Venezuela se fue del CEADI: Una decisión acertada
Por Umberto Mazzei
Hace pocos días Venezuela decidió salirse del CIADI y es algo para celebrar. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CEADI) es uno de los cinco entes que con forman el Grupo Banco Mundial. Los otros son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. De ellos el más efectivo para asentar el dominio de empresas apátridas sobre los gobiernos es el CIADI. Se trata del único ente internacional cuyo propósito específico es arbitrar litigios relacionados con acuerdos bilaterales o plurilaterales de inversión.
Hay otros tres organismos relacionados con arbitrajes ese tema pero no son específicos: a) UNCITRAL, órgano de la ONU que elabora normas y procedimientos que pueden ser usadas para arbitrajes; b) Cámara de Comercio de Estocolmo cuyas normas se aplican en algunos acuerdos bilaterales de inversión y de energía; c) Cámara de Comercio Internacional, en Paris, muy usada en arbitrajes comerciales y que ahora arbitra también en inversiones.
El problema con el CEADI son sus normas de arbitraje. El sistema para escoger árbitros puede sonar equitativo: uno por cada parte y un tercero consensuado por el CEADI. El truco está en las normas que dicen quien puede denunciar y como se debe interpretar el acuerdo.
Los acuerdos de inversión pueden llamarse bilaterales o plurilaterales, pero en realidad son unilaterales: sólo el inversionista puede acudir al CEADI para reclamar y pedir un arbitraje de sus denuncias de incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones por el inversionista, como, por ejemplo, invertir, no puede ser llevado a arbitraje por el país receptor.
El otro vicio es que las normas del acuerdo de inversión deben ser interpretadas en abstracto, prescindiendo del ámbito legal complementario que constituyen las normas constitucionales o internacionales, los códigos o reglamentos nacionales o políticas económicas horizontales. También se niega el uso de la jurisprudencia del propio CIAADI como guía, con lo que cada caso es original. Son prescripciones interpretativas contrarias a todos los principios generales del derecho, tanto del europeo como del anglosajón.
La importancia de las inversiones
Con el alcance global de las comunicaciones y el transporte, el grado de interdependencia económica aumenta y en teoría se trata de mejorar y emparejar el nivel de vida general. El viejo ideal de la repartición equitativa de los recursos y el trabajo es un motivo válido para abrir la puerta a inversiones que ayuden al desarrollo. En este punto conviene distinguir entre inversiones que aportan nuevas instalaciones, nuevos puestos de trabajo y mejor nivel tecnológico de aquellas que sólo son la compra y explotación de una empresa nacional existente. La segunda no aporta nada y es indeseable cuando se trata de áreas estratégicas nacionales, como la pérdida de autonomía energética en YPF Argentina, o de asalto legal a Ferrocarriles de Guatemala.
La crisis financiera hace de los recursos naturales y los servicios públicos un objetivo de inversión donde refugiar el “dinero de teclado” que circula en las bolsas y mercados antes de que se haga humo. Como eso afecta la economía de países y comunidades hay que estar muy vigilantes de que las inversiones que vengan no sean especulativas y sobre todo que no se amparen con cláusulas que disminuyen el espacio político de los gobiernos y prioricen la ganancia del inversionista por encima de cualquier otra consideración ética, legal, social o económica nacional.
Entorno a las inversiones se ha creado una red legal internacional que abarca desde el TRIMS (Acuerdo sobre Inversiones relacionadas con el Comercio) de la OMC, pasa por los acuerdos bilaterales y sigue con los TLC que tienen todos su capítulo de inversiones. En el TRIMS de la OMC aún se respeta la soberanía de los estados, que se erosiona hasta que en los TLCs los países quedan como subalternos de los inversionistas extranjeros, hasta de los accionistas minoritarios. El sesgo en esos acuerdos a favor del inversionista extranjero es claro, porque ninguno acarrea sanción internacional si este incumple obligaciones o viola derechos de las comunidades o las leyes locales; esos casos se dejan a los tribunales nacionales cuya sanción sólo se aplica a los intereses que el culpable tenga en el país y pero que bajo la interpretación aislada del acuerdo, en el CIADI suele ser castigada como acoso al inversor. Para colmo, las decisiones del CIADI son inapelables y con fuerza de sentencia internacional.
Una larga lista de abusos
Los abusos cometidos por inversionistas y premiados por el CIADI son numerosos. Por cuestión de espacio citaremos sólo algunos casos.
Argentina
Argentina es campeón de casos en el CEADI, herencia de los acuerdos de inversión del dúo Cavallo/Menem. Un caso clásico es el de Transportadora Gas del Norte –TGN- que obtuvo en 1992 un contrato para transportar gas. En 1995 la empresa norteamericana CMS compró un 29% de TGN. En la crisis argentina del 2000, cuando la gente saqueaba supermercados para comer, el gobierno suspendió un curioso arreglo que fijaba el precio del gas en Argentina según el índice de precios del productor en EE UU, aunque que era gas argentino. En julio de 2001 CMS acusó ante el CIADI a la Argentina, por privarla de su “legitimo derecho” a tarifas indexadas en EE. UU., cosa que violaba la protección contra expropiación garantizada por el acuerdo sobre inversiones de Argentina con EE UU y que hizo caer el valor de sus acciones (29%). Argentina argumentó estado de necesidad pública, cosa notoria, pero igual, en 2005, los árbitros del CEADI la condenaron a pagar US$ 133 millones a CMS por daños y a comprar sus acciones en US$2,5 millones.
Guatemala
El CAFTA tiene varios. El más reciente es el caso de Railroad Development Corporation – RDC- contra Guatemala. En 1997 la RDC obtuvo 50 años de concesión para restaurar el funcionamiento de Ferrovial de Guatemala, una empresa que existía desde los años 20. La RDC es muy modesta en Pittsburg, Estados Unidos, pero opera en otros países y con el antecedente de una demanda ante el CEADI contra Estonia, que obligó a un arreglo. La RDC no puso en funcionamiento la red, ni lo hizo nunca, pero denunció a Guatemala ante el CEADI por expropiación indirecta. El hecho habría sucedido cuando el Presidente Berger dijo que era “lesivo” al patrimonio histórico el uso de 12 viejas locomotoras originales. El 29 de junio 2012, el CEADI notificó a Guatemala que debía a RDC la cantidad de US$14 millones, mas otros tantos por daños e intereses, más US$ 200 millones al CEADI por gastos del arbitraje. En compenso RDC le devuelve el ferrocarril donde no invirtió nada.
México
Bajo las reglas de inversión del NAFTA y con arbitraje del CEADI hay fallos escandalosos que favorecen actividades criminales, como el de Metalclad en México. Las autoridades mexicanas quisieron impedir que Metalclad acumulase desechos tóxicos sobre el acuífero que surte un acueducto en San Luis Potosí. Metalclad demandó a México bajo el Capítulo 11 de NAFTA, porque la protección del acuífero violaba sus derechos de propiedad. Los árbitros deliberaron en secreto y ordenaron a México pagar a Metalclad US$ 16 millones por daños.
Uruguay
La Philip Morris contra Uruguay es un caso clamoroso introducido ante el CIADI en febrero del 2010. La tabacalera demandó a Uruguay por US$ 2000 millones usando el acuerdo de inversiones entre Suiza y Uruguay. La Philip Morris es norteamericana pero tiene su filial de mercadeo (FTR Holdings) registrada en Lausanne. La causa es la aplicación en Uruguay de normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en el acuerdo marco para el control del tabaco. La tabacalera afirma que las normas sobre el espacio (80%) destinado a las advertencias contra el tabaco violan su propiedad intelectual y harían bajar sus ventas. El caso esta en debate y Tabaré Vázquez ya dijo que la Philip Morris escogió Uruguay para dar un escarmiento a quienes quieran proteger del tabaco la salud del pueblo.
La denuncia de los acuerdos
Para evitar los arbitrajes arbitrarios del CEADI es muy útil repudiar el ente, pero queda un papel residual en los acuerdos que lo mencionan. Para evitar eso, es necesario renegociar o denunciar los acuerdos de inversión que lo designan como árbitro. Los acuerdos siempre incluyen cláusulas sobre como hay que proceder para retirarse o renegociarlos. Otro modo de proceder es esperar el vencimiento y no renovarlos. La duración de los acuerdos de inversión varía entre 10 y 20 años.
En caso de denuncia, los acuerdos suelen prever una continuidad de sus garantías por 10 o 15 años más, lo que presenta el problema del papel del CEADI en el lapso póstumo. Venezuela es un país solvente cuyos controles desincentivan inversiones especulativas; los inversionistas vienen por conveniencia mutua. Otro hecho importante es que hay grandes inversionistas, como China, que lo hacen sin imponer el CEADI como árbitro. Por ello, la solución más transparente para barrer los residuos del CEADI creo que sea renegociar los acuerdos acordando otro medio de arbitraje. El país quedará en compañía de Brasil, Cuba, India, Rusia, Sur África que nunca han sido parte del CEADI y de Bolivia y Ecuador, que ya se fueron.
MARTES, 31 DE JULIO DE 2012
Una candidatura socialista al servicio de los trabajadores
Por Simón Rodríguez Porras (LA CLASE)
Al proceso electoral del 7 de octubre concurren el presidente Hugo Chávez, el empresario Henrique Capriles, a nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y en el campo de la izquierda y de los trabajadores se ubica la candidatura del dirigente sindical Orlando Chirino, del Partido Socialismo y Libertad (PSL).
¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el modelo chavista?
El gobierno ha venido aplicando un duro plan de ajuste desde 2008, incluyendo el aumento en un tercio el Impuesto al Valor Agregado, el congelamiento de los contratos colectivos, la liberación de los precios de la mayor parte de los alimentos y la devaluación de la moneda en un 100%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1998 el conjunto de la burguesía se apropió del 36,2% de la riqueza producida, contra un 39,7% en manos del conjunto de los asalariados; en 2008 esta proporción cambió en favor de los patronos, que pasaron a apropiarse del 48,8% de la riqueza producida, mientras que los asalariados pasaron a recuperar apenas un 32,8% de lo producido con su esfuerzo. Pero no solo ha aumentado la proporción de la riqueza que es apropiada por los patronos, también ha aumentado, en su conjunto, el sector de la economía en manos privadas frente al sector público. Según el BCV, en 1998 el sector privado aportaba el 65% del PIB, mientras que el sector público producía el 34,8%. En el 2009, el sector privado representó el 70,9% del PIB, y el sector público se redujo a 29,1%. Más allá de la compra a precio de mercado de empresas como Sidor, Cantv, Banco de Venezuela, entre otras, lo cierto es que la economía se volvió más privada. Una agresiva política antisindical llevó a la agudización de los conflictos laborales en las estatizadas, generando incluso manifestaciones obreras en contra de las estatizaciones. La banca, el comercio y el sector de las telecomunicaciones, son los sectores burgueses más favorecidos por el gobierno chavista. Mientras que las telecomunicaciones están fuertemente penetradas por el capital transnacional, y llevan más de tres años con un crecimiento ininterrumpido, las utilidades de la banca se situaron en 2011 en 14.490 millones bolívares (unos 3.369 millones de dólares), un crecimiento del 92,3% con respecto a las ganancias obtenidas el año anterior. De igual manera, ha crecido la dependencia respecto de la exportación de petróleo. Si en 1998, de cada 100 dólares que ingresaban al país por exportaciones, 68 eran petroleros, hoy esta cifra ha escalado a más de 95. Entre 1998 y 2011, las importaciones totales de nuestro país se han incrementado en un 177,1%, pasando de 16,75 millardos de dólares en 1998 a casi 47 millardos de dólares en 2011. Más del 70% de los alimentos que consumimos son importados. Según el Banco Central de Venezuela, el año pasado la deuda externa pública ascendió a 107,4 millardos de dólares, aumentando 169,1% en los 13 años de gobierno de Chávez. Mientras tanto, el salario mínimo representa menos de la mitad de la canasta básica oficial. El 50% de la población venezolana se debate entre el desempleo, el trabajo informal, y el trabajo precario. Esa es la realidad del mal llamado "socialismo del siglo XXI".
La MUD y el Psuv: un frente burgués a favor del ajuste
Los hidrocarburos representan actualmente más del 95% de las exportaciones venezolanas. Esta altísima dependencia respecto de ese único rubro de exportación hizo que se sintieran con dureza los coletazos de la crisis económica mundial. La crisis impulsó al gobierno a profundizar un plan de ajuste que venía implementando desde 2008, incluyendo el aumento en un tercio el Impuesto al Valor Agregado, el congelamiento de los contratos colectivos, la liberación de los precios de la mayor parte de los alimentos, la devaluación de la moneda en un 100%, y la aplicación de subsidios al empresariado como el Fondo Bicentenario y el aumento de las divisas a cambio preferencial para el comercio importador.
Frente a estas medidas, la coalición de derecha de la MUD no sólo avaló silenciosamente el plan de ajuste, sino que en el marco de la campaña presidencial ha incluido en su propio programa de gobierno medidas como una maxidevaluación monetaria por la vía de la eliminación del control de cambio, mayor flexibilización laboral, eliminación de lo poco que queda de control de precios de alimentos, la promoción de una ley del primer empleo que precariza aún más el empleo entre los jóvenes, el aumento del precio de la gasolina, entre otras medidas antipopulares que no hacen sino refrescar la memoria colectiva acerca de la nefasta experiencia del puntofijismo, un pasado al cual están ligados los partidos de la MUD.
Una alternativa socialista para Venezuela
El punto de partida del programa de Orlando Chirino es la nacionalización del 100% de la industria petrolera, actualmente penetrada por capitales transnacionales a través de las asociaciones de empresas mixtas promovidas por el gobierno del presidente Chávez, en las cuales hasta un 40% del capital está en manos de las transnacionales, en contratos de 35 años o más. A partir de la recuperación del control sobre el recurso petrolero, se plantea utilizar la renta para apalancar una reforma agraria y el desarrollo de una agroindustria estatal bajo control de sus trabajadores, para superar la dependencia de las importaciones masivas de alimentos. Asimismo, los recursos petroleros se colocarían al servicio de la recuperación las empresas del hierro y el aluminio en Guayana. En vez de exportar únicamente materias primas y subsidiar los negocios de las transnacionales y la burguesía nacional, estas empresas podrían desarrollarse y exportar productos acabados, además de suplir las necesidades internas.
Se eliminarían los fondos paralelos como el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que actualmente son utilizados por el gobierno para manejar un presupuesto de manera poco transparente, y se centralizarían las finanzas públicas en el Banco Central de Venezuela, medida combinada con la nacionalización de la banca y del comercio exterior para permitir una planificación económica democrática, al servicio de satisfacer las necesidades colectivas de nuestra sociedad.
Chirino y el PSL proponen homologar el salario mínimo al costo de la canasta básica, y reducir la jornada laboral a un máximo de 6 horas diarias y 36 semanales. Los tratados contra la doble tributación serían eliminados, ya que permiten a las transnacionales evadir impuestos por alrededor de 17 mil millones de dólares anuales. De igual manera, el gobierno que proponemos denunciaría al Mercosur y los demás tratados de libre comercio a los que está atado el país.
Siendo Chávez candidato presidencial en 1998, prometió declarar una moratoria de los pagos de la deuda externa. Ya en el gobierno, prometió realizar una auditoría a la deuda externa. Ambas promesas fueron incumplidas. Gran parte de la deuda externa tiene un origen fraudulento, por la estatización de deudas privadas durante el puntofijismo. Los partidos de la MUD tienen responsabilidad en ello. El PSL plantea el agrupamiento de los países deudores en una liga para el desconocimiento de la deuda externa, denunciándola como un mecanismo de dominación económica y política, incluyendo las ventas a futuro de petróleo, hierro y aluminio, compromisos adquiridos por el gobierno de Chávez que son un mecanismo particularmente odioso de endeudamiento, lesivo de la soberanía y del interés público.
MARTES, 31 DE JULIO DE 2012
Por fin la Venezuela bolivariana entra al Mercosur como un par
Por Emilio Marín (LA ARENA)
Hoy culmina una larga búsqueda del presidente venezolano Hugo Chávez para sumarse en pie de igualdad al Mercado Común del Sur, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su ingreso estaba demorado desde 2006.
Las autoridades de Venezuela habían expresado su simpatía con ese bloque desde apenas comenzado el ciclo de Chávez, concurriendo como "invitado" a las reuniones de los cuatro presidentes.
Los cambios progresistas en Latinoamérica fueron generando mejores condiciones, por lo que el 4 de julio del 2006 se firmó en Caracas el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Ese mismo mes y año el bolivariano fue invitado de lujo, junto a Fidel Castro, a la cumbre de presidentes celebrada en Córdoba.
Junto a la buena onda con Néstor Kirchner y Lula da Silva, pareció que tal sumatoria sería cuestión de días. Lamentablemente no fue así de fácil ni de rápido. Los núcleos conservadores del Senado de Brasil, no siempre obedientes a la política de Lula, y los aún más retrógrados de la Cámara de Paraguay, donde el presidente Nicanor Duarte Frutos no se desvivía por tal ingreso, fueron poniendo piedras en el camino.
Admisión y respeto
Hubo coyunturas donde pareció que Caracas, enojada con el trámite de nunca acabar, podía retirar su pedido de admisión. Eso ocurrió a mediados de 2007, cuando el Senado brasileño reclamó públicamente a Venezuela, a favor de la golpista cadena RCTV (Radio Caracas TV), a la que no se le había renovado la licencia.
Frente a la injerencia en asuntos de Venezuela, acusada injustamente de "muy autoritaria" en relación a los medios de comunicación, Chávez puso en su lugar al Senado brasileño. Y eso, lamentablemente, le provocó un petit enfrentamiento con su amigo Lula, quien se consideró obligado a pedirle "respeto" por las instituciones brasileñas.
En julio de 2007, Chávez y su vicepresidente Jorge Rodríguez, emplazaron al Mercosur para que en tres meses le dijeran que sí o en caso contrario retirarían tal pedido. Por esos días el bolivariano estaba de gira por Rusia e Irán. En cambio Lula visitaba a México y países centroamericanos para interesarlos en la producción de bioetanol, pensando en abastecer el mercado estadounidense, tal como lo había conversado con George W. Bush de visita en Brasilia.
Esos alineamientos políticos de los presidentes de Venezuela y Brasil explicaban en parte las diferencias habidas para afiliar al nuevo socio. Por suerte las cosas cambiaron. Chávez no retiró la solicitud, vencido el plazo trimestral. Lula tomó distancia de EEUU. Y, esto hay que remarcarlo, el presidente Kirchner influyó en unos y otros para que se pisara el acelerador y Venezuela llegara a la meta. Logró que Duarte Frutos pidiera al Senado guaraní que dejara de jorobar con las trabas. El momento más crítico se fue diluyendo y el ingreso tomó forma.
Para mejor
Esas gestiones favorables de Kirchner y Lula, y luego de Cristina Fernández y Lula, más su continuadora Dilma Rousseff, por supuesto que influyeron y mucho en el resultado final.
Incluso hubo cambios en los gobiernos de los otros dos socios que también pusieron lo suyo. Por ejemplo, desde 2008 estuvo en el Palacio de López un ex obispo bastante timorato pero mucho mejor que Duarte Frutos: Fernando Lugo. Aunque no se pudo vencer la resistencia del Senado de ese país, la misma quedó aislada a los legisladores más recalcitrantes.
También fue para mejor que en Montevideo asumiera José Mujica en vez de Tabaré Vázquez. Este tuvo políticas conciliatorias con Washington, los TLC e incluso exploró qué clase de ayuda militar podía tener desde el Norte si escalaba el conflicto con Argentina por las pasteras.
Mujica tuvo un papel muy importante en la cumbre del Mercosur, en Mendoza, donde se determinó por fin la apertura de molinetes para el ingreso de Venezuela.
Esa política regional y la consiguiente diplomacia, tantas veces criticada, pusieron algo más que un granito de arena para el resultado positivo.
Chávez se lo ganó
Sin embargo, hay que decir que Chávez se ganó la membresía con su política de amistad, comercio, integración y solidaridad no sólo con los miembros del bloque comercial del Sur sino con las otros 32 naciones que fundaron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre pasado.
Por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Kirchner, el comercio bilateral se expandió más de un 400 por ciento, sobre todo por las importaciones venezolanas de leche en polvo, alimentos, maquinaria, tractores, autos y una larga lista de productos argentinos. Otro tanto con Brasil.
Además, cada vez que Argentina necesitó de Venezuela, tuvo la respuesta adecuada, tanto si se trataba de comprar títulos por miles de millones de dólares ante falta de financiamiento internacional, de enviar barcos con combustible en coyunturas de carencias eléctricas o de brindar solidaridad en relación a Malvinas.
Aún los mal pensados puedan decir que con eso estaba tratando de comprar a los senadores paraguayos, lo cierto es que Caracas siguió proveyendo petróleo a Asunción. La resolución de Mendoza del Mercosur aclaró que esa ayuda y otras (como la colaboración oftalmológica de Cuba) seguirían beneficiando al país, porque una cosa son sanciones a un gobierno golpista y otra perjudicar a la población.
Con los Tratados de Seguridad Energética firmados con Tabaré Vázquez en 2008, Caracas le aseguró a Uruguay provisión energética durante un siglo. Pactos similares firmó con Ecuador y Bolivia (Petroandina), con Nicaragua y países centroamericanos y caribeños (Petrocaribe), con la cubana Cupet, e insistió con proyectos integradores ambiciosos como el Banco del Sur y el Gasoducto del Sur, donde hubo inconvenientes y reticencias de Brasil.
Dejar afuera a Chávez era una injusticia más alta que los Andes.
Resoluciones
En materia petrolera, el bolivariano también suscribió en 2008 compromisos con su colega argentina, para la colaboración de Pdvsa con Enarsa. Lástima que en esos tiempos la política kirchnerista en petróleo y gas pasaba por su luna de miel con Repsol y multinacionales. Tuvieron que pasar otros cuatro años para que se decidiera la nacionalización del 51 por ciento de YPF.
Como se consignó, la 43º reunión del Mercosur en Mendoza, el 29 de junio pasado, tomó dos resoluciones. Por un lado separó momentáneamente a Paraguay, donde se había producido el golpe de Estado parlamentario. Y por el otro resolvió a favor de la sumatoria de Venezuela.
La derecha argentina y latinoamericana lamentó las dos decisiones, porque para esta franja extrema no había tal golpe en Asunción y, además, al faltar Paraguay tampoco debía decidirse la incorporación mencionada. Venezuela debía seguir como asociado, junto a Ecuador, Chile y Perú.
Ese fue el punto de vista del PRO de Mauricio Macri. Su referente legislativo Federico Pinedo criticó lo resuelto en Mendoza. "La suspensión de Paraguay no permite reemplazar su soberanía", dijo, en defensa del golpista Federico Franco. Pinedo mintió sobre Chávez, al decir que éste "tampoco cumple con la cláusula democrática por sus ataques a la prensa libre y otras libertades democráticas básicas" requeridas a Paraguay.
La derecha sufre
A la derecha regional el tiro le salió por la culata con el golpe expréss de Franco contra Lugo, pues Paraguay quedó suspendido hasta que haya un gobierno democrático surgido de elecciones. Y encima, con esa silla vacía, por unanimidad de Cristina Fernández, Rousseff y Mujica se votó el fin del calvario chavista.
En diciembre de 2011 se había hecho una reunión del Mercosur en Montevideo y a pesar de las propuestas de esos tres presidentes, tal incorporación no fue posible. Paradojalmente, el mismo Lugo no quiso votarla bajo la presión de que en su país la derecha podía hacerle un "juicio político". Vaya si se equivocó: con esas concesiones políticas, esa alianza de neoliberales, colorados, oviedistas y demás conservadores, más Monsanto, sojeros y las multinacionales, con auspicio de la embajada de EEUU, terminaron dándole un golpe en 48 horas, sin derecho a la defensa.
Esa derecha alineada con la administración Obama se congratulaba de la frustrante cita montevideana de diciembre de 2011. El ex banquero y ex representante menemista ante la ONU, Emilio Cárdenas, publicó en "La Nación" (22/12/11) una de sus habituales columnas. "El intento de Mujica de diseñar un mecanismo alternativo que permita el rápido ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur ha fracasado", celebraba. "Venezuela -que en esto está "en espera" desde hace trece años y formalmente desde el 2006- seguirá por ahora en esa incómoda condición. Lo cierto es que se ha respetado lo dispuesto por el Tratado, que es ley para todos. Lo que cabe aplaudir", se congratulaba Cárdenas.
Hoy será un mal día para el ex banquero y la máquina de impedir "made in USA".
Fuente:Argenpress
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