Argentina es el segundo país del mundo en aplicar una herramienta clave en la lucha contra la impunidad
El sistema de videoconferencias permitió la condena de 20 represores
El uso de esa tecnología impide que los problemas de salud sean utilizados como último argumento para escapar de la Justicia. En el transcurso de 2011, 300 testigos declararon por esa vía y 40 imputados no pudieron eludir las audiencias.
Por: Gerardo Aranguren
La anécdota, de la primera audiencia del histórico juicio que se sigue en la provincia de Jujuy, refleja la tarea que realiza la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura para llevar adelante videoconferencias en todo el país. Esa Unidad centraliza la organización y aspectos técnicos de esa herramienta que permite la conexión en vivo por audio y video, y las salas del tercer piso del Consejo de la Magistratura se convirtieron en virtuales salas de audiencias conectadas con los 51 puntos del país donde están disponibles este tipo de tecnologías y once sedes de consulados en el mundo. Utilizando esa red, durante el año pasado declararon alrededor de 300 testigos y pudieron seguir las audiencias 40 imputados que no estaban en condiciones de ser trasladados a los tribunales. Esto significó que en total se utilizaron más de 2500 horas de videoconferencia durante todo 2011.
Este desarrollo implicó que la Argentina se convirtiera en el segundo país, sólo por detrás de España, en utilizar de forma masiva este sistema para seguir juicios, y permitió además que 20 represores, que por problemas de salud hubiesen quedado impunes, ya hayan sido condenados. Tales son los casos del ex juez santafecino Víctor Brusa, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi y el apropiador Samuel Miara.
Esta ingeniería, que se puso en marcha en el marco de los juicios que se siguen a partir de 2009 por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, ya se aplica también para las tareas más cotidianas de la justicia, como, por ejemplo, cursos de formación para funcionarios judiciales (ver aparte).
"El sistema se empezó a utilizar en el juicio al ex gobernador de facto de Formosa, Juan Carlos Colombo. El informe médico decía que no podía ser trasladado a esa provincia y, como era el único imputado de la causa, el resultado hubiese sido la impunidad. Se siguió el juicio desde acá en compañía de un abogado defensor, se lo juzgó y se lo condenó sin haber estado en Formosa", recordó en diálogo con Tiempo Argentino Pablo Vassel, al frente de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.
Si bien organismos de Derechos Humanos, familiares y víctimas suelen rechazar la ausencia de los imputados en el lugar donde se cometieron esos crímenes, Vassel señala que las videoconferencias "vienen en ayuda del proceso de Verdad y Justicia": "Frente a un informe médico contundente que demuestra la imposibilidad de ser trasladado para ser sometido a juicio, no queda otra forma que realizarlo por videoconferencia. La salud empezó a ser el último argumento para la impunidad, entonces este método derriba ese argumento utilizado para el apartamiento."
Como sucedió con Colombo, en los primeros juicios se instalaron los equipos en la casa de los imputados con prisión domiciliaria, sin embargo esto trajo inconvenientes como que sólo los acusados que poseen Internet pudieran ser juzgados, la dispersión de los recursos o agresiones y amenazas por parte de los familiares de los acusados al personal técnico y del juzgado. Por esa razón, en los últimos años y con la cooperación del Servicio Penitenciario Federal, se instaló un equipo en el Hospital del Penal de Ezeiza, donde son enviados quienes por razones de salud no pueden trasladarse, como el caso de Vargas, en Jujuy, luego de las primeras audiencias en el Hospital San Pedro.
El sistema de videoconferencias logró cubrir dos necesidades de los juicios por delitos de lesa humanidad, explicó Vassel: llegar a los acusados que por enfermedad no pueden concurrir a las audiencias y que pedían ser apartados del debate, y poder tomar los testimonios de personas que viven en el exterior, muchos exiliados durante la última dictadura, a fin de evitar perder estas pruebas y atendiendo la necesidad del proceso reparatorio para quienes fueron víctimas. Declaraciones que antes eran leídas por el Tribunal o no formaban parte del proceso, ahora se realizan en vivo y la persona se instala en el medio de la audiencia.
Para tomar estas testimoniales fuera del país se instalaron equipos en once sedes consulares: Bolivia, Estocolmo, Francia, Londres, Madrid, México, Miami, Suiza, Venezuela, Paraguay y Washington. Desde esta última declaró el ex secretario de Estado norteamericano Elliot Abrams durante el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. El funcionario confirmó al TOF 6 que el gobierno de Ronald Reagan conocía el plan de apropiación de niños que llevó adelante la última dictadura. "Esta política de instalar equipos en las embajadas fue iniciada por el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, y continuada en las presidencias de Luis Cabral, Mario Fera, y la actual de Manuel Urriza", destacó Vassel, quien describió el funcionamiento de las videoconferencias como "un sistema de engranajes de cooperación institucional", en contribución con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y prestadores que no están vinculados con el poder judicial, como las dos universidades de Canadá que han facilitado el uso de sus equipos para tomar testimonios. Actualmente, desde las salas del Consejo de la Magistratura se siguen casi a diario cinco juicios. Cuatro imputados por la Masacre de Trelew imposibilitados de viajar por problemas de salud siguen el proceso que se realiza en Rawson. También hay acusados de los juicios que se realizan en Neuquén y en Salta, mientras que el ex ministro de Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, presencia las audiencias que se realizan en Paraná desde una sala en Comodoro Py, al igual que un acusado en el juicio que se inició esta semana en la provincia de Mendoza.
una herramienta para hacer justicia
El desarrollo de las videoconferencias en el ámbito de los juicios de lesa humanidad permitió un desarrollo de esa herramienta que ahora es utilizado también por la justicia ordinaria. La Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Magistrados han dictado cursos a sus miembros de todo el país y juzgados de ejecución penal lo utilizaron para realizar audiencias a distancia con reclusos del penal de Ezeiza, donde funciona un equipo permanente y ya se desarrolla el sistema en otros penales federales. "Se está utilizando también en casos de tráfico de estupefacientes, donde hay una cadena de involucrados en el delito que empiezan en alguna provincia del norte de la Argentina y la droga termina en alguna provincia del sur. En esos casos complejos intervienen fuerzas federales y hay testigos en distintas provincias del país. Es un mecanismo muy económico que permite asegurar los testimonios de personas convocadas por el tribunal que de otra manera probablemente no declararían", explicó Pablo Vassel, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. También se utiliza con causa de trata de personas, donde resulta difícil y revictimizante llevar a una persona a declarar al lugar donde fue esclavizada. "Este es un mecanismo que ayuda al proceso de justicia porque cuando no se les ofrecen posibilidades a los testigos termina en impunidad", concluyó el funcionario.
blaquier declarará el miércoles
Luego del frustrado intento por tomarle declaración indagatoria al empresario Carlos Pedro Blaquier en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, el juez subrogante Fernando Poviña decidió recurrir a la tecnología para cumplir con la medida e indagar a través de videoconferencia al presidente del Ingenio Ledesma acusado de delitos de lesa humanidad. Este miércoles, el juez escuchará en vivo en Jujuy la declaración que brindará Blaquier desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. Aunque se perderá la oportunidad histórica de indagar por delitos de lesa humanidad a Blaquier en Jujuy, el sistema de videoconferencia le permitirá a Poviña tomar la declaración sin correr el riesgo de un nuevo incidente con el empresario. Además de los casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Arédez y la Noche del Apagón, Poviña indagará al empresario también por el homicidio del ex intendente Arédez. Por la gravedad de los hechos que se le acusa, en caso de que el juez decida su procesamiento, Blaquier podría quedar detenido.
Fuente:TiempoArgentino
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