SANTA FE - DIFUSIÓN.

Busatto disertó en el Foro sobre mecanismos de prevención de la tortura

En el marco de un Proyecto de Ley presentado, de creación de un “Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, y en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932 (iniciativa de la Diputada Alicia Gutiérrez conjuntamente con otros Diputados provinciales), se realizó ayer, en el Hall de la Legislatura de la Provincia, un Foro de debate público, en pos de discutir y promover una problemática suscitada hace dos años con el presente objetivo.

El programa constó de dos paneles, de los cuales participaron y presenciaron legisladores provinciales y autoridades del entorno, miembros del Poder Ejecutivo, representantes de Organizaciones Sociales, profesores, e investigadores profesionales de la materia. El primer panel, estuvo presidido por Paula Litvachky; del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dr. Gabriel Ganón; Defensor Provincial, Dr. Máximo Sozzo; Investigador y Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Carmen Maidagan, Coordinadora de Trabajo Carcelario. El panel posterior estuvo integrado por los Diputados Provinciales Alicia Gutiérrez (S.I), Leandro Busatto (F.P.V) y Eduardo Toniolli (M.E).

Desde el año 2010, se viene generando en la provincia un importante debate público acerca de la forma de plasmar, a través de una iniciativa legislativa, la obligación contraída por el Estado de crear un mecanismo permanente de prevención de la tortura a nivel nacional, y en cada jurisdicción provincial, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dichos disparadores, fueron un impulso de un Proyecto legislativo, que en su momento tuviera media sanción de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, sin que esto se logre traducir en un texto legal. Dado que resulta imperioso avanzar en dicha construcción, es que las instituciones integradoras de dicho Foro han tratado de relanzar un debate público, a través de una instancia que ponga en discusión ciertos matices de la misma, y al mismo tiempo, refuerce el compromiso de los diversos actores involucrados en esta dirección.

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, fue firmado por Argentina en el año 2004 y entró en vigor en el año 2006. El mismo, prevé un doble sistema para la prevención y sanción de la tortura: por una parte, la creación de un Subcomité internacional, constituido por expertos de varios países y, por otra parte, el establecimiento en cada uno de los Estados parte de un Mecanismo Nacional de Prevención, que es el organismo que debe asumir el peso de la prevención de la tortura de los lugares de encierro y detención.

En el marco de los debates por los proyectos de creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y la implementación de un sistema de prevención Provincial, que profundice acerca de las iniciativas que buscan implementar un control sistemático en las instituciones de encierro, el debate persiguió dichos esfuerzos, articulando la discusión política. El Dr. Máximo Sozzo, nos recordaba que “El Estado Federal y los Estados Provinciales tienen en la Argentina -a partir de la adopción del protocolo facultativo de la convención internacional para la lucha contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se aprobó en 2004- la obligación de crear mecanismos de control externo de las instituciones que alojan a personas para prevenir la tortura”. Del mismo modo, mencionó que “la provincia de Santa Fe se encuentra en mora como otras 20 y para muchos actores del ámbito académico sería importante promover este debate en la legislatura. Por eso hemos logrado crear este espacio para discutir hoy las distintas alternativas que podría tener este tipo de mecanismos”. Por otro lado, Sozzo nos arrojaba algunos ejes centrales que persigue este objetivo, como lo son la independencia, la provisión de recursos suficientes y la adaptación del personal capacitado dentro de los direccionamientos en los contextos de encierro. Además, apeló a la necesidad de instalar, en el debate social, una noción de tortura que reconozca la “multidimensionalidad de la estructura”, para despejar una visión sesgada de la tortura, “extraordinariamente restringida”, mal construida muchas veces por muchos actores de la sociedad civil y también política.

Otro de los correlatos surgidos en el debate fue poner en discusión el modo de transmitir socialmente el grado gravedad y sufrimiento de las personas privadas de su libertad, aportando al trabajo y voluntad social, para dar lugar a todos los actores, y generar en ese avance, un mecanismo que permita lograr una articulación entre las fuerzas de la provincia con la sociedad, conjuntamente con las de la nación.

Por su parte, el Diputado Busatto deslizó algunas reflexiones políticas acerca de las propuestas legislativas en torno al presente Proyecto: “Con mucho gusto nos hemos sumado a darle discusión a este Proyecto, y poder ratificar lo que nosotros creemos que también tiene que ser una política de Estado en esta democracia, siendo la Argentina un país que en los últimos años ha avanzado muchísimo en la construcción y búsqueda en la política de los Derechos Humanos, y que parte de ella que nosotros pretendemos en este tipo de cimientos, tiene que tener una pata fundamental. Como ciudadano y como sector político de otra fuerza, siento un deber el dar la discusión en el compromiso y el abordaje de un tema de esta índole, siendo un síntoma de madurez, y también en carácter de política pública, el coincidir y trabajar con legisladores de otro sector político, tener la posibilidad de intentar erradicar definitivamente la tortura a través de la sanción de un mecanismo provincial y de la sanción definitiva de un mecanismo nacional. Creo que el significado de tortura, en la palabra y en la acción, está aún poniendo en vilo el Estado de Derecho y la democracia argentina actual, que amén de una legislación existente, es una asignatura pendiente del Estado de Derecho la erradicación definitiva de las formas de tortura aún existentes en nuestro país. Muchas veces, el problema radica en considerar, desde la política y desde el propio Estado, la cuestión de tortura como ‘hechos aislados’, cuando en realidad, ésta se constituye como un problema estructural desarticulado. En ese sentido, se debe profundizar la intervención propia de nuestro Estado. La tortura persiste en esta sociedad por acción o por omisión, como la falta de un mecanismo de control con condiciones dignas en los centros de detención, en la transmisión de información, en la falta de denuncias, y la aceptación de la tortura como una causa natural, aún por el Poder Judicial. Creo que otro de los planteos fundamentales que debemos hacernos, es la ampliación de las bases de la participación ciudadana en la reconstrucción de la seguridad, y una democratización de las fuerzas de seguridad. No sería menor poder pensar entonces, dentro de estos mecanismos, una policía preventiva y judicial, con una política de inserción comunitaria o barrial. En ese sentido, discutir la problemática de tomar a las personas privadas de la libertad como personas de derechos, es rediscutir el rol del estado”, concluyó.