se puede actuar en función de ese reclamo. Cuando alguien, organización o individuo, actúe para lograr la satisfacción de ese reclamo se pone en un lugar de riesgo intolerable. Lo testimonial es aceptado, pero la acción política para la transformación o el cambio es duramente penalizado.
Ese discurso de castración echó raíces muy profundas en la sociedad, que quedó atrapada en él hasta muchos años después de la dictadura, durante los cuales primaron gobiernos conservadores, izquierdismos testimoniales y progresismos impotentes.
OPINION
Jorge Rafael Videla, ¿habla?
Por Alejandro Kaufman *
Imagen: Pablo Piovano
En el crimen de la desaparición residen los rasgos distintivos de su eficacia, más allá del homicidio: la incertidumbre, el silencio, la denegación, los cuerpos insepultos –ni vivos ni muertos, no reconocidos ni localizados, por lo tanto dispersos, ubicuos, presentes en su ausencia–. Son las singularidades argentinas del terrorismo de Estado destinadas a perdurar, a proseguir sus efectos proyectados hacia un futuro indeterminado. El castigo, demandado tanto tiempo como utopía y ahora consumado en una magnitud inédita, no es a partir de entonces sino un hilo más del tejido que enhebra la memoria.
La condena penal no concluye con el trayecto de la lucha porque 1) hay que ver de qué modo se mantiene su efectividad, de qué modo se la administra –obligación del Estado, que puede incumplirse, como ha ocurrido–; 2) los perpetradores y sus cómplices no permanecen inactivos, sino que actúan de manera estratégica y constante.
La condena se incumple cuando la restricción que le es propia se burla y transgrede, y se logra por añadidura una aceptación social aparente de la transformación de la cárcel en un domicilio desde donde se ejercen derechos ciudadanos, obligatoriamente vedados, limitados o controlados por el sistema penal. Los perpetradores y sus cómplices perseveran en el dispositivo postdictatorial residual del terrorismo de Estado. La de-
saparición de Jorge Julio López forma parte de sus responsabilidades morales y políticas, tanto como la intervención pública en ejercicio de una ciudadanía que el sistema penal fracasa en restringir y controlar. Asistimos a un esquema por el cual una revista extranjera sondea la opinión pública y verifica en ella una complacencia y condescendencia con la operación discursiva del terrorismo de Estado residual que supone algo así como un otorgamiento de entrevistas. Ello da lugar a las condiciones de posibilidad concomitantes, por las cuales se asocian una editorial irresponsable e inescrupulosa, un negacionista bajo la forma que adquiere entre nosotros, que no es la del historiador sino la del periodista, y el máximo responsable del terrorismo de Estado. En conjunto, originan un evento cuyo propósito es necesario debatir y dilucidar. Designar un propósito no tiene que ver con intenciones sino con efectos: la palabra del perpetrador de lesa humanidad, en tanto refrenda los rasgos constitutivos del crimen de la desaparición, prosigue en la senda de su perpetración. Confirma el silencio sobre el destino de los cuerpos, perturba la memoria de las víctimas al remover las heridas, al profundizar el trauma, inquietando las conciencias con su impunidad para hablar, cuando debería callar en forma definitiva –es a lo que se lo condenó, porque la condena no es en esencia ambulatoria, sino al silencio en tanto concurrencia a la esfera pública, para siempre vedada a perpetradores condenados–. Es por lo mismo que no pueden ser autorizados para inscribirse en la universidad pública. Concederles derechos de intervención en la esfera pública para que perseveren en su denegación desaparecedora implica complicidad, responsabilidad, omisión o ingenuidad respecto del crimen de lesa humanidad.
Ni falta que hace abundar en que estos sucesos testimonian la profundidad de la anomia en que se encuentran vastos sectores de los medios y la cultura que heredamos de la dictadura. Los negacionistas post o neo nazis travestidos de historiadores fueron ampliamente contestados en su lugar y momento. Nuestra prensa hegemónica parece ser un terreno fértil para operaciones de la índole señalada. Numerosos antecedentes las precedieron, desde la confrontación entre Alfredo Bravo y su torturador reunidos por Mariano Grondona, hasta el desenvolvimiento próspero e incluso prestigioso de diversas figuras comunicacionales y culturales partícipes del horror de la dictadura. ¿Sabrán reconocer las nuevas generaciones en estas tramas la naturaleza de las matrices civiles de la dictadura? Porque en la trayectoria que la palabra de JRV recorrió desde su clausura ambulatoria hasta la confección de un best seller se verifican tales matrices, ahora exentas de culpa patente, pero no menos responsables de perpetuar el crimen de la desaparición, y todo ello aun sin la desmentida y la contradesmentida que no hicieron más que plasmar la obscenidad de todo el caso.
La palabra de JRV nunca puede ser otra cosa que pura amenaza, demostración de su impermeabilidad al castigo, de su competencia para establecer “estoy aquí, intacto, y puedo decir exactamente lo mismo que dije en 1977, cuando quiero, y todavía me lo celebran”. La amenaza no consiste en la inminencia de algún suceso truculento, sino en la persistencia de las condiciones que definen la singularidad de la desaparición. Solo podría consentirse con su palabra frente a los tribunales, ya sea como defensa en ejercicio de garantías, o como confesión, en efecto, pero no de la manera obscena en que se dijo, sino en esclarecimiento del destino de los cuerpos de los desaparecidos y las identidades robadas de los centenares de nacidos en cautiverio que falta encontrar, así como las pistas o certidumbres que permitan establecer la suerte de Jorge Julio López. Cualquier otra cosa forma parte de la condición perpetradora, la actualiza y la mantiene viva en detrimento de la sociedad que requiere del ministerio público protección, defensa frente a las secuelas del horror.
Como ocurre cada vez, en cada situación límite, son las mismas voces aquellas que aciertan con sus intuiciones radicales y heroicas: las Madres y las Abuelas, junto a pocas voces más, señalaron la ignominia, la falta cometida por el aparato estatal de contención, la inadecuación y perversidad de lo que en forma alguna puede ser llamado “libro” ni “entrevista periodística”.
La palabra de JRV participa de la modalidad argentina con que se desenvolvió el aparato mediático cultural de la dictadura: mediante la promoción de una hegemonía antipolítica, espectacular, banalizadora y frívola. Tales actitudes mediático-culturales no pueden ser combatidas con los mismos recursos ni en el mismo terreno. ¿Aún no lo comprendemos?
* Ex director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Fuente:Pagina12
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