24 de septiembre de 2012

JUJUY: Testimonios de E. Saman y S. Lopez incriminaron aún mas a Ledesma- Las causas Ledesma, Minas Aguilar y Veloz del Norte, los desafíos de la justicia‏.

En ambos la empresa aparece siendo parte de la represión ilegalka 
Jujuy: Los testimonios de Ernesto Samán y de Soledad López incriminaron aún más a Ledesma Jujuy.- 

Marcha de las Madres por el borde del cañaveral, todo un símbolo de la tragedia vivida en Ledesma. 
El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó esta tarde el relato de un testigo y a la vez víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura, quien dijo que a dos de sus secuestradores los volvió a encontrar en la oficina de personal del Ingenio Ledesma, en el que trabajaba, y uno de ellos, intimidándolo, le hizo ver un arma de fuego que portaba en la cintura. En segundo término, declaró otra testigo-víctima quien relató la experiencia que vivió cuando vio sacar de las celdas del Penal de Villa Gorriti a tres presas que a `partir de entonces pasaron a revistar como detenidas-desaparecidas. 

La íntima relación entre la empresa Ledesma y los represores que desataron una impiadosa represión tras el golpe de Estado de marzo de 1976 fue el alma del testimonio de Ernesto Reinaldo Samán, trabajador del ingenio, que aseguró que en la oficina de personal del mismo se topó con dos hombres de traje negro que lo habían secuestrado y mantenido en cautiverio durante una semana. 


El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó esta tarde el relato de Samán, a la vez víctima del terrorismo de Estado y testigo de su aplicación, quien explicó que luego de ser ilegalmente detenido by liberado, fue a la oficina de personal del ingenio Ledesma, en el que trabajaba, y se encontró con dos de sus secuestradores. Y que uno de ellos, dándose cuenta de que lo había reconocido, le mostró un arma de fuego que portaba en la cintura, como invitándolo a guardar silencio.


Samán declaró en el juicio a tres militares retirados a los que se acusa de haber perpetrado secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura: el general Orlando Vargas, director del penal de Villa Gorriti, el teniente coronel Rafael Mariano Braga, alías "Caracortada" (a quien según un testigo el obispo Miguel Medina habría definido como "un asesino") y el entonces teniente 1º Eduardo Bulgheroni. Los dos últimos eran oficiales del área de Inteligencia, y más precisamente del área 323. 


El testigo dijo que el 24 de junio de 1976 fue detenido ilegalmente en lasd puertas de la fábrica por dos hombres de traje negro que lo llevaron a la comisatía de Ledesma, de dónde se lo remitió a la Central de Policía de San Salvador de Jujuy, dónde pasó preso una semana al cabo de la cual lo liberaron. 


Se presentó a trabar, siguió narrando, y en un momento entró "por error" en la oficina de personal del ingenio Ledesma, en el que trabajaba como "empleado de abastecimientos", y se encontró con que estaban allí dos de sus secuestradores.


“Ahí estaba el jefe de personal, Peverelli, y me dice '¿Qué hace aquí, Samán?' Estaba con los dos hombres que me habían secuestrado de la puerta de la fábrica”. 


El 21 de julio de 1976, el día siguiente del comienzo de "la Noche del Apagón, una operación conjunta de varios grupos de tareas (que implicó la detención de cuatrocientas personas de las cuales tres decenas pasaron a revistar en la vaporosa condición de desaparecidos) acudió a una citación a la comisaría 24ª de Ledesma, dónde quedó detenido “a cargo de los militares”. 


De allí fue llevado a la central policial de Jujuy dónde escucho por primera vez el nombre del represor Braga, antes de ser trasladado al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, donde lo torturaron junto a otros detenidos de Ledesma y Calilegua. 


No sólo escuchó en el lugar llanto de mujeres que eran abusadas sexualmente. siguió narrando, sino también el de un detenido de apellido Córdoba, del que dijeron “mirá como habla", y "lo violaron”. 


Tras 13 días de torturas lo llevaron al Penal de Gorriti en donde el obispo José Miguel Medina quiso confesarlo, pero él se negó porque lo había reconocido en Guerrero. Por fin, el 7 de octubre de 1976 fue trasladado a la U-9 de La Plata donde dijo que fue nuevamente torturado.


De La Plata, Samán fue trasladado a Sierra Chica, donde fue “rehén, junto con otros detenidos por si le pasaba algo a algún jefe militar", hasta su liberación, el 8 de abril de 1978. 


A su regreso a Libertador lo convocaron del cuartel RIM 20, donde lo recibió Bulgheroni, quien le dijo que no se aflijiera porque “ya hablamos con Ledesma”, en cuanto a que conservaría el trabajo, pero lo invitaba a “colaborar” con la represión convirtiéndose en “informante”. Samán dijo que desechó el ofrecimiento y volvió al ingenio donde pasó de ser personal calificado a realizar tareas de limpieza. 


Por su parte Soledad López, testigo y víctima a la vez, relató ayer al Tribunal Oral Federal de Jujuy que vio sacar de las celdas del Penal de Villa Gorriti a tres detenidas desaparecidas durante la dictadura militar a las que nadie volvió a ver. 


Soledad López dijo que estaba en el penal de Villa Gorriti detenida desde que el 6 de noviembre de 1974 la detuvieran mientras haca una pintada callejera de la Juventud Peronista, cuando presenció la llegada de Dominga Álvarez de Scurta, María Alicia Ranzzoni y Juana Torres. Y que también vio como lassacaron de sus celdas para no reaparecer mas. 


La testigo recordó que Scurta, Ranzzoni y Torres llegaron “muy golpeadas después del golpe militar del 24 de marzo de 1976” y que “una noche abrieron las puertas de sus celdas en silencio; primero salió Scurta, recuerdos sus ojitos, luego Ranzzoni, que gritó desesperada, y después Torres”. 


En ese contexto, recordó, “Scurta me dijo que las iban a matar porque les habían hecho firmar la libertad”. 


Sin poder contener el llanto, López exclamó: “Nunca me voy a olvidar, yo voy a testimoniar hasta el fin de mis días” y precisó que quienes fueron a buscar a las tres mujeres para someterlas a "disposición final" (Videla dixiti) fueron el comisario Ernesto "Jaig, (el subalcaide Néstor Eusebio) Singh y un tal Gutiérrez”.


Después de narrar toda una serie de abusos y torturas a las que fue sometida durante su detención, Soledad López explicó que cuando salió de la cárcel no encontraba trabajo para ayudar a su madre, con quien vivió junto a otros hermanos en “la extrema pobreza” y que enese contexto llegó a pensar: “para qué mierda me dieron la libertad, me voy a matar”. 


La jornada se cerró luego de que el defensor del imputado Mariano Braga solicitó al TOF que la ampliación testimonial que iba a realizar el represor, sea pasada para el jueves de la semana que viene, cuando se reanude el debate.

FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agnddhh


En la vigésima audiencia en juicio por delitos de lesa humanidad 
A sus secuestradores lo volvió a ver en Ledesma 
Valorables testimonios de los testigos víctimas que relataron con dolor y gran ejercicio de memoria para que "no vuelva a pasar" 

Extensa audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad, en la que se escucharon cinco testimonios en las causas que se investigan y donde están imputados de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura militar Antonio Vargas, ex director del Penal de Jujuy, y los represores Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, ambos de inteligencia del Área 323. Uno de los testimonios fue de Ernesto Samán. 

Relató que fue detenido el 26 de junio de 1976, destacando que la represión en Ledesma fue desde 1974 con la detención de dirigentes sindicales. En la portería del ingenio es detenido, cuando era empleado de Ledesma, por dos personas de traje. “Vos sos subversivo”, le dijeron y lo sacaron de la fábrica. allanaron su domicilio, y luego es llevado a la Seccional de San Pedro, luego trasladado a la Central de Policía donde reconoce a Bartoletti, Leticia, los hermanos Alfaro Vasco y Lito. El comisario Ernesto Jaig y Damian Vilte lo llevaron a una oficina. 

Estuvo allí una semana. Es interrogado por el capitán Jones Tamayo, es golpeado. Y le dan la libertad, una constancia que estuvo detenido “por averiguación de antecedentes”. Al otro día se presenta en su trabajo y dijo: “por equivocación, entré a la oficina de personal y ahí estaba el jefe de personal, Pederelli, y me dice qué hace aquí Samán; estaba con los dos hombres que me habían secuestrado de la puerta de la fábrica”. 

El 20 de julio de 1976, el día siguiente del comienzo de la Noche del Apagón, que duró una semana, grupos de tareas lo buscaron en la casa para que se presente en la Seccional 11, acudió y el comisario Lezcano le dijo que estaba bajo disposición del PEN, y a pesar de la constancia que tenia, estaba bajo la orden de los militares. De Ledesma fue traído vendado a la Central de la Policía de Jujuy, y por primera vez escuchó el nombre del represor Braga, escuchó torturas. Luego es trasladado al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, donde lo torturaron junto a otros detenidos de Ledesma y Calilegua. 

“Olvidate de tu identidad, me clavan el Nº 56” y lo tiraron sobre otras personas. Había mujeres y gente secuestrada en Tucumán. Allí sufren torturas colectivas. “Lo más doloroso era que se escuchaban que violaban a mujeres”. También padecieron simulacros de fusilamiento. Estuvo 13 días en Guerrero, donde reconoció la voz de Jaig, Vilte y del obispo Miguel Medina. 

Fue interrogado y torturado, “picaneado” en los genitales y submarino. Le hicieron firmar una declaración. Recordó que lo más violento fue que uno de los detenidos reconoció el lugar. “Me trajo Mario Paz a trabajar a este lugar”. Los llevaron a la Central de Policía y luego al Penal de Gorrti, donde estaban “legalizados” bajo el PEN. En el Penal lo vio al padre Labarta y al obispo Miguel Medina quiso confesarlo. 

El 7 de octubre del 76 fue trasladado a la Unidad 9 de la Plata, llegando 78 personas, donde fue torturado. Luego es trasladado a La Perla, en Córdoba, donde fue “rehén, junto con otros detenidos por si le pasaba algo a algún jefe militar”. Luego fue trasladado a Sierra Chica, Buenos Aires, donde fue liberado el 8 de abril de 1978. 

Al regresar a Libertador lo convocaron del RIM 20, donde lo recibió el represor Eduardo Bulgheroni, quien le dice que no se aflija porque “ya hablamos con Ledesma”, por el trabajo, pero lo invitaba a “colaborar” con la represión haciendo de “informante”, propuesta que rechazó, volvió a trabajar al ingenio en tareas de limpieza. 

Es una pobre perejil 
El TOF escuchó el elocuente relato de Soledad López, quien fue detenida el 9 de noviembre de 1974 cuando tenía 19 años, militaba en la JP y por unas pintadas fueron detenidos varios jóvenes. Ella es secuestrada en la vía pública, la golpearon y la llevaron a la Central de Policía, donde la recibe el comisario Rioja quien la golpea brutalmente. 

Es llevada a la Policía Federal donde la acusan de pintar paredes, y la golpea Rodríguez Mendoza y el jefe de la Federal, González decía “es una pobre perejil”. En el patio de esa dependencia lo ve a Noguera golpeado, quien dice no reconocerla. Escucha que golpean a alguien y era López Salgado. 

En esos días vio al Gaucho Martín que pasaba con una valija con cables, ella lo conocía porque eran vecinos y no la saludó. Luego es trasladada al Buen Pastor donde estaba mejor, con presas comunes, limpiaban y les pagaban las monjas. Aunque las monjas se quedaban con esa plata, dijo. Las visitaba a las detenidas Marina Vilte y le llevaba alimentos. 

En el 75 las llevan al Penal de Gorriti, y cuando fue el Golpe Militar ingresaron Marina Vilte, mujeres de Ledesma y Calilegua. Robles, Scurta, Ramzoni estaban picaneadas, con moretones, eran sacadas por Jaig, Singh, Díaz y otro del penal “ellas decían que las iban a matar”, recordó. 

“Voy a testiguar siempre por esas chicas y los desaparecidos para que se haga justicia”. dijo. Fue liberada en febrero de 1977. (Mariana Mamaní) 
FuentedeOrige:ElTribuno
Fuente:Agnddhh 

COMO LEDESMA REALIZO EL SEGUIMIENTO DE UNA MARCHA JUNTO CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
En “colaboración permanente”
La empresa utilizó informantes y agentes encubiertos. Así se desprende de una parte hasta ahora inédita del informe que se secuestró en mayo en un allanamiento en las oficinas de Ledesma. El responsable del Departamento de Vigilancia del ingenio.
Por Alejandra Dandan
La Marcha del Apagón de 2005 fue la primera después de la muerte de Olga Márquez de Arédez, viuda de Luis Arédez.
En 2005, la empresa Ledesma hizo espionaje sobre la Marcha del Apagón. Una parte del informe hasta ahora inédita será incorporada a la causa que investiga al consorcio del zar azucarero Pedro Blaquier por su supuesta participación en los crímenes de la dictadura. Los documentos en cuestión son tres páginas que no sólo vuelven a contradecir las declaraciones de los abogados de Ledesma que intentan restarle peso al informe, al que definen como una “recolección de crónicas periodísticas”. Los datos muestran las dimensiones que tomó aquel despliegue de inteligencia, con captura de fotos marcadas; la inclusión de fuerzas de seguridad del Estado como si se tratara de fuerzas propias; agentes “encubiertos” y la existencia de un supuesto “gabinete” de análisis de la información. El “operativo” fue comandado por el hombre de inteligencia formado en el Ejército que está como responsable del Departamento de Vigilancia de Ledesma.

Uno de los párrafos del informe explica por qué este trabajo entró en la causa en la que se investiga si Ledesma fue cómplice de la última dictadura en delitos de lesa humanidad. El Departamento de Vigilancia de la empresa describe allí cómo coordinó la tarea de seguimiento de la marcha de 2005 con las fuerzas de seguridad. “Emplazamiento de la custodia policial”, dice un subtítulo. “En general el apoyo que se brinda a las fuerzas policiales de la provincia permite tener una colaboración permanente para todas aquellas acciones que involucren la participación de la fuerza pública. En esta oportunidad se alistaron muy discretamente dos grupos de combate en el interior de la Sala Ledesma (el grupo GEO y grupo especial de operaciones que vino desde el Cuartel de San Salvador de Jujuy) y un grupo de combate de Infantería.”

Cualquier parecido con lo que pudo haber sucedido entre Ledesma y las fuerzas de seguridad durante la dictadura, no parece ser ninguna casualidad.

El informe de espionaje sobre la Marcha del Apagón 2005 provocó un escándalo cuando se conoció en mayo de este año, luego de que el juzgado federal de Fernando Poviña ordenara el allanamiento a una oficina de la empresa, a días de asumir como juez y luego de 36 años en los que la Justicia no lo había hecho. En el libro de 200 páginas, el Ingenio registró todo tipo de detalle sobre los preparativos de la Marcha del 27 y 28 de julio de 2005, una de las más importantes de esos años porque era la primera que se hacía después de la muerte de Olga Márquez de Arédez. Escribieron horarios de llegada de los invitados, números de patentes de los autos y colectivos, nombres de las personas y agrupaciones. Lo que estos tres documentos del libro ahora muestran es una mirada más estructural de ese armado: cómo se hizo y cómo organizaron los seguimientos. Un trabajo especial de seguridad que más que especial, por los datos, parece parte de un aceitado modo de funcionamiento.

El informe
“Acciones desplegadas por el Departamento de Vigilancia de Ledesma con el objeto de prevenir, alertar y proteger los bienes de la empresa en el marco de la marcha”, dice el título del primer apartado a modo de presentación. 

“Obtención de Información”, se lee antes de una descripción detallada serenamente con datos que indican que todo empezó a registrarse mucho antes: en marzo de ese mismo año. Aquí aparece la mención del gabinete.

“La tarea se realizó desde marzo del presente año, con el objeto de lograr su clasificación y sistematización mediante un trabajo analítico de gabinete, con el fin de mantener permanentemente informados a los canales superiores y ensayar posibles cursos de acción como finalmente formular conclusiones que permitan determinar la adopción de una adecuada protección de los bienes.”
Los “Medios explotados” para conseguir la información fueron desde las más sencillas lecturas de medios digitales hasta los más ilegales. La lista “sic” es la siguiente:

- Internet: (páginas provinciales, nacionales, internacionales).
- Diarios digitales y ediciones impresas.
- Escucha radial y televisiva.
- Información proporcionada por colaboradores de diferentes organizaciones de izquierda.
- Información proporcionada por soplones de la delincuencia común.
- Intercambio de información con diferentes organismos de inteligencia.
- Información empresarial.

Luego abundan detalles sobre lo que llaman “despliegue de medios de obtención”:
- Agente encubierto de la provincia de Salta.
- Agente encubierto de San Salvador de Jujuy.
- Agente encubierto de San Pedro de Jujuy.
- Agente encubierto de General Libertador San Martín.
- Colaborador vecino de la familia Arédez.

El contenido de este informe es investigado supuestamente por la Justicia federal de Jujuy, que nunca ha sido eficaz a la hora de indagar sobre el empresario más poderoso de la provincia. El juez tucumano Fernando Poviña, que subroga un juzgado, impulsó, tras el allanamiento, una denuncia por espionaje, pero lo único que hizo la Justicia hasta ahora es emitir un amparo que obliga a la empresa a frenar este tipo de acciones. El juzgado envió preguntas a las provincias y organismos de seguridad nacional para que expliquen lo que aparece como participación de parte de esas fuerzas, pero nadie lo admitió.

Según el informe, el despliegue que hicieron incluyó a organizaciones sociales de la zona.

“Acciones de apoyo a las organizaciones ‘sociales’”, dice el punto 2. Y explica: “Esto permite entablar una relación con sus dirigentes, permitiendo cierto apoyo a las acciones que encara el Departamento, como ser evitar acciones directas que afecten el normal de-sarrollo de las actividades (ejemplo: no afectar a nuestros vehículos con los cortes de ruta, si los hay se les permite el paso, etc.). Generalmente se les brinda apoyo con útiles escolares, azúcar, leche para los comedores infantiles y materiales menores”.

En otro punto, abunda en el tema del “emplazamiento de la custodia policial”. Explica que para los días 27 y 28 de julio “se estableció un rondín con dos agentes uniformados, durante toda la noche del 27 y 28 de julio desplazándose del acceso a la planta fabril de la ruta 34 hasta la sala”. Otro efectivo reforzó presencia en el portón pantalla. Y en Calilegua pusieron dos vigiladores y un efectivo de Gendarmería Nacional durante la noche del 27 y todo el día 28.

En la página siguiente se ve uno de los resultados de la pesquisa: una foto con círculos marcados e indicando que son “Integrantes de la Universidad Madres de Plaza de Mayo”.

Los métodos de cuidados de la fábrica no parecen distintos de los del despliegue de una cobertura en términos de lógica militar. El jefe de Seguridad del Ingenio es Carlos Enrique Ferro, clase 1952, de profesión militar retirado según los datos del Anses donde figura como empleado de Ledesma. Ferro no está acusado de delitos de lesa humanidad, pero según datos de Defensa, su pasado está marcado por una formación en inteligencia construida con los parámetros de la dictadura y los años inmediatamente posteriores. 

Egresó del Colegio Militar en 1978 y en 1983 entró en la Escuela de Inteligencia militar. Pasó por distintos destacamentos hasta enero de 1988, cuando lo destinan a Salta. En noviembre se incorporó a la Inteligencia de Jujuy hasta 1992. Luego fue a Tucumán para otras tareas y en 1994 lo nombraron segundo jefe del Destacamento de Inteligencia de Tucumán. Entre 1996 y 2001 estuvo entre Tucumán y Salta en distintas actividades que incluyen informática. Luego se retiró y comenzó a trabajar para Ledesma.

En agosto de 2011, Ferro fue ubicado en el escenario de los de-salojos forzados que produjeron cuatro muertos en el pueblo. Julio Gutiérrez, de Capoma, en ese momento le dijo a Página/12 que Ferro –a quien conocen como “el mayor” en la zona– y su segundo estuvieron apostados con binoculares en una camioneta Amarok en el camino interno. En mayo, cuando varios medios nacionales viajaron Jujuy para cubrir la frustrada indagatoria de Blaquier, la empresa seguía incómoda frente a las visitas. Varios fotógrafos fueron increpados a bajar las cámaras por el personal de la empresa, que aparecía de pronto para atemorizarlos.


NUEVOS TESTIMONIOS EN EL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN JUJUY
Trabajadores y empresarios
Sobrevivientes y testigos aportaron declaraciones relacionadas con el rol de los directivos del Ingenio Ledesma y hablaron sobre la militancia gremial y los conflictos laborales.
Por Alejandra Dandan
Cuando era estudiante en Tucumán, Luis Alfaro Vasco militó en la Liga Independiente Antimperialista (LIA). La militancia lo llevó a trabajar sindicalmente entre los obreros de Ledesma, el ingenio del pueblo de donde era su familia. En las noches de los apagones de julio de 1976, una patota entró a buscarlo a la casa de su madre. Ella intentó darle un pulover, pero cuando quiso sacarlo de un armario, el jefe de la patota se lo impidió con un arma en la cabeza. Hace muy pocos días, Luis Alfaro Vasco declaró en el Juzgado Federal de Jujuy. Casi al final, el abogado de Pedro Blaquier le hizo una pregunta.

–¿Por qué cree usted que lo detuvieron? –indagó Horacio Aguilar.
–Tengo militancia y conciencia de que vengo de una familia de obreros –dijo él–. En la facultad de Tucumán participé en “La LIA” y esta militancia me llevó a la ciudad de Ledesma a nivel sindical y creo que la razón de la detención fue porque este trabajo con los obreros implicó un cambio en la conducción sindical, de una conducción patronal a una que defendía a los obreros.
En el escrito que transcribe su declaración no hay datos sobre qué cara puso Aguilar en ese momento.

“Nosotros (que éramos) estudiantes de Córdoba y de Tucumán enseñábamos a la gente lo que era Ledesma, que era el último resabio de una sociedad feudal”, le dijo. “De allí partíamos a otras cosas más políticas y me metieron preso por razones políticas. Nosotros nos enfrentamos a la empresa Ledesma y por eso a todos los dirigentes sindicales los metieron presos.”

–¿La LIA tenía integrantes en otras provincias?
–Sí, por ejemplo en Salta.
–¿Hubo otras victimas en otras provincias? –insistió Aguilar.
–No sé, pero estoy seguro que sí: la represión fue general –le dijo Luis.
–¿Participó de otro partido político?
–No, yo era de izquierda, no militaba en ningún partido político, apoyaba las acciones de la izquierda.
–¿De qué otra manera las apoyaba?
–Iba a actos, iba a trabajar a los lotes con la gente, repartía materiales.

El testimonio es parte de las nuevas pruebas que recoge en estos días el Juzgado Federal de Jujuy, abocado después de la indagatoria de Pedro Blaquier a evaluar estos elementos a pedido de todas las partes. Fernando Poviña luego decidirá posibles procesamientos y detenciones. Uno de los puntos importantes de estas últimas declaraciones es que ponen en escena un conflicto gremial a partir del cual cobran forma las políticas represivas en las que el ingenio queda integrado a las políticas de disciplinamiento y escarmiento de las Fuerzas Armadas. Entre los nuevos aportes hubo otros dos importantes: Luis Alfredo Reader, un docente que daba clases en una escuela del Talar, y Virginia Abdala, bióloga, ex esposa de uno de los Arédez, pero a su vez hija del contador del Ingenio Ledesma que consiguió la histórica entrevista entre Olga Arédez y Alberto Lemos, el ahora imputado ex administrador de la empresa que niega de cabo a rabo el contenido de ese encuentro.

Virginia
Virginia Sara Luz Abdala declaró en Tucumán. Es la ex mujer de Luis Arédez, uno de los hijos del ex intendente de General San Martín. “El 24 de marzo de 1976 es secuestrado el padre del que entonces era mi novio”, dijo ella en la declaración. “En esa época mi padre era empleado del Ingenio Ledesma y tenía un cargo directivo. Olga, la madre de Luis, le pide a mi padre y a mi madre que le consigan una entrevista con las personas más importantes que vivían en el ingenio: el ingeniero Lemos y Mario Paz. Mi padre tenía una relación fluida con ambos.”

Virginia tenía 16 años. Conoció todo lo que sucedió porque sus padres decidieron contárselo. En la reunión estuvieron Lemos y Olga. “Me dijeron que Olga le preguntó a Lemos cómo era que el secuestro de su marido se hizo en camionetas del ingenio, que tenían el logo del ingenio. Lemos le contestó que ellos se habían puesto a disposición de las fuerzas del orden para colaborar con lo que fuera necesario, y entre esa ayuda y colaboración estaba facilitarles el uso de las camionetas.”

La charla siguió. “Lemos le dijo también –continuó Virginia– que no había nada que él pudiera hacer por el doctor Arédez. Siempre de acuerdo con lo que mis padres me contaron, Olga le preguntó cuál había sido el problema, y él le habría contestado que el doctor era una persona molesta para el ingenio por haber, entre otras cosas, intentado cobrarle los impuestos cuando fue intendente. Entonces Olga le dijo que lo llevaron preso por cumplir la ley. Creo que eso fue todo. Luego mi padre me dijo, en resumen, que no había nada se pudiera hacerse por él.”

Cuando los abogados de Blaquier le preguntaron más sobre el “impuesto”, Virginia respondió que el “impuestazo era vox populi en Ledesma” y que “todos sabían que el doctor Arédez cuando asume la intendencia intenta cobrar los impuestos que el ingenio debía a la municipalidad”.

Reader
Luis Alfredo Reader tiene 56 años, es docente, vive en el departamento jujeño de Palpalá. En 1976 se anotó en Psicología de la Universidad Católica de Salta, donde cuestionó a uno de los docentes por racismo. A partir de ese momento empezaron a detenerlo. Lo hacían a modo de escarmiento: lo alojaban unos días en una comisaría para hacerle oír los gritos de los torturados. La tercera vez lo sacó de la cárcel un pariente juez que le sugirió que no vuelva a Salta porque estaba marcado.

“En mayo de 1976 consigo trabajo de docente en escuela de Corral de Piedra de Jujuy, apadrinada por Sociedad de Educadores provinciales”, dijo. “Ahí conocí a Marina Vilte, secretaria general de la organización y a poco de estar ahí tramitamos un puente ante el gobierno porque se necesitaba para llegar a Corral de Piedras.” Hizo las gestiones ante el secretario del interventor Urdapilleta y a la tarde lo detuvieron. Estuvo unos días en la comisaría de 
Gorriti, lo soltaron. Volvieron a detenerlo, lo llevaron a la Jefatura de Policía. 

En enero de 1977 cayó por tercera vez, esta vez lo llevaron al centro clandestino de Guerrero. En una mesa vio a una mujer igual a Marina Vilte, pero no la reconoció por las penumbras y la cara hinchada. Un torturador le puso a la joven el pico de un compresor de aire en sus partes íntimas, él se desmayó y despertó en otra habitación.

En 1978 la directora de la escuela primaria de El Talar le avisó que “lo querían chupar por orden del administrador del Ingenio Ledesma”. La mujer le prestó su auto. Luis viajó a la casa de un tío que tallaba una mesa por encargo de Lemos. Acompañó a su tío a la casa del administrador del ingenio. Vio a Lemos con su señora, y a ella con un bebé en brazos. Se presentó: “Soy Luis Reader –le soltó–: a quien usted mandó chupar”. Lemos, que era amigo de su tío, le pidió disculpas. Le dijo que no lo conocía pero le prometió que no lo iban a molestar más.


Memorias obreras
Por Alejandra Dandan
Así como la primera etapa de los juicios humanidad puso en escena relatos de los detenidos desaparecidos en clave de identidades políticas –dimensiones que quedaron afuera del Juicio a las Juntas–, es posible pensar que los juicios que avanzan sobre la complicidad civil de los sectores empresarios ponen en escena relatos donde quien declara recupera la dimensión de trabajador, la vida de las comisiones internas, las luchas sindicales que aparecen como las razones de secuestros y escarmientos.

Además de la prueba penal –esa relación casi física entre prueba y hecho–, estos nuevos relatos llevan al terreno de las pruebas jurídicas una dimensión que parece todavía más ausente, como la conflictividad gremial y la organización obrera.

Eso aparece así como base estructural de las políticas represivas y asocia al mundo de las empresas con las políticas del terrorismo de Estado. Algo de esto dice un libro que acaba de salir publicado con el nombre de La muerte por cuenta ajena, de Editorial de la Campana. Su autor Daniel Cieza mapea a modo de texto urgente y apurado el estado de situación de los juicios en relación con las empresas y la dictadura. Habla de la invisibilización del relato obrero en este sentido y pone en contexto histórico la represión de las luchas obreras en contextos de alianza entre el poder económico y el militar. Cieza, que es docente universitario y ex detenido político, dice que el terrorismo de Estado tuvo dos ejes, por un lado la represión contra la juventud politizada y encuadrada en parte en las organizaciones políticas y político-militares; por otro, “el disciplinamiento al sindicalismo de base con el pretexto de lo que llamaron ‘la subversión industrial’, apoyado por grandes empresas y corporaciones, pero también por políticos, militares, medios de comunicación, partidos políticos y embajadas, con la excusa de disciplinar al movimiento sindical de base que venía planteando demandas como la negociación colectiva, mejores condiciones de higiene y seguridad y mayor participación social y política de los trabajadores”.

A la luz de estas líneas pueden revisarse los testimonios de los obreros de Loma Negra que declararon en el juicio de Tandil por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. El de los ex trabajadores de la Mina el Aguilar, que están declarando en Jujuy en el juicio oral por el crimen del dirigente sindical Avelino Bazán. O los choferes de la Veloz del Norte en la causa de instrucción de Salta, entre otros ejemplos. La causa de Ledesma también avanza por allí. Cómo quedará plasmada en el caso de Jujuy la participación del Ingenio Ledesma es uno de los desafíos de la Justicia.


Ex fiscal indagado
El ex fiscal federal Gustavo Modesto Demarchi, imputado por delitos de lesa humanidad como miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata en 1975 y 1976, declaró ayer durante más de cinco horas antes el juez Santiago Inchausti. El abogado, que huyó del país para evitar su detención y fue capturado en Bogotá un año atrás, llegó el viernes a la noche al aeropuerto de Ezeiza, extraditado desde Colombia, y minutos antes de las 9 de la mañana de ayer fue llevado, esposado y con gran custodia policial, al Juzgado Federal N° 3 marplatense. El juez Inchausti declaró ante la prensa que recién en diez días, cuando deba pronunciarse sobre la situación procesal de Demarchi, dará datos de la declaración. El ex fiscal quedó detenido en el penal de Marcos Paz. La investigación por los homicidios calificados de la CNU, cuyos miembros se incorporaron en algunos casos al Ejército luego del golpe de Estado, tiene cuatro imputados prófugos: Eduardo Salvador Ullúa, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero y Raúl Viglizzo. El Ministerio de Justicia ofrece 100 mil pesos a quienes brinden información para capturarlos.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agnddhh

No hay comentarios: