Es la causa judicial que se inició con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2010
Hace un año que la investigación por Papel Prensa está frenada
La justicia sólo se dedica a tramitar los requerimientos presentados por los abogados de Magnetto y Mitre, pero no ordena ni una sola medida para determinar si fueron o no partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad.
Podría ser un cuento kafkiano, pero es la realidad. A través de presentaciones judiciales incesantes, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre lograron que la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa se paralice y no produzca ni una sola prueba desde hace un año.
El desafío judicial es tan complejo como concreto: “debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de acciones de Papel Prensa SA, que eran propiedad del Grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón SA”. No lo sostuvo un fiscal en soledad ni un juez trasnochado.
Lo exigieron dos jueces, dos fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, gracias a diferentes presentaciones realizadas por los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré, el expediente está en "estudio” en la Secretaría General de la Cámara de Casación, después de recorrer desde agosto del año pasado un camino judicial empantanado de medidas técnico-jurídicas, alejadas de la investigación.
“Planteo de nulidad”, “contestación de traslado”, “recurso de queja”, “declaración de inadmisibilidad”, “elevación de la causa” son términos legales a los que hay que acostumbrarse si se pretende entender el entramado judicial en el que está atrapada la búsqueda de verdad. Si alguien creía que las dilaciones sólo podían existir ante las diferentes declaraciones de incompetencia, venidas desde la ciudad de La Plata (el 11/04/11), como desde Buenos Aires (el 4/08/11), se equivocó.
Porque a la resolución de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, de que sea la justicia federal porteña la que lleve adelante la investigación y llamar a sorteo para establecer quién debía ser el juez de instrucción (el beneficiado fue Hernán Ercolini), le siguió una presentación de los abogados de los imputados en la que solicitaron la “nulidad parcial” de esa resolución (del 6/12/11), ya que se pronunciaron “sobre una cuestión para la que no se hallaba legalmente legitimada”.
Para seguir usando todos los recursos a su alcance no hicieron la presentación ante la Sala I que había tomado la decisión, sino ante el juzgado de primera instancia, forzando los propios límites de un juez para resolver una decisión de un “superior”, es decir una Cámara, de acuerdo con el punto de vista de la querella.
No suena lógico que tenga que resolver un juez sobre una decisión que tomó la Cámara, pero eso fue lo que pidieron. Según Pérez Chada y Wortman Jofré, la Cámara debió darle “intervención al magistrado de primera instancia para decidir si aceptaba o no la competencia atribuida por la justicia federal platense”.
El escrito de once páginas omite aclarar que había sido el propio “juez de primera instancia”, Daniel Rafecas, el que ya había rechazado la competencia porque entendía que la investigación tenía que realizarse en la ciudad de La Plata, donde se inició el expediente, con jurisdicción en los centros clandestinos de detención donde fueron secuestrados, torturados, y asesinado en el caso de Jorge Rubinstein, quienes integraban el Grupo Graiver.
Como si el andamio judicial construido fuera insuficiente, cuatro días después de esa presentación y uno antes de la Nochebuena, el 23 de diciembre, interpusieron un recurso de casación para que “se conceda la vía recursiva, elevándose las actuaciones a la Excelentísima Cámara de Casación Penal”. El día de los inocentes, el 28 de diciembre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “contestó el traslado” y sostuvo que “los fundamentos expresados por las defensas no reúnen ningún tipo de mérito para nulificar el resolutorio atacado”.
El 9 de febrero de este año, la Sala I de la Cámara declaró “inadmisible” la pretensión de Mitre y Magnetto porque “no sólo no se ha vulnerado el principio de juez natural, sino que tampoco se ha obstruido el proceso, pues lo decidido procura favorecer el avance de la investigación, en pos de la celeridad procesal”. Justamente lo que la defensa parece eludir, la “celeridad procesal”: el sentido común pediría a gritos que ante una imputación tan delicada, los acusados se esforzaran en demostrar su inocencia o dejaran que la justicia investigue, utilizando todos los recursos a su alcance para determinar si se cometieron o no delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa.
Deberían tratar de impulsar la búsqueda de la verdad y no de entorpecerla. Pero eso no es lo que ocurre. Todavía lleva la firma de Eduardo Luis Duhalde, junto a la de Luis Hipólito Alén, querellantes en la causa, la contestación “de traslado” del 15 de febrero de este año ante la presentación de la defensa. Y todavía espera que se determine, en definitiva, quién llevará adelante la investigación. El expediente "está en estudio" en la Secretaría General, después de varias idas y vueltas entre la Sala I y la III.
El pedido de resolución “urgente”, hecho el miércoles pasado por la Secretaría de Derechos Humanos, sigue sin encontrar quién comprenda que urgente es ahora y no mañana o pasado. Mientras se da “traslado”, se “responde” y se “rechaza”, lo único que no se hace es investigar.
Son 14 mil fojas las que encierran pruebas clave, como los documentos presentados por este diario en los que el general Oscar Bartolomé Gallino, el hombre “con poder de mando” en los centros clandestinos de detención dejó por escrito sus reuniones con los “directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Papel Prensa”.
Estas reuniones ocurrían el 7 de abril de 1977, al mismo tiempo que Lidia Papaleo, su cuñado Isidoro, su suegro, Juan, y otros integrantes del grupo empresario estaban secuestrados y torturados. En esa misma condición seguían el 16 de mayo siguiente cuando los representantes de los diarios pidieron que “oportunamente el tribunal acuerde judicialmente la aprobación a la venta cesión y transferencia realizada”.
Es decir que los verdaderos dueños estaban bajo el poder de mando de los genocidas cuando los “nuevos propietarios” reclamaban con insistencia que les aprobaran la “operación”. A las declaraciones y acusaciones de las víctimas hechas en sede judicial, se le suman los documentos de la burocracia criminal que dejaron para la historia la “preparación de los interrogatorios a tomar el 11 de abril” a Lidia Papaleo, en los que Gallino le preguntó por el expediente sucesorio de Papel Prensa.
Por escrito también quedó registrado qué ocurrió después de que “los presidentes de los directorios de los diarios” se reunieran nuevamente con Gallino, el 9 de abril.
Con un hombre que ellos mismos hicieron público al reconocer como enlace en los editoriales publicados en la tapa del 19 de mayo de 1977: “el precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito por indicación del oficial superior preventor Osvaldo Bartolomé Gallino (sic)”, lo que se hizo “con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar (…) en defensa de la libertad de prensa”.
Un año sin investigar, dos años de la presentación de la querella, 36 de la apropiación. Cuánto tiempo más pasará para que sea la justicia la que determine las responsabilidades en la alianza de las tres armas y los tres diarios para apropiarse de la única fábrica de papel para diarios de la Argentina con capacidad operativa: Papel Prensa. Nadie lo sabe.
La última del dictador Videla
Haciendo la salvedad de que el propio Videla negó algunos pasajes de esa publicación en una carta enviada al diario La Nación, en la página 273 se le atribuye el siguiente comentario: "Clarín, La Nación y La Razón tenían otro vínculo con nosotros, que era Papel Prensa; el gobierno había autorizado la compra de las acciones de los Graiver en esta empresa por parte de un grupo de diarios.
La Prensa no quiso entrar. Vimos la compra desde el punto de vista de salvar a una empresa que iba a producir un insumo estratégico". Habrá que ver si al ser citado a declarar, Videla reconocerá este "salvataje" conjunto entre los dictadores y los diarios a una empresa "estratégica", como Reato dijo que le dijo a él.
Mitre y Macri: dos causas, la misma defensa
En una, tiene que lograr –junto a Hugo Wortman Jofré, defensor de Héctor Magnetto–, que la justicia desestime la imputación como partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad. En la otra, su objetivo es que el jefe de gobierno no termine procesado en la causa por los abusos cometidos por la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP).
"Hay algo raro, porque no creo que haya sido espontáneo que 200 personas denuncien. Ojo, yo no como vidrio. Acá pudo haber algún maltrato, capaz hubo algún abuso, yo no estuve ahí, pero el jefe de gobierno no tiene una responsabilidad criminal", aseguró en diálogo con este diario.
Sin embargo, en la última medida tomada en el expediente, la Sala Primera de la Cámara del Crimen solicitó que Macri vuelva a ser investigado (había sido sobreseído) para determinar si consintió el plan de agresiones a las personas en situación de calle que hicieron las denuncias. Las coincidencias entre Macri y los dueños de los diarios exceden la elección del abogado.
También contrataron al espía Gustavo Slevin "Hunt", para filmar a diferentes grupos de sindicalistas y por lo menos una reunión de Papel Prensa y se beneficiaron mutuamente en diferentes circunstancias: durante la campaña porteña, Macri se benefició con un blindaje mediático que omitió brindar información sobre los conflictos de la gestión PRO y el Grupo Clarín, con licitaciones millonarias para la compra de computadoras.
Cronología
4/8/11: El juez Rafecas se declaró incompetente.
6/12/11: La Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la competencia de la justicia porteña y llamó a sorteo.
19/11/11: La defensa de Mitre y Magnetto plantea la nulidad de la resolución.
23/12/11: Agregan un recurso de casación.
9/2/12: La Cámara lo declara "inadmisible".
6/8/12: La Secretaría de Derechos Humanos pide que se resuelva.
Hoy: La causa está en "estudio" en la Secretaría General.
La cifra
14mil
son las fojas que integran el expediente por la causa de Papel Prensa. Encierran pruebas contundentes, que hoy están olvidadas.
Fuente:TiempoArgentino
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