Los testigos del despojo
Tras la apertura de la investigación que ordenó el juez Marcelo Bailaque, la semana próxima Augusto Duri y Raúl Frutos --presidente y vicepresidente de la comisión directiva-- serán los primeros a quienes escuchará el fiscal.
Por Lorena Panzerini
Augusto Duri, presidente de la Vigil, declará la semana que viene.Imagen: Andrés Macera
La Justicia Federal citó a los primeros testigos en la causa que investiga los delitos económicos cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, durante la última dictadura militar. Los hechos revisten categoría de delitos de lesa humanidad. La semana que viene, Augusto Duri y Raúl Frutos --presidente y vicepresidente de la comisión directiva-- serán los primeros a quienes escuchará el fiscal Gonzalo Stara tras la apertura de la investigación que ordenó el juez Marcelo Bailaque. Casi al mismo tiempo, y entre las medidas de recolección de pruebas, se oficiará a las administraciones pública y judicial para dar con los "antecedentes del manejo de los bienes de la Vigil", que llegó a tener 44 propiedades. "La importancia de esta causa reside en empezar a desglosar toda la red de complicidades que hubo, y determinar a quiénes benefició económicamente toda la situación que se dio durante la dictadura. También para que se empiece a descubrir a los civiles que colaboraban activamente y fueron beneficiarios", planteó María del Carmen Martínez, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa.Luego de que la semana pasada el juez Bailaque hiciera lugar al requerimiento de instrucción de la fiscalía, ayer los abogados querellantes de la APDH y de los directivos, se reunieron con Stara para avanzar en el "organigrama" de la etapa de recolección de pruebas de la causa. "Lo primero es llamar a los testigos, y mandar oficios a distintas reparticiones pidiendo copia de expedientes administrativos y judiciales donde haya antecedentes del manejo de los bienes de la Vigil en toda la etapa de intervención, que fue durante la dictadura y en años de democracia", señaló Marcelo Scalona, abogado patrocinante de los directivos.
Entre los delitos que permitieron el saqueo de la Vigil, se sospecha que existió "robo agravado, daño agravado, estafas y defraudaciones contra el patrimonio de la biblioteca". En ese sentido, Scalona recordó que la Vigil contaba con una pinacoteca en la que había obras de reconocidos artistas con importante valor en el mercado, el telescopio --y su lente-- por el que en el año 1965 se pagaron 450 mil marcos alemanes; más de 70 mil libros y unas 44 propiedades. "Incluso, hubo ventas directas en lugar de subastas públicas, como plantea la ley", recordó el abogado.
El juez "empezará con pedidos de informes al Registro de la Propiedad y a la Dirección de Vivienda, para rastrear el historial de esas propiedades y así dar con las personas que dispusieron de los bienes. Además, se llamará a varios testigos: gente que trabajaba en la biblioteca que llegaron a ser unos 350", puntualizó Scalona, quien recordó que tras la recuperación de los cargos el 30 de julio pasado, la idea de los directivos es "recuperar socios y volver a plantear un proyecto barrial y para la ciudad, como fue la Vigil".
La biblioteca llegó a constituir el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del `60 y `70, en el interior de Argentina. Sin embargo, todo se desmoronó el 25 de febrero de 1977, con la intervención por parte de los integrantes de la Patota de Feced. Para la APDH, los delitos contra la institución constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos". Los directivos --obligados a renunciar-- fueron secuestrados al poco tiempo, y también torturados en la Jefatura, lo que constituye la causa por delitos de lesa humanidad.
Fuente:Rosario12
Investigarán delitos económicos durante la dictadura
Para la Vigil lo que es de la Vigil
21/08/2012
El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, ingresó un proyecto, acompañado por una veintena de firmas de distintos bloques, para que la provincia restituya todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que fueron expropiados durante la última dictadura militar.
“Aunque en el proyecto hablemos de Donación para cumplir con los requisitos jurídicos, lo correcto es hablar de restitución, ya que en realidad se está cumpliendo con un acto de estricta justicia y de reivindicación histórica, reparando en parte un avasallamiento a la cultura popular infligido a la entidad, a sus dirigentes, a sus asociados y a toda la ciudad de Rosario, ya que era beneficiaria de su actividad social, cultural y educativa”, sostuvo el legislador provincial.
La Biblioteca Popular fue el producto de la iniciativa y el trabajo conjunto de vecinos de la ciudad, principalmente de la zona sur de Rosario, que en sus momentos de apogeo llegó a contar con escuelas de todos los niveles, cursos de capacitación popular, departamento de publicaciones y editorial Biblioteca, teatro, caja de ayuda mutua, observador astronómico, centro recreativo y deportivo, entre otras tantas actividades.
Bienes que la Biblioteca espera recuperar
Los inmuebles ubicados en la manzanas de Leandro N. Alem, Gaboto, 1º de Mayo y el Pasaje Perkins y la manzana enmarcada por las calles Leandro N. Alem,Gálvez, Ayacucho y Virasoro. Lugar donde funcionó históricamente La Vigil.
Los aproximadamente cincuenta mil libros de la Entidad, que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial “Eudoro Díaz”. Los elementos constitutivos de la mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca,y del observatorio.
Además, las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Institución, y numeros cuadros de pintores locales.
Genocidio cultural
Por otra parte, el juez Marcelo Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la Biblioteca durante la última dictadura militar, “con plenos efectos penales”. El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara, para establecer las responsabilidades ante la intervención de la Vigil, en 1977; y el juez hizo lugar la semana pasada.
Al parecer, no hay antecedentes en la provincia de una investigación de delitos económicos, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los ex directivos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la primera en hablar de “genocidio cultural”.
En el marco de la causa Feced, a mediados de julio, el juez Bailaque resolvió tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca –sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía–, que recuperaron sus cargos en la Comisión Directiva, el 30 de julio pasado: Augusto Duri, Raúl y Antonia Frutos; y también a la hija de Augusto, Celina Duri. Además, resolvió aceptar a la APDH, para impulsar la investigación de los hechos.
“Tanto los abogados de la APDH como los particulares que patrocinan a los miembros de la comisión directiva, son los que tienen mayor caudal de información, por lo que la idea es trabajar mancomunadamente en el aporte de datos”, manifestó a Rosario 12 el fiscal Star, respecto a la investigación.
El 25 de febrero de 1977 una “comisión normalizadora” ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil. Agustín Feced, Telmo Alcides Ibarra, el contador Canceleri, el capitán de Corbeta César Esteban Molina –quien sería designado interventor– y el abogado Maldonado Puig prohibieron el acceso a los directivos, rodeados de personal policial que ingresó al edificio central.
Fuente:RedaccionRosario
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