En el camino histórico de la reparación
El dictador Jorge Rafael Videla y otros diez represores son juzgados por treinta y cinco casos de hijos que recuperaron su identidad. Los querellantes esperan que se defina la condena por “plan sistemático” como una práctica organizada.
Por Alejandra Dandan
Para Jorge Rafael Videla, la fiscalía y las querellas pidieron cincuenta años de prisión.Imagen: Rafael Yohai
La de esta tarde no será una sentencia más. Como cada fallo de lesa humanidad, cada final de juicio instaura, con sus condenas o absoluciones, nuevos sentidos jurídicos sobre el pasado, que es presente, pero también nuevos sentidos sociales. En términos jurídicos, uno de los ejes de la sentencia de hoy es la definición del robo de niños como plan sistemático o robo organizado desde la cúpula del poder militar, y eso está condensado entre otros en la acusación sobre el dictador Jorge Rafael Videla. El Tribunal Oral Federal 6 cambiará, o no, con su fallo lo que hasta ahora se dijo judicialmente en ese campo: léase, lo que dijo la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a los Comandantes de 1984 en la que Videla quedó absuelto por cinco de los seis casos de niños apropiados que llegaron a juicio y la Cámara consideró que no había pruebas para entender que en la Argentina, la dictadura había implantado un plan para quedarse con los niños. Las querellas le pidieron al Tribunal esa definición.La sentencia se escuchará hoy a las 18 en los Tribunales de Retiro. Los jueces Julio Luis Penala, Domingo Altieri y la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, se sentarán en la sala desde la que escuchan desde marzo de 2011 los testimonios en torno de 35 casos de niños. Frente a ellos estarán los once acusados, trasladados desde la una de la tarde por el Servicio Penitenciario Federal: Videla, Reynaldo Bignone y Rubén Omar Franco; Santiago Omar Riveros, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek, el médico Jorge Magnacco; Juan Antonio Azic, por la apropiación de Victoria Donda; Eduardo Ruffo, por el secuestro de Simón Riquelo, y Víctor Gallo y Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga. Los pedidos de penas van de 50 años, para los jefes, a los15 años, como en el caso de Colombo.
Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. La única madre que sobrevivió es la uruguaya Sara Méndez, sólo por una desinteligencia entre los militares argentinos y uruguayos. El único varón es Abel Madariaga, padre de Francisco. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.
Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.
El plan
De todos los procesados, la acusación a Videla condensa la representación del plan. El dictador aparece como responsable por el lugar que ocupó como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Las querellas y fiscalía de Martín Niklison pidieron 50 años de prisión. Y en su descargo, el dictador salió él mismo a discutir ese eje. Recordó que el fallo a las Juntas lo descartó, dijo que los hechos fueron autónomos y que como los casos se circunscribieron a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires, no podían pensarse como política federal.
Fiscalía y querellas respondieron a esos puntos durante los alegatos. En el juicio hubo dos casos de niños de Córdoba con madres trasladadas a parir a la ESMA porque al parecer los médicos se resistían a atenderlas. Hubo tres casos de Mar del Plata, pero además el año pasado hubo condenas en San Juan y Paraná y hay denuncias “a montones”, dice Niklison, en Córdoba y Santa Fe. Aun así, este no es el punto más importante en el que quedó centrada la acusación. La institucionalización de la práctica del robo de niños no sólo tuvo que ver, en todo caso, con la federalización, sino cómo luego del golpe se organizó la estructura militar para mantener con vida a las mujeres hasta que dieran a luz. Y cómo se consideró la distribución de los niños. El robo no estuvo planificado antes del golpe, dijo el fiscal: lo hicieron para cuando se dieron cuenta de que en los secuestros se llevaban mujeres embarazadas o parejas con niños recién nacidos. “Fue una respuesta tomada y perfectamente organizada frente a la situación –dice Niklison–. Se encontraron con mujeres embarazadas, a muchas las mataron y a otras no; la mayor parte de los niños ya nacidos los devolvieron, pero montaron las ‘maternidades’ que son claves para entender esto: la de Campo de Mayo funcionó cuatro años; algunas llegaban desde otros centros clandestinos y muestra a tres generales de acuerdo y los tres tenían un jefe en común: Videla. No se puede pensar que tres generales se confabularon. Lo mismo sucedió en el Pozo de Banfield y ni hablemos de la Escuela de Mecánica de la Armada, adonde llevaban gente de todo el país. Si no se quiere usar la palabra plan, la idea es la de organización de los altos mandos: del Ejército, de la Marina, aunque a la ESMA llegaban además los prisioneros del Ejército.
Pensar que esto fue una cosa de los mandos de abajo, es ridículo. Incluso lo dijo Acosta cuando declaró: él era el dueño y señor de la ESMA, pero estaba su-bordinado a los altos mandos y tiró la pelota para arriba.”
La definición del plan también es importante por los efectos en la definición de lo que fue la dictadura. “De las dictaduras del Cono Sur lo que pasó acá respecto de la apropiación de niños no tiene antecedentes”, dice en este caso Alan Iud, del equipo jurídico de Abuelas. “Mas allá de lo que se conoce del Salvador y Guatemala con otras características, fue una de las notas de la dictadura argentina: un fallo que reconozca esa excepcionalidad es relevante en términos históricos.”
Los números
Cinco de los once acusados tienen pedidos de condena a 50 años, son los autores mediatos, jefes y subjefes: Videla, Bignone, Acosta, Franco y Vañek. Varios están acusados por niños que aún siguen sin aparecer. Esta es otra de las claves de lectura que puede tener la sentencia. Si el Tribunal los condena estaría revirtiendo una lectura que hizo en 1984 la Cámara Federal en la que al entender que no había delitos, sin decirlo los estaba considerando muertos. “Para nosotros, quienes faltan restituir continúan apropiados: al ser desaparecidos el delito continúa cometiéndose”, dice Iud.
“El hecho de que no se los haya localizado dificulta la posibilidad de que la Justicia encuadre la situación de ellos en un delito. La defensa usó esos argumentos: dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados, por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy importante.”
Entre el resto de los acusados están los apropiadores de Francisco Madariaga y Victoria Donda y Ruffo por el caso de Sara Méndez. Gallo intentó defenderse cuando pronunció sus últimas palabras y les dijo a las fiscales ad hoc que eran “acólitos” que recibían órdenes de su “comisario político”. Colombo buscó situarse en la lógica de la violencia de género para conseguir una reducción o absolución de la pena. Ruffo llegó a juicio acusado de participar en la patota que secuestró a Sara Méndez y a su hijo. Ruffo dijo que esa noche él estuvo en otros operativos, un dato para el cual tomó como base la sentencia de Orletti. Como fue quien aportó los datos para localizar al niño, la fiscalía pidió una morigeración de la pena.
De la lectura de la sentencia se desprenderán otros datos. Uno es la inclusión, o no, del caso de Macarena Gelman entre los cargos a Videla. Ella nació en Uruguay. Lo que allí se discute es si puede ser responsable en una jurisdicción que no era la suya, sobre todo porque las defensas dijeron que todavía no hay sentencias del Plan Cóndor. Para sostenerlo, las fiscalía recordó en cambio el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel.
Otro punto de los más importantes es la acusación a Bignone y Franco. La base son dos documentos. Como integrantes de la última Junta, firmaron uno en el que dan por “muertos” a los desaparecidos, definición que incluía a niños que seguían con vida, y dispusieron la ley de autoanmistía. Un esfuerzo del juicio fue consolidar el documento como prueba penal: “El asunto es que no era un mero papel”, explica el fiscal. “Era un acta de la junta, una resolución que es un acto jurídico, legislativo y ejecutivo, estuvieron 45 minutos leyéndola por cadena nacional y estaban diciendo: ‘Si ustedes quieren la democracia, no molesten con este tema’. Por eso ese acto lo hizo toda la Junta y no uno solo.” Un aporte del juicio, sin embargo, a esa acusación fue la declaración de Elliot Abrams, el ex subsecretario de Estado norteamericano.
El juicio dejó muchas otras cosas. La voz de Cecilia Viñas sonando en medio de la sala, en los llamados que hizo en la democracia de 1984 desde algún centro clandestino. Las declaraciones de cada uno de los hijos. La risa explosiva de María Victoria Montenegro y la búsqueda desesperada del pañuelo cuando le estallaron las lágrimas. Los que siguen buscando. Hoy habrá, al menos, un final.
“Quisiera que digan la verdad”
Por Alejandra Dandan
Cuando empezó el juicio, Chicha Mariani estaba convencida de que alguno de esos militares que llegaban a juicio iban a decirle algo. Un dato para encontrar a Clara Anahí, la nieta que sigue buscando. El juicio pasó. “Ellos no dijeron nada”, dice Chicha. “Es casi la misma sensación que siento desde antes del juicio, porque no era para esperar mucho porque era un juicio sólo para castigarlos, pero no para conseguir información. Creo que todavía está la deuda pendiente, ese silencio que tienen continuamente los hace fuertes. A veces se olvidan de la magnitud de la tortura de tenernos así, es de una crueldad tan grande que no sé si se tiene una visión verdadera de lo que significa la espera después de las pérdidas sin confirmar. Ha sido para mí una espera siempre igual desde el principio hasta ahora. No me significa mucho que vayan presos, porque lo que yo quisiera es que dijeran la verdad. Que dejen así de delinquir y de torturar. Me sigue doliendo todo lo que me hicieron a mí. Arañando el alma como siempre, no me significa mucho el castigo que les puedan dar.”
Por Alejandra Dandan
Casi no hubo días en los que Elsa Pavón no estuviera en el juicio. Sólo en los últimos días del juicio la abuela de Paula Logares no fue. “No fui –dice—, me da mucho dolor no poder contestarles (a los represores) cuando dicen cosas que no son, insultan no sólo la memoria de los desaparecidos, sino de la sociedad misma.” “Para mí fue todo fuerte, especialmente lo que han dicho los chicos, sus testimonios fueron muy dolorosos, por lo menos para nosotras, las abuelas, las madres. Mi nieta pudo declarar y dijo cosas que yo no sabía, cuando declaró te vuelve el pasado, no hay palabras para explicar lo que se siente. Supe que de chica repetía su nombre cuando se la llevaron y escucharla a ella por qué y cómo, qué es lo que ella sentía... No te olvides de que tenía 23 meses cuando se la llevaron y yo me acuerdo de qué decía: a los 23 meses ella se defendía con su nombre y nosotros adultos no la podíamos defender, no la podíamos recuperar. Yo no me puedo sacar la cara de mi hija y todo lo padecido. Por ellas, uno de los coordinadores de Abuelas una vez nos dijo que los represores tienen el último grito de nuestras hijas cuando les sacaron a sus hijos de los brazos. Mañana (por hoy) voy a ir en nombre de Paula, pero sobre todas las cosas en nombre de mi hija: no voy a ser yo la que voy a estar ahí, va a ser mi hija. La satisfacción de haberlo logrado después de tanta lucha, llegar a estas personas y a un juicio y escuchar la sentencia.”
Fuente:Pagina12
05.07.2012
durante el proceso judicial quedó probada la sistematicidad del robo de niños
Las apropiaciones, una pieza clave de la estructura represiva
La dictadura montó maternidades en centros clandestinos de detención donde mujeres secuestradas eran llevadas para dar a luz. En el juicio se reconstruyeron los casos de decenas de víctimas.
Por: G. A.
Compañeros de detención de los padres de los niños e incluso enfermeras y médicos relataron la estructura montada por las Fuerzas Armadas para que las detenidas embarazadas dieran a luz en cautiverio, como sucedió en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Por esa maternidad, dirigida por el obstetra Julio Caserotto en el área de Epidemiología, se sabe que pasaron Rosa Taranto de Altamiranda, embarazada de siete meses al momento de su secuestro y que fue trasladada desde el Vesubio para dar a luz a María Belén, quien fue luego adoptada legalmente a través del Movimiento Familiar Cristiano.
Francisco Madariaga Quintela también nació en el Hospital Militar, donde su madre Silvia Quintela había sido llevada desde el centro clandestino El Campito. Por su apropiación están imputados en el juicio Víctor Gallo y Susana Colombo. En la ESMA funcionaron varias Sardá por izquierda, nombre por el que se referían a las salas del Casino de Oficiales donde eran llevadas las mujeres embarazadas que estaban a punto de parir, para luego ser devueltas a sus lugares de detención.
El encargado de esas maternidades fue el médico naval Jorge Magnacco, imputado en este juicio por haber asistido al nacimiento de Javier Penino Viñas, apropiado por el represor prófugo Jorge Vildoza y su mujer Ana María Grimaldos, quien fue detenida el martes pasado.
Allí también nacieron los actuales legisladores Victoria Donda y Juan Cabandié. En la maternidad del Pozo de Banfield dieron a luz María Eloísa Castellini, Stella Maris Montesano de Ogando y Gabriela Carriquiriborde, entre otros casos ventilados en el juicio.
En ese centro clandestino el encargado de los partos fue el médico de la Policía Bonaerense Jorge Antonio Bergés. De los 35 casos incluidos en este juicio, 26 nietos recuperaron su identidad: entre ellos están Victoria Montenegro, Leonardo Fossati, Paula Logares, Victoria Moyano Artigas, mientras que Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi, el hijo o hija de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur, Martín Ogando Montesano, Victoria Petrakos Castellini, la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubel y Hugo Castro siguen sin conocer su verdadera identidad.
Fuente:TiempoArgentino
El MPP invita, el próximo jueves 5 de julio, a partir de las 17 hs., a la lectura del veredicto en la causa "Plan Sistemático de Apropiación de bebés y niños", en el subsuelo de los Tribunales de Comodoro Py.
Este colectivo tiene el orgullo y privilegio de representar a la Asociación Anahí y a querellantes particulares como Chicha Mariani, Elsa Pavon, Paula Logares y Clara Petrakos, acusando por veinte casos de apropiación, en este proceso judicial histórico que se encuentra a punto de culminar.
Tal como lo sostuvieron nuestros compañeros durante su alegato, este pronunciamiento será un nuevo avance en la superación de la estrategia de impunidad llevada adelante a veces desde el Estado y otras veces con la complicidad de este (los indultos, las leyes de obediencia debida y punto final, la ley de auto-amnistía, los levantamientos militares, los secuestros y amenazas a los testigos).
Felizmente, hoy, luego de más de 30 años de espera, a partir de la derogación de las leyes de impunidad, podemos llevar adelante el juzgamiento de los responsables de las prácticas sociales genocidas cometidas por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Por eso este colectivo mantiene su compromiso, para la puesta en práctica del medio más adecuado para reparar el dolor de las víctimas, que es lisa y llanamente ahondar en el carácter reparador que debe tener el derecho.
Entendemos que al hablar de memoria no hay que pensar solamente en una conmemoración festiva sino en “presencia”, esto es, en reconocimiento de la actualidad de sus demandas y, por tanto, en un hacerse cargo de las injusticias, de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en el que ese pasado no se repita porque hemos entendido lo que significa hacer justicia a las víctimas.
El Movimiento exhorta a seguir trabajando, desde el lugar que ya ocupa, en esa construcción de cultura, pues no se puede hablar de una sociedad en paz, plural y democrática, más que si hacemos justicia a la vida frustrada de los muertos, es decir a sus derechos pendientes, a sus deseos incumplidos. Porque sin saber quiénes eran las víctimas y por qué fueron aniquiladas, SIN ENCONTRAR A LOS 400 NIÑOS - HOY ADULTOS APROPIADOS POR LA DICTADURA MILITAR CON LA COMPLICIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A ESTOS ABERRANTES SUCESOS, difícilmente sepamos quiénes somos nosotros y por qué vivimos como vivimos.
Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos, por los Derechos Humanos y Sociales
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