MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO DE 2012
Movimientos sociales van a elecciones municipales: Partido Igualdad. Nueva tienda política en Chile
Por Ernesto Carmona
En Chile nació el Partido Igualdad, una nueva tienda política levantada por organizaciones sociales. No es otro desprendimiento de la Concertación ni del Partido Socialista (PS), sino una criatura de organizaciones sociales, cuyo alumbramiento y existencia son absolutamente ignorados por los medios de información. Sólo un extenso aviso pagado por el Servicio Electoral (Servel) en grandes diarios le dio visibilidad a este partido al dar a conocer el domingo sus objeciones “técnicas” a cientos de candidatos de todos los pactos, incluido un 17% de los 181 aspirantes que logró inscribir de Igualdad para la próxima contienda municipal del 28 de octubre.
El nombre del nuevo partido también emergió breves instantes en los medios el 2 de agosto, cuando en el sorteo oficial de listas su secretario general -Iván Carrasco- sacó la última letra que quedaba en la bolsa negra del Servel, después que hicieran lo mismo los dirigentes más conocidos de los partidos tradicionales.
La ignorancia y desinterés por cuanto ocurre en el país real hizo preguntarse a “expertos” analistas locales “¿de dónde salió ese partido?”, porque el último signo que quedaba en el saco era la codiciada letra “A” (A-Pacto Igualdad para Chile), que ahora estará en el primer lugar del voto entre los candidatos a alcaldes y concejales que se medirán en octubre.
Los resultados y la incógnita de la tasa de abstención de esta próxima contienda angustian a la clase política ante el creciente desprestigio de los partidos representados en el parlamento y del sistema político en general. Además, existe incertidumbre ante el enigma del estado de ánimo eleccionario de unos 6 millones de votantes renuentes incorporados al sistema por la ley.
La norma chilena establece “pactos”, o alianzas, que en la mercadotecnia electoral disfrazan u ocultan la verdadera identidad política de los candidatos, al punto que muchas veces el elector sólo conoce el rostro del aspirante en abundantes y costosas gigantografías, pero raras veces el candidato informa a qué partido pertenece y menos su ideología. Los postulantes suelen proclamar “¡Vota por mí: soy el cambio!” cuando en rigor quieren decir “¡Vota por mi para que todo sigua igual”!
Ésta será la primera elección con “inscripción automática” -que omite el trámite previo de inscribirse a los ciudadanos mayores de 18- y voto voluntario, es decir, sin multa por no acudir a sufragar, como hasta ahora. La nueva ley fue motorizada por la esperanza de los políticos profesionales de seducir a más de la mitad de la población en edad de votar que no se interesa por el juego electoral, sea por no estar inscrita o porque simplemente no sufraga.
Iván Carrasco Mora, candidato a alcalde en Santiago
El sociólogo Iván Carrasco Mora (42), secretario general de Igualdad, es el candidato a alcalde por Santiago. Absolutamente novato en las lides electorales, pero fogueado entre las organizaciones sociales, principalmente de pobladores y estudiantes de casi todas las regiones del país, dijo que su postulación principalmente busca visibilidad para el nuevo partido.
Hijo de los periodistas José Carrasco Tapia -asesinado por la dictadura de Pinochet en 1986- y Olivia Mora Campos, ex presa política, el candidato considera su postulación como una oportunidad para dar a conocer a la opinión pública los postulados de su hasta ahora desconocido partido.
Sin embargo, los “igualitarios” están seguros que elegirán como concejala por Santiago a Rosario Carvajal (41), licenciada en historia, dirigenta del movimiento social capitalino Patrimonio y Barrio Yungay, de antigua trayectoria en la lucha por preservar la identidad de los barrios del casco céntrico antiguo. La lucha por la supervivencia de sus habitantes y por mejorar la calidad de vida urbana, la condujo a enfrentar con las uñas la constante arremetida “modernizadora” de la voraz industria inmobiliaria, generalmente coludida con los municipios y capaz de incendiar propiedades protegidas como patrimonio para después “salvar” a sus propietarios comprándolas baratas para levantar grandes edificios.
Rosario Carvajal, que se auto define como independiente, describió a Igualdad como una “plataforma, un instrumento creado por las organizaciones sociales, integrada por sus dirigentes para marcar diferencias con la clase política”, desde comunistas a pinochetistas confesos, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), o semi-encubiertos, como Renovación Nacional (RN), las dos tiendas que actualmente gobiernan Chile.
“No estamos en ningún pacto, ni con la derecha ni la Concertación, ni con los pactos del PC, y estamos presentando 181 candidatos en 43 comunas de 6 regiones, entre ellos a 25 como aspirantes a alcalde”, precisó Carrasco. Entre estos candidatos, hay 6 que postulan en Rancagua (6ª Región, Libertador) con el Partido Humanista y otros 4 de Concepción (8ª Región, Bío Bío) como “independientes”, porque allí aún no han inscrito el partido
Tributo a Bilbao y Arcos
El nombre del partido evoca el lema fallido de la Revolución Francesa (Igualdad, Libertad, Fraternidad) pero también a la Sociedad de la Igualdad, establecida en 1850 por intelectuales y escritores progresistas como Francisco Bilbao, Santiago Arcos y otros, bajo la llamada "república conservadora", que según los historiadores más críticos data de 1831 con Diego Portales.
Al parecer, en más de 170 años la desigualdad continúa campeando en Chile, salvo los interregnos de uno que otro gobierno de signo popular permitido por las clases dominantes, incluido Salvador Allende, a quien dejaron gobernar 3 años con férrea oposición -legal e ilegal- para terminar derrocándolo con el golpe de 1973; la República Socialista de 1932 -tolerada apenas una semana-, y el gobierno de Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), que alcanzó a crear las bases materiales de un nuevo “proyecto país”, democrático y desarrollista, pero su líder falleció por enfermedad antes de concluir su mandato. Las empresas públicas que fundo Aguirre (energía, acero, salitre, etc.) fueron privatizadas por Pinochet, incluso en beneficio de uno de sus yernos.
El nombre Igualdad lo decidió una asamblea social hace dos años y medio, tras debatir muchas opciones, porque la ley chilena no permite insinuar “lucha de clases” ni siquiera en el nombre de los partidos: está terminantemente prohibido por el legado jurídico de Pinochet, redactado entre cuatro paredes por sus asesores civiles de la clase política.
Los dirigentes sociales conocen el nombre de la avenida Bilbao, muy transitada en Santiago, pero probablemente sabían poco sobre su rebelde figura histórica, y de Arcos, temas jamás enseñados en la escuela. Los restos de Bilbao, excomulgado por la Iglesia y perseguido por los gobiernos republicanos, recién fueron repatriados desde Argentina en 1998.
El nuevo partido está inscrito en las regiones de Arica-Parinacota (15ª región), Tarapacá (1ª), Antofagasta (2ª), Coquimbo (4ª), Valparaíso (5ª) y Metropolitana (13ª). No alcanzaron a inscribirse en Concepción (8ª) y aún recogen firmas en Libertador (6ª) y Los Ríos-Valdivia (14ª). “Esperamos llegar al 2013 con 10 de las 15 regiones legalizadas y 36 mil afiliados para tener derecho a candidato presidencial: la ley pide 8 regiones legalizadas y 36 mil afiliados”, aclaró Carrasco.
Objeciones del Servicio Electoral
El organismo regulador electoral dio a conocer el domingo su objeción a 30 postulaciones del Partido Igualdad, y a centenares de candidatos de otras tiendas, y pactos políticos, por diferentes cuestionamientos, la mayoría apelables en el plazo de 5 días. Pero entre las objeciones a Igualdad, la más dura y compleja afecta al líder máximo del partido, su presidente, el concejal de Peñalolén (Santiago) y dirigente social Lautaro Guanca, ex comunista, quien lideró una derrota de la industria inmobiliaria en el plebiscito local 2011 al ganar el No a un nuevo plano regulador de la comuna, episodio político tergiversado o ignorado por los medios en Chile.
Guanca perdió todos sus derechos políticos al comenzar un enjuiciamiento tardío por “agresión a Carabineros” que sus partidarios califican de “montaje orquestado por abogados de la Municipalidad, la policía uniformada y la Fiscalía”. Los grandes derrotados en el referéndum fueron el alcalde en funciones y aspirante a candidato presidencial Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana (DC), también los concejales de todos los partidos que integran el ayuntamiento, la Cámara de Comercio local y las corporaciones inmobiliarias.
Este fue el primer plebiscito ganado en el país por organizaciones sociales. Trancaron un nuevo plano regulador impulsado por el alcalde Orrego y los concejales, desde el PC a la UDI, confeccionado a la medida de los intereses de la Cámara de Comercio local y los designios inmobiliarios. Primero, Orrego envió la petición de referéndum, firmada por más de 6.000 ciudadanos, a la Contraloría General de la República, para ganar tiempo y con la esperanza que objetaran las rúbricas, explicó Carrasco. Pero cuando era evidente que esa estrategia no daría resultado, el mismo alcalde se apresuró a convocar “otro plebiscito”, que perdió 53-47 entre 70.000 votantes. El Mercurio y medios como radio Cooperativa (DC), explicaron después que "ganó la campaña del terror que impedirá construir viviendas sociales”. La derrota de Orrego fue impulsada por la Comunidad Ecológica y organizaciones sociales de la comuna. El líder de esta batalla cívica fue el concejal Lautaro Guanca, presidente del partido Igualdad.
El plebiscito se realizó en diciembre 2011, con funcionarios municipales haciendo horas extras en campaña puerta a puerta para conseguir votos aprobatorios, con la Cámara de Comercio detrás de la propaganda por más edificios de lujo en detrimento de los pobres de la comuna. Pero mientras la Contraloría revisaba las firmas, el alcalde y los concejales intentaron aprobar silenciosamente el nuevo plano regulador entre cuatro paredes. No pudieron porque una manifestación en septiembre 2011 derivó en trifulca en el ayuntamiento, intervino Carabineros y Guanca fue golpeado y resultó herido en la cabeza.
Casi al año de esta manifestación apareció la demanda judicial “por agresión a Carabineros”, justo a tiempo para que a Guanca le suspendieran sus derechos políticos, a tres meses de las elecciones municipales y cuando las encuestas aseguraban que sería el futuro alcalde de Peñalolén. Esta pequeña historia de esa comuna refleja el creciente estado de ánimo de la población contra los abusos del gran capital y sus aliados políticos de doble discurso a lo largo de todo el país. La ley electoral establece que los derechos cívicos se “suspenden” en cuanto se inicia un juicio y se restablecen, o pierden definitivamente, cuando hay condena. “Lautaro Guanca mide 1,65 mt y cada Carabinero con indumentaria anti-motines alcanza los 2 metros”, dijo Carrasco. “Es imposible que pueda agredir a un Carabinero: ésta es una maniobra para sacarlo del juego electoral”.
Carrasco explicó que en Chile cuesta mucho dinero construir un partido político, por la legislación que protege de la competencia a una clase política que se reparte el botín del poder en cuotas partidarias. Los gastos en notario para certificar firmas al momento de colectarlas pueden ascender hasta más de 2 dólares por persona, más de 70.000 dólares para afiliar a 36.000 adherentes, más dos años de intenso trabajo a través de las 15 regiones en que divide el país la geografía política vigente, también heredada de la dictadura, lo mismo que la Constitución e igual que las leyes políticas.
Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.
MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO DE 2012
Estudiantes secundarios chilenos optan por radicalizar protestas
Por Enrique Ahumada (XINHUA)
Los estudiantes secundarios chilenos decidieron continuar las ocupaciones de sus establecimientos, descartando las propuestas de las autoridades para terminar con las movilizaciones.
Los dirigentes de los colegios emblemáticos de la comuna Santiago, como son llamados los mejores colegios públicos del país, se reunieron por cuatro horas con el alcalde Pablo Zalaquet, quien les pidió detener las tomas, pero su propuesta fue rechazada.
Los dirigentes de los colegios Internado Nacional Baros Arana (Inba), Confederación Suiza, Liceo Barros Borgoño, Liceo de Aplicación, Liceo Darío Salas, Liceo Miguel de Cervantes, Liceo Teresa Pratt e Instituto Nacional, llegaron hasta el municipio para dialogar con el alcalde.
Estos colegios decidieron volver a las estrategias efectuadas el año 2011, cuando decidieron tomarse sus establecimientos protestando por la calidad de la educación y exigiendo mejoras, manifestaciones a las cuales se plegaron los universitarios.
Zalaquett les ofreció una modalidad combinada para continuar con la protesta, manteniendo la toma pero a la vez efectuar clases a quienes desean asistir. Pero los dirigentes rechazaron la propuesta considerando que esa propuesta "significa infantilizar el movimiento".
Sólo el Inba, Teresa Pratt y el Liceo de Aplicación señalaron que someterán a votación la propuesta, a pesar de que en esos establecimientos la toma fue aceptada por mayoría en asambleas. Por su parte el Instituto Nacional recién el jueves decidirá si se pliega a las movilizaciones.
Ante esto, el alcalde Zalaquett indicó que si bien está de acuerdo con sus demandas para mejorar la educación pública, "no comparto los procedimientos que están usando, que son las tomas para presionar al gobierno", aseguró.
El alcalde aseguró que la prolongación de la ocupación de los colegios el año 2011 durante casi seis meses, con la consiguiente interrupción de clases, implicó que 7.500 estudiantes de su comuna perdieran el año escolar y debieran repetirlo este año, con los costos personales y económicos que eso implicó.
El alcalde de Santiago, miembro del oficialista partido Unión de Demócrata Independiente (UDI), señaló que "está en libertad de acción" para desalojar los establecimientos, y que si los otros colegios no aprueban el fin de la toma ordenará a la Policía desocuparlos.
Pese a esa advertencia, el Liceo Miguel de Cervantes fue desalojado por las fuerzas especiales de la Policía en el mismo instante en que hablaba Zalaquett, luego de que los estudiantes protagonizaran disturbios con la Policía que estaba cerca del establecimiento.
Por su parte, Daniel Mellado, dirigente del Inba, señaló que en su caso las demandas son dobles, tanto por problemas internos como por plegarse a la movilización.
En su opinión, la situación de su colegio revela la crisis que pasa la educación pública en Chile, puesto que reclaman por las demoras en las reparaciones de su establecimiento, por daños en su infraestructura "que se gestan por el terremoto del 3 de marzo de 1985".
"El ambiente que está viviendo a nivel nacional es la radicalización del movimiento", señaló Mellado, indicando que las tomas continuarán, tal como sucedía a esas horas, donde otro establecimiento emblemático, el Liceo Carmela Carvajal también decidía ir a toma.
Sus metas, dijo el dirigente, es terminar con la segregación social que se produce por el sistema educacional en el país, poner fin al lucro en el sistema, concluir con la administración de los municipios (gobiernos locales) y devolverlos a control del gobierno central.
Pero también señaló que "creo que muchos han confundido el fin con el medio, es decir, la toma es sólo un medio para lograr nuestro fin de mejorar la educación. Si nos bajamos de la ocupación, no significa que no estaremos movilizados", dijo Mellado.
A pesar de la continuidad del movimiento desde abril de 2011 el diálogo con las autoridades está prácticamente muerto, dado que choca con las políticas conservadoras del gobierno de Sebastián Piñera.
La poca respuesta a las demandas estudiantiles provocó que los estudiantes secundarios decidieran radicalizar las protestas, mientras los universitarios se encuentren en período de reflexión y análisis para conformar nuevas estrategias para continuar.
MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO DE 2012
Carta de Camila Vallejo a los Senadores
Santiago 13 Agosto 2012.
Señores Senadores de la República:
El día 8 de agosto sucedió en el Congreso Nacional un hecho vergonzoso.
Pese a la expresa solicitud argumentada por parte del movimiento estudiantil, de rechazar un ajuste tributario regresivo, que sigue permitiendo que en Chile las grandes empresas no paguen impuestos y que está orientado a financiar una supuesta reforma educacional que simplemente mantiene la lógica mercantil, privatizadora y segregadora del sistema educacional actual, altamente cuestionado por una amplia mayoría del país, la derecha gracias a sectores de la Concertación e Independientes, tuvo el primer triunfo en sacar adelante este proyecto que constituye un engaño para la sociedad chilena y que le permitirá a la derecha populista poder decir que están avanzado en resolver los problemas de la desigualdad y la educación, siendo que en realidad su único interés es profundizarlos, o al menos, mantenerlos.
Nos duele y avergüenza más aun debido al hecho que el día anterior habíamos recibido una carta firmada por los jefes de bancada de seis partidos de la oposición (PDC, PS, PRSD, PRI, PC y PPD) donde les decían a los estudiantes de Chile que dichas bancadas de diputados “apoyan irrestrictamente la carta entregada por las organizaciones estudiantiles” el día 28 de junio, donde justamente el primer punto era un llamado a rechazar el ajuste tributario “pues es injusto en sus formas de recaudación, fomenta la educación privada a través de la profundización del financiamiento compartido, el mecanismo que ha convertido al sistema educacional chileno en el más segregado del mundo.
Esto, además, va en detrimento de la educación pública y propone, con lo recaudado profundizar la lógica de subsidio a la demanda, lo que constituye un beneficio a la ganancia privada y un mal uso de recursos públicos”.
¿Cómo esperan los actores políticos recuperar la credibilidad si en menos de 24 horas de suscribir un acuerdo le dan la espalda al primer punto planteado?
¿Cómo espera la Concertación plantearse como una alternativa si, además de haber administrado y profundizado por error, intención u omisión, el modelo por más de 20 años, bajo la gestión de Piñera han estado permanentemente disponibles para dar paso a las políticas que mantienen y profundizan el modelo neo-liberal?
Es preciso ser rigurosos y no meter todos a un mismo saco.
Muchos diputados, evidenciaban una real frustración por no poder impedir que la derecha siga con su agenda privatizadora y regresiva. Pero al final del día, siempre son 4 o 5 votos los que marcan la diferencia y terminan dándole la razón al mismo sector político. Aunque su palabra esté plagada de buenas intenciones, su actuar legislativo se da dentro de los parámetros y limitaciones ideológicas que impone la derecha.
Desde ahí ya podemos sentirnos derrotados.
Sabemos que existe un problema de modelo. Sabemos que una nueva Constitución, nacida de un proceso democrático y participativo, podrá generar en Chile un sistema político más democrático, donde la mayoría esté realmente representada como mayoría y una minoría no pueda seguir teniendo secuestrada las decisiones que a todos nos competen.
Pero no podemos conformarnos con identificar dicha necesidad y no actuar consecuentemente con ello. Ya vivimos la vergüenza de que se rechazara el informe de la comisión investigadora del lucro y creo que son ese tipo de decisiones las que mantienen a la cámara de diputados con un 76% de desaprobación ciudadana y a la de senadores con un 73% según los últimos datos que nos entrega la encuesta ADIMARK, máximos históricos de rechazo al parlamento según dicho estudio.
Chile ya tuvo un dictador que se empecinó en desprestigiar la política como estrategia para entregárselo todo al mercado. El sistema político debe relegitimarse. Es una base sustancial de la institucionalidad democrática.
Sabemos que ese camino es largo, pero un primer paso es impedir que el proyecto de ajuste tributario se materialice, impedir que la derecha le meta el dedo en la boca a los millones de chilenos que el 2011 se movilizaron, marcharon, tocaron las cacerolas y cuestionaron una educación y un modelo de crecimiento reproductor de desigualdad, que en cada detalle privilegia siempre a los más ricos.
Es por eso que, como una ciudadana más y como dirigente estudiantil, les pido que rechacen este proyecto de ley tan perjudicial para los anhelos de una educación pública, gratuita y de calidad y de una sociedad menos desigual.
La oposición tiene mayoría en la Cámara Alta. Solo la división interna le terminará dando el triunfo a la derecha. La ciudadanía no verá este rechazo como una acción permanente de negarle la sal y el agua a este Gobierno (por que por cierto, el parlamento han estado muy lejos de aquello) sino como una justa acción de mayoría que dice que si queremos que el Estado perciba más ingresos, esto debe ser a través de una reforma estructural y no cosmética; que si queremos reformas a la educación es para hacerla de calidad e integradora en todos sus niveles y accesible para todos los ciudadanos, fortaleciendo la educación pública; y que los ciudadanos no estamos disponibles para más pirotecnia comunicacional ni montajes por parte del Gobierno.
Chile debe ser distinto y debe ser distinto a partir de ahora. No esperen confianza del pueblo para las elecciones si es que no se realizaron de manera previa las acciones que evidencien una real voluntad de hacer las transformaciones estructurales que Chile necesita.
El ajuste tributario representa el deseo del Gobierno de propiciarle una derrota a un movimiento estudiantil, de acallar el despertar de los movimientos sociales, esperamos no sean parte del cumplimiento de ese espurio anhelo.
Camila Vallejo
Vicepresidenta de la FECH.
Fuente:Argenpress
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